La causa judicial por la cooperativa Viento Sur en Neuquén por el presunto desvío de fondos públicos destinados a programas sociales avanza de a poco como causa compleja. De las pericias y el análisis de expedientes internos, empieza a aparecer otro costado: si existió una maniobra fraudulenta organizada o si el propio Estado provincial era un sistema administrativo desordenado y lleno de vacíos de control.
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La investigación apunta a una presunta defraudación de $1.208.657.600 vinculada al “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado mediante el decreto 1672/22 durante el gobierno de Omar Gutiérrez. Un programa que emergió de la presión luego de mediaciones en el Ministerio Público Fiscal, con antiguos actores que cortaban la Avenida Argentina.
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En ese momento eran partidos políticos, y después formaron una cooperativa, precisamente para canalizar fondos de salvataje para calmar los que se llamó durante mucho tiempo en Neuquén, la «paz social». Básicamente, en su versión menos saludable del término, era pagar con dinero del Estado para evitar bloqueos en rutas y calles. En este contexto nació Viento Sur, una mezcla de dirigentes de partidos y organizaciones como el FOL, el Polo Obrero y otras.
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En la causa están imputados también integrantes de la cooperativa Viento Sur, dirigentes sociales y también los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino, que los agregaron después.
Cooperativa Viento Sur en Neuquén: planes sociales y conflictividad
La Fiscalía sostiene que ambos exfuncionarios autorizaron pagos mensuales a la cooperativa sin verificar requisitos administrativos, controles previos ni rendiciones adecuadas de fondos. Según la acusación, los desembolsos comenzaron incluso antes de la firma formal del decreto y continuaron entre julio de 2022 y diciembre de 2023. También hay documentación que indica que se pagó un mes en 2024, pero eso no aparece dentro de la acusación.
La imputación fue encuadrada bajo las figuras de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público
Para la Fiscalía, los fondos destinados a capacitaciones laborales terminaron utilizándose para otros fines, entre ellos los pagos directos a beneficiarios, transferencias personales, compra de vehículos, adquisición de terrenos y la constitución de plazos fijos.
Dentro de la investigación aparece además el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, señalado como uno de los presuntos organizadores de la maniobra.
Sin embargo, el análisis de la documentación oficial es más compleja que una simple maniobra lineal. Durante 2022 y 2023, la Contaduría General de la Provincia emitió distintos informes desfavorables sobre la cooperativa Viento Sur.
Las auditorías detectaron las inconsistencias en listados de beneficiarios, duplicidad de subsidios, falta de documentación, ausencia de programas de capacitación claros, diferencias en montos declarados y comprobantes ilegibles o inexistentes
En uno de los informes incluso se advirtió que las transferencias realizadas “no resultan compatibles” con el objeto del programa, ya que estaba destinado a capacitaciones y no a aportes económicos directos.
Pero hay un dato central que empieza a tomar relevancia en la estrategia defensiva. El decreto 1672/22 no establecía de manera precisa un régimen detallado de rendiciones de cuentas como el que hoy aparece en el centro de la acusación penal. Quizá era más subsanable, como siempre ocurrió, desde lo administrativo, y no entrar de lleno en el vicio de la acción penal. ¿Cuántas veces ha pasado esto en el Estado, en distintas gestiones, municipios, pero que nadie investigó?
Conflcito social: o se pagaba o cortaban la Avenida Argentina
También la defensa hará hincapié en algo que consideran lógico: había un conflicto social y se tenían que hacer los pagos, y que en todo caso, las órdenes eran políticas. El clima social no era como el de ahora, que con el cambio cultural de Javier Milei, aparece más la policía en la calle que la ayuda social. «Quieren hacer creer que los funcionarios se quedaban con dinero y esto no es así, se pagaba y punto como dice el decreto», dijo una fuente del caso a LM Neuquén.
La documentación revela que recién hacia noviembre de 2023 la Contaduría comenzó a exigir formalmente: planillas específicas, presupuestos, facturas, programas de capacitación, padrones completos de beneficiarios y documentación respaldatoria detallada
Es decir, muchas de las exigencias que hoy se consideran incumplimientos graves fueron formalizadas cuando gran parte de los fondos ya habían sido transferidos.
Además, pese a las observaciones de los organismos de control, los expedientes administrativos continuaban avanzando y nunca hubo una paralización total de los pagos. Ese punto puede transformarse en uno de los argumentos más fuertes para Di Luca y Chapino: que el propio Estado siguió validando el circuito administrativo aun cuando existían observaciones técnicas internas.
La arrepentida y el circuito del dinero
La investigación tiene un elemento que forma parte de la estrategia de la Fiscalía: la aparición de una exdirigente de Viento Sur que inicialmente estuvo imputada y hoy podría convertirse en testigo de la Fiscalía tras recibir un criterio de oportunidad.
Es una persona que «se dio vuelta», como sucedió en la causa de ña estafa con planes sociales, con los extractores de dinero de beneficiarios en los cajeros automáticos, que hoy siguen trabajando en el Estado por haber incriminado da sus compañeros.
Si bien su identidad no puede difundirse judicialmente, según la causa, era una de las personas autorizadas para operar las cuentas de la cooperativa y desde su usuario se realizaron transferencias directas a Diego Mauro. La Fiscalía considera que su testimonio puede ser fundamental para reconstruir cómo se movieron los más de 1.208 millones de pesos bajo investigación.
Cuatro meses de investigación: se define en agosto
La jueza de garantías Natalia Pelosso prorrogó por cuatro meses el plazo de investigación y ahora la Fiscalía avanzará con las pericias sobre teléfonos celulares, los análisis contables la reconstrucción de transferencias y los informes internos del Ministerio. Se terminará de investigar en agosto, y el juicio podría empezar a fin de año. Todo después del mundial y como una antesala de campaña para cualquiera.
El objetivo es determinar quién daba las órdenes y qué nivel de conocimiento tenían los funcionarios involucrados de que se estaban complicando firmando los pagos.
Pero mientras la causa avanza, empieza a instalarse otra discusión de fondo: si hubo una estructura deliberada para desviar fondos públicos o si el caso fue un esquema estatal improvisado, políticamente tolerado para la época y administrativamente frágil desde su origen.
