La causa judicial que investiga presuntas maniobras irregulares en la Cooperativa 127 Hectáreas de Neuquén capital sumó un nuevo capítulo. No fue una imputación relevante, ni un llamado a indagatoria de la conducción. Fue la renuncia de un simple cajero.
El trabajador (precarizado) que cumplía funciones de cobranza —recibir el dinero cuando los asociados pagaban cuotas u otros compromisos— formalizó su desvinculación el 18 de febrero. Además, realizó una exposición en la Comisaría 17 del barrio La Sirena para dejar asentado que dejaba de trabajar porque no se le abonaba el sueldo correspondiente y para manifestar que se encontraba a disposición de la Justicia ante cualquier investigación.
En paralelo, difundió un mensaje público en el que explicó los motivos. Habló de más de un año de maltrato laboral por parte de integrantes de la comisión directiva, que se agravó cuando reclamó el pago por sus servicios como cajero. Según relató, la respuesta fue que “ya no había dinero”, que dejara de ir o que continuara “ad honorem”. Señaló su situación personal: alquila, tiene una hija menor a cargo y no podía sostener un trabajo sin cobrar. También aclaró que no es planta permanente de la administración pública, a diferencia —según indicó— de varios integrantes de la conducción.
El ex cajero afirmó además haber presenciado situaciones violentas en la atención al público, donde socios que pedían explicaciones eran tratados como conflictivos e incluso insultados. Y cerró su mensaje señalando que decidió realizar una exposición policial “para protegerse ante cualquier situación” que pudiera sucederle.
Los datos son concretos. Quien renuncia no integraba el consejo de administración, no aprobaba proyectos, no definía destinos de fondos ni diseñaba la política de la cooperativa. Su función era operativa. Limitada. Ejecutiva.
Sin embargo, es el primero que siente la necesidad de cubrirse formalmente ante la Justicia.
Ese movimiento en la base contrasta con la quietud en la cúpula. La Cooperativa 127 Hectáreas está presidida desde hace años por Jorge Salas, figura que ha mantenido una presencia constante en la estructura y que, en distintos momentos, ha tenido cercanía con ámbitos del poder político vinculados a la gestión de suelo y hábitat.
La causa penal por presunta estafa acumula denuncias de familias que aportaron dinero con la expectativa de acceder a lotes o viviendas. Hubo allanamientos, embargos y una mediación que terminó sin acuerdo. Pero, pese a la magnitud social del conflicto, el expediente no exhibe aún un avance proporcional hacia la determinación integral de responsabilidades en los niveles de decisión.
La salida de un empleado de base no resuelve el núcleo del problema. Si hubo irregularidades, no nacieron en la ventanilla de cobranza. La estructura decisoria de una cooperativa no se agota en quien recibe el dinero, sino en quienes lo administran, lo reasignan y definen su aplicación.
Pero el problema excede a la cooperativa.
Neuquén arrastra desde hace años un déficit habitacional estructural que se agravó con el crecimiento vinculado a Vaca Muerta. El aumento sostenido de los alquileres empujó a miles de familias a destinar la mayor parte de su salario a pagar un techo. En ese contexto, la promesa de un lote propio se convirtió en un recurso político potente.
El Estado provincial fue desplazando progresivamente su rol directo en la política habitacional, delegando responsabilidades en cooperativas y estructuras intermedias. Ese corrimiento no fue neutro. Cuando la vivienda deja de ser una política pública central y pasa a depender de esquemas tercerizados con escaso control, el riesgo institucional crece.
Las cooperativas pueden ser herramientas válidas de organización social. Pero cuando se transforman en engranajes opacos donde circulan fondos, expectativas y capital político, el control estatal no puede ser una formalidad.
En el caso 127 Hectáreas, la pregunta no es solo qué ocurrió con los aportes de los socios. Es cómo el sistema político permitió que durante años se consolidara un esquema que concentró esperanza social y respaldo político sin una supervisión rigurosa. Es qué controles fallaron. Es qué responsabilidades institucionales se diluyeron.
Y es también cómo actúa el Poder Judicial frente a esa estructura.
La comparación resulta inevitable. En otras causas recientes de alto perfil político, la reacción judicial fue rápida y visible. En este expediente, en cambio, los tiempos se estiran. La causa no termina de subir en la escala jerárquica. No se observa una decisión clara de avanzar sobre los niveles donde se tomaban las decisiones estratégicas.
Buscando «perejiles»
La renuncia del cajero deja expuesto un patrón conocido en causas sensibles. Cuando la presión judicial empieza a sentirse, los eslabones más débiles se protegen primero. El riesgo es que la investigación termine concentrándose en responsabilidades operativas mientras las decisiones estructurales queden al margen.
Si la causa se limita a responsabilizar a quienes ejecutaban tareas administrativas y no alcanza a quienes diseñaron, aprobaron o condujeron el esquema, se consolidará la percepción de que se están buscando “perejiles”: culpables de menor rango para aliviar tensiones sin tocar los niveles superiores.
En una causa que afecta a cientos de familias que confiaron sus ahorros en la esperanza de acceder a una vivienda en una ciudad donde el alquiler condiciona proyectos de vida, la credibilidad institucional está en juego.
La Justicia tiene la obligación de investigar la cadena completa. Desde la ventanilla hasta la presidencia. Desde la administración interna hasta los vínculos políticos que permitieron que la estructura creciera y operara durante años. Seguramente faltan ministros y funcionarios de alto nivel de varias gestiones.
Porque cuando el poder político se corre de su responsabilidad habitacional y el control estatal se debilita, no solo fallan las cooperativas. Falla el sistema.
