El presidente Javier Milei celebró la aprobación de la reforma laboral en el Senado, apenas segundos después de que concluyera la sesión. Así, la medida tomó fuerza de ley al contar con un total de 42 votos positivos contra 28 negativos y dos abstenciones.
“HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!”, festejó el jefe de Estado por medio de un comunicado en la red social X.
Ahora, el siguiente paso será la promulgación a través del Boletín Oficial.
Minutos después, el mandatario dirigió un mensaje especial para los senadores que conforman el bloque de La Libertad Avanza y al resto de los bloques aliados que decidieron acompañar la medida. “Felicitaciones LLA & aliados”, escribió en su cuenta personal, junto con una fotografía de los legisladores post sesión.
De esta manera, se concluyó el camino legislativo de la reforma laboral, el cual había comenzado en la Cámara Alta junto con el inicio de las sesiones extraordinarias. En esa primera oportunidad, la iniciativa había sido aprobada con un total de 42 votos positivos y 30 negativos.
La iniciativa obtuvo los mismos 42 votos positivos que había cosechado el 12 de febrero, provenientes de La Libertad Avanza, la UCR, el nuevo interbloque Impulso País (que integran el PRO, la schiarettista Alejandra Vigo y otras fuerzas provinciales) y los oficialismos de Salta y Misiones.
Los votos en contra fueron 28, de todo el peronismo liderado por José Mayans y el nuevo bloque Convicción Federal, que se acaba de escindir del justicialismo para acercarse a Milei pero mantuvo su oposición al proyecto. El único cambio respecto de la votación original fue la abstención de dos senadores por Santa Cruz.
La Cámara alta aceptó el único cambio introducido en la Cámara de Diputados la semana pasada: la eliminación del polémico artículo que reducía el salario básico al 50% o 75% a los trabajadores que se tomaran licencia por enfermedad.
El Senado sancionó la reforma laboral y el Gobierno logró su mayor triunfo en el final de las sesiones extraordinarias
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La iniciativa modificada por Diputados fue aceptada por la Cámara alta y quedó eliminado el conflictivo artículo de licencias médicas. Entre oficialismo y dialoguistas, la ley obtuvo 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra. Se abstuvieron dos santacruceños
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La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei e inevitables consecuencias a medirse en el mediano plazo: la Cámara alta sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas. Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.
A modo general y, en el primer tratamiento en la Cámara alta, ocurrieron diversas situaciones que inclinaron la balanza hacia una luz verde: se borró el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año. En Diputados, lo último fue votado y gritado como un gol por muchos libertarios que, por lo visto, se nutren a diario de peleas imaginarias.
Por otra parte, LLA también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Como del otro lado no se percibió resistencia, esta cuestión importó nada. El famoso “rodillo parlamentario” en su máxima expresión.
¿Qué se cambió en Diputados?
La modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de algo que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol).
En tanto, recibiría el 75% si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, obtendría esta compensación durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera. Durante la sesión extraordinaria de hoy, no había posibilidad de tocar nada y la resolución era bien simple: que el Senado avalase lo de Diputados, o volver a la versión original. Quedó la primera opción.
Debate
Previo al comienzo de los oradores, el cristinista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) solicitó una moción para el envío a comisiones del proyecto. Algo ilógico debido a que no sólo pasó días atrás por allí, sino que, ante una segunda revisión, sólo queda aceptar las modificaciones de la Cámara revisora o insistir con la versión original. Perdió 43 a 29. No fue el mejor arranque. En ese momento comandaba la sesión la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Ayer, desapareció durante largas horas, como hacía en su momento Cristina Kirchner. Hoy estuvo más presente.
Desde LLA, el chaqueño Juan Cruz Godoy aseguró: “El empleo formal privado se mantiene constante desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%, con un sistema actual que creó más litigios que empleo formal”. El legislador libertario además dijo que toda ley “es perfectible” y que, en cinco o diez años, los avances tecnológicos reactivarán la discusión. La respuesta llegó vía Recalde. “Toda esta ley viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Va a traer mucha litigiosidad”, manifestó el porteño.
Por su parte, la macrista pampeana Victoria Huala habló de una realidad que “desalienta al que busca trabajo, como al que quiere contratar”. Seguido a ello, quiso colgarse el bronce por haber advertido, en la primera aprobación del texto, sobre el artículo de licencias médicas. Curioso ese episodio: intentó dejar en la versión taquigráfica su voto en contra, aunque el capítulo se definió completo y apoyó. Mismo caso para las cuotas sindicales obligatorias que rechazó en lo discursivo, aunque con luz verde para el PRO.
Por el peronismo opositor, el pampeano Pablo Bensusán planteó: “La progresividad y la no regresividad no es una cuestión ideológica, sino de respeto de la Constitución y el sistema democrático. Al trabajador que inició una relación laboral con un marco normativo que amparaba sus derechos, que le generó una expectativa de vida, trabajo y desarrollo. No se lo podemos cambiar nosotros con una ley posterior”.
Su colega de bancada, Florencia López (La Rioja), afirmó: “Pusieron la excusa de la producción para quitar el agua de los glaciares -en referencia a la sesión de ayer-; la excusa de la seguridad para meter a los chicos presos -por el régimen penal juvenil sancionado más temprano- y, hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”.
Pasadas las 21.30, todo el operativo en la calle se encontraba tranquilo y controlado. Las masas dispuestas a pelear -sobre todo, la izquierda-, prefirieron cenar y disfrutar del fin de semana. Mientras tanto, el ex Convicción Federal Fernando Salino (San Luis) auguró que el texto del Ejecutivo “no alcanza absolutamente” ningún objetivo.
Como la Unión Cívica Radical (UCR) prefirió no participar del cierre, los últimos dos oradores fueron el cristinista José Mayans (interbloque Popular-Formosa) y Bullrich. El primero disparó: “Estamos en el valor salarial más bajo de Latinoamérica, en medio de una reforma laboral. ¿Hablan de costos? ¿Quieren sueldos de esclavitud?“.
Mayans denostó el FAL, la limitación de las huelgas -“rompen un principio constitucional”, enfatizó-, y subrayó que “esta ley debería llamarse de ‘robo a jubilados, pensionados y trabajadores’”, a la que también calificó de “repugnantemente ‘gorila’”. Y añadió que “ya no les cree nadie” y que “esto va a terminar mal”.
“Parecía el Senado un lugar donde se discutían ideas, pero no hemos escuchado más que insultos. Tienen que acostumbrarse que ahora son oposición. Desde nuestro punto de vista, esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos, que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año. En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores, es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir”, aseveró Bullrich.
La libertaria mencionó la “estructura político sindical que siempre jugó en tándem” y consultó: “¿Cuándo fueron los paros? Contra gobiernos que no eran peronistas, que tenían otra idea“. En ese sentido, recordó la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, al que apuntó como “el peor de la historia”. “Ahí no hicieron ni uno”, resaltó la senadora.
“Es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben lo que tenían? A un gerente de la pobreza, pero ni jubilación, ni riesgo de trabajo. No tenía, nada, nada, nada. Eso no es tener libertad“, sostuvo Bullrich.
Otros puntos de la ley
*Convenios colectivos: prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar uno nuevo.
*FAL: asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador. En tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cederán un 2,5%. Hoy, se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.
*Vacaciones: se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los descansos deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, en caso de consenso, fijar la fecha de inicio por fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.
*Indemnizaciones por despido: se mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Sin embargo, a diferencia de la normativa vigente, se excluyen conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo.
Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación, más un 3% de interés anual.
Además, se impone que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.
*Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y con el respeto de las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical.
El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que marque el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, sólo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación gremial. Estos instrumentos permitirían el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.
*Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Dicho vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
*Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75%, mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.
*Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales, se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.
La reforma laboral del Gobierno va camino a ser ley. Después de tres meses de intensas negociaciones, una dura pulseada con gobernadores, un paro general de la CGT y la marcha atrás con un artículo que generó indignación, La Libertad Avanza se aprestaba a aprobar en el Senado uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión de Javier Milei, que modifica la legislación vigente desde hace décadas en el país.
Al cierre de esta edición, se proyectaba una aprobación con los mismos 42 votos que obtuvo el 12 de febrero, provenientes de La Libertad Avanza, la UCR, el nuevo interbloque Impulso País (que integran el PRO, la schiarettista Alejandra Vigo y otras fuerzas provinciales) y los oficialismos de Salta y Misiones. Se esperaba el rechazo rotundo del peronismo, que al no tener número para imponerse, dominaba los discursos en contra.
La Cámara alta se disponía a aceptar el único cambio introducido en la Cámara de Diputados la semana pasada: la eliminación del polémico artículo que reducía el salario básico al 50% o 75% a los trabajadores que se tomaran licencia por enfermedad.
Si bien en los últimos días el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anticipó que volverían a la carga con el tema en una ley aparte, en Casa Rosada descartan insistir. El Gobierno decía querer terminar con la supuesta “mafia de los certificados truchos”, pero fueron sus propios aliados los que lo forzaron a dar marcha atrás en Diputados. Ni siquiera aceptaron corregir el artículo para distinguir entre trastornos leves y severos, como proponía la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
Al inicio del debate, que se encaminaba a finalizar a última hora de la noche del viernes, el joven chaqueño Juan Cruz Godoy defendió el proyecto en nombre de La Libertad Avanza, aunque sin referencias al artículo suprimido.
“Tuvimos conversaciones con sindicatos diciendo que las afiliaciones están en mínimos históricos. Con los mismos trabajadores, que en muchos casos piden no ser formalizados porque perderían los beneficios económicos que reciben del Estado. Y con los empleadores, que ante la necesidad de empleados por crecer eligen crearse estancados y no crecer con tal de no asumir nuevos riesgos laborales”, relató Godoy.
El legislador sostuvo que “el empleo formal privado se mantiene igual desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron desde 2010 al 2024 en un 135%. Es decir, el sistema actual genera más litigios que trabajo formal”.
Pese a que el Gobierno busca evitar los juicios, paradójicamente no podrá evitarlos. La CGT dará el puntapié inicial el lunes por la mañana: realizará un planteo de inconstitucionalidad y en paralelo se movilizará al Palacio de Tribunales. La cúpula de la central obrera anunció la decisión este miércoles, a sabiendas de que el Senado sancionaría la ley.
En tándem con la CGT, el peronismo jugó en el Senado su última carta: el abogado laboralista Mariano Recalde pidió la vuelta del proyecto a comisiones. Según argumentó, la ley podría entrar en contradicción con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ratificado este jueves por el Senado. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el oficialismo y aliados, con 43 votos en contra y 29 a favor.
Según advirtió Recalde, en el artículo 18 inciso 2 del convenio entre regiones se establece que “ninguna de las partes deberá debilitar” su normativa en materia laboral. “Ayer hubo mucho apuro por ser los primeros en ratificar este acuerdo, pero para tener coherencia deberíamos analizar esto con más profundidad y ver si no significa un incumplimiento serio y grave”, consideró.
Al rechazar la ley, el kirchnerista advirtió que “pone en jaque la seguridad jurídica”, “viola la Constotución”, “va a generar más litigiosidad y muchas dudas en los inversores”. El legislador indicó que con la ley vigente “se crearon 4 millones de trabajo”, por lo que, según opinó, “el único límite es la actividad económica”.
Ganadores y perdedores
A lo largo del debate, la Casa Rosada tuvo que ceder en varios puntos a cambio de votos. La primera concesión que hizo fue no rebajar el impuesto a las Ganancias para empresas: tras varias idas y vueltas, se impuso la presión de los gobernadores, que veían mermados sus recursos coparticipables. El tema quedaría para la próxima reforma tributaria.
Los sindicatos, por su parte, salvaron sus “cajas”. El proyecto original volvía voluntaria la “cuota solidaria” (que se descuenta a todos los trabajadores de manera compulsiva, aunque no estén afiliados, por resultar beneficiados por el convenio colectivo de su rama). Finalmente, ese aporte seguirá vigente como hasta ahora, aunque con un tope del 2%. Los aportes patronales a las obras sociales, que bajaban del 6% al 5%, no se tocarán.
En cambio, los sindicatos no lograron evitar el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, ni la prevalencia de los convenios colectivos sobre los convenios por actividad o rama. El proyecto también limita la realización de asambleas y de medidas de fuerza, ya que entre otras cosas se amplía el listado de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”, que deberán garantizar prestaciones mínimas.
Para el Gobierno, un eje central de la reforma es la creación de los FAL (Fondo de Asistencia Laboral) que solventarán las indemnizaciones por despido con aportes patronales que hoy se dirigen a la ANSES. El objetivo es reducirle a las empresas el costo de los despidos. De la mano, el cálculo indemnizatorio se reduce: ya no contemplará ítems como aguinaldo, vacaciones, horas extra y bonos.
El capítulo del FAL no contó con apoyo pleno de los aliados oficialistas, ni mucho menos con el de la oposición: advierten sobre el desfinanciamiento del sistema previsional y el uso de los fondos aportados para la “timba financiera”. “El FAL es un curro fenomenal. Una ley que ‘promueve el empleo’ a la vez subsidia despidos”, se ofuscó Recalde.
La flamante ley además habilita el fraccionamiento de las vacaciones y los bancos de horas “de mutuo acuerdo”, y establece que el salario no solo podrá pagarse en pesos, sino también en dólares. Por otra parte, se deroga de inmediato la Ley de Teletrabajo y algunos estatutos a partir de 2027, como el del Periodista.
Los menores acusados de cometer delitos a partir de los 14 años de edad podrán ser sometidos a un proceso penal y ser enviados a prisión. El Senado convirtió en ley este viernes el proyecto impulsado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que reforma la Ley Penal Juvenil y busca marcar un punto de inflexión en la política de seguridad.
La iniciativa recibió 44 votos afirmativos, 27 negativos y una sola abstención, de la schiarettista Alejandra Vigo, quien marcó una sugestiva distancia del apoyo unánime que habían brindado los diputados del “cordobesismo”. Los dos representantes restantes de la provincia, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza), votaron a favor.
Además de los libertarios, acompañaron la UCR, el PRO y senadores de todas las fuerzas provinciales, con la excepción de Vigo. El flamante bloque del peronismo no kirchnerista, Convicción Federal, se dividió entre un apoyo y dos rechazos. Todo el interbloque Popular de José Mayans votó en contra.
Bullrich, quien empujó la ley desde su cargo de ministra de Seguridad, buscó capitalizar el triunfo: horas antes de la votación, recibió en el Salón Illia del Senado a familiares de víctimas del crimen juvenil, que también presenciaron el debate desde los palcos. “Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia”, publicó en redes sociales, junto con un video.
En el recinto, volvió a mostrarse como protagonista y, sin previo aviso, pidió un minuto de silencio en nombre de las víctimas. La propuesta molestó al kirchnerismo: el exministro de Justicia Martín Soria la calificó como un “show”.
“Esta ley está del lado de los ciudadanos”, remarcó Bullrich antes del homenaje. “Venimos a terminar con la teoría de que el delincuente es una víctima del sistema. Ese modelo se agotó. Venimos a proponer algo moral, jurídica y socialmente distinto: una teoría que deja de poner en la indefensión total a las miles de familias que entierran a sus hijos. Porque cuando el delito no tiene consecuencias, la ley no tiene autoridad”, señaló.
El discurso más encendido del debate se lo llevó Juez. “¡Hace 40 años que camino los pasillos de tribunales! ¡No hay una cárcel de mi provincia que no conozca! ¡Solo con una alta cuota de ignorancia se puede opinar lo que se opina! Quien quiera ignorarlo, que lo ignore, ¡pero esto pasa en todas las provincias y en todas las ciudades! ¡Los narcos se han adueñado de nuestros chicos! ¡Hagámonos cargo de que hemos fracasado romantizando la violencia!”, exclamó.
Juez salió al cruce de un senador del peronismo que llamó “carroñeros” a los senadores que nombraban a las víctimas en sus delitos. “¡Vengo de carroñar ahí, les pido vayan a carroñar ahí con esos padres que perdieron todo! ¡A ver si se animan después a sentarse acá!”, bramó.
También a favor de la ley, Álvarez Rivero subrayó que “esta ley busca pacificar a la sociedad”. La bullrichista advirtió: “La droga, la violencia y la impunidad forman un círculo vicioso que está presente en todos nuestros barrios. Lo vemos todos los días y todos lo sufrimos. Nos roban los celulares, las ruedas de los autos, nos golpean y nos matan. Y vuelven a salir como si nada”.
Del lado opuesto, el senador kirchnerista Martín Soria reconoció que el proyecto original tuvo mejoras en la Cámara de Diputados, como la pena máxima de prisión de 15 años en lugar de 20. “A pesar de todo, esta ley sigue siendo muy mala. Es peor que el decreto de (Jorge Rafael) Videla”, alertó.
“No estamos debatiendo si el Estado tiene que dar una respuesta o no a un menor en conflicto con la ley. Todos estamos convencidos de eso. Lo que estamos debatiendo es qué respuesta le va a dar el Estado a esos niños y adolescentes en conflicto con la ley. Queremos un Estado que brinde una respuesta integral que incluya educación y socialización. Pero del otro lado la respuesta es penal”, lamentó Soria.
El proyecto original del Gobierno data de 2024, pero no avanzó en ese momento por falta de consensos. A principios de este año, tras el brutal crimen del joven Jeremías Monzón en Santa Fe, el presidente Javier Milei incluyó el tema en las sesiones extraordinarias. Si bien proponían 13 años como nueva edad punible (actualmente es 16), los bloques aliados forzaron a dejarla en 14.
Además de ceder en la edad, La Libertad Avanza también tuvo que bajar el máximo de la pena de prisión (de 20 a 15 años) y fijar un presupuesto, a pedido de las provincias, para ejecutar la ley: será de unos $23.700 millones para todo el país, que se sumarán a lo ya presupuestado por los distritos.
El monto es insuficiente a los ojos de la oposición. Según cálculos de Unión por la Patria, el costo del metro cuadrado de acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal es de $3,2 millones. Con lo que asigna la ley, se podrían construir 7.400 metros cuadrados: dividido por los 24 distritos, serían tan solo 308 metros cuadrados en cada provincia.
Reforma de la Ley Penal Juvenil: puntos principales
La flamante ley deroga el régimen vigente desde 1980 y crea uno nuevo adaptado a los “estándares constitucionales y convencionales vigentes”. La prisión es la pena más severa, pero también se contemplan medidas alternativas, como el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño a la víctima, la prohibición de salir del país y de concurrir a determinados lugares o eventos deportivos, musicales o culturales.
Cuando la gravedad del delito lo requiera, el proyecto prevé distintas modalidades de privación de la libertad: prisión domiciliaria, institutos abiertos, institutos especializados de detención o secciones separadas dentro de establecimientos penitenciarios, ya que los menores no podrán compartir espacio con adultos.
La libertad condicional solo podrá ser otorgada con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y cumpliendo determinadas exigencias. Asimismo, “los padres van a ser civilmente responsables por los delitos que cometan sus hijos”, explicó Bullrich.
También se incorporan mecanismos alternativos como la suspensión del proceso a prueba, únicamente en casos no graves y bajo reglas de conducta estrictas y exigentes, con revocación inmediata ante cualquier incumplimiento.
Además, se crea la figura de los “supervisores”: profesionales en distintas disciplinas que serán designados por el juez y serán responsables del seguimiento, la asistencia y el control permanente del adolescente. Este, además, tendrá derecho a recibir educación, atención médica y psicológica, contacto con el grupo familiar y tratamientos en casos de salud mental o consumos problemáticos.
Por último, las víctimas del delito pasarán a ser “sujetos activos”: gozarán de patrocinio jurídico, asistencia psicológica y “participación real” en el proceso.
El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos, 27 negativos y 1 abstención.
Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.
Victoria Cruz, familiar de Juan Carlos Cruz, asesinado en Morón, y Liliana Ledezma, familiar de Manuel, asesinado en Tres de Febrero.
Martín Soria dijo que la reforma es “mala” y le dejó un mensaje a los gobernadores
El senador de Unión por la Patria Martín Soria consideró que el texto que busca la reforma de la Ley Penal Juvenil es “malo” y señaló que “comparar y castigar como un adulto a un menor solo va a generar nuevos delincuentes”.
“Yo también me tengo que preguntar qué pensarán los gobernadores que, por la promesa de un ATN, mandan a aus senadores y senadoras a votar esta ley. ¿Qué pensarán? ¿Qué van a votar esta ley pese a la opinión de los expertos?”, se preguntó.
Y añadió: “Esta ley no tiene estructura: no están dadas las condiciones para que un chiquito de 14 o 15 esté alojado en un lugar. Y con esta ley le delegan el problema a los gobernadores”, insistió.
El Gobierno: “Es la primera vez que el Senado sesiona tres veces en una semana”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el ritmo de trabajo que mostró el Senado esta semana y afirmó que es la primera vez en la historia que le Cámara alta sesiona tres veces en una semana.
Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en el Senado.
El martes se llevó a cabo la sesión preparatoria para elegir a las autoridades del cuerpo para el período parlamentario 2026. El jueves, aprobó la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.
Losada: “No podemos decir que un chico no es responsable si mata a alguien”
La senadora de la UCR Carolina Losada planteó este viernes que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando comenten un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”.
“Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga», puntualizó.
Luis Juez: “Los narcos se adueñaron de nuestros hijos”
El senador cordobés Luis Juez, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad.
“Los delitos cometidos por los menores son delitos de altísimo nivel de violencia. Las bandas utilizan a esos menores inimputables para que cometan delitos con altísimo nivel de violencia. Quien quiera ignorarlo, que lo ignore. Esto nos pasa en todas las provincias, en todas las ciudades. Los narcos se adueñaron de nuestros hijos y nosotros queremos contestarles con romanticismo”, expresó.
María Orozco: «Con orgullo voy a acompañar esta ley»
La legisladora María Emilia Orozco (LLA) expresó de manera contundente su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad: “Con mucho orgullo voy a acompañar esta ley. Está carroñando con el dolor de la gente, así que voy a redoblar la apuesta porque acá muchos tienen hijos: pónganse en sus zapatos (de los familiares de víctimas), suena el teléfono y te dicen: ‘Tu hijo fue asesinado de 20 puñaladas’“, recordó en referencia al caso de Jeremías Monzón.
Las posturas de LLA, la UCR y el PJ
Uno de los principales temas de debate es la falta de fondos. El proyecto de ley establece un presupuesto de poco más de 23.700 millones de pesos.
El costo del metro cuadrado según el servicio penitenciario federal es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto establecido en el proyecto de ley se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.
“Nosotros creemos en la dignidad humana y en que la sensibilidad social de las políticas públicas constituyen la base para garantizar objetivos. Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, sostuvo Jorge Capitanich (PJ).
“El Régimen Penal Juvenil es el producto final de un proceso social que se viene dando hace larga data y que exige respuestas concretas por parte del Estado. Este proyecto es urgente e impostergable, la sociedad demanda con énfasis su tratamiento y sanción”, Belén Montero (LLA).
“Esta es una reforma trascendental que moderniza el Régimen Penal Juvenil de la Argentina. Parte de un principio básico: el adolescente que comete un delito debe asumir su responsabilidad pero también debe contar con todas las garantías legales”, Gabriela Valenzuela (UCR).
Reforma laboral
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.
El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.
La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.
Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.
Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.
La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.
Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.
Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.
En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.
En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.
También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.
Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.
Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimentos a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.
Ley Penal Juvenil
La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.
El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó en 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.
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Votado el nuevo Régimen Penal Juvenil, se definirá el futuro de la reforma laboral. Como en las instancias anteriores, el debate se dará en un contexto de protestas masivas en las calles.
Reforma laboral y régimen penal juvenil: debate intenso en el Senado
La sesión inició a las 11 tras lograr quórum con 40 senadores en sus bancas. El debate comenzó por el régimen penal juvenil que buscaba bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
Uno de los principales temas de debate en esta propuesta fue la falta de fondos. El proyecto de ley establece un presupuesto de poco más de 23.700 millones de pesos. Ahora será turno de la reforma laboral.
El oficialismo confía en la aprobación de la reforma laboral y el régimen penal juvenil
El oficialismo tuvo que realizar un trámite exprés para poder debatir ambos proyectos antes de que finalicen las sesiones extraordinarias. El Gobierno confiaba en poder avanzar tanto con la reforma como con el régimen penal juvenil debido a los resultados que obtuvieron en las instancias previas.
Como sucedió cuando la reforma se aprobó en primer término, el 11 de febrero, el oficialismo sostiene que tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.
La reforma laboral fue el proyecto que más cambios tuvo a lo largo de su tratamiento: fue aprobada en el Senado, pero el Gobierno tuvo que ceder a ciertos pedidos y modificar más de 20 artículos; pasó a Diputados donde también fue aprobada, pero antes tuvieron que eliminar el polémico artículo 44 que refería a las licencias médicas y fue este último cambio el que regresó el proyecto al Senado. La sesión de este viernes será la definitiva porque se terminará de decidir si el próximo mes entra en vigencia la ley.
El Gobierno monitorea la última sesión extraordinaria
En el Gobierno se preparan para monitorear el operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio del Congreso por posibles focos de tensión. Según lo adelantado, el Ejecutivo mantendrá un operativo de coordinación política más relajado y se limitará a estar atentos a que ninguna de las adhesiones previstas comprometa el Régimen Penal Juvenil.
Parte de la mesa política estará en el Palacio del Congreso para asistir ante cualquier interrogante. Se prevé que esté por el edificio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y también es una posibilidad que la secretaria de la presidencia, Karina Milei, se apersone en el palco del recinto senatorial.
Hay dudas sobre si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, irá para el momento de la última votación de las sesiones extraordinarias. En este momento Adorni se encuentra rumbo a Santa Fe para la inauguración de una planta de la compañía Louis Dreyfus Company (LDC).
“Estamos muy relajados en ese sentido porque sabemos que tenemos los votos”, afirmaron fuentes del Gobierno sobre la reforma laboral. Según el recuento que realizan el bloque oficialista, que suma 21 senadores, podría contar con el respaldo de la UCR, el PRO y partidos provinciales, por lo que se espera un apoyo de alrededor de 46 votos, repitiendo así el resultado de la sesión anterior donde el proyecto obtuvo 42 votos a favor en la Cámara alta, mientras que el rechazo vendría de 30 legisladores peronistas.
También se muestran confiados de avanzar con el proyecto de Régimen Penal Juvenil.
Las 10 claves para entender la reforma laboral
El proyecto de reforma laboral es un tema sensible que se llevó la atención de todo el país durante las últimas semanas, incluso desvió el foco de otros proyectos como la ley que baja la edad de imputabilidad. Para la oposición, la norma que se busca aprobar atenta contra la derechos de los trabajadores, en tanto para el oficialismo, se trata de una «modernización necesaria» que, aseguran, beneficiará al sector.
Como el tema es complejo, en esta nota te vamos a brindar diez claves para comprender de qué va el proyecto que tanto busca aprobar el Gobierno de Javier Milei:
Indemnizaciones: La indemnización se calculará únicamente sobre el sueldo mensual habitual. Quedan fuera del cálculo el aguinaldo (SAC), las vacaciones y cualquier concepto que no se pague todos los meses. Se establece que esta indemnización es la única reparación económica por el despido; no hay lugar a otros reclamos adicionales por el mismo concepto. Las deudas laborales se ajustarán por inflación (IPC) + un 3% anual, reemplazando tasas anteriores que solían ser más altas.
Banco de horas y vacaciones: se pueden compensar las horas extras con tiempo libre mediante un acuerdo escrito. La clave aquí es que se debe respetar el descanso legal entre jornadas. Aunque el periodo oficial sigue siendo de octubre a abril, ahora el empleado y el jefe pueden pactar de común acuerdo tomarlas en cualquier momento del año. Ya no es obligatorio tomarse todo el bloque junto; se permite dividir los días en tramos, siempre que cada segmento sea de al menos 7 días corridos.
Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se propone la implementación de un sistema destinado a cubrir los costos de desvinculación. Este fondo se financiará con una contribución mensual obligatoria a cargo de los empleadores: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) el aporte será del 2,5%. El Poder Ejecutivo, con aval de la Comisión Bicameral, tendrá la facultad de incrementar estos porcentajes hasta el 1,5% y el 3% respectivamente.
Implementación de fondos de cese por convenio: la reforma permite que los convenios colectivos establezcan fondos de cese laboral basados en aportes mensuales del empleador, reemplazando la indemnización tradicional por un sistema de capitalización individual que el trabajador cobra al desvincularse. Esta modalidad es opcional, debe ser acordada en paritarias y tiene como condición estricta no reducir los derechos ya adquiridos por los empleados.
Ampliación del período de prueba: se extiende el período de prueba a seis meses para la mayoría de los trabajadores, pudiendo llegar a ocho meses en empresas de hasta cinco empleados. Durante este lapso, el empleador puede finalizar el vínculo sin pagar indemnización, siempre que haya registrado la relación y realizado los aportes de ley desde el inicio de la contratación.
Eliminación de multas por falta de registro: se elimina las multas por trabajo no registrado con el fin de reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal. En su lugar, establece un régimen de blanqueo que permite a los empleadores regularizar a su personal sin pagar sanciones, siempre y cuando cancelen las deudas salariales y aportes previsionales correspondientes a cada trabajador.
Incentivos a la inversión y reducción de cargas sociales: se introduce el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), cuyo fin es potenciar la tecnología y el crecimiento de las empresas. Para apoyarlo, se implementa una baja en las contribuciones patronales: del 1% para grandes compañías y del 2,5% para MiPyMEs. Además, estos beneficios podrían ampliarse hasta el 1,5% y 3% respectivamente, siempre que el Ejecutivo obtenga el aval del Congreso.
Pago de sentencias judiciales en cuotas: la norma permite que las empresas paguen las sentencias judiciales en cuotas para aliviar su carga financiera: las grandes empresas podrán hacerlo en un máximo de 6 pagos mensuales, mientras que las PyMEs y empleadores individuales contarán con un plazo más extenso de hasta 12 cuotas.
Regulación de aportes sindicales y patronales: se limita los aportes en las convenciones colectivas, estableciendo que las contribuciones patronales a cámaras empresarias no superarán el 0,5% y serán voluntarias desde 2028. Para las asociaciones sindicales, el tope de aportes (afiliados o no) se fija en el 2%, mientras que la cuota para obras sociales se mantiene en el 6%. Finalmente, se eliminó la retención automática de cuotas de afiliación por parte del empleador, exigiendo ahora la conformidad expresa del trabajador.
Registro digital y pago bancarizado: se simplifica el registro laboral al centralizarlo exclusivamente en la ARCA, eliminando trámites ante otros organismos y otorgando plena validez legal a los libros digitales, los cuales deben guardarse por diez años. Asimismo, se establece que el pago de salarios queda restringido únicamente a cuentas bancarias o instituciones oficiales, prohibiendo formalmente el uso de billeteras virtuales para este proceso.
El Senado debate desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil. El oficialismo busca obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.
Según el orden de labor parlamentario se debatiría primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.
Martín Soria dijo que la reforma es “mala” y le dejó un mensaje a los gobernadores
El senador de Unión por la Patria Martín Soria consideró que el texto que busca la reforma de la Ley Penal Juvenil es “malo” y señaló que “comparar y castigar como un adulto a un menor solo va a generar nuevos delincuentes”.
“Yo también me tengo que preguntar qué pensarán los gobernadores que, por la promesa de un ATN, mandan a aus senadores y senadoras a votar esta ley. ¿Qué pensarán? ¿Qué van a votar esta ley pese a la opinión de los expertos?”, se preguntó.
Y añadió: “Esta ley no tiene estructura: no están dadas las condiciones para que un chiquito de 14 o 15 esté alojado en un lugar. Y con esta ley le delegan el problema a los gobernadores”, insistió.
El Gobierno: “Es la primera vez que el Senado sesiona tres veces en una semana”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el ritmo de trabajo que mostró el Senado esta semana y afirmó que es la primera vez en la historia que le Cámara alta sesiona tres veces en una semana.
El martes se llevó a cabo la sesión preparatoria para elegir a las autoridades del cuerpo para el período parlamentario 2026. El jueves, aprobó la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.
Losada: “No podemos decir que un chico no es responsable si mata a alguien”
La senadora de la UCR Carolina Losada planteó este viernes que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando comenten un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”.
“Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga», puntualizó.
Luis Juez: “Los narcos se adueñaron de nuestros hijos”
El senador cordobés Luis Juez, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad.
“Los delitos cometidos por los menores son delitos de altísimo nivel de violencia. Las bandas utilizan a esos menores inimputables para que cometan delitos con altísimo nivel de violencia. Quien quiera ignorarlo, que lo ignore. Esto nos pasa en todas las provincias, en todas las ciudades. Los narcos se adueñaron de nuestros hijos y nosotros queremos contestarles con romanticismo”, expresó.
María Orozco: «Con orgullo voy a acompañar esta ley»
La legisladora María Emilia Orozco (LLA) expresó de manera contundente su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad: “Con mucho orgullo voy a acompañar esta ley. Está carroñando con el dolor de la gente, así que voy a redoblar la apuesta porque acá muchos tienen hijos: pónganse en sus zapatos (de los familiares de víctimas), suena el teléfono y te dicen: ‘Tu hijo fue asesinado de 20 puñaladas’“, recordó en referencia al caso de Jeremías Monzón.
Las posturas de LLA, la UCR y el PJ
Uno de los principales temas de debate es la falta de fondos. El proyecto de ley establece un presupuesto de poco más de 23.700 millones de pesos.
El costo del metro cuadrado según el servicio penitenciario federal es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto establecido en el proyecto de ley se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.
“Nosotros creemos en la dignidad humana y en que la sensibilidad social de las políticas públicas constituyen la base para garantizar objetivos. Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, sostuvo Jorge Capitanich (PJ).
“El Régimen Penal Juvenil es el producto final de un proceso social que se viene dando hace larga data y que exige respuestas concretas por parte del Estado. Este proyecto es urgente e impostergable, la sociedad demanda con énfasis su tratamiento y sanción”, Belén Montero (LLA).
“Esta es una reforma trascendental que moderniza el Régimen Penal Juvenil de la Argentina. Parte de un principio básico: el adolescente que comete un delito debe asumir su responsabilidad pero también debe contar con todas las garantías legales”, Gabriela Valenzuela (UCR).
Reforma laboral
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.
El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.
La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.
Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.
Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.
La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.
Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.
Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.
En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.
En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.
También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.
Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.
Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimentos a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.
Ley Penal Juvenil
La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.
El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
El Senado debate desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil. El oficialismo busca obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.
Según el orden de labor parlamentario se debatiría primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.
El Gobierno: “Es la primera vez que el Senado sesiona tres veces en una semana”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el ritmo de trabajo que mostró el Senado esta semana y afirmó que es la primera vez en la historia que le Cámara alta sesiona tres veces en una semana.
El martes se llevó a cabo la sesión preparatoria para elegir a las autoridades del cuerpo para el período parlamentario 2026. El jueves, aprobó la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.
Losada: “No podemos decir que un chico no es responsable si mata a alguien”
La senadora de la UCR Carolina Losada planteó este viernes que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando comenten un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”.
“Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga», puntualizó.
Luis Juez: “Los narcos se adueñaron de nuestros hijos”
El senador cordobés Luis Juez, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad.
“Los delitos cometidos por los menores son delitos de altísimo nivel de violencia. Las bandas utilizan a esos menores inimputables para que cometan delitos con altísimo nivel de violencia. Quien quiera ignorarlo, que lo ignore. Esto nos pasa en todas las provincias, en todas las ciudades. Los narcos se adueñaron de nuestros hijos y nosotros queremos contestarles con romanticismo”, expresó.
María Orozco: «Con orgullo voy a acompañar esta ley»
La legisladora María Emilia Orozco (LLA) expresó de manera contundente su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad: “Con mucho orgullo voy a acompañar esta ley. Está carroñando con el dolor de la gente, así que voy a redoblar la apuesta porque acá muchos tienen hijos: pónganse en sus zapatos (de los familiares de víctimas), suena el teléfono y te dicen: ‘Tu hijo fue asesinado de 20 puñaladas’“, recordó en referencia al caso de Jeremías Monzón.
Las posturas de LLA, la UCR y el PJ
Uno de los principales temas de debate es la falta de fondos. El proyecto de ley establece un presupuesto de poco más de 23.700 millones de pesos.
El costo del metro cuadrado según el servicio penitenciario federal es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto establecido en el proyecto de ley se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.
“Nosotros creemos en la dignidad humana y en que la sensibilidad social de las políticas públicas constituyen la base para garantizar objetivos. Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, sostuvo Jorge Capitanich (PJ).
“El Régimen Penal Juvenil es el producto final de un proceso social que se viene dando hace larga data y que exige respuestas concretas por parte del Estado. Este proyecto es urgente e impostergable, la sociedad demanda con énfasis su tratamiento y sanción”, Belén Montero (LLA).
“Esta es una reforma trascendental que moderniza el Régimen Penal Juvenil de la Argentina. Parte de un principio básico: el adolescente que comete un delito debe asumir su responsabilidad pero también debe contar con todas las garantías legales”, Gabriela Valenzuela (UCR).
Reforma laboral
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.
El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.
La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.
Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.
Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.
La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.
Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.
Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.
En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.
En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.
También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.
Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.
Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimentos a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.
Ley Penal Juvenil
La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.
El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
El proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años se tratará el viernes próximo en el Senado.
Luego de haber recibido media sanción en Diputados, con 149 votos afirmativos, el debate se trasladará a la Cámara Alta, donde el oficialismo ya logró el dictamen de comisión, lo que habilitó llevar a cabo su tratamiento de manera inmediata.
Desde La Libertad Avanza (LLA), el fundamento para la modificación de la ley vigente (22.278) es que dentro de los países de la región Argentina está por fuera de los estándares con los que se legisla en el resto de los países de Latinoamérica.
Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.
La letra oficial
Por otra parte, el oficialismo argumenta que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de «injusticia» e «impunidad», dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, pretenden combatir desde el inicio de su gestión.
Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.
Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.
¿A qué se debió el cambio de 13 a 14 años que presentaba el proyecto inicial?
El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.
Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.
El Senado debate desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil. El oficialismo busca obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.
Según el orden de labor parlamentario se debatiría primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.
Luis Juez: “Los narcos se adueñaron de nuestros hijos”
El senador cordobés Luis Juez, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad.
“Los delitos cometidos por los menores son delitos de altísimo nivel de violencia. Las bandas utilizan a esos menores inimputables para que cometan delitos con altísimo nivel de violencia. Quien quiera ignorarlo, que lo ignore. Esto nos pasa en todas las provincias, en todas las ciudades. Los narcos se adueñaron de nuestros hijos y nosotros queremos contestarles con romanticismo”, expresó.
María Orozco: «Con orgullo voy a acompañar esta ley»
La legisladora María Emilia Orozco (LLA) expresó de manera contundente su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad: “Con mucho orgullo voy a acompañar esta ley. Está carroñando con el dolor de la gente, así que voy a redoblar la apuesta porque acá muchos tienen hijos: pónganse en sus zapatos (de los familiares de víctimas), suena el teléfono y te dicen: ‘Tu hijo fue asesinado de 20 puñaladas’“, recordó en referencia al caso de Jeremías Monzón.
Las posturas de LLA, la UCR y el PJ
Uno de los principales temas de debate es la falta de fondos. El proyecto de ley establece un presupuesto de poco más de 23.700 millones de pesos.
El costo del metro cuadrado según el servicio penitenciario federal es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto establecido en el proyecto de ley se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.
“Nosotros creemos en la dignidad humana y en que la sensibilidad social de las políticas públicas constituyen la base para garantizar objetivos. Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, sostuvo Jorge Capitanich (PJ).
“El Régimen Penal Juvenil es el producto final de un proceso social que se viene dando hace larga data y que exige respuestas concretas por parte del Estado. Este proyecto es urgente e impostergable, la sociedad demanda con énfasis su tratamiento y sanción”, Belén Montero (LLA).
“Esta es una reforma trascendental que moderniza el Régimen Penal Juvenil de la Argentina. Parte de un principio básico: el adolescente que comete un delito debe asumir su responsabilidad pero también debe contar con todas las garantías legales”, Gabriela Valenzuela (UCR).
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.
El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.
La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.
Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.
Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.
La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.
Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.
Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.
En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.
En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.
También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.
Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.
Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimentos a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.
Ley Penal Juvenil
La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.
El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
