Omar Gutiérrez, quien fue gobernador de la provincia durante dos mandatos, había asumido su cargo como director en la petrolera estatal en diciembre de 2023. Su salida se produce en el marco de una serie de decisiones orientadas a optimizar la estructura del Estado y reforzar los espacios de representación provincial con figuras alineadas a la actual conducción.
Desde el gobierno provincial señalaron que esta definición se inscribe en un proceso de reordenamiento administrativo, con foco en la austeridad, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y una mayor participación en temas estratégicos como el desarrollo de Vaca Muerta y la planificación energética.
La administración de Figueroa viene impulsando una serie de cambios dentro del Estado neuquino, incluyendo la revisión de cargos y funciones, y la salida de trabajadores que no cumplían con sus responsabilidades. En este sentido, el reemplazo de Gutiérrez se interpreta como parte de ese proceso más amplio de fortalecimiento institucional.
La conducción actual busca redefinir el rol de Neuquén dentro de la matriz energética nacional, con mayor presencia en ámbitos de decisión como el directorio de YPF, al tiempo que promueve una visión orientada al desarrollo regionaly al control eficiente del gasto público.
El abogado-imputado Alfredo Cury pidió, a último momento del viernes, que bajen de la lista de testigos al gobernador Rolando Figueroa, al intendente Mariano Gaido y al exgobernador Omar Gutiérrez. Por este motivo ninguno de los tres será citado a declarar en el juicio oral por la estafa con planes sociales.
Las razones de la decisión del abogado por ahora se desconocen. Lo que trascendió este sábado a la mañana es que entre el mediodía y la tarde del viernes envió tres correos electrónicos a la Oficina Judicial para informar que ya no tenía interés en la presentación de los tres testigos.
Diario RÍO NEGRO intentó hablar con Cury, pero no contestó los llamados.
En el caso de Omar Gutiérrez, no había oposición de la fiscalía por lo que su presencia como testigo en el juicio no tenía inconvenientes.
Pero como adelantó este diario, que lo convoquen o no dependía exclusivamente de la voluntad del abogado que lo citó y que ahora lo desiste.
La situación de Gaido y Figueroa era más compleja, porque había cuestionamientos de la fiscalía y su citación a juicio dependía de la resolución de la jueza Carina Álvarez que se conocerá el miércoles 9. Ahora que el abogado perdió el interés, ya no hay nada que resolver.
Qué le quería preguntar a Gutiérrez
Durante la audiencia de control de acusación del martes 1 de abril, Cury dio las razones por las cuales quería que se presente a declarar Omar Gutiérrez. El abogado se defiende a sí mismo y al exdirector de planes sociales Ricardo Soiza.
«Tiene que venir a juicio para dar explicaciones. Se le va a preguntar sobre la contención política a los referentes, con qué organizaciones hacía acuerdos, él firmaba y autorizaba los planes sociales»
«Otro bloque de preguntas estará relacionado con la firma de los montos que él impartía para el pago de planes sociales, así como las órdenes que daba, con qué organizaciones hacía acuerdos y cuáles no, y cómo eran las metodologías para solucionar los conflictos en Neuquén».
El abogado-imputado dijo que Gutiérrez «hablará del funcionamiento normal de la administración pública y dirá que no había ningún listado paralelo» de beneficiarios de planes sociales como sostiene la fiscalía.
«El gobernador me conoce»
«El gobernador me conoce», presumió Cury. E insistió en que «dio instrucciones para contener a los referentes, daba instrucciones a Soiza para trabajar con los referentes del partido, y él firmaba y autorizaba el tema de los planes sociales».
El viernes al mediodía este diario habló con el fiscal jefe Pablo Vignaroli quien confirmó que no tenía objeciones a la presentación de Gutiérrez como testigo. Hasta esa hora no había ingresado ninguno de los correos electrónicos del defensor a la casilla de la Oficina Judicial, y no estaba cargado en el sistema Pehuén su desistimiento.
El exgobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, tendrá que presentarse a declarar en el juicio oral por la estafa con planes sociales. Lo propuso la defensa de Ricardo Soiza sin oposición de la fiscalía de Delitos Económicos ni de la fiscalía de Estado; al no haber controversia la jueza Carina Álvarez lo incluirá en la lista definitiva de testigos que dará a conocer el próximo miércoles 9.
La aceptación de Gutiérrez como testigo fue la sorpresa política de la extensa audiencia de control de acusación, que comenzó el 11 de marzo, terminó el 3 de abril y demandó 9 jornadas (hubo varios cuarto intermedio) durante las cuales se debatieron con intensidad las pruebas que serán utilizadas en el juicio oral cuya fecha se fijará el jueves 10.
Alfredo Cury, el abogado que a la vez está imputado en la estafa, fue quien lo propuso. En la audiencia cumplió con la formalidad: brindó el nombre del exgobernador, el documento y el celular para que lo notifiquen. Miró con picardía hacia el sector de la fiscalía y agregó: «anoten el teléfono», lo que le valió un (otro) reto de la jueza Álvarez.
Sobre qué puntos será interrogado
Centenares de documentos forman parte de la prueba en la causa. (Cecilia Maletti)
Luego fundamentó las razones de la convocatoria, y no le ahorró protagonismo: «Tiene que venir a juicio para dar explicaciones. Se le va a preguntar sobre la contención política a los referentes, con qué organizaciones hacía acuerdos, él firmaba y autorizaba los planes sociales»
«Otro bloque de preguntas estará relacionado con la firma de los montos que él impartía para el pago de planes sociales, así como las órdenes que daba, con qué organizaciones hacía acuerdos y cuáles no, y cómo eran las metodologías para solucionar los conflictos en Neuquén».
El abogado-imputado dijo que Gutiérrez «hablará del funcionamiento normal de la administración pública y dirá que no había ningún listado paralelo» de beneficiarios de planes sociales como sostiene la fiscalía.
«El gobernador me conoce», presumió Cury. E insistió en que «dio instrucciones para contener a los referentes, daba instrucciones a Soiza para trabajar con los referentes del partido, y él firmaba y autorizaba el tema de los planes sociales».
La relación de Soiza con Gutiérrez
Soiza, exdirector de Planes Sociales, está acusado de ser uno de los cabecillas de la asociación ilícita que cometió la estafa. En las numerosas ocasiones que declaró ante jueces que lo escucharon nunca le atribuyó responsabilidad a Gutiérrez.
En una de esas declaraciones, por ejemplo, afirmó: «mi rol era tratar con todos los coordinadores violentos de la ciudad de Neuquén, que el ministerio de Desarrollo no podía manejar. Me juntaba con ellos, trataba de convencerlos de que no cortaran la ruta, la calle, tanto sea el Polo Obrero, Barrios de Pie, CCC, Esther Villalobos (una puntera), todos los grupos grandes». «¿Saben cómo le decía al área mía? El área de los enfermos mentales. Venían a cortarme la calle capaz por dos programas de 5 mil pesos».
Sin controversia
El equipo de la fiscalía y el abogado-imputado Cury, en una de las últimas audiencias. (Cecilia Maletti)
Después de que Cury ofreciera a Gutiérrez como testigo, la jueza le dio la palabra al fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien no puso reparos. «El defensor ha dado motivos que hablan de la pertinencia del testigo, ya que va a hablar de la firma de los decretos donde se disponían los montos para el pago de los subsidios, hablará del listado paralelo, y desde ese punto de vista resulta un testigo pertinente por lo cual no nos vamos a oponer». Tampoco hubo objeciones de Gustavo Kohon, representante de la fiscalía de Estado.
Ayer el fiscal Vignaroli dijo a diario RÍO NEGRO que al no existir controversia, la jueza Álvarez no tiene nada para resolver: Gutiérrez, actual director de YPF, quedará incluido en la lista de testigos. «A menos que la jueza lo considere sobreabundante. Yo no me opuse», confirmó.
En qué posición queda el exgobernador
La situación del exgobernador dista de ser cómoda. Si tiene que declarar como testigo, posiblemente será sometido a una exposición pública que no desea en uno de los temas de corrupción más evidentes de su gestión.
El ritmo del interrogatorio será el que le imprima el abogado que lo convocó, en este caso Cury, el único habilitado para hacer preguntas abiertas. La fiscalía podrá hacer un contraexamen que suele ser más acotado y con preguntas cerradas. Las demás defensas podrán preguntar sólo si el exmandatario alude a sus clientes.
También se debe tener en cuenta que si declara como testigo es más complejo que en el futuro puedan citarlo como imputado. Se debe a una cuestión legal y hay antecedentes, el más notorio es el de Jorge Sobisch en el caso Fuentealba. En forma más reciente se produjo el caso de Gabriel Potas, en relación con la explosión y muerte en la escuela de Aguada San Roque. El blindaje dista de ser total, pero existe.
En estos momentos la situación de Gutiérrez está en manos del impredecible Cury: sólo él podría evitarle al exgobernador el tránsito por el purgatorio del juicio. Para eso tendría que desistir de convocarlo como testigo.
El caso de Claudio Domínguez: entró y salió de la lista
Como hizo el mismo Cury, por ejemplo, con su otro amigo y antiguo empleador Claudio Domínguez: lo metió adentro de la lista de testigos y dos días después lo retiró.
Fue el otro dato político sobresaliente de la audiencia. «A Claudio Domínguez lo conozco desde los 13 años. Testificará que lo asesoraba, no era su abogado personal pero sí su fuente de información«, dijo Cury al fundamentar por qué lo convocaba como testigo.
Cheques y honorarios
El abogado está acusado de cobrar diez cheques de la cuenta de planes sociales; él devolvió la plata -alrededor de medio millón de pesos a valores del 2022- y asegura que le pagaron sus honorarios por servicios prestados al Ministerio de Desarrollo Social.
«Del 2020 al 2022 yo prestaba servicios para Claudio», aseguró, confuso. «Nunca formé parte de la estructura de la calle Rivadavia (donde funcionaba la dirección de Planes Sociales), ni del Ministerio en Planas y Anaya. Va a declarar sobre eso.»
El fiscal Pablo Vignaroli, al igual que en el caso de Omar Gutiérrez, expresó: «no tengo objeciones».
Convención probatoria
La jueza Carina Álvarez dará a conocer el miércoles 9 la lista definitiva de testigos. (Cecilia Maletti)
Eso ocurrió en la audiencia del 1 de abril. Al retomar luego de un cuarto intermedio, el 3 de abril, la fiscalía y el abogado-imputado alcanzaron un acuerdo (hicieron lo que se llama una convención probatoria) en base a un oficio del área de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social que apareció de pronto.
Cury desistió de convocar a Domínguez como testigo. El actual legislador del MPN, espada de Figueroa en la Legislatura para ciertos temas, se ahorrará de dar explicaciones.
El ofrecimiento de prueba de Cury incluyó al actual gobernador Rolando Figueroa, a la ministra Julieta Corroza, al ministro Lucas Castelli y al intendente -y exministro de Desarrollo Social- Mariano Gaido.
En todos los casos el fiscal Pablo Vignaroli y Gustavo Kohon por la fiscalía de Estado se opusieron. Al existir controversia, habrá que esperar al miércoles para conocer la resolución de la jueza Álvarez.
La acusación
La magistrada ya aceptó la acusación fiscal contra 15 imputados, que serán sometidos a juicio por un tribunal de tres jueces profesionales, por los presuntos delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y uso indebido de tarjeta de débito. La cantidad de hechos fueron 9.303.
La magistrada aclaró, como informó este medio, que la existencia de los delitos mencionados deberá probarse en el juicio. Su decisión fue de calificación legal, según la propuesta técnica y jurídica que le presentaron la fiscalía y las defensas.
Los 15 imputados
Como presuntos jefes de la asociación ilícita llegarán imputados Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Marcos Ariel Osuna (los tres con prisión domiciliaria), Orlando Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler.
Los otros imputados son Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo, Julio Arteaga, Isabel Montoya, Valeria Honorio, Ariel Krom, Emanuel Victoria Contreras, Alfredo Cury y Fernando Cardozo Regidor.
Los 7 condenados
Debido a acuerdos entre la fiscalía y las defensas, que fueron homologados por la jueza Carina Álvarez, siete acusados de cumplir roles menores en la organización ya están cumpliendo condenas de prisión en suspenso.
Se trata de Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea, quienes el año pasado se declararon culpables de asociación ilícita y fraude en perjuicio a la administración pública.
El abogado-imputado Cury quiso citar como testigo a Mercado, y dijo que aceptó la condena presionado por la fiscalía. Lo desmintieron no sólo el fiscal Juan Narváez sino también, y muy enfáticamente, la defensora pública Laura Giuliani, quien asesoró a Mercado. «Es una falta de respeto que digan que aceptamos el acuerdo por presiones», dijo la abogada.
A este grupo se les sumaron semanas atrás Omar Ulises Rodríguez Quezada y Aaron Escobar. Todos fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y a realizar tareas comunitarias.
Otros dos imputados, Rodolfo López y Adrián Meza Lizama, quieren llegar a un acuerdo similar pero tres jueces se negaron a homologarlo. Probarán con el cuarto.
Según el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, la multa que nunca se cobró contra la Cooperativa de Plottier no fue un caso aislado sino que ocurrió en el marco de «una decisión política» de no controlar el PCB en la provincia de Neuquén. Pidió que declaren responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público al exsubsecretario de Ambiente Juan de Dios Lucchelli, quien estuvo en el cargo entre noviembre del 2016 y abril del 2023.
El defensor particular Sebastián Illesca por su parte dijo que no existió delito, aseguró que el control del PCB sí tenía un responsable y afirmó que la autoridad de aplicación para la multa era el entonces ministro Jorge Lara.
Al cierre, Lucchelli habló por primera vez en el juicio. Señaló que «hay muchos intereses particulares y de terceros. Esto empezó como algo político, y al que le tocó estar aquí es a mí». El veredicto del juez Juan Guaita se conocerá el lunes.
Para entender el caso
Este caso empezó entre abril y mayo del 2023 cuando a través de una denuncia se supo que la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Plottier había enterrado tres transformadores con mayor cantidad de PCB de la permitida por ley. Otros dos los bajó de la vía pública y los llevó a Mendoza.
La fiscalía de Delitos Ambientales que dirige Breide Obeid comenzó a investigar y descubrió que la Cooperativa había sido intimada en reiteradas oportunidades a remediar esos artefactos. En octubre de 2016, el área de Legales de la subsecretaría de Ambiente redactó un proyecto de multa y lo elevó para la firma. Ahí se perdió el rastro: el cargo de subsecretario estaba vacante por la renuncia de Ricardo Esquivel, recién el 1 de noviembre del 2016 asumió Lucchelli, y el ministro Jorge Lara nunca se enteró de la existencia del expediente.
El legajo pasó años en una oficina donde lo encontraron en 2023, cuando estalló el escándalo de los transformadores con PCB enterrados en Plottier.
«No fue un caso aislado»
Breide Obeid, fiscal jefe: «No pueden elegir lo que la ley manda a hacer». (Matías Subat)
En su alegato de clausura, este jueves, el fiscal jefe Breide Obeid señaló que «este juicio no es un reproche a Lucchelli por no haber controlado el caso de la Cooperativa de Plottier como un caso aislado. Es el reproche por no haber cumplido con la ley que lo mandaba a controlar todas las situaciones de PCB. Hubo una decisión política de no intervenir en el control».
Recordó que el testigo Martín Robledo, mano derecha de Lucchelli en la subsecretaría, declaró que tuvieron como prioridad la materia hidrocarburos. «No es optativo cumplir la ley, no es organizacional», afirmó el fiscal.
«En 2018 se pasó los expedientes de PCB al área de Residuos Peligrosos y no se les asignó ni una persona para hacerles seguimiento», continuó Breide. Había un informe según el cual «cinco expedientes no estaban cerrados, entre ellos CALF, YPF, Petrobras, que hasta hoy no sabemos en qué estado están los transformadores con PCB que tienen».
(Luego del juicio, ante una consulta de diario RÍO NEGRO, Breide aclaró que «nosotros no somos organismo de control del organismo de control». De todos modos, dijo que enviaron oficios y esperan respuesta para conocer el estado de esos expedientes, que se reactivaron en 2023 cuando se destapó el caso de los transformadores enterrados en Plottier).
«Tantas mentiras»
El defensor Illesca dijo que «escuchar tantas mentiras causa escozor», y enumeró en su alegato las cuestiones que, según su criterio, la fiscalía no logró probar.
Entre ellas, dijo que el fiscal no logró demostrar si la conducta de Lucchelli «ocasionó algún riesgo para la salud de la población».
Sobre el expediente de la multa a la Cooperativa, recordó que el proyecto estaba «a la firma del ministro» porque es autoridad de aplicación y el cargo de subsecretario estaba vacante debido a la renuncia de Esquivel. «Lucchelli nunca lo tuvo en sus manos», dijo.
El defensor también negó que no hubiera un responsable de seguir los expedientes del PCB: «vino a declarar el director de Residuos Peligrosos y dijo que era él».
Se refirió a la «hiperactividad» en hidrocarburos, debido a «la cantidad de trabajo que hay, y los pocos recursos».
«Si yo veía esa multa, la hacía»
El juez Juan Guaita dará a conocer el veredicto el lunes. (Matías Subat)
Después de los alegatos, Lucchelli habló por primera vez en el juicio. Defendió su gestión, reiteró que no era autoridad de aplicación y mencionó al pasar cuestiones políticas que no especificó.
«Se habla de quién era autoridad de aplicación. Cuando yo ingresé (a la subsecretaría, en noviembre del 2016) recaudábamos 10 millones de pesos, y no por inflación sino por un cambio de la ley llegamos a recaudar 1.500 millones de pesos, ¿Quién le parece que los ejecutaba, Lucchelli? No, Lara. yo era autoridad de aplicación y los recursos los disponía otro. Es bastante divertido», dijo.
Ratificó que la subsecretaría se dedicaba sobre todo a la materia hidrocarburífera «porque es donde están los problemas, y porque es la economía de esta provincia, y por eso (el fiscal) puede tener lo que tiene y está haciendo este trabajo, con recursos ilimitados; tiene hasta computadora para hacer dibujitos mientras yo estoy acá castigado esperando qué me puede pasar».
Lucchelli dijo que «puedo dar fe que nunca me llegó esa norma para firmar», en referencia a la multa contra la Cooperativa de Plottier. «A mí no me tiembla la mano, a mí no me llama un periodista y me tiembla la mano como les pasa a algunos. Las empresas nos acusaban de hacer muchas multas porque con ese dinero se repartía el fondo estímulo. Si yo veía esa multa, yo la hacía».
Por último, afirmó que «hay muchos intereses particulares y de terceros que defienden algunas partes. Cuando empezó esto por algo político, sirvió para determinadas cuestiones. Al que me tocó estar acá hoy es a mí».
Durante siete años, el expediente que proponía aplicarle una multa a la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Plottier estuvo arrumbado en una de las oficinas de la secretaría de Ambiente de Neuquén, lejos de cualquier registro que permitiera su trazabilidad. Cómo llegó ahí, es un juego del gran bonete que se ventiló este miércoles en la segunda jornada del juicio contra el exsubsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli, a quien la fiscalía acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no impulsó el cobro de la sanción.
El expediente apareció el año pasado en el despacho del director provincial de Fiscalización y Control de Procesos, Eric Stieffel. Declaró este miércoles en el juicio oral y dijo que lo pusieron ahí «por una cuestión de espacio». Se preocupó por aclarar que «no estaba bajo llave, quedó a la vista» junto con una pila de otros legajos.
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid le preguntó adónde iban esos expedientes. Stieffel respondió que a Coordinación, un área estratégica a cargo de Martín Robledo, mano derecha de Lucchelli. Su oficina está al lado de Fiscalización.
Amigos desde GyP
Robledo, abogado y licenciado en saneamiento, se declaró «amigo» de Lucchelli. Trabajaron juntos 4 años en la empresa petrolera provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GYP), y desde 2016 a 2023 en la subsecretaría de Ambiente de la cual fue Coordinador Técnico y Legal.
Habló de «una reorganización» en el marco de la cual cambió de sector el área que se ocupaba de los generadores con PCB. El fiscal jefe le hizo notar que disminuyeron prácticamente a cero los procesos en los que se investigaban ese tipo de casos, y Robledo lo justificó por una cuestión de fijar prioridades: «en el contexto de Vaca Muerta, un proceso de PCB donde no conocemos una persona que esté enferma de PCB, con los recursos finitos que tenemos».
Movimientos fuera de hora
Otro exempleado de Ambiente, Darío Piccolo, dijo que pidió el traslado cuando Lucchelli y Robledo desembarcaron en la subsecretaría.
«Veníamos trabajando (con Ricardo Esquivel, el anterior subsecretario) de una manera más ordenada. Yo pedí irme porque viví situaciones… empecé a ver fuera de horario de trabajo pasar gente que en ese momento no era funcionaria con un carro cargando expedientes. Cuando les pregunté qué hacían me dijeron «los llevamos a otra oficina, es orden del subsecretario», relató.
Continuó: «cuando vi eso me di cuenta que ya no tenía tranquilidad para seguir ejerciendo mi trabajo. No quedaba registro, el día de mañana me iban a pedir un expediente y yo no iba a poder decir dónde está, así que me fui».
Concluyó: «Lucchelli y Robledo trabajaban en dupla, le hacías una consulta a Juan y te decía háblenlo con Martín».
El origen de la multa
La Cooperativa de Plottier fue intimada en reiteradas oportunidades a retirar o sanear transformadores con más PCB que el permitido por la ley. Es un refrigerante que provoca cáncer. Desoyó las demandas administrativas y enterró tres transformadores en un terreno de su propiedad. Otros los trasladó a Mendoza sin autorización.
La historia de los transformadores enterrados fue descubierta entre abril y mayo del 2023. Tirando de ese hilo, se llegó al expediente del 2016. En octubre de ese año, la dirección de Legales de la subsecretaría de Ambiente había elaborado un proyecto de multa para aplicarle a la Cooperativa, de entre 500 y 50.000 pesos de ese entonces.
Justo en octubre del 2016 Ricardo Esquivel renunció por razones particulares, la subsecretaría estuvo vacante hasta que asumió Juan de Dios Lucchelli, el 1 de noviembre del 2016. El expediente con la multa quedó en el limbo: el ministro de entonces, Jorge Lara, dice que nunca se enteró de su existencia, y el mismo argumento repite Lucchelli. Para la fiscalía hay pruebas que demuestran que lo cajoneó.
La búsqueda del expediente perdido
Dos exfuncionarias de Legales, Lucrecia Jáuregui y Lucía Juliana Virginia Vignoni, declararon este miércoles como testigos. A ellas les llegó el oficio de la fiscalía en 2023 pidiéndoles el expediente de la Cooperativa de Plottier.
«Buscamos por sistema y figuraba en un área técnica pero no estaba ahí», narró Jáuregui. «Lo busqué en Residuos Especiales, después en Desarrollo Sostenible, consultamos en Coordinación y lo encontramos en esa oficinita. Lo encontró Eric (Stiefiel), en un mueble con otros expedientes. No sé por qué estaba ahí».
Explicaron que el proyecto de multa para la cooperativa de Plottier fue dirigido al ministro Lara porque el cargo de subsecretario estaba vacante en ese momento, pero al asumir Lucchelli lo que correspondía era que el despacho -es decir, Mario Robledo– lo reformulara y pusiera a la firma de su amigo.
En palabras de Vignoni: «Estaba preparada para que la firme el ministro Lara porque no estaba Esquivel y todavía no había asumido Lucchelli, pero Lara no la firmó. Debió asumir esa responsabilidad el nuevo funcionario cuando estuvo en el cargo».
Lucchelli argumenta, a través de su defensor Sebastián Illesca, que la autoridad de aplicación era el ministro y no el subsecretario.
La multa más grande, la admisión más reveladora
Ayer al declarar en el juicio, Robledo se enorgulleció: «nosotros somos el organismo que le puso a YPF la multa más cara que metió la provincia de la historia, 33.000 ius. Hay muchos que por ser el principal contribuyente les tiembla la mano para convocar a YPF a cualquier proceso. Después vinieron todos los llamados habidos y por haber, pero hicimos lo que teníamos que hacer».
Breide Obeid, con la mesa servida, preguntó: ¿ustedes colocaron la multa como organismo de aplicación?
Robledo no tuvo más remedio que contestar «sí».
El juicio terminará hoy con la declaración de Lucchelli (al menos eso prometió) y los alegatos.
El hecho es relativamente sencillo de explicar pero difícil de entender. En 2016 el departamento de Legales del ministerio de Ambiente de la provincia de Neuquén redactó un proyecto de multa para aplicarle a la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Plottier, porque no retiró transformadores con niveles de PCB prohibidos por ley. En 2023 se descubrió que ese expediente estuvo cajoneado siete años. ¿Quién, dentro de la burocracia del Estado, es el responsable?
La pregunta de quién -ni siquiera «por qué», que también sería muy interesante- es la que se intentará responder en tres jornadas de juicio oral que comenzaron este martes. Según el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, la responsabilidad es de Juan de Dios Lucchelli, que fue subsecretario de Ambiente entre el 1 de noviembre del 2016 y abril del 2023. Lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El abogado defensor, Eduardo Sebastián Illescas, responde con dos argumentos. Primero, que no existió delito. Y en segundo lugar, que «la autoridad de aplicación» es el ministro o el secretario, en este caso, el polifuncional Jorge Lara.
Illescas se cuidó de aclarar: «no estamos tirando la responsabilidad para arriba ni para abajo. Decimos que no hay delito».
Lucchelli dijo a diario RÍO NEGRO, en una charla informal, que declarará el jueves en la última jornada del juicio y hará las aclaraciones necesarias.
El juez es Juan Guaita, y la pena en expectativa para el caso de que lo encuentren culpable es menor a tres años.
Los transformadores enterrados
Al expediente «cajoneado» se llegó en 2023 como resultado de una investigación que empezó cuando allegados a la entonces intendenta Gloria Ruiz denunciaron en la fiscalía de Delitos Ambientales que la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier había enterrado tres transformadores con niveles de PCB por encima de los permitidos por la ley. Otros fueron vaciados y trasladados a Mendoza.
El fiscal jefe Breide Obeid imputó a directivos de la Cooperativa que terminaron sobreseídos porque no se logró probar la contaminación, pero como parte de su trabajo encontró una intimación que en 2016 le había hecho llegar la secretaría de Ambiente a la entidad.
A raíz de numerosos incumplimientos por parte de la Cooperativa, y de intimaciones sin respuesta -vinculadas con los transformadores con PCB- el área Legales elaboró un proyecto de multa que quedó a la firma del subsecretario de Ambiente.
En esa época de 2016 se produjo un recambio: Ricardo Esquivel renunció a la subsecretaría por razones personales y asumió Lucchelli. El proyecto de multa quedó en eso, un proyecto.
Secretaría o subsecretaría
Ricardo Esquivel fue el primer testigo de la fiscalía. Dijo que «por cuestión de organigrama», la repartición a su cargo «a veces era secretaría, a veces subsecretaría», pero siempre «fue autoridad de aplicación» en materia de control a las empresas con generadores con PCB. Sus jefes directos fueron los exministros Guillermo Coco y luego Jorge Lara.
Lara, que ahora es presidente de Corfone, fue el siguiente testigo. Declaró por zoom desde Zapala, ya que está abocado al trabajo contra los incendios.
«Era Lucchelli»
Categórico, afirmó ante preguntas del fiscal que «la autoridad de aplicación era la subsecretaría a cargo de Lucchelli». Aclaró que «yo intervenía como alzada, si había un recurso jerárquico, si alguien estaba en desacuerdo con la multa que se le aplicaba».
Sobre los transformadores con PCB de la Cooperativa de Plottier dijo que «me enteré por los diarios, nunca me llegó ninguna actuación. Eso estaba a cargo de la subsecretaría».
Lara explicó que «por una cuestión de cupo» en una época se reformó la ley de ministerios y él quedó a cargo de «una secretaría con rango de ministerio pero no cambió nada, fue una cuestión burocrática».
El decreto de Omar Gutiérrez
El defensor Illescas le preguntó si recordaba haber tenido alguna discusión con Lucchelli en torno a quién era la autoridad de aplicación. «No, porque era claro, la autoridad de aplicación era la subsecretaría», machacó el exministro.
Como parte de las pruebas en su favor, el abogado exhibe un decreto de Omar Gutiérrez del 2019. Está referido al reclamo administrativo de un grupo de empleados por el pago de un fondo estímulo. Entre los considerandos, esa pieza legal menciona que la autoridad de aplicación es la «secretaría» y desautoriza una resolución de la «subsecretaría».
Este martes comienza el juicio oral contra Juan de Dios Lucchelli, exsubsecretario de Ambiente de la provincia de Neuquén durante la gestión de Omar Gutiérrez. La fiscalía lo acusa de no haber controlado la descontaminación de los transformadores con PCB instalados en Plottier, mientras que el imputado afirma que no era su deber. Uno de los testigos será el exministro y actual presidente de Corfone, Jorge Lara.
Lucchelli es el único que quedó imputado luego de una amplia investigación por presunta contaminación ambiental que involucró a buena parte de los directivos de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier. La causa se inició en 2023 por una denuncia de allegados a la entonces intendenta Gloria Ruiz y naufragó en medio de una fuerte polémica.
Como juez fue designado Juan Ignacio Guaita, la acusación está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y el defensor particular del exfuncionario es Eduardo Sebastián Illescas. El delito que se le imputa es incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena menor a tres años.
Lucchelli fue subsecretario de Ambiente de la provincia entre noviembre del 2016 y abril del 2023.
Los hechos según la fiscalía
De acuerdo con lo que explicó el fiscal jefe Breide Obeid en una de las audiencias que se realizó el año pasado, «tras numerosas intimaciones a la Cooperativa de Plottier efectuadas por gestiones anteriores, la entidad declaró ser poseedora de seis transformadores cuyo contenido de PCB era mayor a 50 partes por millón, y de 108 con menos de 50 partes por millón». El PCB es un refrigerante que en determinada concentración es cancerígeno.
Breide dijo que se ordenó «la incineración del aceite con menos de 50 partes por millón de PCB, y la declorinación (un proceso químico que rompe la estructura molecular del PCB) a través de hornos de los que presentaban más de 50 partes por millón».
También se intimó a la Cooperativa para que presente la documentación que avale fehacientemente el tratamiento realizado, y ante la falta de respuesta, las áreas técnicas y legal de Ambiente «recomendaron la imposición de una sanción».
El expediente con un proyecto de sanción se llegó a confeccionar, y en ese estado se encontraban las actuaciones cuando asumió Lucchelli. Y así permaneció hasta mayo del 2023, cuando la fiscalía de Delitos Ambientales empezó a pedir información.
En esa fecha llegó una denuncia a la fiscalía que dio cuenta de que algunos de los transformadores estaban a cielo abierto y otros enterrados.
La acusación
Breide Obeid dijo que entre abril del 2018 y abril del 2023, Lucchelli «omitió ejercer deber de policía ambiental a su cargo por falta del impulso, control y gestión de eliminación de PCB por parte de las demás empresas y entidades que aun contaban en su poder con aparatos contaminados con dicha sustancia».
«Estas omisiones permitieron que los transformadores con PCB permanecieran en operación, fueran almacenados a cielo abierto y en algunos casos enterrados ilegalmente poniendo en peligro la salud pública de la población», continuó.
El defensor particular Eduardo Sebastián Illescas pidió el sobreseimiento de Lucchelli. Argumentó, entre otras razones, que el exfuncionario no era autoridad de aplicación.
La fiscalía citó como testigos al exministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente Jorge Lara, y al exsubsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel. «Ellos terminarán de dilucidar estas cuestiones, explicarán qué pasaba con los expedientes, el circuito que debían seguir y qué funciones y atribuciones tenía cada uno», dijo Breide Obeid.
Referentes de casi todas las seccionales del Movimiento Popular Neuquino se reunieron con el gobernador Rolando Figueroa en Chos Malal y ratificaron su apoyo a los candidatos que proponga para las elecciones nacionales de este año. Frente al silencio de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag sobre la estrategia para disputar las bancas en el Congreso, evaluaron que el partido no debe “dividir” con una lista propia.
Diario RÍO NEGRO había informado días atrás de una declaración conjunta en la que los presidentes de cada seccional manifestaban su apoyo al gobernador.
El encuentro en Chos Malal se hizo el miércoles a la tarde en el hotel Terra Malal, por convocatoria de Néstor Fuentes de El Cholar y del diputado y jefe de la bancada del MPN, Gabriel Álamo. Quien ofició de anfitrión fue el exintendente Hugo Gutiérrez, quien detalló a este medio que participaron alrededor de 40 referentes.
Solo faltaron enviados de las seccionales de Neuquén, Plottier, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, pero todas adelantaron su apoyo a lo que se definiera en la reunión, dijo Gutiérrez.
“Tras una reunión de una hora y media en la que el gobernador contó cuál era la idea, se abrió un ida y vuelta en el que dimos nuestra opinión de lo que veíamos como MPN y se pudo llegar a consensuar. Sabemos que el camino es tratar de que Neuquén tenga el máximo de representatividad tanto de diputados como senadores”, planteó.
Para Gutiérrez, “es momento de estar todos juntos”. “Desde el MPN sabemos también que va a costar remontar el partido y no estamos de acuerdo en presentar candidatos para dividir”, analizó.
Con Omar Gutiérrez «no nos vimos más»
Ni Omar Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno, ni Jorge Sapag como titular de la Convención han hecho declaraciones públicas en el último tiempo. Según pudo saber este medio, no hay una fecha prevista para reunir al órgano partidario. Cerca de ambos dejaron ver que las seccionales y los intendentes tienen “derecho a expresarse”, pero no anticipan su postura.
Gutiérrez reconoció que “hay otras personas en el partido que pueden no estar de acuerdo” con apoyar los candidatos de Figueroa, pero aclaró que “también pueden seguir trabajando y haciendo lo que vean que es necesario”.
El exintendente de Chos Malal dijo sobre Gutiérrez: “No nos vimos más, después de que nos tocó perder no tuvimos contacto más con nadie”.
Si bien todas son manifestaciones políticas y aún no oficiales, las posibilidades parecen limitarse a que, de máxima, el MPN coloque algún candidato en las listas que arme Figueroa.
El análisis que comparte la mayoría es que el partido “no está en un buen momento” y que presentar una lista propia “sería poner en riesgo la desaparición del MPN”. En las últimas elecciones nacionales del 2023 fue superado por el voto en blanco.
Este viernes 10 de enero de 2025, la secretaría de Hacienda y Finanzas del Ministerio de Economía de Neuquén notificó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el próximo cumplimiento del primer pago del año de las emisiones de deuda de la provincia.
El 20 de enero se abonará el tercer servicio de rentas correspondiente a las Letras del Tesoro emitidas en octubre de 2023, cuyo vencimiento está previsto para el 19 de abril de 2026. El monto total a desembolsar asciende a 2.360.365,54 dólares.
En el contexto de su presupuesto 2025, la provincia proyecta un servicio de deuda pública que alcanza los $418.403,6 millones, elaborado según las pautas macrofiscales nacionales.
De este total, el 87,3 % será destinado a cancelar compromisos relacionados con títulos públicos, letras del tesoro y otros préstamos.
Entre ellos se incluyen los Títulos de Cancelación de Deuda Pública (Ticade), los Títulos de Deuda del Neuquén (Tideneu) y diversas series de Letras del Tesoro emitidas entre 2022 y 2024.
Con un tipo de cambio promedio proyectado en $1.123,5 por dólar para 2025, se espera que el 82,3 % del total del servicio de deuda se destine a pagos denominados en dólares estadounidenses, mientras que el 17,7 % restante cubrirá compromisos en pesos ajustados por CER, ICC o sin indexación.
El cumplimiento de estas obligaciones ratifica el compromiso de Neuquén con la sostenibilidad fiscal, aunque también subraya el desafío de afrontar el elevado peso de la deuda pública, según se indicó en el mensaje de elevación del primer presupuesto armado en la gestión de Rolando Figueroa, es decir el que regirá este año.
La estrategia adoptada incluye una distribución escalonada de los pagos y el uso de instrumentos financieros variados para garantizar la estabilidad de las finanzas provinciales y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Un 30% de la deuda es pago de intereses
El detalle del servicio de deuda proyectado para 2025 revela que $128.102 millones, equivalentes al 30,6% del total, se destinarán al pago de intereses y comisiones, mientras que $290.301,6 millones cubrirán la amortización del capital.
Dentro de esta estructura, los títulos públicos y las letras del tesoro representan el mayor compromiso financiero, con $365.238,9 millones asignados, lo que constituye el 87,3% del total. Este grupo incluye emisiones clave como las Letras del Tesoro del Programa de Financiamiento 2023 y 2024, además de operaciones anteriores como el préstamo con Credit Suisse AG London Branch.
En menor medida, $31.275,4 millones (7,5% del total) serán utilizados para cancelar préstamos otorgados por organismos multilaterales, como el BID, el BIRF y la CAF, mientras que $21.889,3 millones (5,2%) se asignarán al pago de deudas con el Gobierno Nacional.
Entre los proyectos financiados por estos fondos se destacan obras de infraestructura, como la pavimentaciónde la Ruta 23 y el Centro de Exposiciones y Convenciones de Neuquén. Con esta planificación, Neuquén busca mantener un equilibrio entre el cumplimiento de sus obligaciones financieras y el avance de su infraestructura clave, en un contexto marcado por la volatilidad cambiaria y las exigencias de responsabilidad fiscal.
El intendente de Villa la Angostura, Javier Murer, reveló que la obra de construcción de la circunvalación que se proyectó para desviar la circulación de camiones y vehículos de carga pesada, que actualmente atraviesan el centro de la ciudad y causan serios trastornos en el tránsito, se podrá destrabar cuando el gobierno de la provincia, “cumpla con un compromiso que tomó el exgobernador, Omar Gutiérrez, de construir 18 viviendas para las familias de la comunidad mapuche Paicil Antriao”.
La circunvalación comenzó a construirse en abril de 2017 y debía finalizar en el mismo mes del año 2024, pero desde comienzos de 2023, se encuentra paralizada por un bloqueo, que llevan adelante miembros de la comunidad Paicil Antriao, que reclaman el reconocimiento de unas 125 hectáreas, reflejadas en el plano del relevamiento territorial. El proyecto de la obra vial contempla una extensión de 6,1 kilómetros, de los cuales, según la empresa concesionaria, ya se ejecutó el 80 %.
Según afirmó el intendente angosturense en declaraciones a un medio local, el gobierno provincial mantiene un compromiso que tomó el exgobernador, Omar Gutiérrez durante su gestión, de construir 18 viviendas, para familias de la comunidad mapuche, asentadas en el sector El Alamito o Trainko, “y nos tendremos que sentar con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, para hacer cumplir eso”, señaló Murer.
“Si cumplimos los compromisos asumidos, estaremos a un paso de resolver la situación”, dijo el mandatario angosturense durante la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo cual brindaría a Vialidad Nacional, la posibilidad de continuar con la obra de la circunvalación, “tan importante para la comunidad local y los visitantes que llegan en la temporada invernal”. Reveló también que con la funcionaria nacional, habló sobre la suspensión del envío de recursos desde la administración de Javier Milei, como otro de los motivos de la paralización de la obra.
Javier Murer relató que el exmandatario provincial se había comprometido con la comunidad Paicil Antriao, a entregar la carpeta técnica correspondiente al relevamiento territorial, “en un plazo de 20 días corridos”, lo cual quedó reflejado en un acta acuerdo que suscribió también, el fiscal de estado, Raúl Gaitán, en representación de la provincia, afirmó. Ese acuerdo, destrabó momentáneamente el conflicto, que luego fue retomado por las familias mapuches.
