El Concejo Deliberante de Plottier aprobó por unanimidad este jueves la suspensión del sistema de fotomultas que comenzó a aplicarse en la ciudad a fines del año pasado y que en las últimas semanas desató un fuerte malestar entre vecinos, tanto por el monto de las sanciones como por la falta de información sobre la empresa encargada de gestionar el sistema.
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La decisión se tomó durante una sesión en la que hubo gran presencia de vecinos en las puertas del edificio legislativo, quienes reclamaban explicaciones sobre las infracciones y cuestionaban la transparencia del mecanismo de control.
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La presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, explicó a LM Neuquén que la ordenanza aprobada no implica la eliminación definitiva del sistema, sino su suspensión hasta que el Ejecutivo municipal aporte información clara sobre cómo fue implementado.
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“Se aprobó por unanimidad la suspensión de las fotomultas hasta tanto se pueda aclarar toda la información que hoy no tenemos”, señaló.
Sin embargo, la medida todavía no está vigente. Como ocurre con cualquier ordenanza aprobada por el cuerpo deliberativo, el intendente Luis Bertolini tiene ahora un plazo de diez días para promulgarla o vetarla.
“Desde que se aprueba la ordenanza, el intendente tiene diez días para promulgarla o vetarla. Si la veta, vuelve al Concejo y con los dos tercios del cuerpo se puede insistir con la aprobación y quedará firme”, explicó Resa.
Por eso, advirtió que el sistema de fotomultas continúa vigente por el momento y que las multas siguen teniendo validez. “La gente piensa que ya está efectiva la suspensión y por eso no va a pagar las multas, pero no es así. Hasta que no termine el proceso administrativo, la ordenanza no entra en vigencia”, aclaró la presidenta del Concejo Deliberante.
Eso mismo confirmó Cristian Tracana, subsecretario de Seguridad y Transporte de Plottier, quien dijo que aún no llegó ningún expediente a su despacho por lo que el sistema continúa funcionando.
Tracana había destacado a este diario que cruzar un semáforo en rojo es una falta grave y que el sistema busca disminuir las infracciones al volante. Además de que había explicado que la empresa fue contratada por el Municipio, sin consulta al Concejo Deliberante, porque rige la emergencia vial y de transporte en la ciudad hasta abril, por lo que estaban facultados para hacerlo.
Reclamos de vecinos y dudas sobre el sistema
El debate sobre las fotomultas tomó impulso luego de que numerosos vecinos se acercaran al Concejo Deliberante para plantear dudas y reclamos sobre las sanciones que comenzaron a recibir.
A partir de esas inquietudes, distintos bloques presentaron proyectos de comunicación para pedir explicaciones al Ejecutivo. Durante el tratamiento de esas iniciativas surgió la posibilidad de avanzar con una medida más contundente: suspender el sistema hasta contar con toda la información.
“Esto surge porque muchos vecinos se acercaron. Algunos bloques presentaron proyectos de comunicación y a partir de eso empezamos a tratar el tema”, explicó la presidenta del cuerpo.
Resa aseguró que el Concejo no tiene una postura en contra del uso de fotomultas como herramienta de control de tránsito, pero cuestionó la forma en que se implementó en la ciudad.
“No tenemos nada en contra de las fotomultas. Lo que queremos es que se transparenten los mecanismos, porque entendemos que hay muchas cosas que no están claras”, afirmó.
Entre las principales dudas, mencionó que el cuerpo deliberativo no conoce con precisión el tipo de vínculo que existe entre el municipio y la empresa que gestiona el sistema.
“No sabemos si hubo una contratación, un convenio o una concesión. Si fuera este último debería haber pasado por el Concejo Deliberante y nosotros no tenemos conocimiento de eso”, indicó.
Además, advirtió que el procedimiento administrativo de las infracciones tampoco sería el mismo que el de otras multas de tránsito. “No sabemos cuál es el recorrido administrativo que tienen estas multas, y hay mecanismos que no están cumplimentados. Tampoco queremos que se vulneren las funciones del Juzgado de Faltas”, explicó.
En ese sentido, remarcó que la empresa privada no puede fijar el valor de las multas, ya que ese monto está establecido por normativa.
Un pedido de información al Ejecutivo
La suspensión aprobada por el Concejo también incluye pedidos formales de informes al Ejecutivo municipal para que detalle cómo se implementó el sistema y bajo qué condiciones.
“Nosotros nos enteramos de las fotomultas por las páginas de la Municipalidad. No tuvimos conocimiento previo de los mecanismos que se usaron”, señaló Resa.
Según explicó, el objetivo del cuerpo legislativo es “parar la pelota” hasta contar con toda la información necesaria para evaluar cómo continuar.
“Queremos que nos den la información y ver qué se puede hacer hacia adelante”, afirmó, y aclaró que el cuerpo deliberativo no tiene facultades para anular multas ya aplicadas ni para eximir deudas.
“Nosotros ni siquiera tenemos la facultad de indultar en caso de deudas. Esa es una atribución que tiene el intendente”, indicó.
Interpelarán a la subsecretaria de Hacienda
Durante la misma sesión, los concejales aprobaron además la interpelación de la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez, quien deberá presentarse ante el cuerpo el próximo 27 de marzo en una sesión especial.
La citación se realizará en el marco de las facultades de control que tiene el Concejo Deliberante sobre el Ejecutivo municipal, establecidas en la Carta Orgánica.
“Por Carta Orgánica podemos citar, interpelar e incluso suspender a funcionarios del Ejecutivo. En este caso la interpelación es para pedir información”, explicó Resa.
La funcionaria deberá responder preguntas vinculadas a la administración económica del municipio y a la falta de documentación que el Concejo solicitó en reiteradas oportunidades.
“Tenemos que hacer una auditoría externa, pero no se pudo hacer porque desde Hacienda no entregaron la información”, afirmó la presidenta del cuerpo, quien además señaló que durante la reciente reestructuración del presupuesto municipal detectaron situaciones que consideran irregulares.
“Encontramos cosas raras. No somos jueces ni abogados, pero como cuerpo legislativo tenemos la facultad de auditar al Ejecutivo”, indicó.
Resa sostuvo que el objetivo de la interpelación es obtener respuestas claras sobre la gestión de los recursos públicos. Ramírez está señalada además por la Justicia, en el marco de la investigación que lleva adelante por irregularidades en el Municipio, ya que habría contratado la empresa de su hijo para realizar una obra en la ciudad.
La sesión especial para la interpelación de Ramírez está prevista para el 27 de marzo y será uno de los próximos capítulos en un conflicto político que suma tensión entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal en Plottier.
