El desarrollo de los proyectos de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) representa la posibilidad de transformar los recursos de Vaca Muerta en una plataforma de exportación global de escala inédita. Sin embargo, la magnitud de las inversiones requeridas que pueden alcanzar los u$s50.000 millones en conjunto, exige condiciones de competitividad que para la industria solo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) puede garantizar.
Se trata de una medida esperada porque parte importante de los proyectos en marcha es el desarrollo de los yacimientos de gas, una etapa que requería el RIGI en ese segmento de inversión. Hasta ahora el instrumento de incentivo ya cubría toda la infraestructura de licuefacción que se llevará adelante en las costas de Río Negro, pero no alcanzaba al desarrollo gasífero en las áreas no convencionales de la Cuenca Neuquina.
Este marco es considerado no es solo un alivio fiscal, sino la herramienta jurídica necesaria para que el gas local pueda competir en costos y previsibilidad con los gigantes del sector como los Estados Unidos y Qatar. Es decir, es una herramienta que permite reducir el costo argentino y también el riesgo local, dos aspectos que los grandes inversores globales ponderan históricamente al llegar al país en cualquier sector productivo.
En este contexto, el Gobierno nacional dio el jueves de esta semana un paso clave con la publicación del Decreto 105/2026 en el Boletín Oficial, extendiendo por un año el plazo de adhesión al RIGI hasta julio de 2027.
La medida ratifica el anuncio realizado en diciembre pasado sobre la incorporación de las inversiones de upstream en Vaca Muerta al régimen. Al permitir que la perforación y completación de pozos cuenten con beneficios fiscales (con un piso de u$s600 millones), se asegura la oferta de gas necesaria para alimentar las futuras plantas de licuefacción, cerrando así el círculo productivo.
Para la industria del GNL, la estabilidad normativa por 30 años que ofrece el RIGI es el principal activo. En un negocio de márgenes ajustados y retornos a muy largo plazo, el blindaje contra cambios en las reglas de juego es lo que permite que los directorios de las grandes petroleras internacionales aprueben tales desembolsos de capital en la Argentina.
El impacto en la estructura de costos es directo a través de los beneficios impositivos. La reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25% coloca a los proyectos argentinos en una posición de paridad frente a otras cuencas competitivas. Para una planta de licuefacción, cuya construcción demanda años de gasto intensivo, esta mejora en la rentabilidad neta es lo que define si el gas licuado llega con un precio atractivo a los puertos de Europa o Asia.
Otro diferencial crítico es la gestión del IVA, para lo cual el RIGI facilita la devolución o acreditación rápida de saldos técnicos, una medida vital para el flujo de caja durante la fase de obra. En proyectos de esta envergadura, el costo financiero de mantener inmovilizados créditos fiscales por años podría volver inviable cualquier iniciativa, por lo que este mecanismo de recupero también es señalado como una pieza central de la ingeniería económica del sector.
La libre disponibilidad de divisas ataca otro de los mayores temores históricos de la inversión extranjera en la Argentina, por lo cual el régimen permite que, de forma gradual, las empresas tengan control total sobre los dólares generados por sus exportaciones. Esto asegura que puedan cumplir con sus contratos de financiamiento internacional y girar utilidades a sus casas matrices, eliminando la incertidumbre que generan las restricciones cambiarias en la economía doméstica.
En términos de comercio exterior, la exención de derechos de exportación es un incentivo clave para ganar mercados al asegurar retenciones del 0% tras un periodo inicial, con lo cual el RIGI permite que el GNL local absorba mejor los costos logísticos de transporte. Dado que la Argentina se encuentra geográficamente alejada de los principales centros de consumo, la competitividad fiscal es entendida como la principal forma de compensar la distancia y ser un proveedor confiable y económico.
La seguridad jurídica se refuerza además con la inclusión de cláusulas de arbitraje internacional. Ante cualquier controversia legal con el Estado, los inversores pueden recurrir a tribunales como el CIADI.
Esta instancia de resolución externa es un estándar para los consorcios internacionales que operan en el mercado energético global, ya que reduce la exposición a eventuales arbitrariedades de las decisiones judiciales locales.
Bajo este esquema, el proyecto de Southern Energy ya ha marcado el camino tras ser aprobado oficialmente bajo el RIGI. Se trata de una iniciativa liderada por Pan American Energy (PAE) junto a la noruega Golar LNG, que prevé la instalación de barcos de licuefacción flotante en el Golfo San Matías, Río Negro.
Con una inversión computable de US$2.825 millones en sus primeras etapas, el proyecto ya cuenta con el permiso de exportación ininterrumpible, posicionándose para ser el primero en despachar GNL de escala masiva en 2027.
En paralelo, el megaproyecto Argentina LNG, la gran apuesta de YPF, se encuentra en una etapa de conformación de la sociedad para presentar su adhesión al régimen. La petrolera sumó a la italiana Eni y a emiratí Adnoc mediante un Acuerdo de Desarrollo Conjunto firmado en enero. El plan contempla un polo exportador en Punta Colorada con capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), y la decisión final de inversión (FID) se espera para finales de este año, apalancada totalmente en las garantías del RIGI.
Tras la salida sucesiva de la malaya Petronas y la angloholandesa Shell de la otra etapa del Argentina LNG, YPF negocia actualmente con otro gigante del negocio su ingreso para generar una sinergia en las inversiones, la infraestructura y elevar la capacidad de producción a los 24 MTPA. El proyecto, además del GNL, prevé la exportación de petróleo y líquidos asociados al gas natural que demandarán ductos independientes pero mejorarán la rentabilidad económica del desarrollo.
La «ventana de oportunidad» que ofrece la transición energética es el marco temporal que apura estas decisiones. El gas natural es considerado el combustible de transición por excelencia, pero el surgimiento de varios proyectos de licuefacción en el mundo y el incremento de la demanda que se prevé hacia comienzos de la próxima década obliga a acelerar los tiempos con la base del RIGI.
La integración del upstream al régimen, ratificada por el nuevo decreto, es el eslabón que la industria esperaba para la integridad del GNL.
Al incentivar la perforación masiva, se garantiza que no solo existan las plantas para licuar el gas, sino que haya una oferta suficiente del recurso que mantenga los precios internos competitivos y el flujo exportador constante.
El desarrollo de estos proyectos también tracciona a la industria local. El RIGI impone obligaciones de contratación de proveedores nacionales, lo que asegura que la tecnología y el conocimiento tengan un anclaje aunque mínimo en el país más allá del reciente debate por la compra de los tubos chinos que adjudicó uno de los consorcios a una empresa de la India.
Las pymes de servicios petroleros y metalmecánicas de la región patagónica podrían dar un salto de escala que las integrará a una cadena de valor global de complejidad técnica.
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