La convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Las 127 Hectáreas La Sirena Ltda., publicada en el Boletín Oficial de Neuquén el 17 de marzo de 2026, vuelve a poner sobre la mesa una escena que ya resulta intolerable: una entidad bajo fuerte cuestionamiento judicial y social actúa como si nada hubiera pasado.

Según el aviso oficial y el material aportado por los damnificados, la asamblea fue convocada para el 3 de abril en la ciudad de Neuquén, con un orden del día que incluye memoria y balance, además de la elección de consejeros y síndicos. En otras palabras, se intenta renovar autoridades y sostener una apariencia de normalidad institucional en medio de una causa por presunta estafa que continúa empantanada. 

El repudio de los socios damnificados no aparece de la nada. La historia de este caso acumula denuncias desde hace meses, reclamos judiciales, expedientes civiles y penales, pedidos de auditoría y una presión pública creciente. Neuquén News publicó en enero que ya había más de 300 denunciantes y que el conflicto arrastraba años de promesas incumplidas, mientras otras coberturas señalaron que la dimensión total del daño podría alcanzar a miles de familias. En octubre de 2025, el propio sitio consignó que el conflicto involucraba a más de 3.000 familias que aportaron dinero esperando un terreno o una vivienda. 

La Legislatura neuquina también tomó nota de la gravedad. En julio de 2025, Neuquén News informó que se aprobó por unanimidad el pedido de intervención de la cooperativa, con más de 100 juicios civiles y 50 denuncias penales como telón de fondo. Luego, la propia Legislatura informó oficialmente la aprobación de una resolución para pedir a Personas Jurídicas que impulsara la intervención judicial, en un debate en el que incluso se habló de una “estafa colosal” con miles de perjudicados. Sin embargo, ese impulso político no derivó en una respuesta estatal eficaz. Meses después, se informó que la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente de Tobares como ministro de gobierno, rechazó la intervención solicitada. 

Ese rechazo administrativo es una de las claves del escándalo. Porque mientras los damnificados pedían resguardo institucional, el sistema decidió preservar la inercia. Y esa inercia tiene nombres propios. Jorge Salas, señalado desde hace tiempo por denunciantes como principal responsable de la conducción de la cooperativa, sigue siendo una figura central de esta trama. Cuando el Ministerio Público Fiscal avanzó con los allanamientos de mayo de 2025, tanto el MPF como la prensa local ubicaron a Salas entre los alcanzados por las medidas: hubo procedimientos en la sede de la cooperativa, en domicilios particulares y en la casa del entonces presidente. 

Los hechos de mayo fueron presentados, con razón, como un punto de inflexión. Se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación, y se informó que la pesquisa alcanzaba también movimientos con billeteras virtuales y transferencias internas. Incluso se consignó que el fiscal Juan Manuel Narváez no descartaba entonces que la investigación pudiera derivar en otras figuras penales. 

Pero el problema no es sólo lo que se hizo. El problema central es lo que no pasó después. A casi un año de los allanamientos, la causa no exhibe avances públicos proporcionales a la gravedad del caso. No hay formulación de cargos conocida contra la conducción por los hechos principales, no hay explicación clara sobre el estado de los peritajes de los equipos secuestrados, (si es que fueron peritados)  y no hay una hoja de ruta judicial visible para los miles de afectados. Lo que sí hay es un documento presentado por damnificados el 18 de marzo de 2026, en el que solicitaron “máxima celeridad” y la imputación de cargos, advirtiendo que la etapa investigativa ya tendría elementos suficientes y que la urgencia social exige una respuesta efectiva.

Ese escrito, dirigido a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, es un dato político y judicial de enorme peso. No habla una parte menor o marginal del expediente: hablan damnificados que ya pasaron por mediaciones fallidas, por reclamos públicos y por una larga espera sin resultados. La mediación, de hecho, fue cerrada sin acuerdo. Neuquén News informó en febrero que la instancia terminó y que el caso volvió a Delitos Económicos; el MPF también informó en octubre de 2025 que el proceso de diálogo había concluido. Es decir: la salida alternativa fracasó y la causa debía volver al cauce penal. Sin embargo, la velocidad del expediente siguió siendo exasperantemente baja. 

En ese contexto, el papel del fiscal Juan Manuel Narváez queda inevitablemente bajo escrutinio público. No porque haya una sentencia sobre su conducta, sino porque el resultado objetivo de la investigación es, hasta hoy, una sensación de congelamiento. El ciudadano común ve algo difícil de explicar: se allana, se secuestra prueba, se anuncian delitos preliminares, se habla de cientos o miles de damnificados, pero pasan los meses y el expediente no logra ofrecer una señal contundente de avance.

Para una causa de esta magnitud, la demora deja de ser una cuestión técnica y empieza a parecer una forma de impunidad manifiesta. Esa percepción se agrava cuando son los propios damnificados quienes deben presentar notas reclamando celeridad para que el proceso no se hunda en la nada. 

También merece atención el lugar de Jorge Tobares en esta historia. La mediación fallida de 2025 contó con participación de funcionarios del Ministerio de Gobierno que él conduce. Una clara dilación para desgastar a los denunciantes y quitar el foco publico sobre la causa. Tobares fue representante legal de la Cooperativa 127 Hectáreas hasta diciembre de 2023. Ese dato no es menor. Aunque hoy ocupe otra función pública, su vínculo previo con la cooperativa vuelve inevitable la pregunta sobre el grado de responsabilidad política y la profundidad real del involucramiento estatal en un conflicto que arruinó el proyecto de vida de miles de neuquinos.

Jorge Salas, por su parte, sigue orbitando el conflicto sabiendo que el paso del tiempo juega a su favor en la causa judicial y en el plano político. En octubre, en plena mediación, declaró a Río Negro que la cooperativa continuaría conversando con el Gobierno para activar un pago y retomar desarrollos pendientes. Antes y después, distintas publicaciones lo ubicaron como presidente de la cooperativa y como uno de los principales apuntados por los denunciantes. Y aun así, meses más tarde, la cooperativa convoca a asamblea, discute balances y prepara elecciones internas. 

Lo más grave, quizás, no es la convocatoria en sí. Lo más grave es lo que simboliza. Simboliza un sistema que naturaliza el daño. Un Poder Judicial que no transmite urgencia frente a una presunta maniobra que golpeó el derecho básico a la vivienda. Un Estado administrativo que primero escucha, luego dilata y finalmente deja hacer. Una dirigencia política que, cuando el tema estalla, se limita a administrar el malestar. Mientras tanto, las familias siguen esperando dinero, lotes, viviendas, pericias, imputaciones, explicaciones.

Esperan algo. Cualquier cosa que se parezca a la idea de justicia.

La asamblea del 3 de abril no debería leerse solamente como un trámite interno. Debe ser vista como un síntoma de un sistema fallido. Si una cooperativa denunciada por una presunta estafa de esta dimensión puede llamar a elecciones y tratar balances en medio de una investigación que no avanza con claridad, entonces el problema ya no es sólo la cooperativa. El problema es el sistema que le permite seguir funcionando bajo una ficción de legalidad, mientras los estafados cargan con la parte más pesada: el silencio, el desgaste y el abandono.