La última jornada del período de sesiones extraordinarias dejó poco espacio para la sorpresa política pero mucho para el debate técnico y los cuestionamientos de fondo. Luego de una sesión maratónica, el Senado aprobó la Reforma Laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, y la Reforma Penal Juvenil con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Dos leyes que llegarán empaquetadas al discurso que el presidente Javier Milei pronunciará este domingo ante la Asamblea Legislativa.
La reforma laboral: ¿modernización o desguace de derechos?
El Gobierno bautizó al proyecto como «Ley de Modernización Laboral», pero sus críticos —y no sólo los del kirchnerismo— lo llaman por otro nombre. El senador kirchnerista Mariano Recalde denunció que el oficialismo modificó 57 artículos a último momento, en las horas previas a la sesión, y afirmó que la norma «se modifica 28 leyes y deroga 11 leyes. Es una ley gigante, monstruosa».
Los contenidos de fondo son igualmente polémicos. Entre sus pilares está la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la instauración del «banco de horas» que reemplaza las horas extras, y la flexibilización en la asignación de vacaciones. Para el oficialismo, estas medidas son la puerta de entrada al empleo registrado; para la oposición, son un retroceso civilizatorio.
Uno de los puntos más resonantes para la profesión periodística es la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946. La Federación Internacional de Periodistas advirtió que la reforma «avanza sobre derechos colectivos fundamentales, promoviendo un modelo que reduce garantías, fragmenta a los trabajadores y limita la capacidad de organización sindical». La eliminación del estatuto no es un trámite menor: el constitucionalista Jorge D’Agostino argumentó que la derogación «suprime garantías específicas diseñadas para preservar la función republicana de informar, investigar y controlar», y advirtió que existe una contradicción con el principio de progresividad consagrado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
La respuesta gremial fue inmediata. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y sindicatos de prensa de distintas provincias anunciaron que recurrirán al Poder Judicial para declarar inconstitucional la derogación, a la que calificaron como «violatoria de los derechos laborales y sindicales consagrados en nuestra Constitución nacional y del derecho fundamental a la libertad de expresión». La aplicación de la derogación fue pospuesta hasta enero de 2027, aunque los gremios sostienen que el plazo solo le da tiempo al Gobierno para consumar algo que ya fue decidido sin consultar a los trabajadores del sector.
El trámite legislativo tampoco estuvo exento de irregularidades procedimentales. Desde el kirchnerismo, el senador Recalde impugnó el «trámite veloz» impuesto por el oficialismo, señalando que el plenario de comisión se celebró menos de dos horas después de que Diputados girara al Senado la iniciativa, aprobada cuando el reloj apenas había pasado las dos de la madrugada.
La baja de imputabilidad: una deuda histórica o una promesa vacía
La Reforma Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, llegó al Senado con fuerte respaldo político pero con dudas técnicas y presupuestarias que la oposición no dejó pasar. La senadora kirchnerista Alicia Kirchner advirtió que la ley «es incumplible» con el presupuesto que destinaría el Gobierno, ya que implica la creación de institutos de detención especializados y separados de los adultos.
El Gobierno asignó un presupuesto de aproximadamente 23.000 millones de pesos para implementar la reforma penal juvenil, ante el reclamo de los gobernadores por los recursos necesarios para los cambios institucionales. Para referencia: esa cifra equivale a menos del 0,02% del Presupuesto nacional 2026 aprobado semanas atrás, una asignación que varios especialistas ya calificaron de insuficiente para sostener la infraestructura que la propia ley exige.
La postura de los senadores neuquinos: alineamiento sin fisuras con el oficialismo
En Neuquén, la reforma laboral no obtuvo objeciones y la votación fue en su totalidad afirmativa: los senadores Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos de La Libertad Avanza, votaron a favor. Lo mismo ocurrió con la Reforma Penal Juvenil, donde los legisladores neuquinos repitieron el voto afirmativo sin matices ni posiciones disidentes.
El voto de los representantes neuquinos no sorprende en el marco político provincial. El gobernador Rolando Figueroa figura entre los mandatarios provinciales que garantizaron el respaldo de sus legisladores al proyecto desde la primera votación del 11 de febrero. Esta alineación estratégica con el Gobierno nacional tiene una lectura obvia en clave energética: Neuquén necesita sostener la relación con la Casa Rosada para destrabar inversiones, negociar regalías y asegurar la infraestructura que requiere el desarrollo de Vaca Muerta.
La jornada también dejó un episodio político que involucró directamente a la senadora Márquez. Durante la exposición del kirchnerista Recalde, la vicepresidenta Victoria Villarruel debió interrumpirlo para señalarle a Márquez que «no puede hacer entrar al recinto a nadie que no sea senador o prosecretario de bloque». Cuando la neuquina intentó explicar lo ocurrido, Villarruel le negó la palabra, lo que provocó el enojo de Márquez, quien le gritó: «¡Mentirosa!». «Senadora, ubíquese», fue la respuesta escueta de la vicepresidenta. Poco después, la propia Márquez aclaró públicamente que no había permitido el ingreso de nadie al recinto y que Villarruel le pidió disculpas por la confusión. Más allá del detalle anecdótico, el episodio ilustra las tensiones internas que atraviesan al propio bloque oficialista cuando la presión de la sesión se acumula.
Un cierre de extraordinarias que habla del poder real
La reforma laboral fue el séptimo tema aprobado por el oficialismo en el Congreso con la nueva conformación legislativa surgida de las elecciones de 2025. El raid legislativo de este verano —con el Presupuesto, la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-UE, la Inocencia Fiscal y ahora estos dos proyectos— deja en evidencia que La Libertad Avanza tiene un bloque legislativo funcional y aliados suficientes para avanzar su agenda sin necesidad de negociar con la oposición más crítica.
Para Neuquén, el balance del período no es neutral. La modificación a la Ley de Glaciares aprobada el jueves previo abre la puerta a mayores inversiones mineras en la región andina, con el consecuente debate sobre soberanía del agua y recursos naturales. La Reforma Laboral transforma las condiciones del mercado de trabajo en una provincia donde el sector hidrocarburífero, con sus propios convenios colectivos, convive con una economía de servicios que depende de los estatutos derogados para sostener pisos de protección laboral. Y la baja de imputabilidad llega a una provincia que, como toda la Patagonia, deberá acondicionar su infraestructura de detención juvenil con los fondos que el Gobierno prometió pero que la oposición ya considera insuficientes.
El domingo, cuando Figueroa inaugure el 55° período ordinario de la Legislatura neuquina, el escenario nacional estará trazado. Las leyes que sus senadores ayudaron a aprobar el viernes ya son parte del nuevo mapa jurídico argentino.
