El proyecto de “ley hojarasca”, impulsado por el Gobierno nacional, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y quedó listo para su tratamiento en el recinto.
La iniciativa, promovida por Federico Sturzenegger, reunió 35 firmas de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, lo que le permite avanzar en el trámite parlamentario.
Qué propone la ley hojarasca: derogación de normas obsoletas
El proyecto plantea eliminar alrededor de 70 leyes consideradas obsoletas, como parte de un proceso de “ordenamiento legislativo”.
Desde el oficialismo sostienen que muchas de estas normas ya no tienen aplicación práctica o fueron superadas por cambios tecnológicos, económicos o institucionales.
El objetivo es reducir la carga normativa y eliminar estructuras que, según el Gobierno, encarecen el funcionamiento del Estado.
Sin sesión: el debate se posterga en el Congreso
Pese al avance en comisiones, el oficialismo no logró acelerar el tratamiento en el recinto y no habrá sesión en el corto plazo.
La discusión quedará postergada al menos hasta después del 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinde su informe de gestión ante el Congreso.
La decisión responde a acuerdos políticos y a la falta de consenso con sectores de la oposición y aliados.
Argumentos del Gobierno: “ordenar un sistema desactualizado”
El Ejecutivo defendió la iniciativa como un paso necesario para modernizar el sistema legal argentino.
Funcionarios del área de Desregulación señalaron que existen miles de normas sin vigencia real o en una “zona gris”, producto de un proceso inconcluso del Digesto Jurídico.
También advirtieron que algunas leyes datan de contextos históricos o tecnológicos ya superados, e incluso de gobiernos de facto.
Críticas de la oposición y debate sobre el alcance
Desde la oposición surgieron cuestionamientos tanto al contenido como a la oportunidad del proyecto.
El diputado Diego Giuliano consideró que el listado es incompleto y advirtió que algunas derogaciones requieren un análisis más profundo.
En la misma línea, Myriam Bregman criticó con dureza la iniciativa y cuestionó su impacto político, mientras que Vanesa Siley rechazó el enfoque del proyecto por considerar que se aleja de las prioridades sociales.
Cambios al dictamen y próximos pasos
Durante el tratamiento en comisiones, el oficialismo introdujo modificaciones para facilitar consensos.
Entre los cambios, se eliminaron artículos vinculados a cooperativas, beneficios para legisladores y financiamiento de organismos.
Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de avanzar, aunque su tratamiento dependerá de las negociaciones políticas en una agenda legislativa marcada por tensiones y prioridades cruzadas.
