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El exministro de Desarrollo Social de Neuquén, Abel Di Luca, uno de los imputados por la estafa con planes sociales, le reclamó al gobierno de Rolando Figueroa volver a cobrar su sueldo como empleado de la provincia y se lo rechazaron. Tiene un sumario administrativo con separación preventiva del cargo y retención de haberes.
Di Luca, quien ocupó el cargo de máxima jerarquía en Desarrollo Social durante la última gestión de Omar Gutiérrez, fue imputado como uno de los cinco cabecillas de la asociación ilícita que cometió la mega estafa en el 2023. La maniobra que investiga en esta etapa la fiscalía de Delitos Económicos fue realizada entre el 30 de septiembre del 2020 hasta 31 de julio del 2022.
El exfuncionario renunció al ministerio poco después de que se desatara el escándalo, aunque no solo está acusado por su rol como máximo responsable de la cartera: también está bajo la mira su desempeño como número dos cuando la ministra era Adriana Figueroa.
Según el decreto 82/2025 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial, a Di Luca le habían iniciado un sumario administrativo el 16 de noviembre del 2023 junto a otro grupo de empleados de Desarrollo Social investigados por la maniobra.
Pero con el cambio de gestión, se detectaron «errores materiales» en la resolución y el 24 de abril de 2024 el ministerio de Seguridad instruyó un nuevo sumario «a fin de determinar la presunta transgresión a los deberes y prohibiciones establecidos en el artículo 9°, incisos a) y b) del Estatuto del Personal Civil para la Administración Pública Provincial, por integrar presuntamente una asociación ilícita destinada a apropiarse de fondos públicos destinados originalmente a la atención de situaciones de vulnerabilidad, durante el período comprendido entre los años 2020 y 2022, inclusive».
El procedimiento también incluyó un «presunto perjuicio fiscal por haber supuestamente transgredido los artículos 81°, 82° y 102° de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, ello con el objeto de precisar las circunstancias, reunir los elementos de prueba, garantizar el debido derecho de defensa y deslindar la responsabilidad administrativa disciplinaria y/o patrimonial».
Di Luca es empleado en Seguridad
La decisión del gobierno implicó su separación preventiva del puesto de empleado de planta del ministerio de Seguridad y la retención de haberes.
Di Luca cuestionó la medida porque argumentó que los hechos investigados «obedecen a su entonces desempeño en el cargo de subsecretario y luego ministro de Desarrollo Social, mientras que la decisión impugnada le impide trabajar como empleado público en el ministerio de Seguridad sin expresar las razones de incompatibilidad entre el hecho endilgado y su trabajo como empleado público de ese ministerio».
El decreto que firmaron el 18 de enero Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, argumenta que los hechos imputados al exministro son graves y «se riñen con los deberes de conducta exigibles a los agentes públicos» y por eso «resulta razonable y debidamente motivada la medida preventiva».
Se evaluó que la separación del cargo permitirá «esclarecer el hecho sin riesgo de dispersión de prueba» y se aclaró que no es definitiva y que el régimen de sumarios prevé la devolución de haberes retenidos en caso de absolución o sobreseimiento.
Di Luca no es el único imputado en la estafa con planes sociales que reclama la devolución de sus haberes al Estado. También a Tomás Siegenthaler, quien se desempeñaba como director de Coordinación del ministerio de Desarrollo Social en la anterior gestión, le negaron el pedido.
