La sanción parlamentaria de la Ley de Promoción de las Energías Renovables en 2015 fue considerada un hito por el amplio apoyo político que logró, pero posteriormente por los resultados que permitió cosechar en estos casi 10 años de vigencia y el haber podido desarrollar el sector a través de cuatro mandatos de gobierno diferentes. Para esta norma, que fue reglamentada en 2016 y dejará de tener vigencia este 2025, la conveniencia de su continuidad o no es actualmente motivo de debate entre el sector privado y las autoridades políticas.
La ley no sólo establece beneficios promocionales sino también metas para el uso de energías renovables en Argentina, como alcanzar el 20% de la matriz energética a 2025 y que los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y las Grandes Demandas que sean Clientes de las distribuidoras, con demandas de potencia iguales o mayores a 300 Kw cumplan efectiva e individualmente con los mismos objetivos planteados.
De hecho el sector muestra sus logros y a finales de 2024 la participación de renovables sobre la demanda alcanzaba el récord de 16,1%, con umbrales recientes de 3.565 Mw de generación eólica (05/11/24) y 1.564 Mw de generación fotovoltaica (12/11/24), con récord de cubrimiento de la demanda del 37,58% (27/10/2024), y participación de MATER sobre la demanda de 5,15% con 5.414 usuarios en ese segmento y 35 agentes generadores.
La discusión ya abierta, entonces, es qué hacer respecto a la continuidad o no de la ley, un debate ante el cual la Cámara Eólica Argentina (CEA) consideró que la Ley 27191 «tiene que prorrogarse aunque poniendo foco principalmente en asegurar la estabilidad fiscal, porque de esta manera, se va a preservar la seguridad jurídica en todas las provincias del país que adhirieron al régimen» y se asegura que «no se requiere ningún tipo de subsidio ni beneficio fiscal».
En ese sentido sus autoridades aseguran que «ha sido un marco normativo exitoso» porque gracias a ello, a la seguridad jurídica-fiscal y los beneficios otorgados, se instalaron en Argentina más de 6000 MW renovables, lo que trajo aparejado una inversión de u$s 7000 millones, además que hay en espera proyectos alrededor de 4000 Mw adicionales y desembolsos cercanos a u$s 3500 millones, por considerar solo los pendientes con solicitud de despacho presentados.
Desde una de las empresas líderes que integran la CEA se destaca que la industria requiere estabilidad regulatoria y definiciones claras sobre la transición energética, no subsidios. Por lo que se entiende crucial establecer mecanismos de contractualización transparentes que impulsen la inversión y aseguren la sostenibilidad del sector. La continuidad de la ley, actualizada a los desafíos actuales, es esencial para garantizar un crecimiento ordenado y confiable.
También la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) sentó temprana posición al considerar que el horizonte de «los objetivos de la Ley 27.191 debería ser extendido a una cuota de, al menos, 30% a 2030 a fin de asegurar un sendero de transición», lo que sería especialmente relevante para dar señales de mediano plazo para la toma de decisiones de inversión en el sector.
Pero alcanzar esos objetivos implica también «adoptar una política de estado de mediano y largo plazo, así como asegurar condiciones macroeconómicas estables, que permitan generar las condiciones necesarias para la financiación de los proyectos renovables y la expansión del sistema de transmisión de electricidad en alta tensión, premisas necesarias para el desarrollo del sector».
Pero la Cámara también considera importante avanzar en «la evaluación de la competitividad de las tecnologías de generación» que no se encuentran hoy día adecuadamente incorporadas a los precios de la energía. «Las tecnologías renovables han logrado una reducción de costos que las convierte en una solución competitiva para apoyar los objetivos de seguridad, equidad y mitigación climática de la matriz energética nacional», se asegura al respecto desde el sector empresarial.
También resulta necesario «impulsar la generación distribuida mediante el incentivo a las provincias para que adhieran a la ley federal las que aún no lo han hecho», y establecer las condiciones que posibiliten catalizar el proceso para recorrer la senda, por ejemplo, del vecino Brasil, que hoy tiene un mercado interno de alrededor 1.000 veces en tamaño respecto del de la Argentina.
Simultáneamente, hay un consenso importante en el sector respecto a que se deben impulsar políticas que estimulen el desarrollo de la cadena de valor industrial de todas las fuentes de energías limpias -eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, biogás, biomasa, mini-hidroeléctrica, geotérmica, hidrógeno, entre otras- valorizando el gran potencial de recurso disponible en prácticamente toda la geografía nacional en los casos donde esto resultara competitivo.
Juan Cruz Azzari, socio del estudio de abogados MHR y especialista en energía, consideró que el desarrollo de las energías renovables «es una cuestión estratégica que Argentina debe continuar impulsando necesariamente, pero cómo debe impulsarlo es la cuestión». Justamente por la centralidad que asume el tema en el marco de la transición energética global y por el proceso de implementación de mecanismo de ajuste por carbono para el comercio internacional es que «la Ley 27.191 debe ser prorrogada, al menos en lo que hace a los tiempos y el cumplimiento de ciertos cupos de consumo de energía limpia».
En ese sentido, para Azzari, «el desafío es importante y las dificultades coyunturales que existen en Argentina lo dificultan más, pero sin duda el país no puede darse el lujo de perder el impulso de una industria que puede dar mucho al país».
En la actualidad, el Mercado a Término se convirtió en el principal de desarrollo de las renovables a partir de la sostenida demanda de las empresas, pero ese segmento es finito y no alcanza por sí sola para cubrir la transformación de la matriz energética y la reducción del impacto en el ambiente de los combustibles fósiles.
En ese sentido, se resalta que si bien hay muchas empresas en el MATER, hay que ampliar la demanda. Eso se hace por ejemplo a través de la liberación de los GUDI de la distribución, de las compras conjuntas, y brindar la posibilidad que compren o traccionen la demanda en forma directa sin el condicionante de que si salen no pueden volver hasta dentro de cinco años, un tema que se asegura debería ser considerado en la nueva normativa.
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