Ya pasaron casi dos años desde que se destapó la estafa millonaria con planes sociales en la provincia de Neuquén y el inicio del juicio para comprobar la responsabilidad de los acusados se postergó de nuevo. Aunque este martes estaba previsto celebrar la audiencia de control de acusación, el encuentro se atrasó porque la jueza designada pidió una licencia. Así, habrá que esperar hasta el 11 de marzo para esta audiencia y hasta mayo para la celebración del juicio.
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El fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó que este martes estaba prevista la audiencia de control de acusación. «Es una fecha muy importante, pero no es el juicio», dijo en una entrevista para Línea Abierta, el programa de LU5. ¿De qué se trata esta instancia judicial? Allí «todas las partes ponemos ante un juez la teoría del caso, explicamos la acusación, proponemos nuestra prueba y las otras partes pueden hacer cuestionamientos a la acusación, a la prueba que se propone. El juez decide si el caso va a juicio o no, y si va a juicio, con qué pruebas».
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Cuando se anunció el cambio de fecha de esta audiencia, se pensó que el motivo estaba basado en el pedido de dos imputados, que cambiaron a su abogado defensor y habían solicitado más tiempo para que los letrados se pusieran al tanto de la causa. Sin embargo, Vignaroli negó esta suposición y aclaró que fue sólo por motivos personales de la jueza a cargo del caso.
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«La audiencia se suspende porque la jueza que iba a intervenir en la audiencia tuvo una licencia, no es porque hubo dos imputados que cambiaron de abogado defensor, que son Sanz y Montoya», dijo y aclaró: «La audiencia se iba a hacer igual con todos los imputados y que se fijara otra para la semana que viene con ellos dos».
«Los nuevos representantes habían pedido una suspensión de un mes», sostuvo y agregó: «Nos íbamos a oponer porque entendíamos que era mucho tiempo, los defensores del caso ya habían trabajado en el tema».
En este nuevo escenario, con la jueza de licencia, no hará falta hacer las audiencias de control de acusación por separado. El letrado aclaró que la nueva fecha propuesta es el 11 y 12 de marzo, por lo que «va a alcanzar para que la nueva defensa de los dos imputados se ponga al tanto» e incluso que se lleve adelante una audiencia de impugnación «porque hay otro defensor que recusó a la jueza, ella rechazó la acusación y la impugnaron».
El largo derrotero judicial hará que los responsables de desviar más de 153 millones de pesos que debían ser destinados a subsidios de desempleo sean juzgados recién dos años después de que se conozcan públicamente los hechos, que tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública y el ámbito político de Neuquén.
«Nuestra expectativa era empezar (el juicio) a mediados de abril, pero ahora pensamos que, si no se demora, podría empezar en mayo«, dijo Vignaroli. «Una vez que la audiencia termina, puede haber en el medio apelaciones, que hay que resolver antes del juicio. Teniendo en cuenta el plazo de apelaciones habíamos calculado que arrancaba a mediados de abril. Con la nueva fecha, va a pasar a mayo».
El fiscal aclaró que este juicio no busca recuperar el dinero que se desvió de las arcas públicas. Por el contrario, apunta a «probar la responsabilidad y meter presos a los que sean responsables». Además, este juicio habilita la posibilidad de decomisar bienes que ya fueron embargados en el marco de la investigación judicial.
«Por otro lado, la Fiscalía de Estado ya inició una acción procesal administrativa en la cual va a reclamarle a los que resulten condenados la devolución del dinero», afirmó.
El fiscal recordó que el año pasado se hizo un acuerdo de pena con una serie de imputados, pero hubo tres acuerdos que la jueza no homologó. «Los defensores de estas personas apelaron la decisión de la jueza y un tribunal de impugnación nulificó la decisión de la jueza y se ordenó hacer un nuevo acuerdo», afirmó.
«De las tres personas que tenían que haberse revisado el acuerdo, solamente se revisaron dos. Hay una tercera persona, de apellido Honorio, que no forma parte del acuerdo porque debería incluir el decomiso de un terreno y una casa en un barrio privado de Plottier y también de un vehículo», dijo sobre el pedido de la Fiscalía para recuperar esos bienes que, según su investigación, fueron comprados con fondos desviados.
En el caso de las otras dos personas, «se revisó el acuerdo en las mismas condiciones, el juez no lo consideró razonable. La Fiscalía va a ir a juicio, pero no sabemos si los defensores van a apelar o no».
El ABC del juicio por los planes sociales
Tienen un total de 19 personas organizadas en diferentes niveles de responsabilidad dentro de una estructura fraudulenta. El esquema delictivo operó desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, desviando fondos de subsidios provinciales destinados a desocupados, situación que se agravó por pandemia, mediante el uso indebido de cheques y tarjetas de débito.
El monto total del fraude asciende a 153.377.900 pesos, de los cuales 125.412.400 pesos corresponden a extracciones mediante tarjetas de débito, y 27.965.500 pesos a cheques cobrados de manera indebida. En total, la organización realizó 9.303 operaciones fraudulentas que afectaron gravemente las finanzas del Estado provincial y privaron a los verdaderos beneficiarios del subsidio de los fondos que les correspondía.
En total, se analizan cinco niveles de responsabilidad, desde los jefes de la banda que realizaba las maniobras hasta los beneficiarios del desvío de fondos.
En el nivel 1 se cuenta a
- Orlando Abel Di Luca
- Tomás Siegenthaler
- Ricardo Nicolás Soiza
- Néstor Pablo Sanz
- Marcos Ariel Osuna
En el nivel 2,
- Luis María Gallo
- Laura Carolina Reznick
- Julieta Oviedo
- Julio Norberto Arteaga
En el nivel 3,
En el nivel 4,
- Valeria Noemí Honorio
- Aaron Escobar
- Ariel Oscar Krom
- Rodolfo Andrés López
- Omar Ulises Rodríguez Quezada
- Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras
En el nivel 5,
- Alfredo Andrés Cury
- Adrián Alfredo Meza Lizama
- Fernando Cardozo Regidor
