<!– –>
Decenas de voces se alzaron ayer en Bariloche, para rechazar el proyecto de reforma de la ley de preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, que impulsa el Gobierno nacional y que tiene media sanción porque fue aprobada en la Cámara de Senadores.
Un grupo numeroso de militantes de organizaciones ambientalistas, sociales, gremiales, de partidos políticos -opositores al oficialismo nacional-, representantes mapuches, académicos, empleados de organismos nacionales, estudiantes, legisladores y concejales y vecinos se reunió en el auditorio del Centro Regional Universitario de Bariloche, que depende de la Universidad Nacional del Comahue.
Asistieron a una audiencia pública, convocada por iniciativa de varias organizaciones. Hubo más de cuarenta expositores que expresaron de manera unánime el rechazo al proyecto de reforma de la ley sancionada en 2010, que protege los glaciares y el ambiente periglacial.
La iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei aún debe superar el test legislativo en la Cámara de Diputados. Allí, ya se anotaron alrededor de 80.000 personas para participar de la audiencia pública, que se hará el 25 y 26 de este mes.
El posicionamiento de la UNCo
El decano del CRUB, Marcelo Alonso, dio la bienvenida a los asistentes. La sede universitaria facilitó las instalaciones para el evento. Alonso recordó que el Consejo Superior de la UNCo aprobó el 11 de marzo último por unanimidad una resolución que planteó “el firme rechazo” a la reforma de la ley que promueve el Gobierno nacional y sus aliados.
La diputada nacional del bloque Unión por la Patria Adriana Serquis, que fue una de las promotoras de la audiencia pública, adelantó que votará en forma negativa el proyecto impulsado por el oficialismo en la Cámara de Diputados.
Dijo que invitó a otros legisladores rionegrinos para que se sumen a la audiencia, pero el peronista Marcelo Mango no pudo asistir, y Eduardo Capozzi, del bloque Provincias Unidas, se excusó. Mientras que los diputados nacionales oficialistas Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde no respondieron a la invitación.
Cada uno de los oradores expuso su punto de vista a favor de la continuidad de la ley tal como está en vigencia desde 2010. Advirtieron que el objetivo de fondo del proyecto reformista es darle la llave a las mineras para desarrollar proyectos de explotación en zonas protegidas. Y pronosticaron que si se sanciona la reforma habrá un “retroceso enorme” en materia ambiental y social.
Un error darle el control a las provincias
El biólogo y ex profesor e investigador Pablo Migliano expresó su preocupación por las “externalidades negativas” del proyecto oficial. Opinó que es un error darle el control del cuidado de los glaciares y de las zonas periglaciares a las provincias. “Más que modificar la ley lo que hay que hacer es fortalece la existente”, sostuvo.
Felisa Curapil del Parlamento Mapuche manifestó su rechazó y afirmó que el Gobierno nacional “está dispuesto a entregar todo y con nosotros adentro”.
Leandro García, de El Bolsón, indicó que en Río Negro existen 270 glaciares y alertó por el impacto que tendría la reforma en el tema del agua.
La legisladora provincial Magdalena Odarda señaló que la reforma “es una prenda de negociación lamentable entre las mineras, empresas, y algunos gobernadores inescrupulosos”. Y lamentó que la megaminería “ya llegó a la zona Andina”.
“Esta ley que se construyó por 2006 o 2007 y se sancionó en 2010; estra ley la va a defender el pueblo”, aseguró Odarda.
Qué dice la ley vigente
La Ley 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial fue sancionada por el Congreso de la Nación el 30 de septiembre del 2010.
La ley «establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público».
La norma vigente establece que «se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua».
«Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo», explica la normativa.
La ley establece que en los glaciares «quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen.Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial;
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos;
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial;
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales».
