La comunidad internacional se prepara para una semana decisiva en Londres para avanzar -o no- en un proceso de descarbonización del transporte marítimo, como uno de los capítulos de la transición energética global. Desde mañana, martes, y durante toda la semana, el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional (OMI) celebrará una sesión extraordinaria para definir la adopción formal del IMO Net-Zero Framework.
Este marco, que busca impulsar la descarbonización del transporte marítimo global y alcanzar emisiones netas cero para 2050, está a punto de convertirse en un instrumento jurídico vinculante para los más de 90.000 buques mercantes que surcan los océanos. Pero la explícita presión del Gobierno de los Estados Unidos, que amenazó con sanciones económicas a quienes voten a favor del nuevo instrumento, generó un clima de alta tensión previo.
Este debate no es meramente ambiental. Para países con potencial en energías limpias, como Argentina, representa una gran ventana de oportunidad para posicionarse como un actor clave en la nueva economía global. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei se abstuvo en abril cuando se realizó la votación previa que permitió sancionar el marco legal que ahora buscará darle impulso final a su implementación a partir de 2027.
La OMI, como organismo especializado de las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de regular la seguridad y la prevención de la contaminación en un sector que, como destaca Juan Carlos Villalonga, es esencialmente de carácter internacional y que “no está regulado por ningún gobierno nacional”. El transporte marítimo representa alrededor del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que explica la urgencia de una hoja de ruta global.
El camino hacia el Net-Zero se aceleró a partir de 2015 dentro de la OMI, culminando con la aprobación de su Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships en 2023. El desafío era traducir esos objetivos en reglas concretas. El resultado es el IMO Net-Zero Framework, que, según reseña Villalonga, consiste en dos mecanismos principales vinculados: un estándar global sobre combustibles que obliga a reducir gradualmente la contaminación del combustible utilizado y un mecanismo de fijación de precios de las emisiones de gases de efecto invernadero para estimular la reducción.
Estos instrumentos fueron aprobados en abril de 2025 como enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL, el marco que regula la contaminación atmosférica. Este paso trascendental marcó el inicio de la fase de circulación, y la votación de esta semana, la de la adopción, es la definitiva para su entrada en vigor. El impulso a este acuerdo había sido fuerte, incluso desde esferas de alto nivel de Estados Unidos antes del cambio de administración.
En ese sentido, Villalonga recuerda las palabras de John Kerry, exrepresentante climático estadounidense: “La comunidad marítima comprende la importancia de este acuerdo, que es el primero en alinear la acción con lo indicado por la estrategia climática de la IMO de 2023”. Sin embargo, hoy, la principal amenaza para la adopción del Marco Cero Neto proviene de la segunda presidencia de Donald Trump.
En las horas previas al encuentro en Londres, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que reafirmó que “Estados Unidos no aceptará ningún acuerdo ambiental internacional que cargue indebida e injustamente, o perjudique los intereses del pueblo estadounidense. Esta será la primera vez que una organización de la ONU imponga un impuesto global al carbono en el mundo. La Administración rechaza inequívocamente esta propuesta y no tolerará ninguna acción que aumente los costes para nuestros ciudadanos, proveedores de energía, navieras y sus clientes, o turistas.”
Para reforzar su advertencia, destacó que Estados Unidos está considerando acciones contra las naciones que apoyen este impuesto global al carbono, como sanciones comerciales, restricciones de visado y tarifas portuarias adicionales a los países, sus ciudadanos y buques que apoyen la medida, hasta la posibilidad de disponer “sanciones a los funcionarios que patrocinan políticas climáticas impulsadas por activistas que sobrecargarían a los consumidores estadounidenses”.
La votación de abril, donde se aprobaron las medidas esbozadas, ya fue inusual para la OMI. Terminó con 63 países a favor, 16 en contra y 24 abstenciones. Para que las enmiendas al Convenio MARPOL sean adoptadas esta semana, se requiere una mayoría de dos tercios de los Estados parte presentes. La creciente oposición de Estados Unidos plantea un escenario de confrontación que podría superar las tensiones de la votación anterior.
Para la Argentina, los resultados de la OMI son de vital importancia. La adopción del Net-Zero Framework implicaría un “impulso enorme para la industria de los combustibles limpios, fundamentalmente, para los derivados del hidrógeno verde”, según enfatiza Villalonga. El transporte marítimo, al ser uno de los sectores “difíciles de descarbonizar”, generaría una demanda global descentralizada de combustibles de cero emisiones, como el amoníaco verde y otros e-fuels.
Esta demanda global “actuaría como un acelerador de proyectos de hidrógeno verde en diferentes puntos del planeta”, abriendo una oportunidad para los proyectos de gran escala en la Patagonia. “Sin duda que el combustible para buques podría ser un disparador de demanda para los proyectos de gran escala en la Patagonia. Son expectativas correctas”, sostiene el experto.
Sin embargo, la postura de la Argentina en la OMI está alineada con las políticas de su actual gobierno nacional, lo que ya se reflejó en abril. En aquella votación, la Argentina se abstuvo, una decisión que Villalonga atribuye a la “posición de Estados Unidos y la nueva política (anti) climática del gobierno nacional”.
Para la votación decisiva de octubre, las señales no son alentadoras. “Todo indicaría que, en octubre, Argentina pasará a votar negativamente, más aún teniendo en cuenta el reciente ‘salvataje’ económico ofrecido por Donald Trump a la Argentina hace pocos días”, sostiene el análisis.
Esta potencial postura negativa marginaría a la Argentina de una conversación estratégica. Mientras vecinos como Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay votaron favorablemente en abril, buscando posicionarse como proveedores de hidrógeno, la Argentina se abstuvo. Para Villalonga “sería una gran decisión que Argentina votara favorablemente en octubre. No solo es importante porque se trata de un acuerdo que acelerará la transición energética y la mitigación del cambio climático; también abre un proceso que le permitirá a la Argentina tener la oportunidad de desarrollar la industria del hidrógeno de bajas emisiones”.
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