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La Justicia federal dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal que protege al actual jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti. La drástica resolución fue firmada por el juez Ariel Lijo en el marco de la causa penal que investiga al funcionario libertario por la figura de presunto enriquecimiento ilícito.
La medida judicial, impulsada a partir de un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, no solo apunta contra el matrimonio, sino que también abarca a la firma AS Innovación Profesional (también referida como MasBe en el expediente), empresa de la cual ambos son propietarios.
El objetivo central de esta apertura es acceder sin limitaciones a la información patrimonial para esclarecer eventuales irregularidades y movimientos sospechosos en sus finanzas.
Además del entorno familiar, el magistrado ordenó levantar la confidencialidad fiscal sobre un grupo de seis mujeres que figuran en la causa como presuntas prestamistas o acreedoras de Adorni. Se trata de Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio, quienes habrían facilitado fondos al funcionario para concretar recientes operaciones inmobiliarias.
La ruta del dinero de Adorni: qué información financiera busca la fiscalía desde 2022
El levantamiento del secreto, amparado excepcionalmente en las leyes de entidades financieras y procedimientos fiscales, le permite a los investigadores rastrear el flujo de fondos y detectar posibles transferencias o inversiones no declaradas.
Para lograr este cometido, el fiscal Pollicita solicitó examinar todos los movimientos bancarios a partir del 1 de enero de 2022, con la intención de comparar y reconstruir el patrimonio de Adorni de forma previa y posterior a su ingreso a la función pública.
En este sentido, la Justicia le exigió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) un reporte exhaustivo sobre todas las cuentas corrientes, tarjetas, cajas de seguridad, plazos fijos y préstamos tomados u otorgados que estén vinculados a los investigados.
El profundo rastrillaje financiero también incluye el ecosistema digital: se pidió información detallada sobre posibles vínculos con billeteras virtuales, cuentas de pago (CVU) y cualquier otra plataforma del Sistema Nacional de Pagos.
Finalmente, el duro requerimiento judicial se extendió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). El organismo recaudador deberá entregar una copia íntegra de las declaraciones juradas presentadas en los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales desde inicios de 2022.
Con esta batería de medidas, la fiscalía busca reconstruir los circuitos financieros y verificar si se produjeron maniobras que configuren graves delitos económicos, evasión o lavado de activos.
Con información de Infobae.
