Se realiza esta tarde una nueva protesta de jubilados y pensionados que se concentran en los alrededores del Congreso, como se hizo habitual todos los miércoles, para exigir una recomposición de sus haberes. Como ocurrió la semana pasada, donde se registraron severos incidentes, no estarán solos y organizaciones políticas, sociales, sindicales y piqueteros volverán a marchar por el centro porteño desafiando el operativo dispuesto por el ministerio de Seguridad.
El oficialismo logró ratificar en la Cámara de Diputados el decreto que habilita al gobierno nacional a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Los libertarios llegaron a los 129votosafirmativos gracias al apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y los diputados que responden directamente a los gobernadores.
Mientras los legisladores protagonizan un encendido debate en la Cámara Baja, en los alrededores del Parlamento se dispuso un importante operativo de seguridad para evitar que se repitan incidentes. La movilización está convocada para las 17
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permite al Gobierno de Javier Milei avanzar con la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La votación terminó con 129 votos afirmativos, el mínimo necesario para la aprobación, y 108 rechazos.
El respaldo al oficialismo vino del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, parte de Encuentro Federal y los diputados que responden a los gobernadores. En tanto, Unión por la Patria votó en contra, pero cuatro legisladores peronistas de Catamarca se ausentaron, lo que facilitó el resultado a favor del Gobierno.
Tensión en el recinto y fuerte operativo de seguridad
La sesión transcurrió en un clima de alta tensión, con duros cruces entre el oficialismo y la oposición. Desde el peronismo denunciaron que el oficialismo limitó los tiempos de debate para acelerar la votación. “No acompañaremos el acuerdo con el FMI porque es una irresponsabilidad institucional, económica y política”, cuestionó el radical Facundo Manes.
Afuera del Congreso, la jornada estuvo marcada por una nueva movilización en defensa de los jubilados, en un escenario de fuerte despliegue de fuerzas de seguridad tras los incidentes ocurridos la semana pasada.
Las claves del acuerdo con el FMI
Con la aprobación en Diputados, el decreto queda firme, ya que solo podía ser rechazado si ambas Cámaras lo rechazaban. Ahora, el Gobierno podrá continuar con las negociaciones con el FMI sin necesidad de un nuevo tratamiento legislativo.
Desde el oficialismo defendieron el acuerdo como un paso clave para fortalecer las reservas del Banco Central y garantizar estabilidad económica. “Sabemos lo que es que te quieran desestabilizar un gobierno, por eso no vamos a especular”, afirmó la diputada del PRO Silvia Lospennato.
En contraposición, desde la oposición advirtieron sobre la falta de detalles sobre los montos y condiciones del nuevo endeudamiento. “Están queriendo aprobar un acuerdo a espaldas de la sociedad, sin debate y sin transparencia”, criticó el peronista Eduardo Valdés.
Con el aval de Diputados, el Ejecutivo podrá avanzar en la formalización del acuerdo con el FMI. Mientras tanto, se espera que continúe el debate político y económico sobre el impacto del endeudamiento y las condiciones que deberá cumplir el país en los próximos años.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la tarde el DNU del Gobierno que habilita a firmar un nuevo acuerdo con el FMI. El decreto consiguió el aval de 129 diputados nacionales, 108 votos en contra y seis abstenciones.
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La iniciativa fue apoyada por La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal, Producción y Trabajo y la mitad de Encuentro Federal.
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La sesión especial en la Cámara de Diputados comenzó con escenas de extrema sesión, incluyendo gritos, insultos y dardos de diputados nacionales de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda al presidente del cuerpo, Martín Menem.
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Luego de que se aprobara el plan de Labor, le tocó tomar la palabra al jefe del bloque peronista, Germán Martínez, quien le reprochó al riojano el manejo de la sesión anterior, y en particular la decisión de darla por finalizada de forma abrupta cuando momentáneamente se había caído el quorum.
Legisladores del bloque Comunidad presentaron un proyecto de ley para extender la prohibición de fumar en espacios públicos a plazas y áreas recreativas en la provincia de Neuquén. La iniciativa busca modificar la ley 2752 y cuenta con el respaldo de diputados de distintos bloques políticos.
Una ampliación de la normativa vigente
El proyecto contempla la incorporación de nuevos espacios a la normativa antitabaco, incluyendo plazas, parques con áreas de juego, areneros, circuitos aeróbicos y sectores deportivos o de recreación infantil. Además, se prohibiría fumar en accesos a hospitales, clínicas, sanatorios, centros de día y hogares de ancianos durante las 24 horas.
Esta medida apunta a reducir la exposición involuntaria al humo de tabaco, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Además, busca fomentar entornos más saludables y reducir la prevalencia del tabaquismo en la población.
Respaldo político y avance legislativo
El proyecto (17483) ingresó por Mesa de Entradas el 10 de marzo y cuenta con el apoyo de legisladores de diversos espacios políticos. Entre ellos, Matías Martínez, Ernesto Novoa, Juan Méndez, Yamila Hermosilla, Mónica Guanque, Luz Ríos (Comunidad), Patricia Fernández, Cielubi Obreque, Paola Cabeza, Daniela Rucci, Juan Sepúlveda (MPN), César Gass (JxC-UCR), Carina Riccomini (Juntos), Alberto Bruno (Fuerza Libertaria), Carlos Coggiola (Neuquén Federal) y Darío Martínez (Unión por la Patria).
El proyecto podría ser debatido en las próximas sesiones legislativas, en busca de su aprobación para ampliar las restricciones sobre el consumo de tabaco en la provincia.
La Secretaría de Trabajo de Río Negro realizó durante los últimos días una serie de clausuras en diferentes dependencias del municipio de Allen. Desde el oficialismo local denunciaron que el gobierno de Alberto Weretilneck lleva adelante un proceso de «persecución política» hacia la administración de Marcelo Román (LLA).
Según informó la Provincia, el operativo de inspección se dio a partir de denuncias presentadas por los gremios UPCN, ATE y Soyem.
Se detalló que los agentes de Trabajo detectaron «deficiencias estructurales y riesgos inminentes para la seguridad de los trabajadores«. Ante esta situación se procedío a la clausura preventiva de distintos sectores.
En el área de Desarrollo Social se constató que un entrepiso utilizado como depósito carecía de soporte estructural adecuado, lo que representaba un alto riesgo de colapso.
En el cementerio municipal, la galería donde se encuentran los nichos presentaba grietas alarmantes en la loza, con peligro de derrumbe. Como medida preventiva, se prohibió el acceso a la zona comprometida. Asimismo, un sector antiguo que funcionaba como área de descanso para el personal, fue cerrado debido a su avanzado deterioro en paredes, techo y piso.
En la sede de la comuna, una de las paredes perimetrales del pasillo de acceso principal presentaba agrietamientos severos de aproximadamente 1,5 cm, lo que ponía en riesgo la integridad de la estructura. Como medida de seguridad, se restringió el tránsito en ese sector y se habilitaron accesos alternativos.
El corralón municipal fue otro de los puntos inspeccionados, donde se clausuraron los portones de ingreso debido a la ausencia de guías inferiores.
Además, se prohibió la circulación de vehículos municipales que no contaban con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente o que presentaban fallas mecánicas severas, incluyendo deficiencias en luces, tablero, tren delantero y neumáticos en mal estado.
«La Secretaría de Trabajo instó al municipio a tomar medidas urgentes para subsanar las falencias estructurales y garantizar condiciones seguras», agregó la comunicación del gobierno rionegrino.
El oficialismo de Allen respondió por las clausuras en la municipalidad
Desde el comité local de la UCR, que responde al jefe comunal, salieron a rechazar las medidas impuestas y señalaron que se trata de «maniobras de persecución política que el gobernador Alberto Weretilneck ha desplegado en contra de los ciudadanos».
«No responden a criterios administrativos ni sanitarios, sino que forman parte de una estrategia de hostigamiento político que busca entorpecer el funcionamiento del municipio y perjudicar a los vecinos y vecinas», precisó el comunicado firmado por Ines Figueroa, presidente de la seccional Allen.
El radicalismo sostuvo que la administración rionegrina no trabaja para «fortalecer la gestión local» y que coloca «trabas injustificadas». «A pesar de estas adversidades, el intendente Román y su equipo han demostrado una firme voluntad de trabajo, garantizando los servicios municipales esenciales y administrando con responsabilidad los recursos disponibles», agregaron.
Además afirmaron que los problemas edilicios vienen de larga data y responsabilizaron a las anteriores gestiones, entre ellas las de JSRN, por el estado de situación.
Por último, cerraron como un mensaje directo a Weretilneck: «Queremos decirle: El pueblo de Allen lo voto, señor gobernador, esperando crecimiento y bienestar, no estrategias de castigo ni posturas individualistas que frenan el desarrollo de nuestra ciudad. Exigimos respeto por la autonomía municipal y soluciones concretas para los problemas que realmente afectan a nuestra comunidad».
En tanto, el bloque de la UCR en el Concejo Deliberante también mostró su descontento por las clausuras.
Hace pocos días, ingresó a la Legislatura de Neuquén un proyecto que buscan ampliar la prohibición de fumar. Se trata de una gran cantidad de espacios públicos y afirman que se busca tener lugares más sanos en toda la provincia.
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La iniciativa fue presentada por diputados del bloque Comunidad, pero cuenta con el acompañamiento de varios legisladores de otros bloques como MPN, PRO-NCN, Unión por la Patria, Fuerza Libertaria, Juntos, Juntos por el Cambio-UCR y Neuquén Federal.
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“Queremos ampliar las restricciones que existen hoy y buscamos que llegue a los espacios públicos abiertos”, indicó el diputado Matías Martínez.
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Y dio precisiones acerca de los motivos que impulsan este proyecto. “Lo buscamos desde una perspectiva de salud pública, entendemos que, al haber niños y abuelos en la mayoría de estos espacios, y al ser el tabaquismo una de las causas principales en alta mortalidad, buscamos generar espacios púbicos abiertos que sean un poco más saludables”, advirtió.
El proyecto antitabaco ingresó el 10 de marzo a Legislatura, firmado por los diputados Matías Martínez, Ernesto Novoa, Juan Méndez, Yamila Hermosilla, Mónica Guanque, Luz Ríos (Comunidad), Patricia Fernández, Cielubi Obreque, Paola Cabeza, Daniela Rucci, Juan Sepúlveda (MPN), César Gass (JxC-UCR), Carina Riccomini (Juntos), Alberto Bruno (FL), Carlos Coggiola (NF) y Darío Martínez (UxP).
“Pensamos en las personas más vulnerables, es un puntapié en este tipo de ley porque hay países muchos más avanzados en la lucha contra el tabaco, como Estados Unidos, Canadá, Uruguay o España”, detalló Martínez en diálogo con Canal 7.
El proyecto dispone la iniciativa al ampliar el alcance de la ley 2752, que regula áreas de uso compartido libres de humo en la provincia. Y cuenta con el acompañamiento de diputados de los bloques MPN, PRO-NCN, Unión por la Patria, Fuerza Libertaria, Juntos, Juntos por el Cambio-UCR y Neuquén Federal, y modifica los artículos 1, 3, 7 y 13 de la legislación vigente.
¿En qué lugares se prohibiría fumar?
El diputado explicó que la iniciativa busca prohibir el consumo de todos los productos derivados del tabaco en:
-plazas y parques.
-areneros.
-circuitos aeróbicos.
-sectores destinados a la práctica de deportes.
-espacios de internación como las veredas de los hospitales, clínicas, sanatorios y centros de día.
-hogares de ancianos.
“Buscamos prohibir fumar en plazas y parques donde haya juegos para niños y donde vayan a pasear abuelos. Entendemos que es una causa noble y que realmente, si bien puede plantear algún tipo de resistencia como lo generó en su momento sacar el cigarrillo de espacios cerrados, hoy eso es impensado. Vamos por ese camino de plantear ambientes más sanos”, afirmó.
Ante la posibilidad de que este proyecto ofrezca resistencia por parte de los fumadores, dijo que plantear un lugar ellos en un sector de espacios públicos podría ser analizado pero a futuro “hoy planteamos ampliar las restricciones para fumar”.
Los diputados autores de la iniciativa, valoraron la necesidad de reducir la exposición involuntaria al humo de tabaco. De igual modo, la medida apela a generar entornos saludables y a promover hábitos libres de tabaco y disminuir la prevalencia del tabaquismo en la población.
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) continuó esta mañana con el debate de los proyectos de “Ficha Limpia” y, a partir de las sugerencias recibidas de distintos sectores políticos, buscarán consensuar posiciones para avanzar con el tratamiento del tema.
El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) tiene bajo análisis el proyecto presentado por el gobernador Rolando Figueroa y el del bloque PRO-NCN, con el acompañamiento de los bloques Comunidad, MPN, Arriba Neuquén, Cumplir y Juntos por el Cambio-UCR.
El proyecto de Figueroa propone modificar el artículo 68 de la ley electoral 3053 para impedir que personas con condena firme en segunda instancia por delitos dolosos comunes, contra la administración pública o vinculados al ámbito federal, al tráfico de estupefacientes o del orden penal tributario puedan postularse a cargos electivos provinciales o acceder a cargos por los cuales resultaron electas.
En tanto, la iniciativa del PRO-NCN incluye a todos los delitos tipificados en el Código Penal y mantiene la inhabilitación una vez cumplida la condena.
En la reunión de comisión de la semana pasada, se acordó que los distintos espacios políticos puedan presentar sugerencias y propuestas de modificación para tener en cuenta al momento de la discusión.
El diputado Francisco Lepore (Avanzar) recordó que los puntos centrales del debate son la inclusión o no de los delitos culposos y del delito de calumnias e injurias; la restricción a las personas que fueron condenadas y cumplieron condena para participar de una elección; y la inclusión de la suspensión del juicio a prueba. En ese sentido, sostuvo que si todos se mantienen en las posiciones el proyecto “no va a salir” y pidió flexibilidad para poder avanzar. “Es un tema que tenemos que tratar de llegar con un despacho”, afirmó.
Por el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez dijo que para lograr una buena ley es necesario “reconsiderar determinadas situaciones” y fijó dos límites en la discusión. Por un lado, la relación de justicia con el estatuto de empleado público que tiene exigencias vinculadas a la “condición moral y de conducta avalada por sus antecedentes” que no se replican en los cargos de conducción. Y por el otro, “el peligro de convertir ficha limpia en ficha sucia” al advertir que ficha limpia implica que no se poseen antecedentes penales para asumir la función pública. “Si yo le permito a una persona que habiendo sido condenada doblemente, cumpliendo su condena, sea funcionario público quiere decir que cuando vea su legajo eso va a estar sucio y sin embargo no va a importar”, graficó. “No hay derechos políticos reconocibles a partir de un delito”, manifestó.
El legislador consideró razonable que se haga la diferenciación entre delito doloso y culposo, como así también que la inhabilitación se extienda otros funcionarios y funcionarias. “Es un gesto de la política generar una ley de ficha limpia. Ahora si vamos a generar ficha sucia es ratificar lo que mucha ciudadanía piensa de la política: que nos estamos cubriendo todos”, aseguró.
A su turno, Novoa planteó que el proyecto “atenta contra la propia casta política” y recordó que solo hay nueve provincias en el país que cuenta con una ley de ficha limpia. Señaló que desde que se comenzó con el tratamiento de las iniciativas “hubo algunos puntos de consenso y estamos en condiciones de seguir avanzando”.
Por el MPN, Claudio Domínguez propuso que la inhabilitación para acceder al cargo se extienda también a jueces, fiscales y defensores, y que solo se contemplen los delitos dolosos. “Generemos una ley que sea coherente y equilibrada”, subrayó.
Desde JxC-UCR, el diputado César Gass consideró que “es responsabilidad de esta casa sacar una iniciativa de Ficha Limpia” y en ese sentido, planteó que “todos podemos ceder algo pero tiene que salir un proyecto homogéneo”.
En otro orden, el cuerpo emitió dictamen por unanimidad a un proyecto de ley que instituye el 5 de marzo como Día Provincial de la Eficiencia Energética, en adhesión a lo establecido durante la primera Conferencia Internacional sobre Eficiencia Energética celebrada en Austria en 1998. La iniciativa, impulsada por la diputada Cielubi Obreque (MPN), ya había obtenido despacho favorable en la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J).
A la vez, hizo lo propio con la iniciativa que establece el 15 de noviembre como jornada de reflexión sobre el hundimiento del submarino Ara San Juan, tragedia ocurrida en el 2017 que se cobró la vida de 44 personas. “El objetivo es mantener en la memoria colectiva ese trágico episodio”, explicó el autor del proyecto Carlos Coggiola (Neuquén Federal).
Por otro lado, la comisión votó despacho por mayoría a un proyecto de declaración impulsado por el diputado Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) que expresa beneplácito por la inclusión de la figura de la reiterancia en el Código Penal, aprobada por el Senado de la Nación.
Piden que se revoque el levantamiento de la barrera zoofitosanitaria
El diputado César Gass (JxC-UCR) presentó un proyecto de comunicación para que se revoque la resolución que dispone el levantamiento de la barrera zoofitosanitaria y permite el ingreso de carne bovina con hueso a Patagonia.
La iniciativa considera que la decisión del gobierno nacional atenta contra el estatus sanitario alcanzado, los esfuerzos ganaderos de la región y pone en peligro el acceso a mercados muy importantes.
En los fundamentos, el legislador señala que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó en su página web oficial sobre la adecuación de «las exigencias sanitarias para el tránsito de carnes y material reproductivo entre las zonas libres de fiebre aftosa con y sin vacunación».
Plantea que la medida “pone en peligro el acceso a mercados muy importantes”, ya que la existencia del status le permitió a la región Patagónica exportar carnes a países que exigen dicha condición.
Por otro lado, recuerda que en 1990 se puso en marcha en el país un plan de control de la fiebre aftosa y se designó al Senasa como el organismo responsable del control y la erradicación de la enfermedad. En mayo de 2000 la Argentina pasó a formar parte de la lista de países libres de fiebre aftosa sin vacunación.
Agrega que en 2001, el Senasa aprobó el Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa con el fin de evitar la posible difusión de la situación epidemiológica y dividió el país en regiones: la zona libre de aftosa sin vacunación y la libre de aftosa con vacunación. El objetivo era prevenir la aparición de la enfermedad en el sur del país, permitiendo el ingreso de cortes de carne sin hueso que no pueden transmitir la fiebre aftosa. En esa línea, Senasa impuso las barreras entre las regiones libres de fiebre aftosa en las que es necesaria la vacunación (como el norte del país) y las que la vacunación no es necesaria (la Patagonia).
El proyecto (17505) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de marzo.
Asuntos Constitucionales continuó con el debate de Ficha Limpia
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) continuó esta mañana con el debate de los proyectos de “Ficha Limpia” y, a partir de las sugerencias recibidas de distintos sectores políticos, buscarán consensuar posiciones para avanzar con el tratamiento del tema.
El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) tiene bajo análisis el proyecto presentado por el gobernador Rolando Figueroa y el del bloque PRO-NCN, con el acompañamiento de los bloques Comunidad, MPN, Arriba Neuquén, Cumplir y Juntos por el Cambio-UCR.
El proyecto de Figueroa propone modificar el artículo 68 de la ley electoral 3053 para impedir que personas con condena firme en segunda instancia por delitos dolosos comunes, contra la administración pública o vinculados al ámbito federal, al tráfico de estupefacientes o del orden penal tributario puedan postularse a cargos electivos provinciales o acceder a cargos por los cuales resultaron electas.
En tanto, la iniciativa del PRO-NCN incluye a todos los delitos tipificados en el Código Penal y mantiene la inhabilitación una vez cumplida la condena.
En la reunión de comisión de la semana pasada, se acordó que los distintos espacios políticos puedan presentar sugerencias y propuestas de modificación para tener en cuenta al momento de la discusión.
El diputado Francisco Lepore (Avanzar) recordó que los puntos centrales del debate son la inclusión o no de los delitos culposos y del delito de calumnias e injurias; la restricción a las personas que fueron condenadas y cumplieron condena para participar de una elección; y la inclusión de la suspensión del juicio a prueba. En ese sentido, sostuvo que si todos se mantienen en las posiciones el proyecto “no va a salir” y pidió flexibilidad para poder avanzar. “Es un tema que tenemos que tratar de llegar con un despacho”, afirmó.
Por el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez dijo que para lograr una buena ley es necesario “reconsiderar determinadas situaciones” y fijó dos límites en la discusión. Por un lado, la relación de justicia con el estatuto de empleado público que tiene exigencias vinculadas a la “condición moral y de conducta avalada por sus antecedentes” que no se replican en los cargos de conducción. Y por el otro, “el peligro de convertir ficha limpia en ficha sucia” al advertir que ficha limpia implica que no se poseen antecedentes penales para asumir la función pública. “Si yo le permito a una persona que habiendo sido condenada doblemente, cumpliendo su condena, sea funcionario público quiere decir que cuando vea su legajo eso va a estar sucio y sin embargo no va a importar”, graficó. “No hay derechos políticos reconocibles a partir de un delito”, manifestó.
El legislador consideró razonable que se haga la diferenciación entre delito doloso y culposo, como así también que la inhabilitación se extienda otros funcionarios y funcionarias. “Es un gesto de la política generar una ley de ficha limpia. Ahora si vamos a generar ficha sucia es ratificar lo que mucha ciudadanía piensa de la política: que nos estamos cubriendo todos”, aseguró.
A su turno, Novoa planteó que el proyecto “atenta contra la propia casta política” y recordó que solo hay nueve provincias en el país que cuenta con una ley de ficha limpia. Señaló que desde que se comenzó con el tratamiento de las iniciativas “hubo algunos puntos de consenso y estamos en condiciones de seguir avanzando”.
Por el MPN, Claudio Domínguez propuso que la inhabilitación para acceder al cargo se extienda también a jueces, fiscales y defensores, y que solo se contemplen los delitos dolosos. “Generemos una ley que sea coherente y equilibrada”, subrayó.
Desde JxC-UCR, el diputado César Gass consideró que “es responsabilidad de esta casa sacar una iniciativa de Ficha Limpia” y en ese sentido, planteó que “todos podemos ceder algo pero tiene que salir un proyecto homogéneo”.
En otro orden, el cuerpo emitió dictamen por unanimidad a un proyecto de ley que instituye el 5 de marzo como Día Provincial de la Eficiencia Energética, en adhesión a lo establecido durante la primera Conferencia Internacional sobre Eficiencia Energética celebrada en Austria en 1998. La iniciativa, impulsada por la diputada Cielubi Obreque (MPN), ya había obtenido despacho favorable en la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J).
A la vez, hizo lo propio con la iniciativa que establece el 15 de noviembre como jornada de reflexión sobre el hundimiento del submarino Ara San Juan, tragedia ocurrida en el 2017 que se cobró la vida de 44 personas. “El objetivo es mantener en la memoria colectiva ese trágico episodio”, explicó el autor del proyecto Carlos Coggiola (Neuquén Federal).
Por otro lado, la comisión votó despacho por mayoría a un proyecto de declaración impulsado por el diputado Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) que expresa beneplácito por la inclusión de la figura de la reiterancia en el Código Penal, aprobada por el Senado de la Nación.
En un lapso de tan solo 48 horas, el Gobierno lograría ratificar en el Congreso el polémico DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El decreto obtuvo dictamen este martes en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo gracias a la ayuda de un aliado, el formoseño Francisco Paoltroni, y se someterá a votación este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en tener el número.
El oficialismo necesitaba nueve firmas para dictaminar, ya que la comisión está compuesta por 16 legisladores. Pero aún con la ayuda de aliados, solo alcanzaba ocho. La novena firma apareció de la mano de Paoltroni, un senador que a mediados de 2024 abandonó el bloque de La Libertad Avanza enemistado con el asesor Luis Caputo, y que desde entonces se mueve como aliado circunstancial del Gobierno.
Paoltroni presentó un despacho propio en rechazo al DNU, pero con su firma habilitó que haya dictamen. El senador no solo fue clave para destrabar el número, sino que además ayudó al oficialismo a retener la presidencia de la comisión, que tras una fuerte pelea quedó en manos de otro aliado, Oscar Zago (MID).
Las ocho firmas a favor del DNU fueron de Juan Carlos Pagotto y Lisandro Almirón por La Libertad Avanza; Luis Juez y Diego Santilli por el PRO; Francisco Monti y Víctor Zimmermann por la UCR; Carlos “Camau” Espínola por Unidad Federal; y Zago, un diputado que, al igual que Paoltroni, mantiene su lealtad con el presidente Javier Milei pero cuestiona al “entorno”.
Acuerdo con el DNU: Cristina Kirchner motorizó el rechazo del PJ
Unión por la Patria no firmó ningún dictamen y lideró el rechazo. En paralelo, el Consejo Nacional del Partido Justicialista, encabezado por la expresidenta Cristina Kirchner, se opuso al DNU “en todos sus términos”, y los senadores peronistas enviaron una nota al FMI advirtiendo que el DNU “contradice la Constitución Nacional” y “no cumple” con la Ley 27.612, que exige que la operación sea aprobada por ley del Congreso.
Nicolás Massot tampoco presentó dictamen: el diputado de Encuentro Federal compartió las críticas al Gobierno por haber avanzado por DNU y, además, haberlo hecho sin una ley de Presupuesto vigente. “Vayan por la autopista, no por la banquina”, aconsejó el legislador del bloque de Miguel Pichetto.
Con el dictamen, el DNU quedó listo para ser votado este miércoles en la sesión que Martín Menem convocó para las 10 en Diputados, en una jornada que promete volver a recalentarse con una nueva protesta de jubilados en el Congreso. Si el DNU es aprobado (se requiere mayoría simple, es decir, mitad más uno) quedará firme, ya que la ley vigente solo exige el aval de una de las dos cámaras.
El Gobierno confía en refrendar el DNU con los votos del PRO, la UCR de Rodrigo De Loredo, parte de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Innovación Federal y otros bloques pequeños como el MID. Los diputados del PJ cordobés, con la excepción de Natalia De la Sota, acompañarán el decreto tras el respaldo que le brindó este martes el gobernador Martín Llaryora.
Unión por la Patria aportará el grueso de votos en contra, y se sumará el Frente de Izquierda y una porción del radicalismo de Democracia para Siempre.
La defensa del Ejecutivo
En la reunión de la bicameral se presentaron Pablo Quirno, secretario de Finanzas; José Luis Daza, secretario de Política Económica; José García Hamilton, secretario legal y técnico de Ministerio de Economía; Marcelo Grifi, director del Banco Central; y Ariel Montenegro, síndico del BCRA. También monitoreó el debate el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Quirno defendió el DNU y rechazó la idea de que están solicitando “un cheque en blanco”. No obstante, evitó dar precisiones sobre los montos por la condición de confidencialidad del acuerdo.
“No es un cheque en blanco porque el DNU dice cuál es el uso de ese préstamo. El DNU dice que es para comprar pasivos del BCRA y refinanciar las deudas del programa de 2022. Es un programa de 10 años con 4,5 años de gracia sobre pagos de capital”, señaló Quirno.
El funcionario reiteró que se realizó por DNU porque “el tiempo que demandaría la discusión de la ley puede atentar contra el orden macroeconómico”.
El secretario explicó que el crédito será para la recompra de pasivos remunerados del BCRA por parte del Tesoro Nacional, con lo cual no se aumenta la deuda pública bruta.
Quirno explicó que este préstamo es necesario para fortalecer el activo del BCRA, que es lo que respalda los pesos que están en circulación.
“Los pasivos remunerados se redujeron 76% en términos reales. El excedente de pesos se redujo drásticamente, pero la reducción no es suficiente porque a la calidad de activos del BCRA es baja”, explicó el secretario.
Quirno afirmó que “esta operación de crédito público es una operación que tiene certeza, los plazos, los costos y el uso. Porque este es el primer acuerdo que se tendrá con el FMI que no solicita apoyo presupuestario porque las cuentas fiscales están equilibradas”.
El funcionario insistió que “el monto no está definido. El monto lo da el Directorio del FMI. En este contexto damos la seguridad que al tener esa incógnita no se puedan definir un montón de los temas que se plantean. La secuencia de desembolsos también está a definir porque depende del monto total”.
Quirno sólo precisó que la tasa de interés que se pagará será de 5,76%.
