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Los abogados defensores de los condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén tomaron con cautela la decisión de la fiscalía de Delitos Económicos de pedir la suspensión de los plazos procesales. La medida es para no correr el riesgo de llegar al 29 de noviembre, fecha límite para la duración total de este proceso, sin que esté terminado.
«Es un pedido prematuro, todavía tenemos plazo hasta noviembre», opinó Gonzalo Rodríguez, abogado del exministro Orlando Abel Di Luca, condenado a 5 años de prisión efectiva. «Luego del fallo del Tribunal de Impugnación podríamos ver si es necesario», agregó. Esa sentencia se conocerá después del 12 de agosto.
Fabián Flores, defensor de Luis Gallo -condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva- dijo que «la fiscalía está haciendo un control de daños previo, pero estéril: ya sabemos lo que piensa el Tribunal Superior de Justicia sobre esto».
«Los plazos fatales ya no existen»
Categórico, Rodríguez dijo que «en el Código Procesal Penal de Neuquén ya no existen los plazos fatales, son todos ordenatorios». Lo vinculó con la postura que adoptó la sala Penal del TSJ luego de una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo con el Código Procesal neuquino, la duración total del proceso en un caso complejo como la estafa con planes sociales puede durar cuatro años. Vencido ese plazo, corresponde el sobreseimiento de todos los imputados. La constitucionalidad de ese artículo es acatada por algunos jueces, y rechazada por el TSJ.
El reloj en pausa
Para no correr riesgos, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez pidió una audiencia que se realizará el 1 de abril próximo ante el juez Luis Giorgetti, a quien le pedirá la suspensión de plazos procesales. En términos llanos, que ponga en pausa el reloj que controla los tiempos del proceso.
El abogado Rodríguez consideró que «es una disposición estéril, el Tribunal Superior ya marcó postura». Flores coincidió, y agregó: «sabemos lo que piensa el Tribunal sobre los plazos».
¿Se perdió tiempo?
Consultado por diario RÍO NEGRO, Rodríguez también opinó que «fue una investigación compleja, hubo mucha información que manejar, no creo que se haya perdido tiempo».
Flores coincidió, y agregó: “no hay un peligro concreto en este momento está bien que la fiscalía se anticipe pero recién en noviembre se puede dar” que opere el vencimiento.
Flores consideró que “nunca se pidió una reposición de plazos justo cuando se están por vencer. Además no obedecen a causa de fuerza mayor o caso fortuito, que son los supuestos que están en el Código”.
Los pedidos de prórroga
El martes 28 de junio del 2022 puede marcarse como el minuto cero de la investigación: a las 10:20, un hombre denunció en la comisaría Tercera que le habían vaciado la cuenta donde cobraban un plan social.
La primera formulación de cargos fue cinco meses después: el 29 de noviembre del 2022. La fiscalía cuenta desde ese día los 4 años que tiene para terminar el proceso, es decir, para llegar a una sentencia firme ante el Tribunal Superior de Justicia.
Hubo varios pedidos de prórroga de la investigación, tanto de la parte acusadora como de las defensas. Por citar algunos ejemplos, el 21 de noviembre del 23 le concedieron 4 meses más de plazo a la fiscalía; otros dos meses más el 21 de julio del 2024; y a la defensa le dieron 15 días más el 10 octubre del 2024.
Se sumaron problemas de agendamiento para fijar audiencias, y la duración de 33 días del juicio oral, un record para la provincia.
