La jueza Soledad Aldea frenó las sanciones locales al considerar injusto penalizar solo a los vecinos mientras los turistas no reciben las notificaciones por fallas del sistema nacional. Desde el Tribunal aclararon que la medida no anula las infracciones, las cuales siguen siendo acumulables y ejecutables.
La problemática en torno al cobro de las infracciones de tránsito en Villa La Angostura sumó un capítulo determinante.
En declaraciones radiales a FM Andina, la jueza de Faltas local, Soledad Aldea, reveló que el Municipio decidió poner un freno temporal al procesamiento de las actas locales ante la imposibilidad de notificar y cobrar de manera efectiva las multas a los turistas que visitan la localidad.
Desigualdad en el cobro: locales sí, turistas no
El eje del conflicto radica en la disparidad técnica y administrativa para alcanzar a los infractores que no residen en la zona. Históricamente, los únicos con capacidad real de ser alcanzados por el sistema de cobro local terminaban siendo los vecinos angosturenses, mientras que los conductores en tránsito que cometían faltas —como excesos de velocidad detectados por radares— quedaban exentos en la práctica por la falta de un mecanismo de notificación eficiente.
Ante este panorama, Aldea argumentó la postura del tribunal:
«Nosotros también pusimos un poco en pausa las locales porque yo considero que tampoco es justo que el local sí tenga que abonar y la persona que no vive en Villa La Angostura este sin notificar y por ende no lo paga».
La magistrada aclaró que este impasse administrativo no exime de responsabilidad a largo plazo a los infractores.
«De esas multas se está abonando solamente las que se pagan voluntariamente; no significa que no sean cobrables y ejecutables. No es que la gente dice ‘bueno, no la pago, total no pasa nada’, sobre todo en estas que quedan en el sistema también nacional y quedan como antecedentes».
El cuello de botella del sistema SINAI
El origen de la falla en las notificaciones a no residentes se encuentra en el sistema SINAI (Sistema Nacional de Infracciones de Tránsito), dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Según explicó la jueza, el organismo nacional no cuenta actualmente con un convenio vigente con empresas postales para el envío de las cartas documento o cédulas de notificación.
Para subsanar los retrasos que hoy promedian los 60 días en la llegada de las multas de los radares fijos, se planifica una reforma legislativa local.
«Para cortar los plazos vamos a necesitar modificar la ordenanza. Yo había presentado un plan, una modificación de la ordenanza 1135, que es la del procedimiento local, para establecer un plazo para que no lleguen con dos meses de atraso. Considero que no es lo más justo».
Mientras el Poder Ejecutivo local gestiona ante la ANSV la regularización del sistema de envíos, las infracciones por mal estacionamiento y otras faltas detectadas por inspectores municipales en el casco urbano permanecen bajo este régimen de cautela.
Nueva fiscalización: celulares y cinturón de seguridad
En paralelo a la resolución de este conflicto, Aldea anticipó la puesta en marcha de los nuevos dispositivos tecnológicos destinados a registrar conductas de riesgo dentro del habitáculo, específicamente el uso del teléfono celular y la falta de cinturón de seguridad.
El proceso se implementará de forma gradual para permitir la concientización vial de la ciudadanía:
Semana próxima: Inicio de las comunicaciones preventivas. Los dispositivos registrarán las faltas, pero se emitirán avisos informativos sin costo económico.
Plazo de adaptación: El periodo educativo se extenderá por un lapso estimado de uno a dos meses.
Aplicación de multas efectivas: El cobro real de las infracciones comenzará una vez concluido dicho plazo y luego de una campaña de comunicación oficial por parte del Municipio.
