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  • Ficha limpia: diputados piden flexibilizar posiciones para avanzar en el proyecto de ley

    Ficha limpia: diputados piden flexibilizar posiciones para avanzar en el proyecto de ley

    La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) siguió este martes con el debate de los proyectos de “Ficha Limpia” y, a partir de las sugerencias recibidas de distintos sectores políticos, buscarán consensuar posiciones para avanzar con el tratamiento del tema. 

    El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) tiene bajo análisis el proyecto presentado por el gobernador Rolando Figueroa y el del bloque PRO-NCN, con el acompañamiento de los bloques Comunidad, MPN, Arriba Neuquén, Cumplir y Juntos por el Cambio-UCR.

      El proyecto de Figueroa propone modificar el artículo 68 de la ley electoral 3053 para impedir que personas con condena firme en segunda instancia por delitos dolosos comunes, contra la administración pública o vinculados al ámbito federal, al tráfico de estupefacientes o del orden penal tributario puedan postularse a cargos electivos provinciales o acceder a cargos por los cuales resultaron electas. 

      “No hay derechos políticos reconocibles a partir de un delito”, dijo Bermúdez.

      En tanto, la iniciativa del PRO-NCN incluye a todos los delitos tipificados en el Código Penal y mantiene la inhabilitación una vez cumplida la condena.

      En la reunión de comisión de la semana pasada, se acordó que los distintos espacios políticos puedan presentar sugerencias y propuestas de modificación para tener en cuenta al momento de la discusión. 

      El diputado Francisco Lepore (Avanzar) recordó que los puntos centrales del debate son la inclusión o no de los delitos culposos y del delito de calumnias e injurias; la restricción a las personas que fueron condenadas y cumplieron condena para participar de una elección; y la inclusión de la suspensión del juicio a prueba. En ese sentido, sostuvo que si todos se mantienen en las posiciones el proyecto “no va a salir” y pidió flexibilidad para poder avanzar. “Es un tema que tenemos que tratar de llegar con un despacho”, afirmó. 

      Por el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez dijo que para lograr una buena ley es necesario “reconsiderar determinadas situaciones” y fijó dos límites en la discusión. Por un lado, la relación de justicia con el estatuto de empleado público que tiene  exigencias vinculadas a la “condición moral y de conducta avalada por sus antecedentes” que no se replican en los cargos de conducción. Y por el otro, “el peligro de convertir ficha limpia en ficha sucia” al advertir que ficha limpia implica que no se poseen antecedentes penales para asumir la función pública. “Si yo le permito a una persona que habiendo sido condenada doblemente, cumpliendo su condena, sea funcionario público quiere decir que cuando vea su legajo eso va a estar sucio y sin embargo no va a importar”, graficó. “No hay derechos políticos reconocibles a partir de un delito”, manifestó. 

      Lepore dijo que si todos se mantienen en las posiciones el proyecto “no va a salir”.

      El legislador consideró razonable que se haga la diferenciación entre delito doloso y culposo, como así también que la inhabilitación se extienda otros funcionarios y funcionarias. “Es un gesto de la política generar una ley de ficha limpia. Ahora si vamos a generar ficha sucia es ratificar lo que mucha ciudadanía piensa de la política: que nos estamos cubriendo todos”, aseguró.

      A su turno, Novoa planteó que el proyecto “atenta contra la propia casta política” y recordó que solo hay nueve provincias en el país que cuenta con una ley de ficha limpia. Señaló que desde que se comenzó con el tratamiento de las iniciativas “hubo algunos puntos de consenso y estamos en condiciones de seguir avanzando”. 

      Por el MPN, Claudio Domínguez propuso que la inhabilitación para acceder al cargo se extienda también a jueces, fiscales y defensores, y que solo se contemplen los delitos dolosos. “Generemos una ley que sea coherente y equilibrada”, subrayó.

      Desde JxC-UCR, el diputado César Gass consideró que “es responsabilidad de esta casa sacar una iniciativa de Ficha Limpia” y en ese sentido, planteó que “todos podemos ceder algo pero tiene que salir un proyecto homogéneo”. 

       

       

      A la vez, hizo lo propio con la iniciativa que establece el 15 de noviembre como jornada de reflexión sobre el hundimiento del submarino Ara San Juan, tragedia ocurrida en el 2017 que se cobró la vida de 44 personas. “El objetivo es mantener en la memoria colectiva ese trágico episodio”, explicó el autor del proyecto Carlos Coggiola (Neuquén Federal).

       

      Por otro lado, la comisión votó despacho por mayoría a un proyecto de declaración impulsado por el diputado Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) que expresa beneplácito por la inclusión de la figura de la reiterancia en el Código Penal, aprobada por el Senado de la Nación. 

    • La elección del 27A en Río Negro: los candidatos y las particularidades de los comicios municipales

      La elección del 27A en Río Negro: los candidatos y las particularidades de los comicios municipales

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      En 40 días, Río Negro tendrá su primer turno electoral. El 27 de abril se votará en nueve municipios para la renovación de 15 concejales.

      Estas elecciones de medio término y el recambio parcial de sus cuerpos son un reiterado punto de evaluación y, por eso, algunas intendencias modificaron sus cartas orgánicas y optaron por integraciones plenas conjuntamente con la designación del jefe comunal. Guardia Mitre fue la última deserción.

      Los municipios que votarán el 27A son medianos y pequeños, dispersos geográficamente: tres de la Región Sur (Maquinchao, Sierra Colorada y Jacobacci), tres del Valle Medio (Pomona, Darwin y Belisle), dos de la zona Andina (Pilcaniyeu y Ñorquinco), y el restante del Alto Valle (Godoy).

      La disgregación también es partidaria, aunque la mayoría pertenecen al oficialismo provincial o son aliados. Son cinco: Jacobacci, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Sierra Colorada y Pomona.

      La UCR gobierna en dos (Belisle y Darwin), el PJ lo hace en Godoy mientras que Cambia conduce Maquinchao. En esta ocasión, la intendenta radical Silvina Pérez presentó su lista con la denominación del MAD aunque su identificación en la boleta será finalmente Cambia Maquinchao, alineada con el diputado Aníbal Tortoriello.


      Tras tres elecciones sin rivales, el intendente Miguel Jara de Pomona tendrá oposición porque el PRO presentó su lista para sumar concejales en ese municipio.


      Los nueve municipios totalizan unos 19.500 electores. Estos votantes volcarán evaluaciones y opiniones, es decir, servirá a la exploración del estado de ánimo del electorado rionegrino, que actualmente es un ingrediente bien requerido por las fuerzas políticas para las elecciones parlamentarias de octubre.

      Weretilneck y Mellado, con el desafío electoral en Jacobacci por el proyecto minero. Foto Archivo

      El protagonismo recaerá en JSRN porque concentra la mayor cantidad de intendencias que votarán en abril y, por eso, el gobierno provincial se prepara.

      Su atención se concentrará -indudablemente- en Jacobacci, empezando porque su padrón es mayoritario y, en especial, por lo estratégico de su resultado para el proyecto minero en marcha en esa región. La intendencia es conducida por un propio, José Mellado, sin mayoría en el Concejo. Aún así, el escrutinio no modificaría mayormente esa situación porque se eligen dos concejales, uno de JSRN y otro de UxP.

      Cuatro listas participarán en Jacobacci, con unos 6.200 electores. Se renovó la alianza gubernamental de JSRN , UCR y Redes mientras que el peronismo, con Unión por Jacobacci, trabajó la cohesión, pero, a último momento, Comunidad Organizada (que maniobra Silvia Horne) anotó su nómina. El acuerdo se esfumó para satisfacción del oficialismo.

      La cuarta propuesta, Renace, tiene origen en Primero Río Negro, que fundó Ariel Rivero.

      Esta participación sería la única oferta libertaria en este turno electoral de Río Negro. La recién conformada La Libertad Avanza, que encabeza la diputada Lorena Villaverde, no inscribió ninguna expresión. “Se decidió enfocarse en el proceso de ordenamiento interno como objetivo las legislativas de este año”, explicaron desde LLA.

      Padrón total

      19.500
      Electores totalizan los nueve municipios que votarán concejales el próximo 27 de abril.

      En su pretensión de expansión territorial, el PRO -que conduce Juan Martín- anotó candidatos en dos municipios: en Pomona y en Darwin.

      En las últimas tres elecciones, el proceso de Pomona fue un trámite para el jefe comunal Miguel Jara (Juntos por Pomona) porque no tuvo oponentes. Esa primacía se expresa en el Consejo, donde sus tres miembros son de su partido. Una banca se renueva y el PRO se pone en la compulsa.


      Los libertarios (LLA) no participan en ningún municipio; el PRO presentó listas en Pomona y Darwin; y Primero Río Negro lo hace en Jacobacci.


      Darwin -con un padrón de un millar de electores, como Pomona- registra una cantidad inusual de competidores.

      Desde hace años, el radical Víctor “Curi” Mansilla administra ese municipio y lo hace con una evidente alianza con el oficialismo provincial. Por eso, en procesos anteriores, JSRN supo directamente no participar pero, en esta oportunidad, lo hará, especialmente por la pretensión de la senadora Mónica Silva.

      El PJ inscribió su propuesta y, además, debutará el PRO en esta contienda de Darwin. Unidad Popular (que conduce Rodolfo Aguiar) registró también su nómina, que fue la quinta. Pero, la Junta Municipal no la oficializó porque consideró no haberse cumplido correctamente con la proclamación de los candidatos (Gabriel Figueroa y Elba Chambi).

      Maquinchao, su intendenta Pérez y el diputado Tortoriello frente a una contienda especial con JSRN. Foto Gentileza

      Ese rechazo fue apelado por el apoderado de UP al juzgado Electoral Provincial, estimándose que el juez Carlos Da Silva resolverá esta semana por la oficialización de esa agrupación partidaria o, por el contrario, avalará el órgano municipal y la apartará del proceso de Darwin.

      La disputa que no ofrece discusión es la de Pilcaniyeu, con 900 electores, porque solo JSRN presentó lista para la renovación de un concejal. Todo el Consejo está integrado por representantes del oficialismo y nada cambiará.

      El municipio por votar con menos votantes es Ñorquinco, con unos 600 empadronados. Gobierna JSRN y renuevan dos de las tres bancas. Enfrente del oficialismo se alistó el PJ, con una modificación de último momento. Oficializada su nómina se reemplazó la segunda candidata (Linda Torresblanco Calderon) porque era extranjera y se incluyó a Lilia Vergara.


      Unidad Popular se anotó en la elección de Darwin La Junta Electoral no aceptó su nómina y esa participación ahora es analizada por el Juzgado Provincial.


      JSRN se concentrará en sus municipios y, en los ajenos, Maquinchao conforma su objetivo adicional.

      Sus electores rondan los 2.400 y, hasta diciembre del 2023, esa intendencia integraba el mundo de JSRN. Además, la carga complementaria se origina en la afinidad y la militancia de la intendenta Pérez con el proyecto Tortoriello 2027.

      La elección pone en juego a dos de los cinco concejales. Vence uno de Cambia Maquinchao y el otro es del partido del gobernador Weretilneck.

      El peronista Albino Garrone gobierna en Godoy, y su lista participa sola, incluso enfrentando a JSRN con quien acordó en el 2023. Foto Gentileza.

      Por el contrario, JSRN defenderá lo logrado en Sierra Colorada. Será la primera votación después del triunfo que ubicó a Marta Ignacio al frente del municipio y desplazó de esa administración al PJ después de 24 años en la misma. La banca por renovar pertenece al PJ mientras las otras dos se dividen entre el oficialismo y esa oposición. Así, el resultado determinará quién tiene la mayoría y, a su vez, la presidencia del Consejo municipal.

      Con un padrón de 1500 electores, Belisle está al mando del radical Diego Aguero. El cuerpo colegiado se conforma por tres ediles y concluyen dos, uno de JSRN y el otro del PJ. Ambas estructuras participan y figurarán tres boletas con la radical.

      Finalmente, en el Alto Valle, Godoy -con unos 4.000 empadronados- votará por dos bancas, y se inscribieron tres listas. La del PJ, alentada por el intendente Albino Garrone, y la confrontarán ofertas de la UCR y de JSRN. La inscripción de la fuerza de Weretilneck pareció una anomalía ya que Garrone integró el peronismo del Gran Acuerdo del 2023 y lo hizo también operativo en Godoy. No está claro lo ocurrido. Algunos aseguran que el desinterés por repetir la experiencia partió del propio intendente. Y, en respuesta, JSRN se anotó en esa carrera del 27A.


      Las autoridades cobrarán 20.000 pesos


      La Provincia abonará 20.000 pesos a cada autoridad de mesa que participe en el proceso electoral del 27 de abril.

      Cada urna tendrá tres autoridades y se estiman medio centenar de mesas, considerando unos 19.500 electores, distribuidos en los nueve municipios.

      La directora de Gobierno y Asuntos Electorales, Yisel Bijarra confirmó esa decisión del gobierno de Alberto Weretilneck.

      Con el turno de abril, Río Negro habrá cumplido con la totalidad de los municipios que renuevan Concejos.

      La directora de Gobierno y Asuntos Electorales, Yisel Birraja. Foto: Marcelo Ochoa

      La funcionaria confirmó que inicialmente la Provincia afrontó el pago al Juzgado Federal Electoral por los padrones locales, como también, se ultiman los otros preparativos electorales, entre ellos, las urnas y las custodias de las mismas.

      En otras ocasiones, algunas intendencias convocaron con simultaneidad a las elecciones nacionales o realizaron sus propios comicios apartados. Pero, este año, todos aceptaron el servicio ofrecido por la Provincia, que fue requerido por los intendentes y, además, se coincidió en la fecha para el último domingo de abril.

      La metodología del debut de la votación de la Nación con boleta única dificultaba la participación conjunta, pero también, la complejidad del proceso político nacional empujó a los jefes locales al adelantamiento de sus propias contiendas.


    • Peor que $LIBRA, los K usaron la UNCo para una fiesta militante

      Peor que $LIBRA, los K usaron la UNCo para una fiesta militante

      Usaron la casa de altos estudios neuquina para realizar un acto político, en el que participaron Parrilli, Martínez y Rioseco. Reforzaron la convocatoria con Mayra Mendoza.

      NEUQUÉN (ED). — El presente del kirchnerismo es decididamente complejo y su futuro sombrío. Las encuestas avizoran una puja palo a palo entre la Neuquinidad y la Libertad Avanza por las seis bancas que se pondrán en juego (en ambas Cámara del Congreso) y muestran al peronismo neuquino devaluado, desconectado de los cambios que ha demandado la sociedad, y en extremo cercano a las escasas intenciones de voto que históricamente ha tenido la izquierda aquí.

      En medio de todo eso, en las últimas horas destilaron apego por los vicios de la vieja política y no sólo salieron a ensuciar paredes con pintadas proselitistas en la ciudad capital, sino que además usaron la sede local de la Universidad Nacional del Comahue, para recibir a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quizá la preferida de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

      Del encuentro, que se realizó el sábado, participaron el senador Oscar Parrilli; el diputado provincial Darío Martínez; su compañero de bloque, Darío Peralta; el diputado nacional Pablo Todero y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, entre otros. Se dice que quien la invitó a la quilmeña fue el propio Parrilli, pero lo que quedó bien en claro es que necesitaron de una dirigente del conurbano bonaerense para imprimirle entusiasmo a lo que les queda de tropa.

      “Participamos de un encuentro abierto en la Universidad Nacional del Comahue para reflexionar sobre el presente y pensar colectivamente cómo construir una alternativa al modelo de ajuste, entrega y represión”, dijo la intendenta de Quilmes al anunciar la conformación de un frente rumbo a las elecciones de octubre.

      Al menos hasta ahora, la realidad muestra que, aunque se tracen proyecciones, no hay ampliación posible, sino voluntades que se fueron.

      Es que son varios los dirigentes del peronismo local que han decidido integrarse al frente Neuquinidad que conduce el gobernador Rolando Figueroa y en el que coexisten con expresiones libertarias y con la dirigencia tanto de la UCR como del PRO. Soledad Martínez (Frente Grande), Marcelo Zúñiga (Movimiento Evita) y Carlos Sánchez (Frente Renovador) son algunos de lo que ahora comulgan en Neuquinidad, tal como también lo hacen la diputada nacional Tanya Bertoldi, Lorena Barabini y Ana Servidio.

      Martínez intenta ser candidato a senador, pero corre el riesgo de terminar cuarto tal como le ocurrió cuando se embarcó en la aventura de candidato a intendente de Neuquén.

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    • Convocan a una sesión especial en Diputados para debatir el DNU del acuerdo con el FMI

      Convocan a una sesión especial en Diputados para debatir el DNU del acuerdo con el FMI

      Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo miércoles 19 a las 10, para debatir la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que aprueba el acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI).

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      La solicitud, aprobada en tiempo récord, había sido presentada por el bloque de La Libertad Avanza, con la firma de Gabriel Bornoroni, en conjunto con el PRO de Cristian Ritondo, luego de que la semana pasada se suspendiera el tratamiento del decreto por la pelea entre Oscar Zago (MID) y Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), dos diputados oficialistas que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

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      El DNU de acuerdo con el FMI

      El DNU 179/2025 de acuerdo con el FMI será debatido previamente, desde las 16 de este martes, por esa misma comisión que preside el senador libertario Juan Carlos Pagotto, con la invitación funcionarios del Ministerio de Economía.

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      Para la misma están citados Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; José Luis Daza Narbona, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía; y Leonardo Madcur, representante argentino ante el FMI.

      La intención de La Libertad Avanza, junto a los representantes de los bloques del PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales, es firmar los dictámenes correspondientes y que el miércoles lleguen al recinto de Diputados. Si el DNU es avalado por una de las Cámaras habrá obtenido la ratificación parlamentaria requerida por la ley que regula la implementación de los DNU.

      De lograrse el quórum correspondiente y abrirse el recinto, se postergarán las definiciones de los plenarios de comisiones que la semana pasada fueron emplazadas por el cuerpo para debatir la creación de una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda Libra y los pedidos de informes al Poder Ejecutivo, así como la citación al Congreso de funcionarios nacionales, entre otros al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

      La oposición, en tanto, exige la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como ocurrió durante el debate del Presupuesto 2025. Sin embargo, fuentes de La Libertad Avanza anticiparon que esta solicitud será rechazada, como ocurrió en 2024.

      Unión por la Patria (UxP) pretendía firmar los dictámenes la semana pasada para acelerar su tratamiento en el recinto y rechazar el DNU vinculado al FMI. En contraposición, los libertarios proponían una reunión previa para escuchar a los funcionarios antes de firmar el dictamen.

      El DNU señala, entre otras consideraciones, que “es necesario que el Poder Ejecutivo Nacional celebre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita al Estado Nacional cancelar parte de la deuda que mantiene con el Banco Central de la República Argentina y cancelar las operaciones de crédito público citadas anteriormente”.

      Y agrega que “la operación de crédito a ser celebrada se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas y la operación incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses”.

    • La previa de una semana caliente en el Congreso: cómo se la plantea el Gobierno

      La previa de una semana caliente en el Congreso: cómo se la plantea el Gobierno

      El próximo miércoles los alrededores del Congreso volverán a ser el epicentro de una masiva movilización. Fue convocada para respaldar nuevamente a las organizaciones de jubilados y también para repudiar la represión que desplegaron dos fuerzas federales 20 minutos antes del horario previsto por los manifestantes para llegar a la plaza. Para entonces, el reportero gráfico Pablo Grillo cumplirá una semana internado en un hospital porteño luchando por su vida, después de que un efectivo le disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó arriba de su frente.

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      Los preparativos para la marcha del miércoles marcarán el pulso que se vivirá adentro del Congreso. Viene convulsionado desde la semana pasada, con la abrupta suspensión de la sesión de Diputados, después de una pelea entre legisladores del oficialismo que estalló cuando un sector trataba de dejar sin cuórum el recinto. Fue durante el mismo miércoles, mientras el Gobierno comenzaba a perder el control de la calle. Para esa hora la represión había subido un peldaño en el nivel de ferocidad, aplicado por un comando unificado que responde directamente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

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      El mar de fondo que dejó la semana pasada

      Adentro del Palacio, la crisis que estalló el miércoles pasado en del recinto de la Cámara Baja empañó el arranque del período de ordinarias, pero es sólo el anticipo de lo que viene para esta semana.

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      Fue el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, quien levantó la sesión. Sostuvo que fue por falta de cuórum, pero tomó la decisión cuando los diputados Oscar Zago y Fernando Almirón comenzaron una pelea a gritos, que se extendió a otros legisladores. Zago presidió el bloque de La Libertad Avanza a principios del año pasado y luego fue corrido cuando se equivocó en la primera votación de la Ley Bases y volvió a comisión, sin saber que reseteaba el trámite. Se fue del espacio y fundó el Movimiento de Integración y Desarrollo, que reúne tres votos aliados para el oficialismo. La bancada de LLA, la preside Gabriel Bornoroni, y reune 38 integrantes. Con el MID llegan a 41 voluntades, cuya cohesión es tan frágil como la pelea entre Almirón con Zago, acusándolo de darle cuórum a la oposición. En el momento del microestallido dentro del recinto, el bloque de Unión por la Patria buscaba votar la anulación de las facultades especiales que el Congreso le entregó al Ejecutivo con la ley Bases y también ratificar a Marcela Pagano como titular de la comisión de Juicio Político. Dos temas inaceptables para el Gobierno.

      La rosca de la criptoestafa

      Con ese mar de fondo, la agenda de esta semana arrancará el martes en la Cámara de Diputados, para cumplir con el emplazamiento que votó la oposición el miércoles pasado. Fue la pulseada que el Senado no pudo cristalizar durante extraordinarias gracias a la ayuda de la UCR. A las 16 está convocado un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para hacer efectivo la orden del recinto para que trate con celeridad todos los proyectos presentados para analizar la creación de una comisión especial investigadora de la criptomoneda Libra y su relación con el entorno del presidente Javier Milei. Será el primer escenario de resonancia sobre abrupta caída de la última sesión.

      El oficialismo viene trabajando para desactivar la ofensiva opositora en ese plenario. Menem ofreció que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelante su visita a la Cámara Baja. Tiene previsto asistir en abril para ofrecer el informe de gestión que le exige el artículo 101 de la Constitución y la idea era estar en las próximas semanas para contestar las preguntas sobre el escándalo que impactó en el entorno presidencial. La oferta va en la misma sintonía de un proyecto presentado por el bloque de la UCR, que preside Rodrigo De Loredo, donde está el grupo de «radicales con peluca» que incrementa su apoyo al Gobierno.

      El plenario del martes será un primer termómetro de las posiciones que tomará un sector de la UCR, al calor de las negociaciones que llevan adelante gobernadores radicales con la Casa Rosada. Esos diálogos, a veces discretos, y otras no tanto, fueron determinantes para que seis senadores se negaran a respaldar la creación de una investigadora en el Senado durante febrero. Fueron seis, pero el correntino Edgardo Vischi quedó en el ojo de le tormenta porque fue su voto el que impidió llegar a los 48 requeridos para crear esa instancia sobre tablas, un número muy alto para un Senado de 72 bancas y con un temario exclusivamente definido por el Ejecutivo en extraordinarias. Ahora corre el período de ordinarias y entre el menú de proyectos que se debatirá el martes, también hay una iniciativa de Zago que, a pesar de ser oficialista, presentó un proyecto para crear una investigadora bicameral sobre el criptoescándalo, en otra exhibición de interna que tiene con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

      La tormenta por el DNU del FMI

      Para desventura de la Casa Rosada, el nombre de Zago es cada vez más recurrente y volverá a escucharse ese mismo martes a partir de las 16, pero dentro de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que este jueves iba a comenzar a tratar el DNU 176/25, firmado Milei para aprobar un acuerdo con el FMI, cuyos detalles no se conocen y que todavía no ha sido firmado. Por la Cámara Baja, en esa bicameral, dedicada a analizar los DNU, están Almirón y Zago, los dos principales protagonistas de la última pelea en Diputados. La preside el senador riojano Juan Carlos Pagotto y la controla con una mayoría que, sin Zago, no llega a las 9 firmas necesarias para respaldar el DNU que el gobierno quiere tratar rápido. Es tan frágil el oficialismo en esa comisión que la reunión tuvo que ser postergada por la trifulca. Se reunirá el martes y tendrá dos misiones: definir autoridades y escuchar a los funcionarios que enviará el Gobierno para aportar la información que reclama conocer la oposición sobre el DNU.

      La definición sobre la continuidad de Pagotto en la bicameral viene con intriga. El oficialismo lo quiere mantener, pero el peronismo se prepara para sacarlo del puesto con ayuda aliada y después avanzar con hacer caer el DNU. En ese fuego cruzado tallará el senador formoseño Francisco Paoltroni, exoficialista, y antagonista del estratega presidencial Santiago Caputo.

      Está previsto que asistan una espada del Banco Central y dos del Palacio de Hacienda para evitar que el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, tenga que ir a dar explicaciones. Confirmaron su presencia Vladimir Werning, vice del BCRA; José Luis Daza, secretario de Política Económica y Leonardo Madcur, representante argentino ante el FMI. Para que puedan aportar información, necesitarán que la bicameral cuente con autoridades y eso no se resolverá hasta el martes.

      Lijo y García Mansilla, otra prueba de amor para Villarruel

      El tercer momento de definiciones transcurrirá en el Senado, posiblemente el jueves y será otro examen para la relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la Casa Rosada. El peronismo presentó un pedido de sesión para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos postulantes que propuso Milei para cubrir dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia. A Lijo lo quiere designar con el mismo método que utilizó para poner García-Mansilla: mediante un decreto para nombrarlos en comisión y por un año. Esta semana ambos podrían afrontar un duro revés.

      Lijo es titular del Juzgado Federal 4 y cuenta con dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdos pero no tiene los 48 votos necesarios para convalidar la designación. La Cámara Federal le dio una licencia extraordinaria pero la Corte se la dejó sin efecto. El mensaje fue elocuente: si quiere llegar a la Corte tiene que renunciar al juzgado que lidera. Es precisamente lo que Lijo no quiere hacer, porque sabe que el camino al máximo tribunal viene cada vez más difícil, aunque cuenta con, al menos, 14 votos del peronismo aportados por gobernadores del PJ que escucharon el lobby del juez y candidato a cortesano a favor de su propio pliego.

      García Mansilla afronta un escenario distinto desde este jueves pasado, porque ahora tiene dictamen para llegar al recinto del Senado, pero será tiene amplias chances de ser rechazado. La idea es que caiga junto al de Lijo, pero la fecha de esa pulseada depende de la decisión de la titular del Senado. El oficialismo le presentó otro pedido de sesión para tratar Ficha Limpia y la declaración de emergencia en Bahía Blanca, que en Diputados obtuvo la unanimidad, con 230 votos de los presentes. Villarruel podría priorizar estos temas y dejar el debate de los pliegos para más adelante. La movida la dejaría mejor parada con el Gobierno, aunque sabe que es cuestión de tiempo para que convoque a una sesión para tratar los pliegos. La vice está en contra de la nominación de Lijo y por eso en la Casa Rosada siguen sus movimientos con desconfianza y casi sin comunicación, salvo la interlocución que mantiene con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

    • Con Milei o sin Milei, el debate de la UCR

      Con Milei o sin Milei, el debate de la UCR

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      Si el macrismo no encuentra su lugar frente a Javier Milei, el radicalismo perdió la brújula. Divididos en tres bloques en la Cámara de Diputados —UCR, Democracia para Siempre y el unipersonal “Unión”— los 33 legisladores quedan expuestos a los vaivenes del oficialismo.

      En la Cámara alta una docena de senadores termina desoyendo las decisiones que toma el partido que conduce el decimotercer senador, Martín Lousteau. Este jueves lo demostró el cruce entre el porteño y el jefe del radicalismo bonaerense Maximiliano Abad.

      Lousteau planteó en público que se cansó de las “hipocresías” y de acordar en reuniones lo que luego se desconoce en el recinto. Esta vez se refería a que sus pares no dieron quórum en la comisión de Acuerdos para rechazar la designación vía decreto de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, y a la ausencia de radicales en el inicio de la sesión de Diputados en respaldo al mileismo y codo a codo con el PRO.

      Otro público ejemplo fue el jefe del bloque de senadores, Eduardo Vischi, que presentó un proyecto de creación de una comisión investigadora sobre Javier Milei y la cryptomoneda $Libra y luego lo votó en contra.

      Esta semana Lousteau otra vez quedó en soledad junto a la larretista Guadalupe Tagliaferri al pedir que se rechace el plan mileista para designar jueces de la Corte en comisión.

      En ese marco además la suspensión de afiliación no alcanzó para encolumnar a los boina blanca que se autodenominan “pelucas” por su alineamiento con la Casa Rosada. Por ahora zafaron de la sanción el neuquino Pablo Cervi y la santacruceña Roxana Reyes que avanzan en su sintonía con Casa Rosada.

      Cervi, que llevó a la región a sus pares “pelucas” impulsa un acuerdo a largo plazo con La Libertad Avanza como los radicales “blue” de Río Negro. No le importa tanto renovar su banca como tender puentes en Neuquén y pensar en el turno 2027.

      En cambio la rionegrina Lorena Matzen — que estuvo estos últimos días en Capital— explora una alianza progresista con el ARI. ¿Volverían a sumarse a Juntos Somos Río Negro? La respuesta, aseguran, la tiene el oficialismo de la provincia más que la UCR.

      Muestra de la implosión provocada por Milei es lo que sucedió en la reunión de la mesa nacional que lidera Lousteau. La diputada provincial rionegrina, que es secretaria de la Mujer, se cruzó con la mendocina Pamela Verasay que responde al gobernador Alfredo Cornejo, amigo del Presidente.

      Lousteau propuso convocar a la Convención Nacional para discutir las alianzas de este año. Verasay consideró “inoportuna” la cuestión y Matzen retrucó que “es el medio justamente para que digamos todo lo que tenemos que decir”.

      Como es norma se votó. Por 17 votos contra 4 se acordó llamar a los convencionales. No conformes con el resultado Verasay y el formoseño Luis Naidenoff emitieron un comunicado en contra. También rechazaron el debate la correntina Carmen Britos y el santacruceño Piero Boffi.

      La pelea tiene final abierto.

      La Patagonia rebelde

      Con Javier Milei o sin Javier Milei, eso se dirime en la UCR. El oficialismo en la Convención impulsa libertad para las alianzas con una cláusula: no acordar con el partido de del Presidente que preside su hermana Karina.

      Sin embargo ya se adelantó el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, que acaba de acordar con los pocos dirigentes que en su distrito representan a La Libertad Avanza.

      En la Patagonia hay diálogos en todas las provincias y nada está cerrado.

      En Neuquén el oficialismo de la UCR mantendría su alianza con Rolando Figueroa a pesar de Cervi.
      En Santa Cruz unos están con el gobernador Claudio Vidal y otros con Roxana Reyes que esta semana celebró el freno al juicio político al Presidente. El 12 de abril hay convención provincial para definir.

      En Chubut se mantiene el frente con el PRO e incluso esta semana el exdiputado y actual vicegobernador Gustavo Menna estuvo en el Congreso de charla con diputados radicales y del PRO ratificando su pertenencia.


    • Decretos van, baldosas vienen

      Decretos van, baldosas vienen

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      Ni siquiera la tragedia en Bahía Blanca alcanzó para cambiarle el plan de operaciones a los pendencieros de la política argentina. Cada cual, con su campaña lanzada, todos siguieron el libreto habitual. Echándole culpas al adversario por un desastre climático y volviendo rápidamente a la escena del Congreso donde la batalla venía abierta y planteada desde el primer día del mes.

      Milei encaró primero, de frente contra el palacio. Empujó las puertas para apurar dos definiciones de largo aliento: la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia y el nuevo acuerdo de deuda con el FMI. Lo hizo a golpe de decretos y no se movió de ahí. El bloque de oposición mayoritario tampoco cambió su posición. Armó de nuevo la maniobra combinada que viene ejecutando cada vez que le toca el turno de la contraofensiva: incendiar las afueras del Congreso y apurar adentro algún tablero de destitución.

      Los decretos de Milei no tienen por igual un mismo calibre. Los que usó para designar dos ministros de la Corte en comisión son de una fragilidad extrema. Ningún constitucionalista serio defiende el atajo que eligió el Presidente para imponer esos jueces sin cumplir el requisito del acuerdo parlamentario. Tampoco la Corte se pronunció sobre el fondo de esa cuestión al tomarle juramento a uno de ellos.

      Ahora el Presidente se encuentra en un atolladero, con un juez designado por decreto que ya juró en la Corte Suprema, pero tiene dictamen negativo para su pliego en el Senado y uno que consiguió el dictamen y el decreto, pero no juró porque no quiere soltar su cargo en Comodoro Py. La estrategia de asalto a la Corte Suprema que le sugirieron hace más de un año sigue enredada en un derroche de despropósitos.

      El decreto de emergencia para acordar con el FMI podría tener mejor destino, siempre que la Casa Rosada acierte con el camino parlamentario. Los términos del entendimiento técnico aún se desconocen. Se menciona una cifra entre 10 y 20 mil millones de dólares con una tasa cercana al seis y medio por ciento, unos cinco puntos menos de lo que debería pagar el país en el mercado, por sus condiciones de riesgo.

      La convalidación local de ese acuerdo, si finalmente es aprobado por las máximas autoridades del Fondo, se articula de manera directa con la estabilidad del programa económico. Por lo tanto, los opositores con compromisos de gestión territorial probablemente se diferencien de los parlamentarios que hacen tronar sus disidencias cuando se trata de pactar con el Fondo. La presidenta del PJ, Cristina Kirchner, salió de entrada a denostar ese acuerdo. También lo hizo cuando lo firmó el exministro Martín Guzmán, cuando ella era vicepresidenta de Alberto Fernández. Concluidos los discursos, continuó en el gobierno.

      Ante la ofensiva de Milei y sus decretos, el bloque opositor mayoritario armó una contraofensiva con un componente más gravoso para el Gobierno adentro que afuera del Congreso. Mientras un grupo de manifestantes armados provocaba de nuevo los desmanes de siempre en la calle, el oficialismo tuvo que recurrir a un par de maniobras desesperadas para que no le cambien las condiciones precarias en las que subsiste la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados.

      Gobernabilidad


      Se trata del punto más sensible para toda la estrategia parlamentaria del Gobierno. Un simple dictamen desfavorable en esa comisión podría despertar las alertas sobre la gobernabilidad de una gestión minoritaria al extremo en el Congreso. Por eso el interés opositor de radicar allí una investigación sobre el Libragate.

      Los operadores del Presidente en Diputados respiraron aliviados cuando se cayó el cuórum, pese al bochornoso episodio de pugilato entre dos diputados oficialistas y la camorra de otras dos legisladoras, entre ellas la presidenta de la comisión de Juicio Político. Los libertarios se sirvieron de las típicas trifulcas de la casta que tanto critican para zafar de la baldosa floja que les había servido en bandeja la oposición.

      Para el bloque opositor mayoritario, agitar de manera permanente el fantasma de una destitución por juicio político es una herramienta de doble propósito: si funciona, se servirán de ella sin ningún rubor para retornar al poder. Si no funciona, al menos puede generar el desgaste del gobierno, imprescindible para fundamentar la narrativa electoral.

      Pero para la evaluación opositora, la actual relación de fuerzas -todavía favorable al Gobierno- obliga a combinar la estrategia de desgaste en el recinto, con manifestaciones violentas en la calle.

      Baldosas flojas para un resbalón del gobierno adentro, baldosas flojas para tirarle desde afuera. Hasta un asesino impune como Mario Firmenich, salió a transparentar esa ingeniería política, apenas disfrazada de reclamo por la situación de los jubilados. Nadie en la oposición salió a cruzarlo. Será porque piensa que Firmenich es un terrorista jubilado.

      Al aludir al pleito entre el oficialismo y la oposición conviene advertir sobre las zonas grises que ambos bloques tienen en los márgenes. Tras el nuevo episodio de violencia en el Congreso, el bloque de apoyo al Gobierno mostró más fisuras que aquellas de los diputados a las trompadas.

      La vicepresidenta Victoria Villarruel pronunció las que fueron sus declaraciones más delicadas desde que asumió: no sólo se solidarizó -como es lógico- con todas las víctimas de los incidentes, sino que consideró democrática la manifestación que el gobierno denunció por destituyente y violenta. Sus dichos resonaron con el telón de fondo de las maniobras en la comisión de Juicio Político.

      También en la oposición hubo grises. El presidente de la UCR, Martín Lousteau, cada vez más funcional al kirchnerismo, arriesgó una tesis extraña. Justificó el incendio de un patrullero policial porque alguien lo dejó disponible en medio de la calle.

      Si hubiese sabido Bruto que con esa lógica de la responsabilidad podía solucionar todo, la historia sólo habría condenado al puñal, por algún azar disponible en su mano, durante los idus de marzo.


    • Se reabre otro debate por la municipalización de Las Grutas, pero el oficialismo no garantiza plazos

      Se reabre otro debate por la municipalización de Las Grutas, pero el oficialismo no garantiza plazos

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      La Legislatura reabrió el debate para la municipalización de Las Grutas. Casi una década después de la frustrada ley del 2015, los vecinos del balneario lograron su revitalización parlamentaria y el oficialismo convalidó un nuevo proceso aunque sin especificar tiempos.

      La Comisión impulsora consiguió un primer paso, a partir del respaldo y la presentación de un proyecto por parte de la bancada del PRO pero, además, buscaron el respaldo de JSRN en reuniones -en forma independiente- con el vicegobernador Pedro Pesatti y con el presidente de la bancada de JSRN, Facundo López.

      El primero no planteó oposición, pero habló del contexto y de un presente con otras prioridades. Tampoco desconoció el marco electoral del año.

      López aceptó la apertura de otro proceso por la municipalización, pero también evitó plazos. Explicó que llevaría el tema a su bloque mientras descargó la responsabilidad de los consensos en sus interlocutores. Resaltó que la audiencia otorgada respondía a un aval del gobernador Alberto Weretilneck, a lo cual, los vecinos reclamaron por un encuentro con él, ya que los pedidos formales tramitados nunca tuvieron respuestas del mandatario.

      La solicitud de la municipalización no atenta contra el desarrollo de ambas comunidades sino tiende a potenciar objetivos comunes”.

      Texto de la fundamentación del proyecto de ley que se presentó esta semana.

      La primera acción recaerá en la puesta en marcha de Asuntos Municipales. El expediente ingresó a esa comisión parlamentaria, que se integrará con seis legisladores de JSRN (Carlos Valeri, Soraya Yauhar, Daniel Sanguinetti, Luis Noale, Gustavo San Román y Lorena Yensen) y cinco de otros bloques (el impulsor del actual proyecto, Claudio Doctorovich y Ofelia Stupenengo del PRO, Luis Ivancich, del PJ; Fabian Pilquinao, de Vamos, y Lorena Matzen, de la UCR).

      Los representantes vecinales de Las Grutas que mantuvieron reuniones en la Legislatura. Foto: Marcelo Ochoa

      Parte de la Comisión se juntó y tuvo el respaldo de la legisladora Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, mientras dos referentes -Noelía Vázquez y Enrique Alderete- lo hacían con Pesatti. Luego, el grupo coincidió en el despacho de López para lograr una promesa oficial del tratamiento.

      El propósito es concretar la legislación de creación después de aquella ley del 2015, que el STJ anuló en el 2017 por “inconstitucional” por los vicios en la votación parlamentaria.

      El encuentro de los vecinalistas con López fue duro por momentos, especialmente cuando los grutenses cuestionaron duramente al intendente sanantoniense Adrián Casadei y su gestión.


      Quinto proyecto en la Legislatura para la creación del municipio de Las Grutas. Los anteriores fueron en 1999, 2003, 2011 y 2014. El último fue aprobado en octubre de 2015, pero después el STJ lo declaró inconstitucional.


      Noelía Vázquez, referente de la Comisión, se mostró conforme por el hecho del ingreso del proyecto y las reuniones con el oficialismo, siempre solicitadas pero nunca concretadas.

      Remarcó el pedido vecinalista de que el expediente empiece con el debate y, por eso, se insistió en la conformación de la comisión de Asuntos Municipales.

      Esta semana, el bloque del PRO -que preside Juan Martín- ingresó el proyecto de municipalización de los vecinos, los cuales, militan además el respaldo de otros legisladores.

      El vicegobernador Pesatti recibió a dos representantes de los vecinos de Las Grutas, Noelía Vázquez y Eduardo Alderete. Foto Gentileza.

      Los firmantes del expediente remarcan que la iniciativa fue creada “íntegramente por la ciudadanía” y que “surge del clamor de una comunidad unida por su fuerte sentido de pertenencia, que no reconoce protagonismos personales ni mezquindades; una comunidad, que luego de cuarenta años de reclamos, ha priorizado como objetivo general, el derecho a la Autonomía; porque la causa municipalizadora ha logrado agrupar a todos los sectores políticos, religiosos, sociales y económicos”.

      Remarcan que Las Grutas cuenta con 17 barrios bien delimitados, una “población permanente” de 12.000 habitantes, con 5.945 personas habilitadas para votar según el padrón de 2023, y enumeran los servicios educativos, sanitarios y de seguridad con que cuenta el lugar.

      “La solicitud de municipalización, con segregación territorial, no atenta contra el desarrollo de ambas comunidades” indica el proyecto, “sino que, por el contrario, tiende a potenciar los objetivos comunes, manteniendo en cada población intactas las particularidades que ya las diferencian” y agrega que “una vez creado el municipio de Las Grutas, deberemos trabajar en forma regional con San Antonio y municipios vecinos para potenciar nuestras economías”.

      La iniciativa propone la “segregación” y que “a partir de la sanción de la correspondiente ley, y dentro de los treinta días de su publicación, la Junta Electoral del Municipio de San Antonio Oeste, deberá convocar al acto comicial de referéndum, en los términos del Artículo 13 de la ley 2353, para ratificar el acto de segregación”. Los electores convocados serán aquellos cuyo domicilio esté radicado en la Localidad de Las Grutas y figuren en el último padrón electoral utilizado, de dicha localidad”.

      Establece un período de transición “desde la aprobación final y hasta la asunción de las autoridades municipales” y durante ese tiempo “el Municipio de Las Grutas, será conducido por un Interventor Organizador, designado por el Poder Ejecutivo Provincial, a los fines de articular, ejecutar y desarrollar todas las acciones necesarias para la organización jurídica, política, contable y administrativa”.

      Además, crea “la Comisión Asesora para el ordenamiento institucional de la Municipalidad de Las Grutas y cuyo objeto será colaborar con el Interventor Organizador designado, en las acciones que éste debe llevar adelante”.


    • Moratoria previsional: diputados estudian alternativas ante su inminente vencimiento, cuáles son

      Moratoria previsional: diputados estudian alternativas ante su inminente vencimiento, cuáles son

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      El próximo 23 de marzo vence la moratoria previsional y aquellas personas que tengan la edad pero no los 30 años de aportes necesarios, no podrán acceder a la jubilación mínima. El presidente Javier Milei no prorrogará el régimen actual, vigente hace dos años, porque sostiene que rompe el equilibrio fiscal. Por eso, en la Cámara de Diputados la oposición dialoguista comienza a explorar alternativas viables para subsanar la situación sin tener que enfrentarse a un nuevo veto del Poder Ejecutivo.

      Se estima que, sin la moratoria, solo tres de cada diez hombres y apenas una de cada diez mujeres podrán jubilarse. Cuando caiga el plan de pagos, quienes no cumplan con los años de aportes solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años. Esta situación impacta principalmente en las mujeres de entre 60 y 64 años, que deberán esperar para poder acceder a esa prestación. La PUAM actualmente es de $218.469, el 80% del haber mínimo.

      “Desde diferentes bloques se están trabajando alternativas frente al fin de la moratoria. En las últimas reuniones de comisión, la gran mayoría coincidimos en que es necesario rediscutir el régimen y pensar en un esquema jubilatorio más equitativo y proporcionado en materia de cobro de haberes y también más sostenible fiscalmente”, afirmó a La Voz la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

      En la Ley Bases, el Gobierno intentó derogar la moratoria y reemplazarla por un mecanismo de “prestación de retiro proporcional”, pero tuvo que eliminar ese capítulo porque no reunía los votos necesarios para avanzar en ese momento. Más recientemente, en la entrevista periodística que le valió su salida de la ANSES, Mariano De los Heros anticipó que el Gobierno estaba trabajando en esa nueva prestación, acompañada por una suba de la edad jubilatoria.

      Ahora, el bloque radical que encabeza Rodrigo De Loredo trabaja en un nuevo proyecto para implementar ese sistema, vulgarmente llamado “PUAM Plus”. La idea es que las personas que no están en condiciones de jubilarse accedan a una PUAM más un adicional que dependerá de la cantidad de años de aportes.  

      “Desde la discusión de la última moratoria venimos planteando el enorme problema de informalidad laboral que existe, la falta de incentivos para incorporarse al sistema contributivo debido al achatamiento del esquema de los haberes y la dificultad de que se puedan cumplir con los dos requisitos que exige la ley, la edad jubilatoria y la cantidad de años de aportes”, explicó Brouwer de Koning.

      Vence la moratoria previsional: la propuesta de una especialista


      Por su parte, la diputada del PJ cordobés Alejandra Torres, especialista en temas previsionales, presentó esta semana un proyecto que también consiste en establecer como piso garantizado del haber la PUAM, y aumentarla en función de los aportes que la persona tenga realizados en su vida laboral.  

      La iniciativa pretende ser una salida intermedia al problema: ni renovar la moratoria (sostiene que profundizaría la crisis financiera del sistema previsional) ni no renovarla (lo que dejaría a miles de personas sin jubilación), sino “un primer paso para empezar a salir de la crisis financiera permitiendo a la gente jubilarse con sus aportes”.

      “Mientras se avanza en la elaboración de una reforma integral, proponemos no caer ni en el oportunismo de seguir renovando la moratoria, ni en la resignación a dejar todo como está. Es posible con reformas puntuales abordar mejor la transición”, sostuvo Torres, del bloque Encuentro Federal.

      La propuesta de la cordobesa elimina el requisito de los 30 años de aportes; considera las remuneraciones de toda la vida laboral para el cálculo del haber previsional; y permite, como ocurre con las jubilaciones, que quien percibe la PUAM pueda trabajar. Además, cada hijo sumaría un año de aportes para las mujeres.

      El proyecto de Torres introduce “mejoras” en la PUAM. En primer lugar, sería el 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil al inicio, en reemplazo de la actual fórmula que la define como el 80% de la jubilación. La PUAM luego se ajustaría por movilidad. Y por cada mes de aporte se adicionaría un monto a la PUAM de forma tal que con 30 años de aportes, la PUAM tendría un monto equivalente a la actual jubilación mínima.

      Por último, el Frente de Izquierda y Unión por la Patria tienen presentados distintos proyectos para renovar por dos años la moratoria actual, pero esa opción no tiene ninguna posibilidad de prosperar: aún si reuniera los votos (algo muy poco probable), está encaminada a un veto de Milei.


    • Denuncian en la Provincia a un exintendente por venta de lotes y el destino de fondos de obras inconclusas

      Denuncian en la Provincia a un exintendente por venta de lotes y el destino de fondos de obras inconclusas

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      El manejo de los fondos del municipio de Jacobacci en la gestión del intendente radical Carlos Toro será evaluado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a partir de una denuncia elevada por el actual jefe comunal José Mellado (UCR-JSRN).

      Después de una auditoría, el actual mandatario -que asumió en diciembre del 2023 por una alianza de JSRN, la UCR y un partido local- solicitó la intervención del órgano de control provincial, que conduce Dolores Cardell, por las presuntas irregularidades detectadas en la administración de Toro.

      La presentación está basada en documentación y conclusiones de la auditoría, centrándose en cuatro hechos: la venta irregular de lotes, el procedimiento en ayudas sociales otorgadas, que incluye la provisión de un comercio de la esposa de Toro; el destino de las transferencias provinciales del plan Castello para la inconclusa obra de la terminal de Jacobacci, y un pago a una constructora para la ejecución de pavimentación no cumplida.


      En la denuncia además se pide investigar el otorgamiento de ayudas sociales, y el destino de los fondos de una obra de pavimentación y de la terminal de ómnibus.


      En su escrito a la FIA, Mellado recuerda no haber logrado un “proceso de transición ordenado” con Toro en el recambio de gestión y, consecuentemente, explicó “la realización de estudios técnicos de la documentación” disponible que arrojaron “diversas inconsistencias que ameritan ser investigadas en profundidad”.

      Un cuestionamiento está en la utilización de los recursos recibidos del plan Castello.

      Entre las obras programadas para Jacobacci, la mayor consistía en la “construcción de la nueva terminal de ómnibus”. Según la denuncia, “nada se sabe respecto a cuál ha sido el verdadero destino de esos fondos provinciales”, ya que en el “lugar donde se proyectaba emplazar” dicha obra “sólo existen escasos restos deteriorados de una suerte de inicio de construcción”.

      Otra “irregularidad” aludida consiste en la “venta de terrenos municipales”. Se concluye que existió una “práctica desorganizada, carente de planificación alguna y con marcadas inconsistencias” en la “venta de terrenos urbanos y suburbanos”.

      Enumera irregularidades y, entre ellas, la cesión de “múltiples parcelas a un mismo comprador de fechas cercanas”, “diferencias siderales en los precios por metro cuadrado” y entrega de terrenos a “proveedores municipales como compensación por pagos adeudados”.

      El número de lotes

      300
      Terrenos cedidos por la gestión radical de Toro a particulares y organizaciones están cuestionados por la auditoría.

      La denuncia no abunda, pero, en principio, el informe de la auditoría y la documentación elevada si ofrecerían mayores datos, como el otorgamiento de predios a entidades gremiales. Consigna la “venta de más de 300 terrenos a particulares e instituciones, además de la cesión de más de 50 terrenos adicionales durante los últimos tres ejercicios”.

      El tercer punto recae en “irregularidades en la asignación de ayudas sociales”, a partir de que se consignan aportes con “procedimiento de escasa transparencia,” considerando “la legitimidad de los pedidos, los destinatarios y los proveedores involucrados”.

      Se alude a la “escasa documentación obrante” donde “surge una infinidad de ayudas sociales que podrían haber sido afrontadas por el proveedor Casa Napal, de Adriana Napal”, aunque existe solo “un movimiento bancario y de menor envergadura registrado” de las cuentas del municipio al mencionado comercio.

      “Surge el interrogante de cómo se abonaban a la Casa Napal por lo que “aparentemente se otorgaban como ayudas económicas”. Así, resaltan la falta de documentación y transparencia mientras destacan que todo se agrava cuando existen reintegros “realizados al propio intendente municipal, bajo el concepto de ayuda económica”, y referencian que Casa Napal “pertenecería, ni más ni menos, a la esposa” del exjefe comunal. También se asegura que no se encontró “documentación alguna que acredite la efectiva entrega de la mercadería a los beneficiarios, ni mucho menos la razonabilidad del precio”.

      El cuarto hecho se vincula con la pavimentación de la avenida Beltrán, con un financiamiento del programa nacional Argentina Hace.

      a presentación de Mellado explica de un pago a la empresa Prepat en octubre del 2022 de algo más de 2,3 millones de pesos, a partir de un informe técnico donde se indicaba una ejecución del 21,44%. Pero la auditoría concluye que ese desembolso a Prepat se cumplió “sin la supuesta prestación de servicio”. Además, se abre el interrogante acerca de “cuál fue el monto del desembolso efectuado a fin de realizar una obra que nunca se inició, cuál fue su real destino final, atento al evidente desvío de teléfonos públicos”.