Las represas Jorge Cepernik y Néstor Kirchner, sobre el río Santa Cruz, constituyen probablemente la obra pública más importante en la provincia patagónica pero, desde fines de 2023, están paralizadas y sin señales claras de reactivación.
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La situación es compleja y una bomba de tiempo para la administración del gobernador Claudio Vidal, que viene haciendo equilibrio entre la demanda de los trabajadores de la UOCRA despedidos y las extremadamente lentas negociaciones entre el Estado nacional y el consorcio responsable de la obra, cuyo principal actor es Gezhouba, un grupo chino que se asoció con la ex Electroingeniería y otra empresa argentina para iniciar trabajos una década atrás, en 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
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En las últimas semanas, la tensión creció en la provincia, con la UOCRA local armando un acampe frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, para reclamar el reinicio de los trabajos y que se garanticen las fuentes de empleo, luego de los despidos que en marzo de 2024 realizaron las constructoras ante el freno por falta de financiación desde Nación.
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Esto generó un importante conflicto gremial, cuando oficialmente se informaron los despidos de 1.800 trabajadores involucrados en las represas, cifra que en el sindicato de la construcción elevaban a 2.500. Todo terminó con una conciliación obligatoria y un acuerdo firmado en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, en el que se convino que los obreros cobraran el 80% del sueldo hasta tanto se reactivaran los trabajos.
Pero el tiempo pasó y, más allá de algunos pronunciamientos desde Nación y las continuas gestiones del gobierno provincial, que incluyó un viaje de Vidal a China en octubre, no hubo avances. Y casi un año después, un acampe de la UOCRA frente a la Casa de Gobierno de Santa Cruz –que tuvo algunos momentos de tensión con la policía provincial– complicó nuevamente el clima en la provincia.
Ante la nueva protesta sindical, que se repitió luego con folleteadas en una plaza, el ministro provincial de Energía salió a decir públicamente que las quejas deberían ser dirigidas a la Unión Transitoria de Empresas responsable de los trabajos y a ENARSA, la compañía del Estado nacional que debe renegociar los términos del contrato y destrabar la situación.
Igualmente, el funcionario aclaraba que las negociaciones seguían y dejaba una puerta abierta. Tras ese pico de tensión, en los últimos días la gobernación permitió a la provincia mostrar algunos movimientos que podrían ser importantes o –al menos– calmar un poco las aguas.
Reunión con el embajador de China
Según trascendió, el jueves pasado el jefe de Gabinete Guillermo Franco encabezó una reunión con el embajador de China en la Argentina, quien escuchó una propuesta impulsada desde Santa Cruz para destrabar la situación.
Una fuente de gobierno confió al diario La Nación que en el cónclave incluso se fijó una fecha para que el país asiático dé una respuesta.
Para la provincia patagónica el paso del tiempo no sólo es inquietante por la tensión social, sino también porque teme que el manifiesto y firme alineamiento del presidente Javier Milei con Donald Trump minen el interés de la potencia asiática en colaborar. Todo podría volverse progresivamente cada vez más difícil.
Con todo, que China se haya sentado a escuchar la idea y aceptado una fecha genera cierto optimismo en la administración de Vidal.
“Nosotros seguimos todos los días insistiendo con los empresarios y el gobierno nacional, porque Santa Cruz necesita que las represas estén activas; no solo por la generación de empleo y el impacto comercial, sino también por lo que representan en términos de desarrollo energético para la provincia y el país; desde el primer día intercedimos porque no podemos seguir perdiendo tiempo y oportunidades de crecimiento”, había dicho el gobernador luego de las primeras reuniones que se llevaron adelante la semana pasada, y que incluyeron un encuentro a solas de Vidal con el embajador.
“Nuestra provincia no puede seguir esperando indefinidamente mientras los proyectos energéticos permanecen frenados, afectando tanto el empleo como la infraestructura de la región”, explicó luego. Algo de eso intentó transmitirle al representante chino en el país.
Posteriormente, Vidal compartió en sus redes sociales un video dando cuenta de una reunión ampliada, a la que se sumaron empresarios del grupo chino que encabeza el consorcio constructor y autoridades de ENARSA, la empresa estatal responsable de la obra por parte del Estado Nacional.
Según trascendió, China tiene la intención de continuar con la obra, pero lo que pide es lo mismo que el consorcio constructor viene reclamando desde antes del freno a los trabajos: garantías del gobierno argentino de que el financiamiento fluirá y la obra no sufrirá más interrupciones como las que tuvo durante ya una década.
algo que además, en el contexto inflacionario de los últimos años, aseguran que fue muy contraproducente.
El sinuoso recorrido de las represas de Santa Cruz
Los trabajos en las represas de Santa Cruz están paralizados desde noviembre de 2023, pero este no es el primer contratiempo en un megaproyecto que ya llevaba una década y tiene apenas un 48% de avance en la futura central hidroeléctrica Jorge Cepernic y un 20% en la Néstor Kirchner, que ya no contaba con trabajadores activos en el último parate.
El proyecto hidroeléctrico fue frenado ya poco después de su inicio en 2015 por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revisado durante la presidencia de Mauricio Macri, que rediseñó la potencia de las represas y además les devolvió sus nombres originales: Cóndor Cliff y La Barrancosa.
En 2021, ya en la presidencia de Alberto Fernández, que les devolvió los nombres anteriores a las futuras represas, se presentó un primer contratiempo vinculado a la financiación, que estuvo en duda por el incumplimiento en los plazos previstos hasta que se llegó a un acuerdo con China en agosto del siguiente año, a través de una enmienda en el contrato del crédito original de U$S 4.714 millones para el proyecto.
Los trabajos se retomaron, e incluso en octubre de 2023 se anunciaba la llegada de la segunda turbina para la central Jorge Cepernic y componentes electromecánicos para la represa Néstor Kirchner, algo que finalmente no pasó.
No solo eso. El financiamiento chino que se esperaba para noviembre, luego de una gira del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, con una nutrida comitiva de gobierno a ese país en junio, tampoco se produjo.
Los obreros de las centrales imaginaron que el parate estaba vinculado a las Fiestas de fin de año, en tiempos de cambio de Gobierno, además. Pero la espera se prolongó más de lo esperado.
Con el proyecto virtualmente desfinanciado, comenzaron los reclamos, que se acrecentaron con los despidos de marzo.
Dos meses más tarde, el entonces ministro del Interior del gobierno libertario garantizó que las represas se iban a completar. Era una definición importante que Santa Cruz esperaba en el contexto del ajuste del gasto público.
Por entonces, ENARSA y la UTE Represas Patagonia, encabezada por Gezhouba, iniciaban negociaciones para “readecuar las condiciones contractuales” y generar el marco necesario para reanudar la mayor obra pública del país.
Pero no es algo sencillo. Las partes deben acordar la actualización de aspectos económicos, técnicos y comerciales que quedaron pendientes en los últimos años. Entre ellos, la revisión de precios acorde a la inflación histórica y futura, el impacto de la pandemia en el contrato y la falta de pago de certificados de obra desde hace más de un año.
De hecho, la no firma de la llamada Adenda XII para salvar esas cuestiones en 2023 fue lo que paralizó el financiamiento hasta el momento.
Según el informe presentado en el Congreso en noviembre por Francos, sucesor de Posse como Jefe de Gabinete, la paralización de las obras fue “iniciada unilateralmente” por las constructoras un año antes.
En esa oportunidad, el ministro aclaró que el Gobierno nacional no está obligado a firmar una adenda al contrato vigente y que cualquier modificación dependerá del análisis del interés público.
“Ha generado una controversia contractual en términos técnicos, económicos ylegales. Más allá de que existen conversaciones con el contratista, no existe un deber de suscribir una enmienda al contrato, y una eventual adenda dependerá de la evaluación sobre el interés público en suscribirla”, afirmó el documento.
Al mismo tiempo, desde Economía aclararon que no se realizaron nuevos desembolsos debido a la negativa del contratista a suscribir las solicitudes de financiamiento establecidas en el contrato.
En Santa Cruz alientan la esperanza de que los nuevos contactos con China, al fin, cambien el escenario. Y calmen el frente interno con los trabajadores y empresas vinculadas a la megaobra tantas veces postergada en la provincia.
