La normativa fija controles aleatorios trimestrales, con criterios de transparencia, confidencialidad y participación de veedores para garantizar la imparcialidad del proceso.
El Tribunal Superior de Justicia aprobó el Protocolo para la Realización de los Exámenes Toxicológicos en el ámbito del Poder Judicial, en cumplimiento de la Ley N° 3.531. La medida establece el procedimiento para la selección aleatoria y la realización de controles toxicológicos a magistrados, defensores y fiscales.
El protocolo se enmarca en las políticas institucionales de prevención, promoción de la salud laboral y fortalecimiento de entornos de trabajo saludables y libres del consumo de sustancias psicoactivas.
El procedimiento establecido en el documento garantiza transparencia e imparcialidad: a cada una de las personas alcanzadas por la normativa se les asignará un código identificador único y la selección se realizará mediante sorteo o sistema informático aleatorio que estará a cargo de funcionarios del Departamento de Salud Ocupacional y de la Dirección de Gestión Humana .
El mecanismo de sorteos previsto por la normativa establece que, en cada trimestre, será sorteado el 25% del total de los sujetos alcanzados por la ley. Sin embargo, ese porcentaje no se determina en un único acto sino que se distribuye en sorteos semanales a lo largo de cada período trimestral.
Para el primer trimestre, el sorteo abarcará ese 25% sin distinción de antecedentes previos, dado que se trata del inicio del sistema. A partir del segundo trimestre, la composición de cada sorteo deberá respetar la siguiente proporción: 20% correspondiente a magistrados/as y funcionarios/as que nunca fueron sorteados/as con anterioridad, 5% correspondiente a quienes ya fueron incluidos/as en sorteos anteriores. Esta distinción se contemplará al momento de la codificación de los sujetos.
La Asociación de Funcionarios y Magistrados podrá designar un/a veedor/a para que asista a dicho sorteo, debiendo guardar la debida reserva y confidencialidad.
Las personas seleccionadas serán notificadas con no más de 24 horas de anticipación por correo institucional, informándoles el lugar, día y horario del examen.
Todo el proceso se rige por los principios de confidencialidad, protección de datos personales conforme a la Ley Nacional N° 25.326, no discriminación y debido proceso. La difusión indebida de los datos de las personas seleccionadas constituye falta grave a los fines sumariales.
La autoridad técnica del proceso dentro del Poder Judicial es el Departamento de Salud Ocupacional, que podrá contar con la colaboración del Cuerpo Médico Forense para los operativos en el interior de la provincia.
