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  • Uber y Didi en Neuquén: la Municipalidad avanza en las negociaciones para legalizar las aplicaciones

    Uber y Didi en Neuquén: la Municipalidad avanza en las negociaciones para legalizar las aplicaciones

    Pese a que la Municipalidad de Neuquén sólo autorizó el funcionamiento de la plataforma Cabify, muchos pasajeros neuquinos recurren a otros sistemas de transporte similares, como Uber o Didi, que siguen sin estar regularizados en la capital. En ese escenario, el gobierno local adelantó que trabajan en las negociaciones para que estas empresas se adecúen a las normativas vigentes y desembarquen legalmente en la ciudad.

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    Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, aseguró que ya tienen conversaciones con los representantes de estas compañías, que aún no cumplen los requisitos para funcionar de manera autorizada en la capital.

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    «Entendemos que los vecinos usan tanto esta modalidad como la que está habilitada, que es Cabify», dijo el funcionario. Desde la Municipalidad insisten en que no están en contra de la llegada de plataformas que conectan a usuarios y choferes para traslados urbanos, siempre y cuando se adapten a las exigencias establecidas en la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.

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    En una entrevista radial, Espinosa afirmó que las plataformas se nutren del trabajo de conductores que usan autos particulares, y también de los choferes de taxis y remises, que trabajan en el servicio regulado pero también eligen usar las aplicaciones.

    «Las compañías de aplicaciones necesitan del servicio regulado porque, en las primeras horas de la mañana, ellos están más presentes que los conductores ocasionales, que suelen tener otros trabajos durante el día y prestar el servicio sólo en la tarde o en la noche para generar un ingreso extra», aclaró.

    Según explicó, la Municipalidad sigue con controles para garantizar que por la ciudad sólo circulen los servicios autorizados. «El trabajo que llevamos adelante de regularización tiene mucho efecto porque hemos hecho muchas intervenciones», dijo y aclaró que, no obstante, ya han avanzando en las conversaciones para que las compañías que ya se utilizan por los neuquinos ahora lo hagan bajo las normas locales.

    Más cerca de habilitar Uber y Didi

    Pero, ¿Qué falta para que Uber y Didi sean plataformas legales en Neuquén? Para la Muni, es un tema de documentación. Si bien, en la práctica, estas aplicaciones ya funcionan y son utilizadas por los pasajeros, Espinosa aclaró que no están adecuadas a las normativas.

    «Hay distintas miradas con respecto al servicio, ellos manifiestan que son una empresa de tecnología y no de transporte», dijo el funcionario y agregó: «Estamos tratando que la persona jurídica que regule su compañía vaya en consonancia con lo que determina la ordenanza».

    De este modo, reforzó la postura de la Municipalidad, que alienta todas las alternativas que otorguen mejores servicios urbanos a los vecinos. Así, la llegada de las plataformas busca complementarse con otros servicios de transporte, que incluyen los taxis y remises, el sistema COLE y el sistema SiBici.

    «Vamos avanzado para poder regularizar la situación y que todos los que estén por el camino correcto y habilitado puedan realizar la actividad», expresó.

    Espinosa afirmó que el volumen de actividad económica y consumo de la ciudad «es un llamador para las compañías que se interesan en trabajar en la habilitación». «La ciudad genera un interés importantísimo porque es una ciudad dinámica y con consumo importante», agregó.

    Los límites a los permisos

    Aunque se trata de plataformas que funcionan en distintas ciudades y países del mundo, las aplicaciones suelen presentar versiones distintas en base las necesidades o hábitos de consumo de cada región. En ese contexto, Uber cuenta con opciones más premium y otras más económicas, que incluso permiten el traslado como pasajero de una moto.

    Espinosa se mostró renuente a permitir un servicio de viajes en moto dentro de la ciudad de Neuquén. «Lo veo muy riesgoso, y es una condición en el transporte público y los medios de movilidad, es riesgoso para la vida de las personas y para la accidentología», dijo.

    Y aclaró que esta prestación «se da en algunos países con una densidad poblacional muy importante, donde ese vehículo se gestiona bien en ese tipo de urbes».

    «Creo que estamos muy lejos y espero que no se den estas iniciativas porque tener un acompañante en moto como pasajero es muy peligroso», cerró.

  • «Los taxistas pisaron el palito al sumarse a esta aplicación, que ahora los divide»

    «Los taxistas pisaron el palito al sumarse a esta aplicación, que ahora los divide»

    El vecino Miguel Ángel Fernández expone su mirada crítica sobre la situación que atraviesa el sector de los taxistas y cuestiona las decisiones que se tomaron.

    UBER, un aplicación ilegal que llegó para quedarse; de «prepo», y con la omisión de quienes tienen que aplicar la autoridad, y que llamativamente, no lo están aplicando, incumpliendo con sus «deberes de Funcinario Público». 

    De acuerdo a todas las notas solicitando la aplicación de las sanciones que la normativa prevee, y que obran en poder deblos taxistas, se ve comprometida la función de las autoridades, que hasta este momento excusan su accionar bajo el pretexto de INEXISTENCIA DE ARGUMENTOS VALIDOS PARA APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. 

    Si bien el contexto Económico y social no ayuda a llegar a fin de mes, no es justificable que esa necesidad de la gente, sea una puerta abierta para que la ilegalidad de una parte de los interesados, se convierta en una herramienta política, o una oportunidad de llevar agua para el molino de quienes ven con agrado la opción de salvarse a como dé lugar. 

    Cabe aquí destacar; que en el supuesto argumento de la existencia de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), en referencia a la situación económica; NINGUN DECRETO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, dentro de los cuales se garantiza la «IGUALDAD ANTE LA LEY». 

    En este sentido es dable recordar antes de todo, que si bien el artículo 19 de nuestra Carta Magna protege acciones que no estén reguladas por ley, eso no exime de la aplicación de las sanciones que tuvo en vista el legislador, en otras normas regulatorias de este tipo de actividades. Sobretodo, cuando en ello está en juego la protección de la vida y los bienes de las personas. 

    Lo sospechoso del accionar del aparato municipal, cobra relevancia en la imperceptible maniobra política de «laissez-faire, laissez-passer» (dejar hacer, dejar pasar). 

    Pues, quienes tienen que asegurar la protección del bien jurídico. Es decir, velar por el cumplimiento de las normas vigentes, dejaron, ya por desconocimiento del Derecho o por simple omisión, que esta plataforma digital de transporte de pasajeros funcione, en franca violación al Derecho tributario, la ley Nacional deTránsito y normativas concordantes.

    De esa manera… sutilmente, y sin que la administración municipal tenga que intervenir en nada, a los taxistas se les empezó a caer la recaudación. Esto, llevó a la Institución que los agrupa, a plantear la situación ante las autoridades, de quienes que solo encontraron evasivas y maniobras dilatorias. 

    Por todo ello, no les quedó más que tratar de no perder la clientela, y entonces, los taxistas «PISARON EL PALITO» al sumarse a esta aplicación, que ahora los divide. 

    A la luz de los hechos, los políticos se frotaron las manos saliendo gananciosos, sin ensuciarse, por un lado o por otro.  

    Al fin de cuentas tienen: a los taxistas divididos, los «uber» tranquilos, los usuarios agradecidos, y al servicio de hospedaje con una posibilidad de abaratar costos transportando sin reglas a sus clientes. 

    Todo salió «redondito» y sin pagar costos para la administración del pueblo, lo que no los perjudicará en la próxima oferta electoral, de la contienda que se avecina. Una maniobra que Nicolas Maquiavelo hubiera aplaudido de pié. 

    Mientras tanto, el usuario viaja en un vehículo sin seguro para «personas transportada», sin Rivisión Técnica Obligatoria, y sin saber si su conductor tiene «antecedentes penales». 

    Por otro lado los propietarios de taxis pierden rentabilidad, y se ven obligados a competir en condiciones desleales, que estipula el Código Civil y Comercial de la Nación. 

    Además de seguir tributando: al Municipio, a la Provincia y a la nación hasta para respirar, ven con impotencia como sus unidades se degradan sin la certeza de poder cambiarlas en el futuro, y si podrán mantener su capital y su fuente de trabajo. 

    Si bien en esta nota planteo el problema, también podría exponer la solución; pero para eso fueron elegidas estas autoridades, y a ellas les corresponde solucionarlo de manera ecuánime a la brevedad. 

    Atentamente. 
    Miguel A. Fernández 
    14.411.896

  • «Taxistas pisaron el palito al sumarse a esta aplicación que ahora los divide»

    «Taxistas pisaron el palito al sumarse a esta aplicación que ahora los divide»

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    Sr. Director:

    UBER, una aplicación ilegal que llegó para quedarse; de “prepo”, y con la omisión de quienes tienen que aplicar la autoridad, y que llamativamente, no lo están aplicando, incumpliendo con sus “deberes de funcionario público”. De acuerdo a todas las notas solicitando la aplicación de las sanciones que la normativa prevé, y que obran en poder de los taxistas, se ve comprometida la función de las autoridades, que hasta este momento excusan su accionar bajo el pretexto de INEXISTENCIA DE ARGUMENTOS VALIDOS PARA APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

    Si bien el contexto Económico y social no ayuda a llegar a fin de mes, no es justificable que esa necesidad de la gente, sea una puerta abierta para que la ilegalidad de una parte de los interesados, se convierta en una herramienta política, o una oportunidad de llevar agua para el molino de quienes ven con agrado la opción de salvarse a como dé lugar.

    Cabe aquí destacar; que en el supuesto argumento de la existencia de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), en referencia a la situación económica; NINGUN DECRETO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, dentro de los cuales se garantiza la “IGUALDAD ANTE LA LEY”.

    En este sentido es dable recordar antes de todo, que si bien el artículo 19 de nuestra Carta Magna protege acciones que no estén reguladas por ley, eso no exime de la aplicación de las sanciones que tuvo en vista el legislador, en otras normas regulatorias de este tipo de actividades. Sobre todo, cuando en ello está en juego la protección de la vida y los bienes de las personas.

    Lo sospechoso del accionar del aparato municipal, cobra relevancia en la imperceptible maniobra política de “laissez-faire, laissez-passer” (dejar hacer, dejar pasar).

    Pues, quienes tienen que asegurar la protección del bien jurídico. Es decir, velar por el cumplimiento de las normas vigentes, dejaron, ya por desconocimiento del Derecho o por simple omisión, que esta plataforma digital de transporte de pasajeros funcione, en franca violación al Derecho tributario, la ley Nacional de Tránsito y normativas concordantes.

    De esa manera… sutilmente, y sin que la administración municipal tenga que intervenir en nada, a los taxistas se les empezó a caer la recaudación. Esto, llevó a la Institución que los agrupa, a plantear la situación ante las autoridades, de quienes que solo encontraron evasivas y maniobras dilatorias.

    Por todo ello, no les quedó más que tratar de no perder la clientela, y entonces, los taxistas “PISARON EL PALITO” al sumarse a esta aplicación, que ahora los divide.

    A la luz de los hechos, los políticos se frotaron las manos saliendo gananciosos, sin ensuciarse, por un lado o por otro. Al fin de cuentas tienen: a los taxistas divididos, los “Uber” tranquilos, los usuarios agradecidos, y al servicio de hospedaje con una posibilidad de abaratar costos transportando sin reglas a sus clientes. Todo salió “redondito” y sin pagar costos para la administración del pueblo, lo que no los perjudicará en la próxima oferta electoral, de la contienda que se avecina. Una maniobra que Nicolas Maquiavelo hubiera aplaudido de pie.

    Mientras tanto, el usuario viaja en un vehículo sin seguro para “personas transportadas”, sin Revisión Técnica Obligatoria, y sin saber si su conductor tiene “antecedentes penales”.

    Por otro lado, los propietarios de taxis pierden rentabilidad, y se ven obligados a competir en condiciones desleales, que estipula el Código Civil y Comercial de la Nación. Además de seguir tributando: al Municipio, a la Provincia y a la nación hasta para respirar, ven con impotencia como sus unidades se degradan sin la certeza de poder cambiarlas en el futuro, y si podrán mantener su capital y su fuente de trabajo.

    Si bien en esta nota planteo el problema, también podría exponer la solución; pero para eso fueron elegidas estas autoridades, y a ellas les corresponde solucionarlo de manera ecuánime a la brevedad. Atentamente.

    Miguel A. Fernández

    DNI 14.411.896

    Villa la Angostura

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  • Neuquén reguló las apps de transporte antes que CABA y evitó el conflicto judicial que hoy sacude a Uber

    Neuquén reguló las apps de transporte antes que CABA y evitó el conflicto judicial que hoy sacude a Uber

    La polémica judicial que sacude a la Ciudad de Buenos Aires por el funcionamiento de Uber, Didi y Cabify volvió a poner en discusión la regulación de las plataformas de transporte en Argentina. Mientras en CABA la Justicia avanzó sobre un vacío normativo y cuestionó la falta de controles, en Neuquén aseguran que ese escenario fue anticipado y regulado hace tiempo.

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    El antecedente judicial porteño obligó a equiparar requisitos entre plataformas y taxis tradicionales, exigiendo licencias profesionales y seguros específicos para los conductores. La medida generó impacto político y abrió un fuerte debate sobre la falta de regulación en la capital del país.

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    La situación en la ciudad de Neuquén

    En Neuquén, en cambio, desde el municipio remarcaron que la situación es completamente distinta porque existe una ordenanza vigente que regula la actividad de las aplicaciones de transporte.

    El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinoza, explicó que la normativa local ya contempla todos los requisitos que hoy reclama la Justicia porteña.

    “En Neuquén la ordenanza es clara respecto a los seguros y a la licencia profesional”, sostuvo.

    Según detalló, las aplicaciones habilitadas en la ciudad deben cumplir obligatoriamente con licencia profesional categoría D2, seguros para pasajeros transportados, responsabilidad civil, cobertura para el vehículo y protección tanto para el conductor como para los usuarios.

    “Cuando habilitamos una plataforma exigimos todos esos parámetros. Eso ya está cubierto dentro de la ordenanza”, explicó el funcionario.

    La situación porteña

    La diferencia central, según Espinoza, es que en CABA las plataformas operan sin una regulación específica.

    “En CABA no tienen norma que regule la actividad de plataformas. Por eso aparecen estos antecedentes judiciales”, señaló.

    Incluso aclaró que Cabify tiene un esquema de habilitación distinto en Buenos Aires, mientras que Uber y Didi directamente no cuentan con autorización formal.

    Uber y Didi no tienen habilitación de ningún tipo en CABA”, afirmó.

    Desde el municipio neuquino también indicaron que actualmente continúan trabajando en controles para combatir a quienes operan sin habilitación dentro de la ciudad.

    El contraste vuelve a mostrar dos modelos diferentes de gestión pública: mientras Buenos Aires enfrenta ahora las consecuencias de años sin regulación clara, Neuquén decidió avanzar antes con una ordenanza específica para ordenar el funcionamiento de las plataformas y evitar conflictos judiciales, laborales y de seguridad.

  • Uber, DiDi y Cabify: un fallo de la justicia porteña dispone nuevas obligaciones para los conductores

    Uber, DiDi y Cabify: un fallo de la justicia porteña dispone nuevas obligaciones para los conductores

    La justicia de la Ciudad de Buenos Aires dio un giro clave en la regulación del transporte por aplicaciones. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dictó un fallo que obliga a los conductores de Uber, DiDi y Cabify a cumplir los mismos requisitos que rigen para taxis y remises: licencia profesional y seguro especial para el transporte remunerado de pasajeros.

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    La sentencia llega después de más de diez años de disputa judicial y fue firmada por los jueces Fernando Juan Lima, Mariana Díaz y Marcelo López Alfonsín. Tendrá vigencia hasta que la Legislatura porteña sancione una norma específica para las plataformas digitales de transporte. Si eso ocurre, el fallo pierde vigencia de forma automática.

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    El tribunal consideró que la falta de regulación desde 2016 configura un caso de «anomia voluntaria» por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, la resolución apunta directamente a corregir la desigualdad normativa entre quienes trabajan con apps y quienes lo hacen con taxi o remise.

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    Uber, DiDi y Cabify: qué cambia en concreto

    El fallo establece obligaciones concretas para tres actores: los conductores de plataformas, el Gobierno porteño y las propias empresas tecnológicas.

    Para los conductores, la exigencia central es doble: deberán tramitar licencia profesional y contratar seguros especiales para poder operar. Sin esos requisitos, no podrán circular legalmente en territorio porteño.

    Para el Gobierno de la Ciudad, la sentencia prohíbe cobrar aranceles administrativos a los taxistas —salvo por infracciones— hasta tanto se igualen las condiciones con las plataformas digitales. Además, deberá iniciar sumarios tributarios para gravar a Uber, DiDi y Cabify, y lanzar campañas informativas para advertir a los usuarios sobre los riesgos de usar servicios sin habilitación ni cobertura de seguro.

    También se prohíbe la promoción de aplicaciones no reguladas en espacios públicos de la ciudad.

    El fallo aclara expresamente que no se prohíbe el funcionamiento de las plataformas, pero sí suspende los beneficios regulatorios de los que gozaban hasta ahora, mientras persista la desigualdad con el sector del taxi.

    Diez años de disputa entre taxistas y apps

    El litigio fue impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal (SPTCF) y otras entidades del sector, que denunciaban competencia desleal y reclamaban mayor control estatal sobre las plataformas. El sindicato sostuvo ante la Cámara que el Estado no podía desligarse de responsabilidad cuando «una conducta ilícita continuó cometiéndose por más de siete años».

    Del otro lado, los conductores de Uber y la asociación Proconsumer (hoy CIECOL) argumentaban que su actividad era lícita y privada, y que equipararlos a taxis y remises los colocaba en una situación de desigualdad.

    El fallo de primera instancia había rechazado ambas posturas. La Cámara revirtió ese criterio y reconoció una omisión ilegítima del Estado porteño al no fiscalizar a las plataformas con los mismos criterios que al transporte tradicional.

    La doctrina que usaron los jueces

    Para fundamentar la decisión, el tribunal incorporó la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tomó como referencia leyes de provincias argentinas donde la actividad de las plataformas ya fue regulada.

    La Cámara concluyó que Uber y las demás aplicaciones funcionan, en los hechos, como transportes onerosos de pasajeros. Por lo tanto, deben cumplir con habilitaciones, seguros, licencias profesionales y obligaciones tributarias según el marco legal vigente en la Ciudad de Buenos Aires.

    La resolución también desestimó todos los planteos de nulidad, incompetencia y prejudicialidad penal presentados por las partes demandadas.

  • Fallo judicial equipara requisitos de Uber y taxis en Buenos Aires

    Fallo judicial equipara requisitos de Uber y taxis en Buenos Aires

    Durante años convivieron en las mismas calles, levantaron pasajeros en los mismos lugares y compitieron por los mismos viajes. Pero mientras taxis y remises acumulaban habilitaciones, seguros, inspecciones y costos obligatorios, miles de conductores de aplicaciones trabajaban con requisitos mucho más livianos.

    Esa diferencia acaba de chocar contra un fallo judicial que cambia las reglas en la Ciudad de Buenos Aires.

    La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo resolvió que los choferes que trabajen con aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar licencia profesional y contar con seguros específicos para seguir prestando servicio.

    La Justicia equiparó las exigencias con taxis y remises

    El fallo surgió tras una presentación impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis, que cuestionó la diferencia de exigencias entre los conductores tradicionales y quienes trabajaban mediante plataformas digitales.

    Los jueces entendieron que las aplicaciones prestan un servicio de transporte de pasajeros y que no pueden continuar operando en un esquema distinto al que rige para taxis y remises.

    La resolución sostiene que las plataformas no pueden aprovechar un “vacío legal” para evitar controles regulatorios mientras otro sector afronta costos, trámites y obligaciones mucho más pesadas.

    Qué cambia desde ahora

    A partir de este fallo, los conductores de aplicaciones deberán adaptarse a una serie de requisitos que hasta ahora no eran obligatorios para muchos de ellos.

    Entre las nuevas exigencias aparecen:

      Hasta ahora, gran parte de los choferes trabajaba únicamente con licencia común.

      El fallo también apuntó contra el Gobierno porteño

      La resolución judicial no solo se concentró en las plataformas. También cuestionó con dureza la postura que mantuvo durante años el Gobierno de la Ciudad frente al funcionamiento de estas aplicaciones.

      Según el fallo, mientras oficialmente se calificaba a Uber como un servicio clandestino, al mismo tiempo las plataformas seguían funcionando con normalidad, publicitándose y operando sin controles efectivos.

      Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín remarcaron además que las aplicaciones forman parte de un “servicio global de transporte” y no simplemente de una plataforma tecnológica.

      Lo que viene ahora

      El fallo ordenó además que la Ciudad avance sobre otros puntos vinculados a las aplicaciones de transporte.

      Entre ellos, iniciar mecanismos para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas informativas para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos relacionados con seguros y licencias.

      La resolución también alivió momentáneamente a taxistas y remiseros: mientras continúe la diferencia regulatoria, el Gobierno porteño no podrá cobrarles determinados aranceles administrativos vinculados a licencias y habilitaciones.

      La decisión judicial volvió a poner sobre la mesa una discusión que lleva años en las calles: qué pasa cuando dos sectores hacen el mismo trabajo, pero uno carga con controles y costos que el otro no tenía obligación de cumplir.

    • Cipolletti ordena, Neuquén regula ¿y Roca?

      Cipolletti ordena, Neuquén regula ¿y Roca?

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      Javier Genoud DNI 17.506.130

      GENERAL ROCA

      En el Alto Valle ya no hay excusas. Los problemas están a la vista, hace años. Uber funciona. Los trapitos están en la calle. La diferencia no es qué pasa: la diferencia es quién se anima a hacerse cargo. En Cipolletti no se anduvieron con rodeos. Definieron que el espacio público tiene reglas y las hicieron cumplir. No hubo romanticismo ni discursos largos: hubo decisión. Los trapitos dejaron de ser parte del paisaje porque alguien resolvió que no debían seguir ahí. Y con Uber, lo mismo: en lugar de negarlo, lo encuadraron. Lo que existe, se regula. Punto.

      En Neuquén eligieron otro camino, menos confrontativo pero igualmente efectivo. No arrasaron, pero tampoco miraron para otro lado. Regularon, equilibraron intereses, acomodaron lo nuevo sin romper lo viejo. No es épico, pero funciona. La ciudad no se queda quieta. El problema no está ahí.

      El problema está en General Roca. Porque en Roca todo llega tarde. Uber primero fue negado, después ignorado y ahora, finalmente, discutido.

      Siempre un paso atrás de la realidad. Los trapitos siguen ocupando la calle, pero en lugar de resolver el conflicto, la propuesta es administrarlo: anotarlos, identificarlos, repartirlos. Como si ordenar un problema fuera lo mismo que solucionarlo. No lo es. Regular lo que ya desbordó sin cambiar nada de fondo es apenas una forma elegante de no hacer. Y no hacer, en política, no es neutral: es elegir que todo siga igual.

      El argumento suele ser el mismo: evitar conflictos, cuidar a todos, no dejar a nadie afuera. Suena bien. Pero en la práctica significa otra cosa: no incomodar a nadie, aunque eso implique que el problema lo siga pagando el vecino. Porque alguien siempre paga. El que estaciona y no sabe si le están pidiendo o exigiendo. El que trabaja en regla y compite con lo informal.

      El que ve cómo las normas son cada vez más flexibles para algunos y más rígidas para otros. Ahí es donde se ve la diferencia entre gestionar y administrar. Entre gobernar y acompañar lo que pasa. Cipolletti decidió ordenar, con costo político incluido. Neuquén decidió regular, sin romper el equilibrio.

      General Roca, en cambio, sigue eligiendo el camino más cómodo: no decidir del todo, no resolver del todo, no cambiar del todo. Y mientras tanto, la calle sigue marcando el ritmo. Porque la realidad no espera ordenanzas. Avanza igual.

      La pregunta ya no es qué pasa con Uber o los trapitos. Eso está claro hace rato. La pregunta es más incómoda, más directa y más necesaria: ¿Van a seguir administrando el problema o en algún momento van a decidir enfrentarlo de verdad?


    • Increíble: taxistas piden bajar la tarifa por una insólita razón

      Increíble: taxistas piden bajar la tarifa por una insólita razón

      No pasa muy seguido, pero esta vez a los taxistas no les conviene cobrar caro ni que la tarifa se dispare y actualice por el valor del precio del combustible. Mucho más con la disparada que tuvo en los últimos meses. Se trata de un pedido insólito que hizo la Asociación de Taxistas de Centenario, para frenar los aumentos automáticos.

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      Hace poco hubo un incremento del 24% promedio en la tarifa y un viaje se hace imposible, para algunos bolsillos. Se habla de no menos de 20 mil pesos dentro de la ciudad de Centenario.

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      El dato que esta vez no son los usuarios los que protestan por la suba, sino los propios taxistas, que advierten que el precio quedó fuera de rango y puede terminar expulsando pasajeros hacia otras aplicaciones, como Uber, Cabify o DiDi. Esas apps están habilitadas pero ninguna funciona legalmente porque falta la reglamentación.

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      Detrás del problema hay un mecanismo que, en teoría, debía dar previsibilidad. La ordenanza vigente establece una actualización automática de la tarifa en función del valor del combustible específicamente el eurodiésel—, lo que genera ajustes periódicos sin necesidad de rediscutir todo el esquema.

      Taxistas en Centenario: aumentos automáticos ya no convienen

      Ese recálculo técnico, luego debe ser convalidado por el intendente Esteban Cimolai mediante un decreto, debido a que tiene que respetar esa ordenanza.

      Precisamente eso fue lo que activó el Decreto Municipal N° 0223/2026, que fijó los nuevos valores desde el pasado 13 de abril. Iba a ser un reajuste casi automático pero terminó detonando un conflicto político, económico y de un sector.

      Hoy, con los valores ya establecidos, un viaje empieza a mostrar cifras que impactan en el uso cotidiano del servicio. Un recorrido de unas 25 cuadras —equivalente a aproximadamente 2,5 kilómetros— se ubica cerca de los 12.000 pesos en horario diurno.

      Si ese traslado se realiza de ida y vuelta, el costo total ronda los 24.000 pesos. En horario nocturno, con una tarifa más elevada, ese mismo viaje completo puede superar los 28.000 pesos sin contemplar demoras o tiempos de espera.

      Esto implica que incluso los trayectos habituales dentro de la ciudad pasan a competir directamente con otras opciones de movilidad, en un tiempo donde el bolsillo del usuario ya está fuertemente ajustado.

      Ese es el punto central del planteo que hizo la Asociación de Taxis de Centenario en la nota enviada a la Secretaría de Transporte, Tránsito y Bromatología. Allí cuestionan el impacto del aumento y el momento en que se decidió aplicarlo.

      “El impacto de los valores estipulados en dicho decreto sobre el aumento, en este momento, causaría un daño importante en el servicio como en el bolsillo del usuario”, señalaron.

      Reunión urgente por el si o no a los aumentos

      La nota enviada por los taxistas indica que el conflicto no surgió de un día para el otro. El pasado 9 de abril, la propia Asociación ya había solicitado formalmente la postergación del aumento por un plazo de 30 días.

      El objetivo era evaluar la evolución del precio del combustible (que se disparó por la Guerra en Medio Oriente) y medir el impacto dde la demanda antes de trasladar el incremento.

      “Hemos evaluado junto con la Comisión Directiva no efectuarlo (postergarlo) ya que el impacto en el bolsillo hacia la comunidad sería muy severo (24% es la suba)”, indicaron en esa comunicación previa.

      Además, recordaron que el tema ya había sido puesto en conocimiento tanto de la Secretaría de Transporte como del Concejo Deliberante y la Comisión “F”, por lo que ahora es un tema de decisión política en el conflicto: si el aumento debe sostenerse tal como fue decretado o si corresponde una excepcionalidad que lo revise mediante ordenanza.

      “Sumamos a esto la competencia desleal con las aplicaciones que fueran aprobadas por ordenanza y que actualmente no están reguladas”, indicaron.

      La referencia apunta directamente al avance de plataformas como Uber, DiDi y Cabify, que ya operan en la región y que, según los taxistas, funcionan en condiciones desiguales. La ordenanza que habilitó su presencia existe, pero la regulación efectiva aún no está plenamente implementada, lo que en la práctica genera una competencia directa sobre los taxis que sí están fuertemente controlados.

      Ese factor explica que un aumento tarifario que busca sostener la rentabilidad del servicio, pero que al mismo tiempo puede hacerlo menos competitivo frente a opciones más baratas o más flexibles.

      La situación también revela una discusión dentro del propio sector. La conducción de la Asociación impulsa frenar el aumento, revisar el esquema y, en algunos casos, avanzar en la derogación o modificación de la ordenanza que dio marco tanto al sistema tarifario como al funcionamiento de las aplicaciones. Sin embargo, no todos los taxistas coinciden con esa postura.

      Existe un grupo que considera que la actualización era necesaria y que, sin aumento, la actividad se vuelve inviable frente al incremento de costos. Esa diferencia de criterios refleja que no todos están de acuerdo y que algunos taxistas quieren seguir con los aumentos.

      Discusión abierta

      La definición, por ahora, está abierta. La Asociación anticipó que convocará a todos los titulares de licencias a una reunión para votar si se acepta o no la aplicación del aumento: “Se resolverá por el Sí o por el No a la aceptación al aumento”, dijeron.

      Es una situación inédita: un aumento vigente que nadie termina de defender del todo y que, incluso para quienes deberían beneficiarse, aparece más como un problema que como una solución.

    • Alerta provincias: jueces podrían declarar en relación de dependencia a trabajadores de Apps de viajes y reparto

      Alerta provincias: jueces podrían declarar en relación de dependencia a trabajadores de Apps de viajes y reparto

      De acuerdo con datos del sector, se estima que actualmente en Argentina 1,2 millones de personas trabajan con aplicaciones de servicios, ya sean de transporte como choferes, o de repartidores. La cifra creció astronómicamente ante la caída del empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos.

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      La ley de Modernización Laboral, también conocida como Reforma Laboral, estableció que las personas que trabajan con esta clase de empresas no registran un contrato de empleo estable. Es decir, los califica como trabajadores independientes y solo establece que las empresas tiene que pagarles un seguro.

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      Más allá de que ya hay 82 artículos de la ley que fueron cuestionados ante la Justicia por la CGT, en rigor, serán los fueros laborales de las provincias que irán tomando parte en el juego.

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      Recientemente, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires determinó en un par de casos que los empleados de aplicaciones, como Rappi, Uber o Cabifi, son trabajadores con un vinculo en relación de dependencia. Eso implica que en caso de despido tendrían que pagar indemnizaciones.

      El abogado de la consultora BDO Edgardo Ponsetti señaló en un reporte que el superior tribunal bonaerense confirmó los fallos de los Tribunales de Trabajo que sostuvieron que los repartidores de plataformas digitales son empleados en relación de dependencia, en base a la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).

      «La Suprema Corte sostuvo que los recursos no fueron fundados técnicamente por las empresas, en virtud de lo cual no se analizó la cuestión de fondo (autonomía o relación de dependencia)», explicó. El fallo establece que las empresas deben demostrar que no son sus empleadores. Es decir, los considera empleados hasta que se demuestre lo contrario.

      Puede pasar lo mismo en otras provincias

      El fallo jurisdiccional no es definitivo. El caso puede ser llevado a la Corte Suprema de la Nación. Pero, según indicó Posentti, puede ser replicado en otras jurisdicciones. «Este fallo podría impulsar a otras jurisdicciones a instar reclamos contra dichas plataformas, lo cual no quiere decir que la cuestión esté definida», explicó.

      «En cada caso particular, será fundamental analizar los elementos probatorios que tienen las partes (contrato entre repartidores y plataformas donde se acredita o refuerce la independencia, la no exclusividad y la posibilidad de que puedan realizar tareas ajenas a otros sujetos)», dice el abogado, desde la perpestiva empresarial.

      Los fundamentos de los jueces hasta ahora son:

      • Primacía de la realidad sobre las formas contractuales
      • Irrelevancia de la denominación que las partes asignen al vínculo.
      • La existencia de una plataforma digital no habilita a eludir normas laborales
      • El trabajo en la vía pública es un ámbito válido de inspección administrativa

      Cuánta gente trabaja con las aplicaciones de viajes y repartos

      La actividad ya involucra a más de un millón de personas en todo el país. Este universo laboral se compone de aproximadamente 900 mil conductores y 200 mil repartidores vinculados a firmas como Uber, Rappi, PedidosYa, Didi y Cabify.

      La secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación (SiTraRepA), Belén D’Ambrosio, advirtió que el crecimiento es “exponencial” y está directamente vinculado con la pérdida de empleo formal y la necesidad de sumar ingresos. Compañías como Cabify y Rappi confirmaron aumentos de hasta el 38% en su nómina de usuarios activos durante el último año.

      La dinámica del servicio exige jornadas laborales de alta intensidad para alcanzar un piso de rentabilidad. “Trabajamos entre 10 y 12 horas diarias, seis días por semana, con ingresos cercanos a $1,3 millones”, explicó D’Ambrosio. Un informe complementario señala que un repartidor requiere finalizar 454 pedidos mensuales para solventar el costo de vida básico.

    • ¿Ya está trabajando DiDi en la ciudad de Neuquén?: qué se sabe sobre el desembarco de más Apps de movilidad

      ¿Ya está trabajando DiDi en la ciudad de Neuquén?: qué se sabe sobre el desembarco de más Apps de movilidad

      A más de seis meses de la reglamentación que habilitó las Apps de movilidad en la ciudad de Neuquén, empieza el ruido del desembarco de una nueva empresa. Hay una fuerte campaña publicitaria de DiDi que alimenta versiones sobre su instalación, e incluso sobre un eventual funcionamiento.

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      Hasta ahora, la única empresa que está funcionando legalmente con los requisitos de la reglamentación, pese a la ordenanza vigente, es la empresa española Cabify. Si bien las aplicaciones en los celulares están disponibles y mucha gente las usa para los viajes, la Municipalidad del Neuquén controla a los «ilegales», en este caso, hubo varios procedimientos de los «Uber ilegales».

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      Hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial ni registros que indiquen que otra empresa, además de Cabify, haya cumplido los requisitos exigidos por el municipio.

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      Según pudo saber LM Neuquén, la compañía aún no mantuvo conversaciones determinantes con la Municipalidad de Neuquén, condición indispensable para poder operar dentro del marco legal vigente con la serie de requisitos, sobre todo en la apertura de sede comercial y pago de canon.

      Apps de movilidad: ordenanza vigente y pocas empresas están trabajando

      La ordenanza aprobada el 12 de junio de 2025 establece con claridad que las plataformas deben inscribirse formalmente, abrir una sede comercial en la ciudad y abonar un canon por la explotación del servicio, entre otros requisitos administrativos y tributarios.

      Cabify avanzó en ese proceso y lograron encuadrarse dentro de la normativa local. Es decir que cualquier operación por fuera de ese esquema quedaría en una zona gris o directamente al margen de la regulación.

      Las especulaciones en torno a DiDi no son nuevas de esta semana, pese a que la empresa ya comienza una campaña para darse a conocer en la ciudad. La concejal del PRO Denisse Stillger, principal impulsora de la ordenanza, ya había anticipado a comienzos de año el interés de la empresa por instalarse en la ciudad.

      En ese momento, explicó que la firma realizaba un estudio de mercado para evaluar su desembarco, e incluso se llegó a mencionar la posibilidad de un lanzamiento durante la Fiesta Nacional de la Confluencia, algo que finalmente no se concretó.

      En los últimos días, la presencia de publicidad de la app en entornos digitales reactivó las versiones y despertó la expectativa entre usuarios, que ven la posibilidad de sumar una nueva alternativa de movilidad en la ciudad. Sin embargo, desde el ámbito oficial no hay señales de avances concretos.

      Stillger había destacado que la implementación de la ordenanza permitió normalizar el uso de aplicaciones de transporte en Neuquén, incluso con la incorporación de herramientas digitales por parte de taxis y remises. “Hoy los vecinos tienen más opciones para moverse y el sistema se adaptó con normalidad”, sostuvo en declaraciones previas.

      De hecho la ordenanza que se aprobó en la ciudad de Neuquén comenzó a ser replicada y analizada por otras ciudades de la región, como Plottier y Cipolletti y Centenario. Hubo discusiones y debates con taxistas, pero también acuerdos para que esos sectores puedan beneficiarse también con las Apps de movilidad.

      Por ahora, el caso DiDi se mueve con expectativa pero también con cierta incertidumbre. La campaña parece estar en la calle, los rumores crecen y los usuarios empiezan a preguntar si realmente está trabajando. Lo cierto es que sin inscripción formal, el canon y la habilitación, la presencia en la ciudad sigue siendo, al menos oficialmente, una incógnita.

      Qué dice la reglamentación

      La reglamentación de la ordenanza N° 14951, se encuentra orientada a propiciar su operatividad en el ámbito municipal, estableciendo requisitos de inscripción, habilitación y control sobre los prestadores del servicio, en tanto se desempeñen dentro del ejido urbano de la ciudad, sin desconocer la autonomía en el funcionamiento y en la responsabilidad de los prestadores del servicio.

      Asimismo, la ordenanza crea «los Registros de Empresas de Redes de Transporte (ERT) y Plataformas Tecnológicas de Intermediación en el Transporte (PTIT), de Titulares de Vehículos Asignados y de Conductores Habilitados, a fin de inscribir, organizar, centralizar y sistematizar la información relativa a los mismos, con el objeto de lograr su adecuada identificación, control, trazabilidad operativa y verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación exigidas por la normativa vigente, a través de la autoridad de aplicación».

      La tarifa que la empresa debe abonar por la prestación del servicio es establecida libremente por las ERT. Pero deben presentar una garantía de cumplimiento del servicio a nombre de la Municipalidad de Neuquén equivalente a $15.000.000. Dicho monto se actualizará anualmente en el mes de enero de cada ejercicio fiscal conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén.