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Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia presentaron esta semana un ambicioso proyecto para modificar el sistema de selección de jueces federales, buscando dar más transparencia, previsibilidad, celeridad y objetividad al proceso. La iniciativa busca dotar al Consejo de la Magistratura, el órgano encargado elegir las ternas de las cuales saldrán los nombramientos del Ejecutivo que luego evaluará el Senado, de un reglamento que reduzca al mínimo posible la discrecionalidad política en esta etapa del proceso, en especial en fueros sensibles como Comodoro Py, donde tramitan los casos más resonantes para el poder.
Aunque la Corte no tiene incidencia directa en la materia, ya que es sólo una propuesta que evaluará el Consejo, tiene el valor de poner en debate un tema crucial para nuestra democracia republicana: cómo se seleccionan los jueces y juezas que luego decidirán sobre la protección de nuestros derechos esenciales, libertades civiles y de los bienes privados y públicos.
El proyecto propone cambios disruptivos en cuatro ejes del proceso actual. El primero es acentuar la objetividad de los exámenes, con un banco de preguntas de múltiple choice y corrección automatizada en la primera etapa, reduciendo subjetividad del evaluador y reforzando el anonimato de los postulantes. El segundo es la evaluación tabulada de los antecedentes, con legajo digital único y donde la formación académica y trayectoria académica se ponderarán con criterios objetivos preestablecidos, reduciendo el peso del “tránsito burocrático” en estructuras judiciales que tanto beneficia a las “familias” internas.
En tercer lugar, se establecen concursos anticipados que evalúen candidatos antes de las vacantes, creando un “banco” de aspirantes listos para asumir y reduciendo las “subrogancias” eternas que hoy tiene el 36% de los juzgados federales. Y el cuarto punto, el más importante, es la reducción a un 10% del peso en el puntaje final de la entrevista personal, que a menudo servía para el ascenso meteórico en las listas de postulantes con “padrino” partidario.
Otro aspecto destacable es la celeridad, ya que los concursos no podrán extenderse más allá de los 90 días hábiles, con publicidad integral de todas las etapas del proceso. La función de este apartado es evitar las demoras estructurales que hoy permiten “cajonear” procesos y manipular designaciones según los “tiempos políticos” y los vaivenes de la opinión pública.
La propuesta tuvo respaldo inmediato desde los colegios de abogados y magistrados de distintos distritos y referentes de distintos sesgos ideológicos, ya que hay un importante consenso en que la creciente discrecionalidad y opacidad de la selección de jueces y fiscales federales está afectando tanto la calidad de la magistratura como la confianza pública en la institución judicial.
La medida se enmarca dentro de la concepción del Poder Judicial como una instancia “contramayoritaria”, independiente de las instancias del voto popular que permita proteger los derechos de las minorías y donde la legitimidad de los jueces emana de su idoneidad técnica y capacidad jurídica para actuar como “freno y contrapeso” de posibles excesos de los otros poderes.
Por eso, aunque la acordada no tenga efectos inmediatos, debiera ser un criterio a tener en cuenta, en momentos en que el Gobierno envió el pliego de 60 jueces para su debate en el Senado, entre los que se cuentan el del padre del actual ministro de Justicia y del hijo del actual presidente de la Corte Suprema, entre otros casos llamativos que han trascendido en los medios de prensa. Y donde las vacantes ascienden a 364 cargos en todo el país, falta de cobertura que podría llegar al 40% de los cargos a fin de año.
Profesionalizar al acceso a los altos cargos de la Justicia y evitar los actos discrecionales que permiten mucha veces a la política adoptar decisiones sin dar fundamentos razonables ni establecer un control a las arbitrariedades o los manejos poco transparentes.
Aunque el proyecto pueda ser discutible, sin dudas representa un avance hacia un modelo en que los jueces lleguen a sus cargos por su excelencia académica y trayectoria profesional, en procesos transparentes, participativos y auditables. No por componendas en los pasillos partidarios.
No hay democracia sin una Justicia independiente que tenga la confianza de la ciudadanía. Garantizar mecanismos que la preserven debiera ser el norte de cualquier sistema republicano.
