Tras el reclamo del Ejecutivo al Concejo por la falta de tratamiento de una reforma vinculada a contrataciones, Primero Angostura aseguró que existen instancias de trabajo abiertas, atribuyó las observaciones a incumplimientos administrativos y afirmó que aún falta información clave para resolver los expedientes.
Luego del comunicado difundido por el Departamento Ejecutivo Municipal, en el que manifestó su preocupación por la falta de tratamiento de una propuesta enviada al Concejo Deliberante hace más de 45 días para modificar el régimen de contrataciones, el partido Primero Angostura salió al cruce de las declaraciones oficiales y sostuvo que existen aspectos centrales de la situación que no fueron informados a la comunidad.
Desde el Ejecutivo habían señalado que la iniciativa busca «armonizar la normativa vigente con el objetivo de simplificar procedimientos, evitar superposiciones de funciones y brindar mayor previsibilidad» tanto para los trabajadores contratados por el municipio como para los vecinos que reciben distintos servicios. Además, advirtieron que la falta de resolución resulta preocupante ante el vencimiento de más de cincuenta contratos previsto para el próximo 30 de junio.
En ese marco, el gobierno municipal afirmó que la necesidad de modificar el esquema actual también fue advertida por los organismos de control. Según indicó el intendente en el comunicado oficial, «la Auditoría Municipal ha advertido sobre la conveniencia de evitar superposiciones funcionales entre órganos del Estado Municipal y dotar a los procedimientos de mayor claridad y previsibilidad».
Sin embargo, desde Primero Angostura plantearon una mirada diferente sobre el origen del conflicto. «Lo que no se dice es que se trata de contrataciones directas que exceden los dos sueldos del Intendente, por lo que deben cumplir con determinados procedimientos previstos en la normativa vigente», señalaron.
Asimismo, indicaron que las observaciones realizadas por la Auditoría Municipal se produjeron porque «el Ejecutivo no informó estas situaciones a tiempo, tal como prevé la ordenanza, para que pudiera verificarse su legalidad y evitar que las contrataciones llegaran a esta situación».
La fuerza política también rechazó cualquier acusación de falta de tratamiento por parte del Concejo Deliberante. Según expresaron, «desde el Concejo Deliberante ya mantuvimos tres reuniones con el Ejecutivo y la Auditoría para evaluar cada uno de estos casos», al tiempo que confirmaron que también se analizó el proyecto de modificación de ordenanzas impulsado por el Ejecutivo.
Respecto de esa iniciativa, sostuvieron que «ese proyecto no tiene consenso», aunque aclararon que las conversaciones continuaron con el objetivo de evitar la caída de las contrataciones. «Se siguió trabajando para que las contrataciones no se caigan, atendiendo cada situación particular y buscando alternativas dentro del marco legal vigente», afirmaron.
Otro de los puntos destacados por Primero Angostura es que la resolución de los expedientes dependería de información aún pendiente de remisión por parte del Ejecutivo. «La semana pasada el Ejecutivo se presentó en el Concejo y se le solicitó que remitiera por escrito la información necesaria para poder resolver cada contrato. Esa información todavía no llegó», indicaron.
En la misma línea agregaron que «sin esa información no es posible terminar de realizar las resoluciones formales necesarias para salvar cada situación».
Finalmente, desde el espacio remarcaron que los controles sobre las contrataciones directas buscan garantizar el cumplimiento de la Carta Orgánica y la normativa vigente. «Es importante entender que cuando controlamos las contrataciones directas no lo hacemos para poner trabas ni generar conflictos», expresaron.
El comunicado concluye con una crítica a la estrategia comunicacional del Ejecutivo. «Resulta difícil comprender por qué se emiten comunicados de este tipo cuando existe una mesa de trabajo abierta y se viene trabajando en conjunto para encontrar soluciones», señalaron, y añadieron que este tipo de acciones «generan presión innecesaria y atropellan los procedimientos que justamente buscan dar respuestas dentro de la legalidad y la transparencia».
Mientras tanto, el vencimiento de los contratos previsto para fin de mes mantiene abierto un debate que involucra aspectos administrativos, legales y políticos, y cuya resolución dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse entre el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y los organismos de control.
