Últimas 24 horas – Actualizado al jueves 25 de septiembre a las 20:55 hs
Etiqueta: UPCN
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Roca cerró aumento salarial acumulativo con ATE, UPCN y Soyem tras tensiones gremiales
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Tras cinco reuniones y varios debates, el municipio de Roca llegó a un acuerdo salarial con tres de los cuatros gremios municipales, ATE, UPCN y Soyem durante la mesa de diálogo de este miércoles. Por su parte, la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) decidió rechazarla y afirmaron que «tomaron decisiones arbitrarias y cometieron conductas antisindicales».
El aumento, de carácter acumulativo y escalonado, costa de un incremento en el 1,5% en el básico de los haberes del mes de septiembre, del 2% en octubre y un incremento salarial del 2% en noviembre.
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Carlos Amaya, secretario general de Soyem Roca, señaló que las propuestas salariales venían siendo “de porcentajes muy bajos”. Sin embargo, destacó que en la jornada de ayer se logró un acuerdo para aplicar aumentos acumulativos durante septiembre, octubre y noviembre.
Además, anticipó que el 26 de noviembre se retomarán las negociaciones para definir el incremento correspondiente al último mes del año. También valoró el aumento del 50% en la asignación por hijo como parte del acuerdo alcanzado.
Por su parte, Federico Gabarra, secretario general de la seccional Alto Valle Este de ATE sostuvo que desde el gremio destacan la continuidad de un esquema de incrementos salariales mensuales «en blanco y acumulativos». Además, agregó que en los últimos tres años «no hubo un solo mes sin incremento salarial».
Sin embargo, afirmó que desde ATE insisten «en la creación del convenio colectivo y la jerarquizacion de los sectores municipales ya que el estatuto actual es obsoleto, siendo esto una deuda pendiente que debe ser retomada de forma inmediata», remarcó Gabarra.
ATM Roca: «tomaron decisiones arbitrarias y tuvieron actitud antisindical»
Susana Elosegui, delegada de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) de Roca sostuvo que el incremento es una «burla» y afirmó que los gremios ATE, Soyem y UPCN se «reunieron un día antes para acordar».
«Nos retiramos de la mesa de negociación al detectar una situación completamente fraudulenta. No puede ser que, teniendo pactada para ayer una nueva instancia de diálogo salarial, otros sindicatos se hayan reunido un día antes con el Poder Ejecutivo y hayan negociado a espaldas de esta institución”, expresó Susana Elosegui.
Además, afirmó que los aumentos para septiembre «no llegan ni a 8.000 pesos» y para octubre «no llega a 10.000». «En conclusión, siempre pagamos las consecuencias los trabajadores de una mala negociación lleva adelante UPCN, SOYEN y ATE con el poder ejecutivo», sostuvo la gremialista.
En relación al aumento del 50% en la asignación familiar, la sindicalista afirmó que «hoy un salario por hijo lo están pagando 21.560 pesos y con ese aumento se va a transformar a 32.000 pesos, no podemos festejar o sentirnos reconocidos cuando lo tomamos como una burla«.
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Municipales de Allen cumplen 79 días de conflicto y piden la intervención de Weretilneck
El enfrentamiento entre los gremios municipales de Allen y la gestión del intendente Marcelo Román atraviesa un punto crítico tras más de dos meses de protestas. Este miércoles, los sindicatos Soyem, ATE y UPCN ratificaron que la medida de fuerza continuará si mañana, en la audiencia convocada en la Secretaría de Trabajo, no se presenta una propuesta “seria” de recomposición salarial.
Reclamos a Román y pedido de intervención provincial
El conflicto comenzó el 7 de julio, tras el fracaso en la negociación paritaria. Desde entonces, se acumulan 79 días de paro, cortes y movilizaciones, que se intensificaron después del 8 de septiembre, cuando terminó la conciliación obligatoria sin acuerdo.Los gremios denunciaron que la gestión municipal “no escucha ni ofrece respuestas concretas”. A su vez, elevaron un petitorio al gobernador Alberto Weretilneck, exigiendo que interceda en la crisis. El documento, firmado por las tres organizaciones, reclama un plan financiero que garantice el pago de salarios y medidas de ajuste que eviten mayores perjuicios para los trabajadores.
Problemas salariales y malestar creciente
Según señalaron, los haberes se pagaron de manera escalonada y recién el viernes pasado cobraron los empleados de las últimas categorías. “Nadie trabaja gratis, la mayoría somos jefes de familia y muchos compañeros están con atraso en los alquileres”, expresó Lorena Cabrera, de Soyem.Alejandra Zuñiga, de UPCN, advirtió que la falta de previsibilidad genera desesperación: “No sabemos si vamos a cobrar o no. Hay familias que ya no pueden sostener los gastos básicos”.
Incidentes y acusaciones
La tensión se trasladó incluso a las calles: este miércoles, gremialistas denunciaron que la jueza de Faltas de la ciudad intentó apagar la quema de cubiertas frente al municipio con un matafuegos, lo que “agravó” el clima de protesta.“Sabemos que no es recomendable, pero es la manera de hacernos sentir. No buscamos estos extremos, lo único que pedimos es que se nos pague en tiempo y forma”, explicó Sebastián Betanzo, de ATE Allen.
Audiencia clave y futuro incierto
Los sindicatos advirtieron que, si en la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo no se presenta un ofrecimiento salarial que contemple sus reclamos, el paro por tiempo indeterminado seguirá.En paralelo, ya intervinieron sin éxito la fiscalía descentralizada de Allen y la propia Secretaría de Trabajo, que dictó una conciliación obligatoria por diez días hábiles en agosto. El Ejecutivo municipal había ofrecido un incremento del 1% y pago escalonado, propuesta rechazada por los gremios.
La expectativa está puesta en la jornada de mañana. Si no hay acuerdo, el conflicto más prolongado de la gestión Román podría derivar en una crisis institucional mayor y requerir finalmente la mediación directa del gobernador Weretilneck.
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Weretilneck busca desactivar un paro docente y convocó a paritarias para el 30 de septiembre
El Gobierno de Río Negro confirmó una nueva convocatoria a paritarias para el martes 30 de septiembre, en respuesta a los reclamos de los gremios estatales por la falta de propuesta salarial en la última reunión. La fecha fue oficializada y se espera que participen los principales sindicatos del sector público, entre ellos UnTER, ATE y UPCN. La noticia llega en medio de un creciente malestar gremial, especialmente entre los docentes, que este miércoles definirán en Congreso posibles medidas de fuerza.
La fecha se acordó entre Rodolfo Aguiar, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el ministro de Economía de Río Negro, Gabriel Sánchez, en la sede nacional del sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria se da luego de que UnTER denunciara públicamente la ausencia de una oferta de incremento en la última mesa paritaria. Las seccionales más grandes del gremio docente ya anticiparon que impulsarán un paro provincial para el 1 de octubre si no hay convocatoria, y otro para el 7 si no se presenta una propuesta concreta. El Congreso gremial se reunirá en el Club Deportivo Huergo, en Ingeniero Huergo, con participación de las 18 seccionales.
Desde el Ejecutivo se indicó que la reunión del 30 será “con agenda abierta”, aunque los gremios esperan que se incluya una propuesta de recomposición salarial que contemple el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Los sindicatos ATE y UPCN advirtieron que la falta de respuestas podría derivar en medidas de acción directa y afectar el normal desarrollo de actividades en escuelas, hospitales y organismos públicos.
La expectativa está puesta en el resultado del Congreso de UnTER, que podría formalizar el calendario de paros si no hay señales concretas antes del fin de semana. El gremio docente ya realizó asambleas en distintas localidades y mantiene un estado de alerta ante lo que consideran una “paritaria vacía”. La fecha del 30 será clave para evitar una escalada del conflicto.
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Río Negro: más de 18 mil estatales tienen descuentos de sus sueldos por préstamos y aportes a mutuales
Un 35% de los trabajadores del Poder Ejecutivo registra retenciones mensuales en sus haberes. Los montos alcanzaron en julio los $7.900 millones, transferidos a 14 entidades habilitadas. Los sectores con mayor afectación son porteros y policías.
En Río Negro, casi 19.000 empleados públicos del Poder Ejecutivo tienen retenciones en sus salarios por préstamos personales y aportes a distintas mutuales y gremios. Según datos del Ministerio de Hacienda, en julio las deducciones alcanzaron los $7.900 millones, que fueron transferidos a las 14 entidades autorizadas a operar con códigos de descuento.
La práctica, vigente desde hace décadas en la administración provincial, permite a mutuales, sindicatos y al Banco Patagonia cobrar las cuotas de créditos y compromisos financieros directamente de los sueldos de los estatales. Entre las entidades con mayor actividad figuran la Mutual del Valle (AMVI), ATE, UPCN, UnTER, Mupol (Policía), Banco Patagonia, UPAM y la Mutual del Magisterio.
El alcance del sistema refleja un alto nivel de endeudamiento entre los trabajadores. Los datos oficiales muestran que:
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El 67% de los porteros tiene retenciones en sus haberes.
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En la Policía, casi la mitad de los efectivos registra descuentos.
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En el área de Salud, las deducciones llegan al 46% en el personal de la Ley 1844.
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Entre los docentes, el 26% está alcanzado por este mecanismo.
El promedio de descuento mensual ronda los $417.500 por agente, aunque varía según el sector y el tipo de compromiso asumido.
La demora en la aplicación de topes
Si bien un decreto de 2018 establecía que las retenciones no podían superar el 50% del salario neto, esa medida quedó suspendida en 2020 ante la falta de un sistema de control automatizado. Hasta hoy, el “Centro de Autorización” previsto para regular los descuentos sigue sin implementarse.
El atraso en esa reglamentación abrió críticas y reclamos judiciales. En 2024, un fallo de la Justicia Civil de Roca cuestionó la operatoria de una mutual habilitada para canalizar créditos de financieras, y condenó a devolver sumas cobradas de manera irregular.
Un mecanismo en debate
Legisladores provinciales de distintos bloques han solicitado información sobre el impacto del sistema en los ingresos de los trabajadores y sobre el funcionamiento del registro de entidades con código de descuento. El Ejecutivo respondió que actualmente son 14 las instituciones habilitadas, aunque varias funcionan como intermediarias de financieras que no poseen autorización propia.
Mientras tanto, el mecanismo sigue vigente y afecta a más de un tercio de la planta estatal rionegrina, en un contexto donde el endeudamiento de los empleados públicos se mantiene como una preocupación central
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En Río Negro, más de un tercio de los sueldos estatales tienen retenciones por préstamos y cuáles son las catorce entidades habilitadas
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Casi 19.000 empleados del Poder Ejecutivo tienen mensualmente retenciones en sus salarios que se vinculan con los descuentos autorizados por el agente provincial para cancelar diferentes compromisos de pagos.
La mayor parte de esas deducciones en los haberes se vinculan con créditos otorgados a los estatales rionegrinos. En julio, 7.900 millones de pesos fueron retenidos para sus posteriores transferencias a mutuales, los gremios, el banco Patagonia y, también, el IPPV. En realidad, las cantidades del instituto no son significativas, pues rondan los 110 millones mensuales.
El nivel de la reducción de las remuneraciones por las autorizaciones formalizadas es permanente punto de preocupación porque mayormente expone el endeudamiento de los estatales.
En marzo, un grupo de legisladores pidió información para precisar el impacto en los ingresos de los agentes públicos, a partir de que la Provincia aplica retenciones y cobra en nombre de entidades, previa obtención de un código de descuento autorizado por la administración rionegrina.
Las retenciones llegan al 67% de los haberes en los porteros, en casi la mitad de los policías, y en el 46% del personal de Salud de la ley 1844.
La solicitud legislativa de marzo pasado -que firmaron los libertarios Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y César Domínguez, y los peronistas José Luis Berros, Ayelén Sposito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabian Pilquinao- originó diferentes, espaciadas y parciales respuestas. La última pertenece a Hacienda y es la cuarta del Ejecutivo en el mismo expediente. Las dos primeras fueron de la Secretaría General y de Educación. Siguió la respuesta de la Policía y, en la última, el envío del ministro Gabriel Sánchez que concentra a la mayoría de las liquidaciones.
Esa contestación informa de la participación de 14 “entidades de descuento para préstamos personales” y, luego, agrega un anexo con “el listado de los agentes por organismo que registran descuentos por su recibo de haberes”.
El número total indica a 9.524 estatales, pero no se incluye a Educación. Esta cartera registra a otros 9.397 agentes (6.109 docentes y 3.288 porteros) con autorizaciones de descuentos en sus remuneraciones. Así, el sistema alcanza a unos 18.921 haberes, lo cual, representa algo más de un tercio (35%) de la planta del Poder Ejecutivo.
El grupo de entidades habilitadas
En su respuesta, Hacienda consigna a 14 entidades con códigos a la Mutual del Valle (AMVI), ATE, UPCN, UnTER, Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), Mutual del Magisterio, Mutual de la Policía (Mupol), Banco Patagonia, Cooperativa Euroamericana, Federación de Mutuales Rionegrinas, Credit Now SA, Mutual Empleados Públicos Unidos por el Cambio (MEPUC), Mutual de la Región Sur (Mu.Re.Sur) y Asociación Personal del Banco de Río Negro.
En realidad, algunas mutuales actúan como intermediarias de operaciones crediticias que ofrecen financieras, que no tienen códigos propios.
Casi la mitad de los policías tienen descuentos de sus haberes. Foto: Marcelo Ochoa
Las retenciones totales en julio se aproximaron a los 7.900 millones y se aplicaron quitas a 18.921 agentes del Ejecutivo, por lo cual, el monto promedio supera los 417.500 pesos.
La contestación gubernamental explicó que “los montos que se depositan a las entidades son variables, y eso por cuanto depende de la disponibilidad en los haberes de la gente a quien se le hace el descuento. En tal circunstancia, aplica al porcentaje de deuda que registra cada agente público”.
La nota de Hacienda no lo discrimina, pero, obviamente, se puede determinar qué sectores tienen mayores porcentajes de empleados alcanzados por estas retenciones.
La cantidad mayor de retenciones comprende a los porteros y los policías; puntualmente, el 67% de los primeros y casi la mitad de los segundos tienen quitas de sus salarios por pagos autorizados.
En Educación, figuran 6.109 docentes alcanzados frente a un plantel de 23.433, es decir, llega al 26% aunque el personal de “servicios de apoyo” con descuentos totaliza 3.288 frente a un total de 4.935 porteros, representando casi el 67%. El promedio en la cartera educativa está por encima de los 420.000 pesos.
En julio, la Jefatura de la Policía apartó dinero por código de los haberes de 4.220 uniformados por algo más de 1.739 millones. Esas quitas comprenden a casi la mitad de los miembros de la fuerza y el monto medio está en los 412.000 pesos.
Además, casi un tercio de empleados de Salud tiene alguna deducción. Ese espectro llega a los 2.434 agentes, con afectación dispar. Alcanza al 46% en empleados de la ley 1844 y al 22% en los profesionales. La quita media en la cartera sanitaria se aproxima a los 480.000 pesos.
El atrasado centro de control y la inexistencia de los topes
El pretendido centro de autorización y la fijación de un límite acumulan siete años de demora.
En un decreto del 2018 (N° 1485) se pensó en un porcentaje máximo de retención que -según el artículo 3- no “podrá exceder el 50% del monto del haber neto que perciba el agente», sin descuentos de ley.
En el pedido de informe, los parlamentarios aluden al límite establecido y Hacienda precisa que “no existe actualmente agente en esta condición”. Expresa, en cambio, que los “montos máximos resultan variables en función de que cada agente tiene disponible”.
Puntualmente, el tope pretendido por el decreto 1485 se “suspendió” por otro del 2020 (1186/20), justificando esa decisión en que aún no se había logrado implementar un sistema de control.
Según sus fundamentos, el mecanismo de retenciones vigiladas estaba “sujeto a la instrumentación de un Centro de Autorización”, que no se había logrado, y se explicó el atraso en que “la Administración Pública afrontó dificultades para la contratación de un prestador”, que lo haga en “forma automática mediante software”, pueda “adecuarse a las necesidades de la Provincia” y “ajustarse a los sistemas de gestión de recursos humanos”. La emergencia por la pandemia se argumentó a la “demora”.
Al final, en el 2020, se entendió “razonable” la postergación de aplicar un límite cuando el Sistema Integrado de Recursos Humanos (Siges) incorpore “efectivamente con la información necesaria de cada uno de los agentes en el módulo liquidador” que “permitirá instrumentar y gestionar el Centro de Autorizaciones”.
El servicio de cobranza de la Provincia de los sueldos de sus empleados es un sistema con sospechas y críticas permanentes, focalizadas últimamente en el Grupo Unión, de Santa Fe.
El año pasado, un fallo de la jueza civil de Roca, Agustina Naffa identificó una “trama operacional entre las financieras” santafesinas y “la entidad UPAM” (Unión Provincial de Asociación Mutual), que permite la retención porque dispone de un código. La magistrada falló a favor de una agente policial y condenó a UPAM, al Grupo y la Mutual de Jubilados, retirados y pensionados provinciales al pago de tres millones por “daño extrapatrimonial”.
Las consultas de los legisladores
En el pedido original, los parlamentarios solicitan “estado actual del Registro de Entidades con Código de Descuento”, que preveía el decreto de 1986.
Se requiere el “listado dẻ las entidades” y se informa de las 14 actuales habilitadas directamente. Se solicitan datos de Credit Now SA y Hacienda informa que el directorio se compone con Matias Perdriel y Geraldina Rivero.
Sin contestación, se requiere “qué porcentaje de pago de deuda tomada por los agentes públicos se paga a cada entidad cada mes”.
Se pide que “precise la cantidad y registros de los agentes que tienen descuentos por préstamos solicitados, discriminados por organismos”. La respuesta se centra en una nómina de 36 organismos, con estatales alcanzados y un total de 9524 con retenciones.
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Nueva reunión con los gremios ATE y UPCN
En el marco de la Mesa de la Función Pública, Gobierno y sindicatos ATE y UPCN definieron concentrar la discusión salarial en un solo mes y retomar el diálogo la próxima semana.
El Gobierno de Río Negro y los sindicatos estatales ATE y UPCN acordaron que la negociación salarial se centrará exclusivamente en el mes de octubre. La decisión se tomó durante una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública y responde a la necesidad de analizar con detalle las cifras sin afectar los servicios esenciales.
La medida surge tras un planteo del secretario general de UPCN y luego de los incidentes registrados frente al edificio de la Función Pública durante la jornada. Ante la proximidad de los plazos y la complejidad de la pauta salarial, las partes coincidieron en retomar el debate la próxima semana para garantizar una propuesta equilibrada y sustentable.
En el encuentro participaron la secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y el secretario de Gobierno, Agustín Ríos, junto a los representantes gremiales Marcelo Vidal (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
El gobierno provincial destacó que el compromiso con los trabajadores se mantiene, y que la decisión de limitar la negociación a octubre permitirá concentrar esfuerzos en cerrar un acuerdo rápido y seguro para todas las partes involucradas.
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El Gobierno de Río Negro no hizo nuevas ofertas a docentes ni estatales
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En una tensa jornada, el Gobierno de Río Negro mantuvo reuniones con los gremios docentes y estatales sin presentar nuevas propuestas salariales. Unter se retiró de la audiencia paritaria sin llegar a un acuerdo, mientras que, en la Mesa de la Función Pública, el Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN acordaron retomar el diálogo la próxima semana. Sin embargo, ATE denunció una maniobra «dilatoria» por parte de provincia.
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de Unter Río Negro afirmó que el Ejecutivo no presentó ninguna propuesta salarial nueva, sino que reiteró la oferta ya realizada en la paritaria anterior, correspondiente a septiembre y a cobrar en octubre. “Rechazamos la no propuesta salarial. Consideramos que hoy el gobierno no llevó nada concreto”, sostuvo.
Ante esta situación, Cifuentes advirtió que la organización gremial se encuentra en estado de alerta y que el tema será debatido en el próximo congreso de Unter, previsto para el 24 de septiembre. “Esta falta de propuesta la tomamos como una irresponsabilidad del gobierno. Nos pone no solo en alerta, sino al inicio de un posible conflicto que intentamos evitar apostando al diálogo”, señaló. Además, remarcó que no perciben voluntad política por parte del Ejecutivo para avanzar en una oferta que contemple las demandas del sector docente.
“Hoy era el momento en el que debía hacerse una propuesta salarial. Lamentablemente, este Ministerio no muestra voluntad política de solucionar el salario que merecemos, que necesitamos y que queremos los trabajadores de la educación, y como lo pusimos en el acta paritaria, los hacemos absolutamente responsables de las definiciones que tomemos desde el sindicato”, señaló la secretaria General de Unter, Silvana Inostroza.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también cuestionó la falta de avances en la negociación salarial con el Gobierno de Río Negro. Según indicaron desde el sindicato, en la reunión de este jueves en la mesa de la Función Pública, los representantes del Ejecutivo «no presentaron ninguna oferta».
Rodrigo Vicente, secretario general de ATE, advirtió que el Gobierno “intenta dilatar los tiempos para luego ofrecer un incremento en octubre, seguido de ajustes en noviembre y diciembre”. Según el dirigente, los trabajadores estatales expresan temor por el futuro económico inmediato y reclaman previsibilidad.
“Estamos frente a una negociación complicada. Si sólo se discute un mes, corremos el riesgo de caer en una trampa que responde más a las urgencias del gobierno que a las necesidades reales de los estatales”, sostuvo Vicente.
ATE anticipó la realización de nuevas asambleas en todos los sectores de la administración pública y no descarta definir medidas de acción directa en los próximos días.
¿Qué dijo el Gobierno de Río Negro sobre las paritarias?
En relación a las paritarias con Unter, el Ministerio de Educación de Río Negro sostuvo que se está trabajando “de manera responsable en una propuesta salarial”, en función de la “situación de incertidumbre macroeconómica que se vive a nivel nacional”. Las autoridades remarcaron que «el contexto actual no permite definir cifras concretas».
Según informó el Ejecutivo provincial su oferta fue de sumas fijas no remunerativas en concepto de Asignación Docente, diferenciadas por agente y antigüedad. Además, se estableció el pago de un bono extraordinario de 25.000 por agente, a abonarse el próximo 24 de septiembre. Propuesta que fue rechazada por el gremio docente.
Por otro lado, en el marco de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro sostuvo que «la decisión de trabajar una pauta únicamente para octubre, en lugar de todo el último trimestre, respondió al planteo del Secretario General de UPCN» y afirmó que por la «cercanía de los plazos y la necesidad de realizar un análisis exhaustivo, que garantice la mejor propuesta sin poner en riesgo la prestación de los servicios esenciales, el Gobierno resolvió continuar el debate en la próxima convocatoria».
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Paritarias en tensión: Unter y ATE cuestionan la falta de propuestas del Gobierno de Río Negro
El Ejecutivo provincial no presentó una nueva oferta salarial en las reuniones con docentes y estatales. Los gremios advierten sobre el riesgo de conflicto y exigen respuestas concretas.
El Gobierno de Río Negro atravesó este jueves una nueva jornada de negociaciones paritarias con docentes y estatales sin avances significativos. La falta de propuestas concretas encendió el malestar gremial y dejó abierta la posibilidad de un escenario de conflicto en las próximas semanas.En la mesa paritaria con Unter, el Ejecutivo reiteró la oferta realizada en la reunión anterior, correspondiente a septiembre, lo que generó un rechazo inmediato del sindicato docente. “Hoy el gobierno no llevó nada concreto, fue una no propuesta salarial”, expresó Gustavo Cifuentes, secretario adjunto del gremio. Además, advirtió que la situación será debatida en el congreso provincial de Unter previsto para el 24 de septiembre.
La secretaria general, Silvana Inostroza, también cuestionó la postura oficial y remarcó la responsabilidad política del Ejecutivo. “Era el momento de avanzar con una propuesta seria. No vemos voluntad para resolver el problema salarial que atraviesa la docencia rionegrina”, afirmó.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la provincia busca “dilatar los tiempos” y advirtió sobre la incertidumbre de cara al último trimestre del año. Rodrigo Vicente, secretario general del gremio, sostuvo que la negociación “corre el riesgo de convertirse en una trampa que prioriza las urgencias del gobierno por encima de las necesidades de los trabajadores”.
ATE anunció la convocatoria a nuevas asambleas en los distintos organismos públicos y no descarta la definición de medidas de fuerza en el corto plazo.
Desde el Ejecutivo, en tanto, el Ministerio de Educación defendió su accionar y señaló que se trabaja “de manera responsable en un contexto de incertidumbre macroeconómica”. La propuesta oficial incluye sumas fijas no remunerativas diferenciadas por antigüedad y un bono extraordinario de 25 mil pesos a pagarse el 24 de septiembre, oferta que fue rechazada por Unter.
En la Mesa de la Función Pública, el gobierno aclaró que el análisis de una pauta salarial para todo el trimestre fue postergado “a pedido del secretario general de UPCN” y se comprometió a retomar el debate en la próxima convocatoria.
Mientras tanto, el clima de tensión crece en Río Negro, con los gremios en estado de alerta y un escenario abierto de cara a las elecciones sindicales y a la pulseada por la recomposición salarial en el cierre del año.
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Emergencia en salud: Las Lajas queda sin odontólogo y gremio exige cobertura inmediata
La única profesional del área tomó licencia y los pacientes deben trasladarse hasta Zapala para recibir atención. UPCN pide que se aceleren los concursos para cubrir el puesto vacante.
Vecinos y trabajadores del Hospital Dr. J. Vernier de Las Lajas expresaron su preocupación por la falta total de odontólogo en la localidad. La situación se agravó tras la licencia de la única profesional disponible, dejando el servicio suspendido y obligando a los pacientes a viajar hasta Zapala para recibir atención.
Antonio Centeno, referente de UPCN en la zona, indicó que “había una sola odontóloga trabajando sola todo este tiempo. Ahora está de licencia y lamentablemente el hospital quedó sin odontólogo”. Centeno destacó además las dificultades económicas y de transporte que enfrentan las familias ante la falta de atención local: “Mucha gente no puede viajar, y eso deja a muchas familias sin acceso a una atención básica y necesaria”.
Desde la dirección del hospital confirmaron que los concursos para cubrir el puesto están en trámite, pero aún no se concretaron las designaciones. Ante esta demora, el gremio presentó una nota formal solicitando acelerar el proceso administrativo y advirtió que, de no recibir respuesta, evaluarán medidas adicionales.
Fuentes del sector señalaron que además del cargo de odontólogo, otros puestos esenciales en hospitales de la provincia, como rayos y mucamos, permanecen vacantes, algunos con retrasos que superan los dos años, lo que genera un impacto directo en la atención sanitaria local.
