El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa formalizó un acuerdo con las cámaras empresarias del sector para reforzar la cobertura de los trabajadores frente a accidentes graves o fatales. La medida fue celebrada como un paso histórico dentro de la actividad.
El entendimiento se firmó en la sede sindical con la presencia de representantes de las empresas de Operaciones y Servicios Especiales. El acuerdo incorpora el Artículo 24 bis al Convenio Colectivo de Trabajo 644/12, denominado “Contención familia petrolera”, que establece un seguro de vida colectivo obligatorio para todos los trabajadores comprendidos en el convenio.
El nuevo beneficio abarca fallecimientos o incapacidades totales y permanentes, tanto durante la jornada laboral como en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. “Nuestra única intención fue garantizar que, si un compañero sufre un accidente grave o pierde la vida, su familia siga cobrando durante cinco años. Ojalá no tengamos que usarlo nunca, pero nos ha pasado ver familias totalmente desamparadas. Este acuerdo tiene un valor incalculable: es proteger a los nuestros en una actividad de riesgo”, destacó Marcelo Rucci.
El dirigente de petroleros explicó que la propuesta llevó tiempo en ser aprobada. “Fue una idea que tiramos sobre la mesa hace tiempo. Estas cosas innovadoras cuestan porque hay que argumentarlas bien, discutirlas y encontrar la mejor manera. Lo importante es que lo logramos con diálogo, con las cámaras y con las empresas, entendiendo que la responsabilidad es de todos”, señaló.
La cobertura consistirá en una asignación mensual equivalente al último salario bruto normal, mensual y habitual devengado por el trabajador, o el promedio de los últimos seis meses, según resulte más favorable. La prima será abonada por el empleador y el beneficio no reemplazará otros derechos o compensaciones vigentes.
Con esta medida, el Sindicato de Petroleros Privados consolida un nuevo esquema de protección familiar dentro de la actividad hidrocarburífera, al asegurar un respaldo económico concreto para los hogares alcanzados por accidentes o incapacidades laborales.









