Una audiencia prevista para este martes en el juicio de la causa Cuadernos debió ser suspendida debido a un problema de conectividad que afectó a los tribunales federales de Comodoro Py. La situación impidió el desarrollo normal de las declaraciones testimoniales previstas para la jornada.
Quiénes no pudieron prestar declaración tras el corte de Internet en Comodoro Py
Entre quienes debían comparecer ante el Tribunal Oral Federal N°7 se encontraban el exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic, cuyos testimonios quedaron postergados.
Según trascendió, la interrupción del servicio estuvo vinculada a un robo de cables de fibra óptica que provocó un corte general de internet en la zona donde funcionan los tribunales federales. Ante la imposibilidad de garantizar la conectividad necesaria para el desarrollo de la audiencia, el tribunal resolvió suspender la actividad y reprogramar el cronograma previsto.
La situación se produce en una etapa donde el juicio continúa incorporando declaraciones consideradas relevantes para la reconstrucción de los hechos investigados. De acuerdo con información conocida durante la jornada, el avance de las audiencias viene mostrando un ritmo más lento de lo previsto. Durante mayo, apenas pudieron declarar ocho testigos de los 43 convocados, debido principalmente a la extensión de cada exposición.
Uno de los testimonios más extensos fue el de Hilda Horovitz, ex esposa del fallecido chofer Oscar Centeno, quien ratificó ante la Justicia la existencia de bolsos con dinero en el departamento donde convivía con su ex marido. Mientras tanto, la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial continuaba trabajando para restablecer completamente el servicio.
Frente a este escenario, el TOF 7 decidió reprogramar las declaraciones para el próximo jueves 4 de junio, cuando se retomará el cronograma de los testigos que no pudieron declarar durante esta jornada.
Hilda Horovitz, expareja del remisero Oscar Centeno, finalizó este jueves su declaración en el juicio oral por la causa Cuadernos, luego de casi nueve horas de exposición distribuidas en dos audiencias realizadas en los tribunales federales de Comodoro Py.
Durante su testimonio volvió a apuntar contra el chofer del exfuncionario Roberto Baratta, aseguró que la utilizó “como testaferro” y respondió preguntas vinculadas a sus contactos con otros protagonistas del expediente.
La mujer ya había declarado durante seis horas el martes pasado, jornada en la que se descompensó mientras se reproducían audios enviados a Baratta y a Miriam Quiroga, exintegrante del área de Ceremonial de la Casa Rosada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Por ese motivo, el Tribunal Oral Federal 7 dispuso continuar la audiencia este jueves.
En el inicio de su declaración, Horovitz ratificó que Centeno puso bienes a su nombre y relató conversaciones relacionadas con el trabajo que realizaba para Baratta.
Según contó, en una oportunidad el remisero le explicó cómo acomodar dinero dentro de bolsos. Consultada sobre cómo sabía Centeno hacerlo, respondió: “Lo habrá visto”.
Durante la audiencia también fueron exhibidos bolsos vacíos que, según declaró, Centeno llevaba a la vivienda que compartían en Olivos al regresar de sus jornadas laborales.
El tramo final del testimonio estuvo centrado en preguntas formuladas por los jueces del Tribunal Oral Federal 7. El magistrado Germán Castelli le consultó sobre el vínculo entre Centeno y Baratta y acerca de los contactos que ella había mantenido con el exfuncionario.
“Contacto nunca tuve. Si lo saludaba, lo saludaba a Centeno. Nosotros nos sentábamos en una mesa y ellos por otro lado. Era en el parque, al aire libre”, respondió Horovitz al recordar un bautismo realizado en la casa de Baratta. Además, sostuvo que consideraba que ambos eran “muy amigos”.
Luego intervino el juez Fernando Canero, quien le preguntó por las quejas que, según ella, Centeno realizaba por las “migajas” que recibía de Baratta.
La testigo afirmó que esos comentarios aparecían cuando su entonces pareja “estaba picado” o llegaba “chinchudo” a la casa.
Consultada sobre qué reclamaba concretamente Centeno y por qué consideraba que debía recibir más dinero, respondió: “Eso pregúntele a Centeno”. Ante la insistencia del magistrado, agregó: “Decía que lo llevaba a las cuevas o a hacer cosas. A veces decía: ‘Y a mí viene y me tira migajas’”.
No obstante, aclaró que nunca le explicó con precisión cuáles eran las tareas que realizaba para el exfuncionario.
Horovitz también justificó los pedidos de dinero que le hacía a Centeno y explicó que, tras la difusión pública del caso, había perdido su empleo.
“Mi especialidad no es mentir. Acá sé que me estoy mandando al muere sola por decir la verdad. Yo sí le pedía dinero a él, es verdad, y como no me escuchaba no me quedaba más remedio que pedirle a Baratta que haga de intermediario. Cuando salió todo esto al aire me quedé sin trabajo. Pedí que me diera una mano hasta que consiga trabajo”, declaró.
En otro tramo de su exposición volvió a acusar al remisero de haberla utilizado como “testaferro” y recordó episodios de violencia.
“Yo tenía que hacer algo, no lo iba a dejar a él arriba de los laureles con todo. Me usó como testaferro, hizo todo lo que hizo después de que me cagó a trompadas, me insultó y me agredió”, sostuvo.
Además, contó que en 2017 le había anticipado a Claudio Uberti, entonces su jefe en un ministerio, que pensaba denunciar a Centeno en Comodoro Py. Según relató, Uberti le respondió que se preparara para las consecuencias y poco después perdió su empleo. Uberti es actualmente uno de los arrepentidos de la causa.
“Yo doy la cara, no voy por atrás y te clavo un puñal. Doy la cara, pongo todo al frente. Acá estoy”, afirmó la mujer de 58 años mientras Centeno, presente en la sala, la observaba y tomaba notas.
Durante la audiencia también se reprodujeron audios y fotografías enviadas por Horovitz a Baratta. Entre las imágenes apareció un bolso con un billete de cien dólares que la propia testigo reconoció como falso y fotografías de banditas elásticas.
“Se las mandaba a Roberto Baratta”, respondió ante preguntas de la fiscal Fabiana León. También se exhibieron imágenes del frente del barrio privado donde vivía el exfuncionario.
El abogado José Manuel Ubeira le consultó por la fotografía del billete y Horovitz respondió: “Era trucho. Había conseguido ese dólar trucho y se lo mandé a Baratta”.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando las defensas reprodujeron distintos audios. “Estoy muy nerviosa”, advirtió antes de que se escuchara un mensaje en el que decía: “No va a quedar acá, va a seguir. Tengo nueve años para hacerlo mierda”.
Horovitz reconoció el audio y confirmó que se refería a Centeno, aunque afirmó no recordar a quién se lo había enviado.
También se reprodujeron mensajes dirigidos a Miriam Quiroga, en los que reclamaba la devolución de documentos vinculados a Centeno.
“Tenían cosas de Centeno y eran míos, que yo le había sacado a Centeno. Nunca me los devolvieron”, declaró.
Según relató, cuando Quiroga le comentó a Baratta que ella reclamaba esos papeles, el exfuncionario respondió: “Perdelos”.
En otra grabación, Horovitz le agradecía a Quiroga una salida con cena incluida: “Muy rico todo, muy lindo todo”. La testigo afirmó no recordar ese encuentro en particular.
En otro audio consultaba si podía reunirse con Baratta. “Yo siempre hablaba con Miriam y Miriam hablaba con Roberto”, explicó.
Quiroga, considerada una testigo importante dentro del juicio, presentó un certificado médico ante el Tribunal Oral Federal 7 para justificar su imposibilidad de asistir a declarar por cuestiones de salud. Los jueces todavía no resolvieron el planteo.
El juicio oral por la causa Cuadernos comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual y pasó a modalidad semipresencial el 17 de marzo, cuando declaró la expresidenta Cristina Kirchner, acusada como presunta jefa de asociación ilícita y por cohecho.
Hasta el momento ya fueron indagados los 86 acusados del proceso. Muchos de ellos, especialmente los imputados colaboradores, optaron por guardar silencio y hacer uso de su derecho a no declarar.
Entre esos casos se encuentran el propio Centeno, el financista Ernesto Clarens y empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio.
Varias defensas cuestionaron esa situación y sostuvieron que no pudieron contrastar las confesiones que comprometieron a sus clientes.
Otra vez el nombre de Claudio “Chiqui” Tapia quedó envuelto en un escándalo que sacude al fútbol argentino. El presidente de la AFA fue denunciado ante la Justicia por una presunta maniobra vinculada a la venta irregular de entradas de protocolo que la FIFA entrega exclusivamente a las delegaciones para compromisos institucionales e invitaciones oficiales durante el Mundial 2026.
La denuncia contra Tapia, a la Justificia federal
La causa ya comenzó a moverse en Comodoro Py y quedó en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano. La presentación fue realizada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica-ARI), quien en los últimos años se transformó en uno de los principales denunciantes de la conducción de la AFA.
Según la denuncia, las entradas que debían utilizarse para protocolo habrían terminado siendo comercializadas a través de agencias de turismo deportivo vinculadas al entorno dirigencial del fútbol argentino. Los tickets, de acuerdo a los chats y audios difundidos en una investigación periodística, se ofrecían a valores cercanos a los 850 dólares cada uno.
La situación tomó todavía más temperatura luego de la aparición de audios comprometedores y conversaciones privadas que exponen supuestos arreglos entre intermediarios y agencias relacionadas al negocio. En uno de los registros difundidos, una persona identificada como Walter Rodríguez, titular de la agencia Somos Argentina, explica cómo se reservaban y entregaban los tickets.
“Quédate tranquila que yo te las guardo. Yo me encargo. Vos no las vas a perder”, se escucha en uno de los audios revelados.
Habría más personas de la AFA implicadas
La investigación también apunta sobre Fernando Isla Casares, director de Protocolo y Ceremonial de AFA, además del propio Rodríguez y otras personas ligadas al circuito de comercialización.
Uno de los puntos que más compromete a la conducción de la AFA es que las agencias mencionadas habían sido presentadas oficialmente como empresas autorizadas para organizar la logística de los viajes relacionados a la Selección argentina. Entre ellas aparecen Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sport.
En los chats incorporados a la denuncia, una empleada de la agencia explica incluso las modalidades de pago y el origen de las entradas. “Por ser sponsor oficial de AFA, AFA te da unas entradas por protocolo”, señala el mensaje que hoy forma parte del expediente judicial.
Por el momento, Tapia no fue imputado formalmente y la investigación recién comienza. Sin embargo, el nuevo expediente vuelve a golpear la imagen pública del presidente de la AFA, quien en los últimos años ya había quedado envuelto en distintas polémicas relacionadas con el manejo del fútbol argentino.
Mientras la Justicia avanza para determinar si existió una maniobra ilegal o un circuito paralelo de reventa, el caso ya abrió una nueva grieta alrededor de la conducción de la AFA. Y otra vez, el nombre de Chiqui Tapia aparece en el centro de la escena, rodeado de sospechas, audios filtrados y negocios que vuelven a dejar al fútbol argentino bajo una sombra incómoda.
La exesposa de Oscar Centeno, Hilda Horowitz, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la Causa Cuadernos y confirmó que vio las anotaciones que realizaba su exmarido y, además, confesó que ofició como su “testaferro” para la compra de un vehículo: “Usó mi nombre para muchas cosas”, señaló.
Cuadernos: la exmujer de Oscar Centeno declaró que fue su “testaferro”
Alrededor de las 8:30, Horowitz presentó su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF), en el que confesó que los cuadernos estaban escondidos en su ropero y que el exchofer realizaba las anotaciones por miedo a quedarse sin trabajo.
«Los cuadernos sí los vi. Estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo: los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas. Él (Centeno) registraba todo por si alguna vez, cuando terminara la gestión, lo dejaban sin trabajo«, declaró.
También contó que cuando su exmarido llegaba a su casa alcoholizado, los fines de semana, le describía cómo se acomodaban los fajos de billetes dentro de los bolsos y que se quejaba por recibir «migajas» en relación a lo recaudado: «Yo lo llevé a afanar y me tiró migajas», citó textualmente su exmujer.
Paralelamente, aseguró que el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, «hizo desaparecer» algunas de las anotaciones; explicó que, durante un viaje de Centeno a Salta, fotocopió los papeles de los vehículos y propiedades y se los entregó a la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, para que los cuidara; sin embargo, la mujer «los rompió, los quemó y los desapareció».
Para finalizar, afirmó haber sido usada como testaferro durante los años que convivieron, entre el 2006 y el 2016, y explicó que Centeno compraba propiedades y vehículos, y que después la llevaba a firmar los formularios de transferencia automotor.
Confirmó que figuró como la titular de un Peugeot 408, que en los hechos pertenecía a Centeno, con el fin de encubrir su patrimonio y detalló la compra en efectivo y en dólares de un departamento y la adquisición de varios autos Toyota que, posteriormente, fueron puestos a trabajar dentro del propio Ministerio de Planificación.
Por último, aclaró que su verdadera intención inicial, cuando realizó la denuncia en 2017, no fue por despecho, sino para buscar protección judicial y poder dejar registro de las golpizas que recibía de parte de Centeno: «Lo hice para que quede claro que me cag… a trompadas», agregó.
Luego de su separación, le exigió a Centeno que le diera dinero y, según lo declarado, el exchofer le pagó cuotas mensuales, financiadas por el propio Baratta, para garantizar su silencio.
En los pasillos de Comodoro Py, un mismo nombre propio acaba de convertirse en el nexo entre dos de los expedientes judiciales más incómodos y sensibles para el gobierno de Javier Milei. Matías Ledesma, un abogado penalista de bajo perfil pero con un currículum de peso, asumió la defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartiendo así su tiempo con la familia Mellino, piezas clave en la ruta del dinero $LIBRA.
La elección del funcionario libertario lo deja a tan solo un grado de separación del entorno del misterioso jubilado investigado por actuar como presunto prestanombre en una operación millonaria que roza al presidente.
El perfil de Matías Ledesma frente a la causa contra Adorni
Según informó La Nación, Ledesma es un penalista experimentado en navegar causas de alta exposición política. Es miembro del estudio jurídico fundado por su padre, Guillermo Ledesma -reconocido por haber sido uno de los jueces del Juicio a las Juntas Militares- y cuenta con antecedentes en expedientes complejos, como por ejemplo la defensa del empresario Claudio Glazman en la causa «Los Cuadernos de las Coimas».
Al frente de la defensa de Adorni, su estrategia ha sido cautelosa. Hasta el momento, Ledesma asistió a las audiencias y evitó realizar declaraciones públicas. El único movimiento formal que registra en el expediente fue la designación de un perito de parte para intentar abrir y analizar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que reportó contactos por parte del funcionario antes de ir a declarar.
El caso $LIBRA: del contrabando al «clan Mellino»
En paralelo a la defensa de Adorni, Ledesma representa, junto a un colega, a Diego Mellino y a su madre, Susana Georges. El hombre en cuestión es un profesional de la quiropraxia vinculado a diversas sociedades internacionales y, fundamentalmente, es el hijo de Orlando Mellino.
Orlando es el jubilado de 75 años radicado en Tigre que, el pasado 30 de enero de 2025 -apenas horas después de que el creador de $LIBRA, Hayden Davis, se reuniera con Javier Milei en la Casa Rosada-, recibió en su cuenta virtual más de un millón de dólares.
Minutos después, giró esos fondos a un destino aún desconocido. Para la Justicia, el jubilado habría actuado como una «rampa de salida» para efectivizar dinero cripto.
El trabajo de Ledesma se concentra en defender a Diego Mellino y a su madre en una causa conexa por contrabando de 20 millones de dólares. Ambos figuran como representantes de MODO DOMO LLC, una firma radicada en Estados Unidos acusada de intermediar en 33 operaciones aduaneras sospechosas en Campana.
Como parte de su labor defensiva, Ledesma intentó levantar la inhibición de bienes que recae sobre la familia. Ofreció como garantía de embargo un inmueble en Belgrano y una camioneta RAM 4×4 valuada en casi 80.000 dólares. Sin embargo, la Justicia federal de San Martín rechazó la oferta por considerarla «insuficiente».
Investigan presunto nexo entre Adorni y $LIBRA
La conexión entre el entorno libertario y el escándalo cripto no se limita únicamente al abogado compartido. El expediente que investiga la estafa de $LIBRA ha puesto bajo la lupa tanto a la familia Mellino como al propio Manuel Adorni.
El fiscal Eduardo Taiano detectó que, en menos de un año, la cuenta virtual del jubilado Mellino canalizó más de 5,8 millones de dólares. Ante esto, Martín Romeo -uno de los damnificados y querellante en la causa- solicitó la indagatoria de Orlando Mellino, definiéndolo no como un actor marginal, sino como una «mula financiera del más alto nivel».
En ese mismo escrito, la querella pidió que la Justicia indague al presidente Milei, a su hermana Karina, y a Manuel Adorni. El pedido sobre el jefe de Gabinete se fundamenta en su participación como orador principal (key note speaker) en el Tech Forum, un evento que reunió a empresarios cripto y figuras del Gobierno.
Manuel Adorni junto a Mauricio Novelli, uno de los hombres detrás de $LIBRA, en Tech Forum. Foto: Gentileza LPO.
Para los damnificados, Adorni aportó «su investidura» para legitimar el ecosistema donde se gestó la estafa, un auxilio institucional que consideran clave y que, según chats aportados a la Justicia, incluyó la coordinación de un «posteo pago».
La investigación a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, a través del análisis de movimientos financieros realizados a través de plataformas digitales y operaciones con criptomonedas.
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En ese marco, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó información a distintas firmas vinculadas al sistema financiero virtual, mientras los investigadores revisan la documentación y los reportes que comenzaron a llegar a los tribunales de Comodoro Py.
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Algunas de ellas darían cuenta de movimientos, cuyos montos serían “menores” frente a las cifras en efectivo que aparecieron en la causa, dijo una fuente al tanto de la pesquisa, que añadió que la información recibida podría ampliarse eventualmente con un estudio de “trazabilidad”.
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La investigación por enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni
Un mes atrás, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario. La medida alcanzó también a Bettina Angeletti, su pareja, y a la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos.
Levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte —desde el 1° de enero de 2022 hasta la actualidad— la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, la consultora de coaching de Angeletti, con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado.
También solicitó que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.
Hasta ahora, los movimientos de dinero de los que existía algún tipo de constancia en la causa, ya sea por testimonios o por documentación, fueron en dinero físico.
La declaración del contratista que complicó más al funcionario
En la última testimonial, el contratista que realizó trabajos para la familia Adorni en dos de sus domicilios, Matías Tabar, sorprendió al relatar que el jefe de Gabinete le pagó por sus servicios un total de 245 mil dólares en efectivo, sin facturar.
Otro de los declarantes, Pablo Martín Feijoo, sostuvo que el acuerdo de compraventa del departamento de Caballito, registrado formalmente en 230 mil dólares, contemplaba un pago adicional de 65 mil dólares, por fuera de la escritura.
Los gastos de Adorni desde que es funcionario
Adorni compró el departamento gracias a que las vendedoras, dos mujeres jubiladas, le postergaron más del 85% del pago, sin intereses.
La Justicia -que revisa si el nivel de gastos del funcionario se condice con sus ingresos- tiene registro de varios otros pagos realizados en efectivo por el matrimonio.
Uno de ellos se corresponde con los costos del viaje al Caribe realizado en diciembre de 2024, en el que el funcionario gastó casi US$9000 en efectivo para hospedarse en dos complejos de lujo, de acuerdo a la información que aportó una agencia de viajes.
Otros gastos registrados en la causa son los US$5000 en efectivo destinados al pago de la matrícula de ingreso del country de Indio Cua y otros US$6000 vinculados a un viaje de Bettina Angeletti a Madrid.
La operación de compra de la casa del country se cerró en 120.000 dólares. 20.000 fueron pagados en efectivo, según la información recabada en el expediente, y los 100.000 restantes mediante un préstamo con garantía hipotecaria otorgado por dos mujeres policías.
30.000 dólares de aquel préstamo ya fueron saldados en efectivo, pero el plazo por los 70.000 restantes vence en noviembre.
Ese mismo mes, Adorni debería responder también por los 200.000 dólares cuyo pago le fue postergado por las dos jubiladas en la compraventa del departamento de Caballito.
Por ahora, el jefe de Gabinete ha esquivado dar explicaciones públicas sobre sus gastos o patrimonio, con el argumento de que eso podría ser interpretado como un intento por “obstruir” a la Justicia.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el ojo de la tormenta judicial y política. Mientras en los tribunales de Comodoro Py avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en el seno del Gobierno nacional crece la expectativa por la presentación de su declaración jurada de bienes. Con este documento, el funcionario deberá esclarecer el origen de los fondos que le permitieron afrontar gastos y asumir deudas por más de US$ 800.000 desde que asumió en el Estado.
El entorno de Adorni dejó trascender que el ministro explicará, al menos parcialmente, su vertiginoso nivel de vida justificando el ingreso de fondos provenientes de una herencia de su padre, fallecido hace más de dos décadas, en 2002.
Qué hay detrás de la herencia familiar de Adorni
De acuerdo con la información obtenida por el portal Infobae, en el registro público del juicio sucesorio universal del padre de Adorni solo figuran dos bienes: un departamento y un terreno, ambos ubicados en la ciudad de La Plata.
Los documentos oficiales indican que el jefe de Gabinete no habría heredado la totalidad del terreno, sino únicamente el 33%, compartiendo el resto con su madre y su hermano Francisco (también nombrado en el Estado).
En cuanto al departamento platense -ubicado en la calle 48-, el funcionario lo puso a la venta recientemente por US$ 95.000, en medio del escándalo judicial. Llamativamente, en su declaración jurada de 2024, Adorni consignó que era dueño del 100% de esta propiedad bajo la figura de «donación».
El 19 de octubre de 2018, Adorni se refirió a la herencia en su cuenta de X (ex Twitter), con un mensaje a la dirigencia política: “A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo”.
A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo.
— Manuel Adorni (@madorni) October 19, 2018
En la Justicia, y ante la Oficina Anticorrupción, Adorni deberá justificar lo que hasta ahora evitó precisar: cómo hizo para comprar un departamento en Caballito y una casa en un exclusivo country que remodeló a nuevo, obra por la cual (según testificó bajo juramento el contratista Matías Tabar) desembolsó US$ 245.000 en efectivo.
A esto se suma la necesidad de explicar los múltiples y costosos viajes familiares a Aruba, Madrid, Nueva York, Gualeguaychú y el Llao Llao en Bariloche.
La Oficina Anticorrupción extendió el plazo para presentar las declaraciones juradas
La demora en la presentación de los números oficiales generó fuertes tensiones dentro del propio oficialismo. Incluso, n una entrevista televisiva, a senadora libertaria Patricia Bullrich exigió públicamente que el funcionario actúe «de inmediato».
“Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior”, reclamó la exministra.
A pesar de estas presiones, que reflejan el malestar de un sector del Gabinete, Adorni se mantiene firme en su propia hoja de ruta. Según consignó La Nación, fuentes cercanas al funcionario aseguran que la declaración jurada recién se conocería alrededor del31 de mayo fecha inicial en que vence el plazo de la Oficina Anticorrupción, descartando así hacer uso de una prórroga.
Y es que, en medio del escándalo, el organismo decidió extender hasta el 31 de julio el plazo original.
Para calmar las aguas internas, el propio presidente Javier Milei salió a respaldar a su ministro y relativizó los cortocircuitos con la senado: «Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números».
De manera contundente, y alineado con la postura de Karina Milei de catalogar el escándalo como una «operación de prensa», el jefe de Estado dejó en claro el futuro de su funcionario de confianza: «No se va ni en pedo».
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py pero optó por no prestar declaración ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. La decisión se enmarca en la estrategia de su defensa, que cuestiona pruebas clave dentro de la causa.
Según trascendió, el ex funcionario resolvió guardar silencio hasta que se realice la pericia sobre los audios que impulsaron su salida del organismo. Tanto él como otros implicados sostienen que podría existir una “falsedad” en ese material, lo que —afirman— comprometería la validez de la investigación.
La causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, investiga una presunta red de corrupción que habría operado dentro de la ANDIS para generar beneficios económicos ilegales en perjuicio del Estado.
En ese marco, también fueron citadas a indagatoria otras 29 personas, entre ellas Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, quienes habrían tenido distintos roles dentro del entramado investigado. La magnitud del caso apunta a un esquema que involucraría tanto a funcionarios como a empresarios.
De acuerdo con la hipótesis judicial, la organización habría generado maniobras para desviar fondos públicos, con un perjuicio estimado en más de 75.000 millones de pesos. El magistrado advirtió además sobre la posibilidad de que existan intentos de ocultar activos vinculados a los presuntos delitos.
La investigación también busca determinar si hubo conexiones con otros niveles del poder, en una trama que incluye a más de 20 empresarios y que podría tener derivaciones políticas. En ese sentido, surgieron menciones que apuntan a vínculos con figuras cercanas al oficialismo.
Spagnuolo ya fue procesado por delitos como cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Mientras avanza el expediente, su decisión de no declarar profundiza la tensión en una causa que podría tener alto impacto político y judicial.
Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que le vendieron el departamento de la calle Miro al 500 al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declararon esta mañana en los tribunales de Comodoro Py.
Ademàs entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa.
Segùn fuentes judiciales, Viegas aseguró no conocer a Adorni, explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación y manifestó que solo vio a Adorni en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
Por su parte Sbabo dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas, y explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento -un 50%-, tras lo cual señaló que cobra una jubilación de unos 350.000 pesos.
Cómo habrían sido los hechos
Las mujeres vendieron el inmueble en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Nechevenko, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre.
Las mismas le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.
Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.
Cómo seguirá la causa
La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.
El hijo de Viegas mencionado en la declaración, Feijoo, quien también fue señalado por la escribana Nechevenko como la persona que armó la operación inmobiliaria, declarará la próxima semana.
Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos.
Este miércoles por la mañana, se movilizaron hacia los Tribunales de Comodoro Py las jubiladas que le vendieron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el departamento en el que vive en el barrio porteño de Caballito. Una de ellas desconoció los «detalles de la operación» y apuntó contra su hijo.
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Beatriz Viegas y Claudia Sbabo son quienes aceptaron postergar el cobro de 200.000 dólares como parte de la operación, que puso en la lupa al jefe de Gabinete y es investigado ahora por presunto enriquecimiento ilícito.
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Pasadas las 7 de la mañana, Sbababo ingresó a declarar ante el fiscal Gerardo Pollicita e indicó que no recordaba los detalles de la operación, de la que se encargó su hijastro Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.
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La mujer afirmó que confiaba en Feijoo, que este conocía a Adorni y que además la había asesorado en otras operaciones inmobiliarias.
El dinero con el que compró el departamento de Caballito provenía de sus ahorros, según dijo una fuente al tanto de la declaración a La Nación.
Sbabo se retiró cerca de las 11 horas escoltada por dos policías que la acompañaron hasta la Planta Baja de los tribunales. En su salida de Tribunales, se negó a brindar declaraciones a la prensa.
Qué se sabe sobre la compra del departamento de Caballito
En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que cada jubilada se convirtió en acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la operación. De esta compraventa, el jefe de Gabinete sólo pagó 30.000.
La oportunidad inmobiliaria, según la versión que aportó bajo juramento la primera acreedora en testificar, llegó de parte de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni.
La del departamento de Caballito es solo una de las operaciones que investiga el fiscal Pollicita en busca de determinar si el funcionario lleva una vida acorde a sus ingresos. Con ese objetivo, pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, una medida que fue habilitada por el juez Ariel Lijo.
Tanto Feijoo como su hijastro son socios en la constructora TJS Group y otros emprendimientos de desarrollo urbano.
Feijoo está citado a declarar como testigo el 22 de abril. Fue él quien pagó la seña y gestionó la compra anterior del departamento de Caballito, que inicialmente se publicó a la venta a USD 340.000 y terminó por adquirirse a casi la mitad de ese precio, reveló Infobae.
«El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó la escribana Adriana Nechevenko en diálogo con el mismo medio, y justificó el crédito sin intereses a un año por «la confianza» entre ellos.
Qué declararon las policías que también le prestaron dinero a Adorni
Este lunes comenzó una nueva etapa de testimoniales en Comodoro Py. Las testigos que declararon fueron identificadas como Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes aportaron su testimonios, chats y documentación.
La fiscalía busca reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada por las acreedoras.
