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Durante décadas, en Argentina se habló de desaparecidos, centros clandestinos, torturas, apropiación de bebés y persecuciones políticas como parte del horror instaurado por la última dictadura militar. Sin embargo, hubo otra dimensión del terrorismo de Estado que muchas veces quedó relegada: el saqueo. El robo sistemático de bienes, propiedades y patrimonios de quienes eran considerados enemigos políticos.

La causa por la apropiación de departamentos y espacios comunes de la Torre de Periodistas I de Neuquén vuelve a poner ese tema en primer plano. Y lo hace con una fuerza simbólica enorme: no se trató solamente de expulsar periodistas, dirigentes y trabajadores de sus hogares. También hubo una maquinaria estatal y militar destinada a quedarse con esos bienes y utilizarlos durante casi medio siglo.

La elevación a juicio oral dispuesta por el juez federal Gustavo Villanueva, que se conoció en las últimas horas, no es apenas un paso procesal. Es, sobre todo, el reconocimiento institucional de una verdad histórica que durante años intentó minimizarse o esconderse. La Justicia Federal entendió que el despojo de los departamentos formó parte del mismo entramado represivo que secuestró, persiguió y silenció personas durante la dictadura.

Por eso la causa adquiere una dimensión mucho más profunda que un conflicto inmobiliario o administrativo. Lo que se juzgará es si el Estado terrorista también utilizó el aparato represivo para apropiarse de bienes privados bajo el paraguas de la persecución política. Y las pruebas reunidas parecen contundentes.

Las palabras de Víctor Reynoso en una entrevista en el programa La mañana es de la primera por AM550 tienen el peso de quien carga medio siglo de espera. “Hace 50 años que luchamos para recuperar lo que nos robaron”, dijo el socio fundador de la Cooperativa de Vivienda de Periodistas en Neuquén. La frase resume no sólo una pelea judicial, sino una herida abierta en la historia neuquina.

El relato de aquel 24 de marzo de 1976 resulta estremecedor por su precisión: militares ingresando al edificio, secuestrando documentación, interviniendo la cooperativa y trasladando todo al comando de la Sexta Brigada. No hubo improvisación. Hubo planificación y utilización del aparato estatal para consumar el despojo.

La Cámara Federal de Roca confirmó que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. No importa cuánto tiempo haya pasado. El derecho a la verdad y a la reparación permanece vigente. En tiempos donde muchas veces se intenta relativizar el terrorismo de Estado o instalar discursos negacionistas, este expediente recuerda algo fundamental: la dictadura no sólo desapareció personas. También construyó privilegios, redistribuyó bienes y consolidó poderes a través del miedo y la violencia.

Lo más impactante es que las consecuencias de aquella maniobra siguen vigentes. Aún hoy, departamentos de la Torre de Periodistas continúan ocupados por fuerzas federales. Es decir: el beneficio económico derivado de aquella apropiación ilegal nunca cesó.

Ese dato explica por qué la causa tiene tanta trascendencia jurídica. La Cámara Federal de Roca confirmó que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. No importa cuánto tiempo haya pasado. El derecho a la verdad y a la reparación permanece vigente.

En tiempos donde muchas veces se intenta relativizar el terrorismo de Estado o instalar discursos negacionistas, este expediente recuerda algo fundamental: la dictadura no sólo desapareció personas. También construyó privilegios, redistribuyó bienes y consolidó poderes a través del miedo y la violencia.

La memoria no es únicamente un ejercicio simbólico. También implica revisar las consecuencias materiales de aquel horror. Porque detrás de cada departamento apropiado hubo familias expulsadas, proyectos destruidos y derechos vulnerados.

Neuquén tiene ahora la posibilidad histórica de asistir a un juicio que puede transformarse en un precedente nacional sobre la apropiación económica durante la dictadura. Y eso excede a los tribunales. Interpela a toda la sociedad. Tal vez por eso esta causa conmueve tanto. Porque demuestra que, aun después de 50 años, hay quienes siguen esperando justicia. Y porque recuerda que la democracia también se fortalece cuando es capaz de devolver aquello que el terror robó.