El secretario de Gobierno, Juan Naretti, explicó que el conflicto se originó por una deuda de servicios retributivos del propietario del inmueble.Ante la falta de renovación y las demandas cruzadas, el Ejecutivo debe mudar de forma inminente las dependencias a un espacio accesible.
El Ejecutivo municipal de Villa La Angostura enfrenta una compleja situación administrativa y legal que mantiene en vilo el funcionamiento de áreas clave para la atención al público. Actualmente, pesan cuatro procesos judiciales sobre el municipio en el marco de un conflicto con el propietario del inmueble donde funcionan el Tribunal de Faltas, la Dirección de Tránsito, Seguridad y la Oficina de Empleo.
En diálogo con Fm Andina, el secretario de Gobierno, Juan Naretti, detalló cómo se llegó a esta instancia de judicialización y cuáles son los pasos urgentes que evalúa la comuna para garantizar la continuidad de los servicios.
El origen del conflicto: una deuda impositiva imprevista
Según explicó el funcionario, los contratos de alquiler de los dos locales comerciales —que forman parte del mismo edificio— vencieron en el mes de febrero. Al iniciar los trámites correspondientes para la renovación de los vínculos contractuales, el sistema municipal detectó una irregularidad fiscal por parte del locador.
«Para ser proveedor del Estado municipal hay dos requisitos clave y elementales: tener el libre deuda del Tribunal de Faltas y no registrar deudas por servicios retributivos», señaló Naretti. En este caso, saltó una deuda por la obra de pavimentación con adoquines (reticulado) que el propietario se negó a abonar.
Lee también: La Municipalidad deberá desalojar los locales donde funcionan Tránsito, Empleo y el Juzgado de Faltas
Ante la negativa del privado a regularizar su situación impositiva, el municipio quedó legalmente impedido de avanzar con un contrato de alquiler a largo plazo. Como alternativa intermedia, el Ejecutivo propuso mediante decreto una adenda de prórroga por seis meses para garantizar la operatividad de las oficinas mientras se buscaban nuevos locales. Si bien existía un preacuerdo e incluso el documento estaba listo para la firma en Mesa de Entradas, el propietario decidió finalmente no avanzar con la adenda, dejando al municipio sin cobertura contractual.
Búsqueda a contrarreloj y requisitos de accesibilidad
Frente al fracaso de las negociaciones, la mudanza de las dependencias oficiales se volvió una necesidad inminente. El principal desafío que afronta hoy el Ejecutivo es encontrar un espacio físico adecuado que reúna las condiciones logísticas necesarias y que idealmente permita mantener unificadas las cuatro áreas en un solo lugar.
«Nuestra intención es poder unificar todo en un mismo edificio como hasta ahora, pero si no se puede, habrá reparticiones que se tengan que dividir», admitió el secretario de Gobierno.
Asimismo, se remarcó que cualquier alternativa que se concrete debe cumplir de forma obligatoria con normativas de accesibilidad. Al tratarse de oficinas con un alto flujo de vecinos, las áreas de atención al público deberán estar instaladas de manera indispensable en una sola planta (planta baja), un requisito que restringe considerablemente las opciones inmobiliarias disponibles actualmente en la localidad.
Incertidumbre entre los trabajadores y derivación legal
La situación tomó por sorpresa no solo a la comunidad, sino también a los propios empleados municipales de las áreas afectadas, quienes confiaban en que se alcanzaría un acuerdo menos traumático para evitar el traslado de urgencia.
Lee también: Aldea anunció que asumirá personalmente la búsqueda de una nueva sede para el Tribunal de Faltas
Consultado sobre el destino de la deuda que originó el conflicto —el rechazo del propietario a pagar la obra pública de reticulado que el resto de los frentes de la cuadra ya abonaron—, Naretti confirmó que el área de Legales ya dictaminó al respecto y que las instancias de cobro también se encuentran en carriles judiciales.
Mientras la vía legal sigue su curso por las deudas pendientes, el municipio acelera las gestiones para concretar el traslado cuanto antes y de la manera más ordenada posible, intentando minimizar el impacto en la atención de los trámites diarios de los vecinos.
