Autor: Diario Neuquino

  • Cutral Co: construirán un nuevo pabellón de máxima seguridad en la Unidad 22

    Cutral Co: construirán un nuevo pabellón de máxima seguridad en la Unidad 22

    Dos empresas presentaron ofertas para ejecutar una obra clave que permitirá alojar a 26 presos de alta peligrosidad. El gobierno provincial proyecta superar las 1.100 plazas penitenciarias al finalizar la gestión.

    El gobierno de Neuquén avanza en su plan para reforzar el sistema penitenciario con una nueva obra en la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co. Este jueves se conocieron las ofertas presentadas por las empresas Codam S.A. y Dinale S.A., en el marco de una compulsa de precios para construir un pabellón de máxima seguridad, que tendrá capacidad para alojar a 26 personas condenadas.

    El proyecto también contempla la edificación de un edificio complementario con salas de máquinas, siete garitas de vigilancia, cerco y muralla perimetral. Estará ubicado dentro del predio penitenciario existente, en el parque industrial de la ciudad.

    Durante el acto de apertura de sobres, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, subrayó que la seguridad es una prioridad para el gobierno de Rolando Figueroa. “La seguridad nos importa y es un reclamo de la ciudadanía. Estamos destinando los recursos públicos a las áreas esenciales como salud, educación, infraestructura vial y seguridad”, afirmó.

    Ousset consideró que el crecimiento económico de Neuquén también trajo nuevos desafíos. “Es evidente que una provincia que crece genera efectos indeseados como el aumento del delito. Tenemos que planificar cómo lo vamos a enfrentar”, sostuvo.

    Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, indicó que esta obra forma parte del plan integral que busca resolver la actual emergencia penitenciaria. “Cuando asumimos, había más de 100 personas condenadas alojadas en comisarías. Con las obras en marcha estimamos superar las 1.100 plazas al finalizar la gestión”, dijo.

    Nicolini recordó que ya se construyen dos módulos similares en la Unidad 11 de Neuquén y destacó que la arquitectura carcelaria de máxima seguridad requiere estándares especiales. “Estamos hablando de delincuentes muy peligrosos que permanentemente intentan evadir el sistema. La calidad constructiva tiene que estar a la altura de ese desafío”, advirtió.

    Detalles del proyecto

    En planta baja, el pabellón incluirá 12 celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, salón con cocina, sector de vigilancia, duchas, enfermería, espacio de visitas y oficina de entrevistas. En la planta alta habrá 14 celdas más, sala de monitoreo, equipos de ventilación, racks, sala de máquinas y playón de tanques. El predio estará rodeado por una muralla y tres cercos.

    Un trabajo conjunto con intendentes y la Legislatura

    El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, celebró la iniciativa y destacó el trabajo conjunto entre el Ejecutivo, los legisladores y los municipios. “La seguridad y el combate al narcomenudeo requieren del esfuerzo de todas las instituciones. Solo así podremos garantizarle a la sociedad condiciones de mayor tranquilidad”, expresó.

    También participaron del acto la ministra Julieta Corroza, el ministro Jorge Tobares, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez, diputados provinciales y funcionarios de las fuerzas de seguridad.

  • La Legislatura aprobó despacho y Neuquén regulará por ley el uso del celular en las aulas: será la primera provincia del país en aplicarlo

    La Legislatura aprobó despacho y Neuquén regulará por ley el uso del celular en las aulas: será la primera provincia del país en aplicarlo

    La Legislatura aprobó un despacho unificado que prohíbe los dispositivos en jardines y los restringe en escuelas primarias y secundarias. Apunta a entornos escolares sin distracciones y con mayor foco en el aprendizaje.

    Neuquén se convertirá en la primera provincia argentina en contar con una ley que limita el uso del celular en las escuelas. La comisión de Educación de la Legislatura aprobó este jueves por unanimidad un despacho que establece regulaciones diferenciadas según el nivel educativo. La norma será tratada en el recinto después del receso invernal.

    El texto prohíbe por completo el uso de teléfonos móviles en el nivel inicial, mientras que en la primaria y secundaria solo podrán utilizarse en actividades pedagógicas planificadas y comunicadas previamente a las familias. En todos los casos, fuera de esas instancias específicas, los dispositivos deberán permanecer guardados.

    La iniciativa surgió del debate abierto en 2023 a partir de proyectos presentados por los legisladores César Gass (JxC) y Carlos Coggiola (Neuquén Federal). Fue Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) quien logró consensuar un texto único con el respaldo de todos los bloques.

    “Los celulares alteran la dinámica del aula y generan distracciones permanentes. Hay consenso en que es necesario regular su uso para priorizar el aprendizaje y la salud emocional de las infancias”, señaló Stillger. La diputada remarcó que la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda evitar la exposición a pantallas hasta los 14 años.

    El despacho prevé excepciones en casos de emergencia y para estudiantes con discapacidad que necesiten el celular como herramienta de apoyo. También busca fomentar un debate entre las familias y docentes sobre el impacto de la tecnología en la vida escolar.

    La presidenta de la comisión de Educación, Mercedes Tulián (PRO), aseguró que “esta norma también interpela a los adultos sobre cómo acompañamos el uso responsable de los dispositivos en el hogar”.

    Desde el Ministerio de Educación, la ministra Soledad Martínez respaldó la idea de regular, aunque expresó reparos frente a una prohibición total. En tanto, desde el gremio docente ATEN advirtieron que la implementación recaerá en los equipos escolares, y que será clave establecer criterios claros y recursos para garantizar su cumplimiento.

    La iniciativa deberá pasar ahora por la comisión de Asuntos Constitucionales. Las sesiones ordinarias se reanudarán el 21 de julio.

  • Regularización en House Vial: el IPPV propuso un plan de pago de  millones por cada vivienda y los vecinos lo rechazan

    Regularización en House Vial: el IPPV propuso un plan de pago de $21 millones por cada vivienda y los vecinos lo rechazan

    El organismo provincial presentó una oferta para legalizar las 87 casas ocupadas en 2012, pero un grupo de vecinos insiste en pagar un valor mucho menor. Se abre un plazo de 60 días para aceptar o enfrentar acciones judiciales.

    El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) de Río Negro presentó una propuesta para iniciar la regularización de las 87 viviendas del barrio House Vial de General Roca, que fueron ocupadas en 2012 tras una estafa vinculada a la sobreventa de terrenos por parte del sindicato de trabajadores viales.

    Durante una reunión realizada en la Escuela 128, el interventor del IPPV, Mariano Lavín, expuso ante un grupo de vecinos el plan de pago ofrecido por el Estado provincial: cada casa podrá ser adquirida por un valor total de $21 millones, con una financiación de al menos 300 cuotas y actualización atada al Salario Mínimo Vital y Móvil. El valor actual de cada vivienda, según el índice de viviendas UVI, ronda los $55 millones, pero se ofreció un descuento del 60% considerando la falta de garantía de obra y el tiempo transcurrido.

    La oferta generó tensión entre las partes. Algunos vecinos impulsan una contraoferta muy por debajo de esa cifra: proponen pagar $600.000 en cuotas fijas, argumentando que deben considerarse beneficiarios desde la ocupación ocurrida hace más de una década. Alegan que existen normativas que respaldan esta postura y que la propuesta oficial carece de sustento legal.

    “Entendemos que este es un esfuerzo importante del Estado para reparar una situación irregular que perjudicó tanto a las familias como a la provincia. Pero también fijamos límites: si en 60 días no se acepta el convenio, el valor volverá a ser el real, y se iniciarán acciones administrativas y judiciales”, advirtió Lavín. En ese caso, el IPPV reclamará $55 millones por unidad o bien iniciará el proceso para recuperar los inmuebles.

    Según la estimación oficial, las cuotas mensuales oscilarían entre $70.000 y $150.000, según los ingresos del grupo familiar.

    Casos similares en Allen y San Antonio Oeste

    La causa judicial que afectó a House Vial tuvo réplicas en otras localidades rionegrinas. En San Antonio Oeste se detectó una situación similar con 86 viviendas, donde ya se logró un 90% de adhesión a la propuesta de regularización. En Allen, donde se construyeron 40 casas en el mismo esquema sindical, la situación fue resuelta con anterioridad al actual proceso.

    Desde el IPPV insistieron en que el objetivo es brindar seguridad jurídica a las familias y evitar conflictos a futuro, pero aclararon que el diálogo debe estar enmarcado en parámetros razonables.

  • Piden explicaciones al Gobierno rionegrino por el default de Aconcagua Energía y su impacto en concesiones petroleras

    Piden explicaciones al Gobierno rionegrino por el default de Aconcagua Energía y su impacto en concesiones petroleras

    Legisladores del PJ y Vamos con Todos reclamaron acceso a información financiera clave que fue negada durante el debate de los contratos. Exigen conocer el nivel de inversiones comprometidas y las garantías ante posibles incumplimientos.

    Los bloques legislativos del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) y Vamos con Todos (VcT) de Río Negro solicitaron a la Secretaría de Energía provincial un informe detallado y urgente sobre la situación económica y financiera de Aconcagua Energía S.A., empresa que explota varias áreas hidrocarburíferas en la provincia y que recientemente comunicó su “default técnico”.

    La empresa notificó su situación de incumplimiento financiero el pasado 19 de junio, lo que generó preocupación entre los legisladores, dado que Aconcagua había sido beneficiaria de renovaciones de contratos petroleros con aval legislativo entre fines de 2024 y principios de este año.

    Desde los bloques peronistas denunciaron que durante el tratamiento legislativo de dichas prórrogas, nunca se les facilitó documentación clave: “Solicitamos en varias oportunidades los expedientes que contenían los estados financieros de la empresa, los niveles de inversión comprometidos y las garantías ofrecidas. No tuvimos acceso a esa información”, señalaron en un comunicado.

    “Hoy vemos las consecuencias de haber aprobado contratos sin conocer en profundidad la situación de la compañía”, advirtieron.

    En el pedido formal, los legisladores exigen que se detalle el avance real de las inversiones comprometidas por la firma, así como los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a avalar una renegociación con una empresa que, según consta en registros de la Comisión Nacional de Valores, ya exhibía un pasivo del 51% respecto a sus activos.

    Además, solicitan que se informe qué medidas prevé el Gobierno provincial para exigir la reparación de eventuales daños económicos, y qué instrumentos legales están disponibles para garantizar que se cumplan los compromisos de inversión asumidos.

    Aconcagua Energía acumula una deuda de 400 millones de dólares

    La compañía, que además de operar áreas petroleras en Río Negro tiene participación en la generación eléctrica en la región, atraviesa un proceso de reestructuración de deuda tras el fracaso de una colocación de bonos por 250 millones de dólares. Según se conoció, el endeudamiento total asciende a casi 400 millones de dólares.

    Entre sus activos estratégicos, Aconcagua controla la central térmica Alto Valle en Neuquén, ubicada en una zona clave para el abastecimiento energético del conglomerado urbano de la Confluencia y el Alto Valle rionegrino. También es concesionaria de la central hidroeléctrica Cerros Colorados, cuyo contrato vencerá cuando el Gobierno nacional vuelva a licitar el manejo de esas represas, en una fecha aún no definida.

    El caso Aconcagua reaviva el debate sobre la transparencia en las concesiones petroleras y la necesidad de mayor control estatal sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las empresas que explotan recursos estratégicos en la región.

  • El programa Separap llegó a más de 3.700 estudiantes de la ciudad

    El programa Separap llegó a más de 3.700 estudiantes de la ciudad

    Más de 3700 estudiantes de escuelas de toda la ciudad fueron capacitados en lo que va del año en el programa Separap que promueve la separación y reciclaje de residuos. Esta mañana, alumnos del CPEM 54 realizaron una muestra de banderas recicladas en el hall de la Municipalidad.

    Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, comentó que el programa Separap es llevado adelante por el municipio hace algunos años con el objetivo de promover acciones que promuevan el cuidado del medioambiente y la reutilización de residuos. La principal columna de Separap se basa en la separación de los residuos domiciliarios y su recolección en días que se distinguen entre secos y húmedos.

    En este contexto, el municipio decidió sumar capacitaciones en escuelas primarias y secundarias de Neuquén: “Son talleres para que los chicos aprendan a separar y transmitan un mensaje en sus casas con el fin de darles herramientas que muchos no tuvimos y teniendo encuenta el cuidado del ambiente”, afirmó Haspert.

    “En el caso de las primarias es un taller con juegos y en secundaria son adaptados a su edad. La convocatoria es cada vez mayor. Nosotros tenemos seis capacitadores, una profesora de arte también en el equipo y nos llaman de tres a cuatro escuelas por semana. De esta forma llegamos este año a más de 3700 chicos capacitados, 26 instituciones educativas, colonias de vacaciones y de adultos mayores”, precisó el funcionario. Además, Haspert comentó que a estas acciones se suma el operativo Puerta a Puerta “que ya lleva 11 años, los tres centros de transferencia y la erradicación de microbasurales y macrobasurales”.

    Esta mañana los alumnos del CPEM 54 del barrio San Lorenzo iniciaron una muestra en el hall de la Municipalidad (Roca y Avenida Argentina) de banderas elaboradas con materiales reciclables.

    “Es una propuesta muy interesante para promover el reciclaje de residuos”, expresó Ginno Avilés, alumno de la escuela. “La iniciativa surgió cuando nos comentaron que se iba a hacer un concurso con un premio y así los chicos se inspiraron más, trajeron latas y de todo un poco y el premio lo compartimos con todo el curso”, agregó Daira Barros.

    “Armamos una bandera con folletos de Cliba y revistas viejas. Lo que hicimos fue cortar triángulos entre tres compañeros y nos salió algo hermoso”, comento Génesis Pereira, otra alumna que logró el segundo puesto.

    Por su parte, María Eugenia Marillán, docente de Físico-química, expresó que “estamos en contacto permanente con gente de la Municipalidad con los talleres que brinda y la idea surgió con el tema del cuidado del medioambiente y el día de la Bandera. Tomamos como proyecto que cada curso realizara su bandera y concursara y las propuestas fueron muy buenas”.

    Esta propuesta educativa y artística forma parte del trabajo conjunto entre el equipo de SEPARAP y las escuelas de la ciudad, con el objetivo de promover una cultura ciudadana comprometida con la separación en origen y el cuidado del ambiente. La exhibición busca reflejar cómo, a partir de la reutilización creativa de residuos, se puede aportar a una ciudad más limpia, sostenible y consciente.

  • Damnificados por la Cooperativa 127 Hectáreas pidieron justicia en la Catedral de Neuquén

    Damnificados por la Cooperativa 127 Hectáreas pidieron justicia en la Catedral de Neuquén

    Con una misa cargada de simbolismo, vecinos estafados por la cooperativa encabezada por Jorge Salas denunciaron abandono político y judicial. El obispo Fernando Croxatto lanzó un duro mensaje desde el altar.

    La Catedral de Neuquén fue este miércoles el escenario de una emotiva misa solicitada por vecinos damnificados por la Cooperativa 127 Hectáreas. Años después de haber comenzado a pagar por terrenos que nunca les fueron entregados, los afectados recurrieron a la Iglesia en busca de apoyo espiritual y visibilización frente a lo que denuncian como una estafa sostenida en el tiempo, con responsabilidad compartida entre dirigentes políticos y el sistema judicial.

    La ceremonia fue encabezada por el obispo Fernando Croxatto y contó con la participación de decenas de familias, así como del diputado César Gass (Juntos por el Cambio) y el abogado de los damnificados, Mariano Mansilla. El religioso no evitó el tono crítico y, durante su homilía, advirtió con una frase bíblica que resonó con fuerza: “Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces”.

    Un reclamo que llega a la Justicia y a la Legislatura

    Actualmente, la cooperativa que preside Jorge Salas está bajo investigación por presunta estafa y administración fraudulenta, en una causa impulsada por el fiscal Juan Manuel Narváez. La falta de avances concretos llevó a los vecinos a buscar respaldo en la Iglesia. “Estamos cansados de golpear puertas. En la Iglesia encontramos una palabra de aliento y alguien que se anima a poner el cuerpo por nosotros”, expresaron al final de la misa.

    Durante la ceremonia, Mansilla remarcó el valor histórico del templo para las luchas sociales: “Estas escalinatas abrazaron a obreros, estudiantes y madres en dictadura. Hoy reciben a quienes fueron víctimas de una miserable estafa”. Desde hace años, muchos de los damnificados construyeron en terrenos sin escrituración o siguen pagando cuotas sin garantías legales.

    Apuntan contra Jorge Salas y exigen intervención estatal

    El diputado Gass aprovechó el acto para reiterar su pedido al Gobierno provincial y al Poder Judicial para que informen sobre el estado legal de la cooperativa y avancen en una eventual intervención. Además, reclamó la inhabilitación de Jorge Salas y su separación inmediata de cualquier cargo dentro de la entidad.

    Víctor Guerrero, uno de los referentes del grupo de damnificados, agradeció el gesto del obispo y reafirmó que seguirán exigiendo respuestas institucionales: “Ya hemos solicitado la intervención de la cooperativa y que se aparte a Salas mientras se investiga. No vamos a detenernos hasta que haya justicia”.

    Una misa que se transformó en acto de denuncia

    Para los presentes, el mensaje del obispo no fue neutro. Algunos lo interpretaron como una crítica directa a Salas; otros lo ampliaron al conjunto del sistema político que, aseguran, dio la espalda durante años al reclamo por tierra y vivienda. La misa fue, además de un gesto espiritual, una señal clara de que los damnificados no están dispuestos a abandonar su lucha.

    Entre oraciones, denuncias y abrazos, la Catedral volvió a funcionar como un espacio de resistencia. Y aunque el caso sigue sin una resolución judicial, los vecinos encontraron allí algo más que consuelo: encontraron visibilidad y acompañamiento.

  • Denuncian penalmente al municipio de Conesa por multas emitidas con radares no autorizados

    Denuncian penalmente al municipio de Conesa por multas emitidas con radares no autorizados

    Legisladores acusan a las autoridades locales de cobrar infracciones en un período en el que los cinemómetros carecían de habilitación oficial. Es la segunda denuncia de este tipo en Río Negro en menos de una semana.

    Una nueva denuncia penal vuelve a poner bajo la lupa el uso de radares de velocidad en Río Negro. Esta vez, el foco está sobre el municipio de General Conesa, donde legisladores provinciales presentaron una demanda por el presunto cobro indebido de multas de tránsito emitidas antes de que el equipo fuera autorizado oficialmente.

    La presentación fue realizada ante la Fiscalía N°3 de la Primera Circunscripción Judicial, en Viedma, por los legisladores Javier Acevedo y Fernando Frugoni (bloque CC-ARI), quienes impulsan la Ley N° 5726 para la regularización del uso de cinemómetros en la provincia.

    “Se cobraron infracciones con radares que aún no tenían habilitación, lo cual es ilegal y afecta directamente a los ciudadanos”, indicaron.

    Multas sin aval oficial

    El radar en cuestión se encuentra sobre la Ruta Nacional 251, a escasa distancia del cruce con la Ruta 250. Según señalaron los denunciantes, recién en enero de este año el municipio obtuvo una autorización formal por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Sin embargo, las multas se habrían emitido con anterioridad a esa fecha.

    Desde el organismo provincial de control vial también confirmaron que el radar no tenía aval técnico ni administrativo en el período mencionado.

    La denuncia incluye como prueba varias notificaciones de infracción que fueron giradas a automovilistas, donde se exige el pago de sanciones registradas por el dispositivo antes de que estuviera debidamente habilitado.

    Antecedente en Darwin y advertencia a la Defensoría

    La acción judicial contra Conesa replica la presentada días atrás contra el municipio de Darwin, bajo el mismo argumento: multas emitidas con radares que no estaban regularizados. En ambos casos, los legisladores acusan a las autoridades municipales de incurrir en prácticas que podrían constituir delitos.

    Además, Acevedo informó que se notificó formalmente a la Defensoría del Pueblo de Río Negro, encabezada por Adriana Santagati, quien ya había intervenido en otros reclamos vinculados a las sanciones de tránsito emitidas con radares en la provincia.

    Los legisladores insisten en la necesidad de transparentar y regular el uso de cinemómetros, y exigen que los municipios se ajusten al marco legal vigente antes de sancionar a los conductores. La causa ahora está en manos del fiscal José Chirinos.

  • Firmaron la concesión del Cerro Chapelco en Buenos Aires: el grupo Don Otto se hará cargo por 25 años

    Firmaron la concesión del Cerro Chapelco en Buenos Aires: el grupo Don Otto se hará cargo por 25 años

    El gobierno del Neuquén oficializó la adjudicación del centro de esquí a la empresa Transportes Don Otto S.A. El contrato incluye inversiones obligatorias, canon y acuerdos con comunidades. Plumas Verdes y el Grupo Constantini evalúan acudir a la Justicia por presuntas irregularidades.

    El gobierno de la provincia del Neuquén firmó el contrato definitivo de concesión del Cerro Chapelco con la empresa Transportes Don Otto S.A., del grupo Vía Bariloche, para la explotación del centro de esquí por un período de 25 años, con posibilidad de prórroga por cinco más. El acto tuvo lugar este martes en Buenos Aires y estuvo encabezado por el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet.

    La adjudicación incluye condiciones más exigentes que en procesos anteriores: canon mínimo del 2%, obligaciones de inversión y acuerdos de convivencia y uso con comunidades originarias. La firma del decreto puso fin a un proceso licitatorio que había generado incertidumbre en la comunidad de San Martín de los Andes y entre los trabajadores del complejo.

    Sin embargo, el proceso podría no estar completamente cerrado. Dos de las empresas que participaron del concurso, Plumas Verdes S.A. y el Grupo Consultatio, vinculado a Eduardo Constantini y La Nación, manifestaron informalmente su intención de iniciar acciones judiciales por supuestas inconsistencias durante la evaluación de ofertas. En particular, apuntan a modificaciones reglamentarias durante el proceso, presuntas ventajas para el grupo ganador y falta de transparencia en la instancia final de adjudicación.

    Fuentes cercanas a las empresas señalaron que analizan recurrir al fuero contencioso administrativo para solicitar la nulidad del acto administrativo que otorgó la concesión, e incluso una medida cautelar que podría afectar la operatividad en plena temporada. Desde el Ejecutivo descartaron irregularidades y defendieron la “total legalidad” del proceso.

    “El cerro seguirá siendo Chapelco, como siempre lo fue, pero con un nuevo concesionario que se hará cargo del desarrollo, el mantenimiento y las inversiones que necesita la montaña”, afirmó Capiet.

    El ministro reconoció que se trata de una “temporada de transición”, con equipamiento en malas condiciones heredado de la gestión anterior. “Entiendo que han llegado tres pisapistas nuevas. También equipamiento para el mantenimiento de rutas y máquinas de despeje”, detalló. Añadió que ya se están importando repuestos e insumos que no fueron dejados por la empresa saliente.

    En cuanto a los pases ya vendidos, indicó que el nuevo operador deberá garantizar la prestación del servicio correspondiente una vez que el cerro esté habilitado.

    Capiet también valoró el acompañamiento de los tres gremios del sector: “Todos colaboraron pensando en abrir el cerro, sostener la fuente laboral y generar empleo directo e indirecto para la comunidad”.

    El proceso de licitación había despertado interés de importantes actores del sector turístico nacional, y según el propio ministro, hubo “varias impugnaciones y observaciones que fueron recepcionadas y respondidas”. A pesar de ello, el malestar persiste entre algunos competidores.

    Desde el Ejecutivo aseguran que la concesión está firme, aunque una posible judicialización podría sumar incertidumbre en una temporada invernal que ya es compleja.

  • Los ceramistas intensifican sus reclamos: marchan este jueves a Casa de Gobierno y el viernes vuelven a la Ruta 7

    Los ceramistas intensifican sus reclamos: marchan este jueves a Casa de Gobierno y el viernes vuelven a la Ruta 7

    La protesta se centra en el corte de gas y electricidad que afecta a las gestiones obreras. Denuncian una campaña de desprestigio por parte del Gobierno provincial.

    Los trabajadores de las fábricas Zanon y Cerámica Neuquén retomaron las protestas esta semana con nuevas medidas para visibilizar el conflicto que mantienen con el Estado provincial. Este jueves 26 de junio se movilizarán hacia Casa de Gobierno desde las 9:30 para reclamar la reconexión del gas y la energía eléctrica, servicios interrumpidos desde hace semanas. Por la tarde, también participarán de la marcha de antorchas en defensa de la universidad pública.

    El conflicto, que se arrastra desde enero, volvió a escalar tras la decisión de Camuzzi Gas del Sur de cortar el suministro a las plantas autogestionadas, incluyendo a Cersinpat. Según los ceramistas, el corte responde a una decisión política y no a una deuda con las empresas prestadoras. “El Gobierno nos acusa de vivir de subsidios, pero el reclamo es por una gestión incumplida”, sostienen desde el Sindicato de Cerámicas de Neuquén.

    Volanteadas, asambleas y marchas para sostener el reclamo

    El viernes 27 de junio a las 8 de la mañana volverán a realizar una volanteada sobre la Ruta 7, frente a la fábrica Zanon, donde ya han protagonizado varios cortes en los últimos meses. “Queremos seguir informando a la comunidad sobre la situación que atravesamos”, afirmaron en un comunicado. Durante las protestas también apuntaron contra la “campaña de desprestigio” que —aseguran— impulsa el Gobierno provincial.

    Desde el sindicato denunciaron que, pese a los encuentros mantenidos con la Secretaría de Energía del Gobierno de Neuquén, no se avanzó en una solución concreta. “El miércoles 21 de mayo nos reunimos con funcionarios y al día siguiente nos cortaron el gas”, relató Andrés Blanco, secretario adjunto del gremio. Además, señalaron que Camuzzi exige que las fábricas gestionen un proveedor de gas, algo que —según ellos— el Gobierno se había comprometido a facilitar.

    El trasfondo del conflicto con Camuzzi y el Gobierno provincial

    La empresa Camuzzi justificó la medida por un “desbalance operativo” de más de 12 millones de metros cúbicos, argumento que fue rechazado por las cooperativas. El sindicato considera que se trata de una excusa para forzar el cierre de las fábricas gestionadas por sus trabajadores. “La solución no implica que el Estado ponga un peso, sólo debe cumplir con facilitar los mecanismos técnicos y legales”, afirmaron.

    En medio del conflicto, la Policía de Neuquén instaló un tráiler frente a la planta de Zanon, lo que fue interpretado por los trabajadores como un intento de intimidación. Sin acuerdo a la vista, las protestas continuarán y podrían intensificarse en las próximas semanas si no hay avances concretos. Mientras tanto, el conflicto suma tensión en el centro de la capital neuquina y en los accesos a la ciudad.

  • Obras Públicas en agenda: concejales de la ciudad de Neuquén debatieron regularización de tierras y cambios en normativas urbanas

    Obras Públicas en agenda: concejales de la ciudad de Neuquén debatieron regularización de tierras y cambios en normativas urbanas

    En la reunión semanal de la comisión, se trataron pedidos vecinales, modificaciones para el turismo y cesiones de terrenos en distintos barrios de la ciudad.

    La Comisión Interna de Obras Públicas del Concejo Deliberante de Neuquén avanzó este martes en el tratamiento de una serie de expedientes vinculados al desarrollo urbano, la planificación barrial y la regularización dominial. El encuentro fue presidido por el concejal Joaquín Eguía y contó con la participación de representantes de distintos bloques.

    Uno de los ejes centrales fue el análisis de proyectos presentados por vecinos de distintos sectores de la ciudad, enmarcados en el proceso de regularización de tierras que impulsa el Ejecutivo municipal. Algunos de estos expedientes fueron girados a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, donde continuarán su recorrido legislativo para evaluar aspectos financieros y administrativos.

    Cambios para el turismo y pedidos vecinales

    También se discutió una propuesta del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) para modificar la Ordenanza Nº 8201 en lo referido a los estacionamientos en establecimientos turísticos. La iniciativa busca adaptar las exigencias actuales al crecimiento del turismo en la capital provincial, tras haber recibido aportes del sector hotelero y gastronómico en reuniones previas. El debate seguirá abierto en futuras sesiones para lograr consensos técnicos.

    Otro de los temas abordados fue un proyecto impulsado por el bloque Comunidad Neuquinizate, que plantea la necesidad de evaluar la factibilidad técnica y presupuestaria de pavimentar una calle del barrio La Sirena, en respuesta a una demanda sostenida por parte de sus residentes.

    Cesión de terrenos en Confluencia Urbana

    Por último, los concejales continuaron el análisis de un expediente para otorgar a la Comisión Vecinal del barrio Confluencia Urbana un permiso de uso y ocupación sobre un predio ubicado en la esquina de las calles El Chocón y Tronador. Se trata de una cesión que permitiría a la organización barrial avanzar en proyectos comunitarios y de infraestructura de base.

    La comisión continuará su trabajo en las próximas semanas, priorizando temas que articulan las demandas vecinales con el desarrollo ordenado del ejido urbano de Neuquén.