Murer cuestionó la demora del Concejo en tratar una propuesta de modificación normativa y sostuvo que la situación podría afectar la continuidad de prestaciones vinculadas a adultos mayores, personas con discapacidad, asistencia social, cultura y proyectos habitacionales.
El Departamento Ejecutivo Municipal emitió un comunicado oficial en el que expresó su preocupación por la falta de tratamiento de una propuesta elevada al Concejo Deliberante hace más de 45 días, destinada —según explicó— a «armonizar la normativa vigente con el objetivo de simplificar procedimientos, evitar superposiciones de funciones y brindar mayor previsibilidad» tanto a los trabajadores contratados por el municipio como a los vecinos que reciben distintas prestaciones.
Desde el Ejecutivo señalaron que, pese a las instancias de diálogo mantenidas con el cuerpo legislativo, «la propuesta continúa sin resolución», situación que consideran especialmente preocupante ante el próximo vencimiento de más de cincuenta contratos previsto para el 30 de junio.
En el documento, el intendente sostiene que la necesidad de modificar el esquema vigente no responde únicamente a una iniciativa política del gobierno municipal, sino que también ha sido advertida por los organismos de control. En ese sentido, remarca que «la Auditoría Municipal ha advertido sobre la conveniencia de evitar superposiciones funcionales entre órganos del Estado Municipal y dotar a los procedimientos de mayor claridad y previsibilidad».
El comunicado apunta además contra la Ordenanza N.º 4274/25, al señalar que sus efectos alcanzan exclusivamente al Departamento Ejecutivo. Según expresa el texto oficial, «los restantes órganos de control y gobierno del Estado Municipal —el Concejo Deliberante, la Auditoría Municipal y la Defensoría del Pueblo— continúan gestionando sus contrataciones bajo los mecanismos que la Carta Orgánica les reconoce, sin encontrarse sujetos a las mismas limitaciones que hoy se aplican al Ejecutivo».
En esa línea, el Ejecutivo sostiene que existe una «evidente asimetría institucional», ya que las restricciones vigentes no alcanzan al resto de los organismos municipales. «Las reglas deben ser iguales para todos los órganos del Estado Municipal. Lo contrario no fortalece el control institucional ni mejora la transparencia; simplemente genera desequilibrios en el ejercicio de las responsabilidades», afirma el comunicado.
La principal preocupación planteada por el gobierno municipal está relacionada con la renovación de contratos de profesionales y trabajadores vinculados a distintas áreas. Según detalló, deberán remitirse al Concejo Deliberante más de cincuenta renovaciones que involucran a «profesionales, talleristas, operadores sociales, psicólogos, cuidadores, personal vinculado a personas mayores, personas con discapacidad, proyectos habitacionales, planificación urbana y múltiples servicios que forman parte del funcionamiento cotidiano del Estado Municipal».
El Ejecutivo cuestionó que estas contrataciones deban quedar sujetas a autorizaciones legislativas especiales. En ese sentido, advirtió que «cuando decisiones propias de la gestión cotidiana pasan a depender de autorizaciones políticas previas, se incorpora un grado de discrecionalidad ajeno al diseño institucional previsto por la Carta Orgánica Municipal».
Asimismo, el intendente envió un mensaje directo a los trabajadores cuyos contratos vencen a fin de mes. «Cualquier demora que pudiera producirse en sus renovaciones no obedece a su desempeño profesional ni a una decisión de este Departamento Ejecutivo, sino a la falta de resolución de mecanismos administrativos cuya modificación fue propuesta oportunamente para evitar precisamente este escenario», expresó.
El comunicado también puso el foco en las consecuencias que una eventual demora podría tener para la comunidad. Según indicó, detrás de cada contrato existen servicios vinculados a «la atención de personas mayores, el acompañamiento de personas con discapacidad, la asistencia social, el apoyo psicológico, los talleres culturales, las actividades de la Orquesta Municipal, los programas de inclusión, los proyectos habitacionales y múltiples acciones que forman parte de la presencia cotidiana del Estado Municipal».
«Cuando los procesos administrativos se demoran, no se perjudica al Ejecutivo. Se resiente la capacidad del Municipio para sostener con normalidad servicios esenciales que esperan y necesitan los vecinos», advirtió el documento.
Finalmente, el Departamento Ejecutivo aseguró que continuará utilizando «todas las herramientas legales disponibles para garantizar la continuidad de las prestaciones municipales», aunque reclamó que cada institución asuma las responsabilidades que le corresponden para evitar demoras.
«No estamos discutiendo expedientes ni cuestiones partidarias. Estamos hablando de servicios que utilizan nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, niños, jóvenes y familias de Villa La Angostura», concluye el comunicado oficial.
