La Legislatura analiza dos proyectos orientados a ordenar la micromovilidad urbana y reforzar la seguridad vial, con foco en el uso de monopatines eléctricos y en requisitos para la comercialización de motocicletas.
La comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte (F) de la Legislatura de Neuquén comenzó el debate de dos iniciativas que buscan actualizar el marco de seguridad vial en entornos urbanos, con especial atención al crecimiento de los microvehículos y a los controles en la venta de motos.
Uno de los proyectos apunta a regular el uso de monopatines eléctricos y otros vehículos de micromovilidad, estableciendo parámetros como velocidad máxima permitida, edad mínima para su conducción, carriles habilitados y la obligatoriedad de elementos de seguridad. Entre ellos se contemplan el uso de casco, sistemas de iluminación y señalización acústica.
La propuesta fue presentada por la diputada Patricia Fernández, quien remarcó la necesidad de ordenar la convivencia entre distintos medios de transporte en la vía pública y reducir riesgos asociados a la circulación de estos vehículos en zonas urbanas.
El segundo proyecto en análisis establece mayores exigencias para los comercios que venden motocicletas, con el objetivo de garantizar que los compradores cuenten con los elementos de seguridad necesarios antes de circular.
El debate se da en el marco de la comisión presidida por el diputado Matías Martínez, que resolvió además convocar a la organización civil Bien Argentino para aportar su perspectiva técnica y social durante el tratamiento de ambas iniciativas.
Las propuestas continuarán en análisis en las próximas reuniones de comisión, con la posibilidad de incorporar modificaciones antes de su eventual avance al recinto legislativo.
-Vamos a empezar con una (pregunta) fácil, de interés general. En un diario de la región salió una nota diciendo que usted era familiar de un funcionario del gobierno de la provincia de Neuquén o de un abogado de fiscalía. ¿Nos puede aclarar?
Así comenzó la entrevista en la Legislatura a Laura Kremer, candidata a jueza civil. La abogada de 42 años confirmó que era la prima de Gustavo Kohon, abogado de la fiscalía de Estado, aunque nunca lo nombró. «No los conté, pero debo tener alrededor de más de 20 primos. Siendo una familia nacida y criada en Neuquén y muchos vinculados al ámbito jurídico, es muy difícil que no se me vincule», afirmó.
Le pidió a los diputados y diputadas que deben votar su designación que la valoren por su «experiencia» y «trayectoria en el fuero civil y comercial».
El dato sobre su parentesco lo trajo la oposición, luego de que en el recinto el oficialismo rechazara el pliego de la ganadora del concurso, Tamara Zabalegui, sin explicar los motivos.
Kremer quedó segunda en el orden de mérito y el Consejo de la Magistratura decidió enviar su candidatura.
Egresada de la Universidad Nacional del Comahue, la postulante trabajó tres años en un estudio jurídico y en 2010 pasó al juzgado de juicios ejecutivos como prosecretaria relatora. «Es el cargo más bajo del escalafón de funcionarios», aclaró.
En 2013 concursó para ser prosecretaria letrada del juzgado civil 3 y en 2016, con la reorganización en oficinas judiciales y colegio de jueces, quedó como asistente jurídica. Su trabajo actual es proyectar sentencias y presidir audiencias testimoniales.
En cuanto a qué implica juzgar con perspectiva de género, respondió: «poder identificar aquellas situaciones en la que se encuentra una mujer con respecto al varón, una situación discriminatoria, desfavorable en razón de su género». Agregó que es muy importante aplicar este enfoque para evitar «los estereotipos» a la hora de evaluar la prueba.
Respecto a cómo impacta el uso de la inteligencia artificial en el servicio de justicia señaló que se puede emplear para «los trámites que son estandarizados» pero que no puede «suplir» el trabajo del juez que es «indelegable».
Sobre el nuevo código procesal civil destacó que será favorable «a nivel inversiones» ya que «es una buena señal tener seguridad jurídica, saber a qué reglas atenerse».
Mencionó que el juzgado tiene 2340 causas activas y 128 autos para sentencia, una gran parte con plazos vencidos. Frente a este atrasado indicó que haría una «clasificación estratégica de las causas».
Lorena Parrilli, legisladora de Unión por la Patria, no integra la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia pero asistió ayer a la reunión por que, dijo, que quería consultarla sobre la actividad minera.
«Creo que es un tema complejo que va a haber que analizar el caso puntual y creo que siempre se va a buscar el mayor equilibrio posible entre el desarrollo sustentable, donde haya una mirada de cuidado del medio ambiente, y también de hacer posible la industria que es la única forma de crecimiento económico, y de que la economía se reactive y cubrir las necesidades básicas de la población», planteó la funcionaria.
¿Está a favor?
El diputado emepenista Claudio Domínguez, que había roto el hielo con la pregunta del parentesco, quiso saber qué opinaba sobre la evaluación periódica a jueces, una función que la Constitución provincial le asignó al Consejo y que fue descartada por un fallo judicial.
«En lo personal estoy de acuerdo, por la responsabilidad que implica estar a cargo de una función como es la de juez», sostuvo.
El legislador quiso saber qué pensaba sobre el proyecto de acortar la feria judicial. «Me parece que puede ser necesario que el servicio de justicia no suspenda plazo, que pueda seguir funcionando», aseguró. Manifestó que habría que ver cómo hacían con la disposición de las licencias.
-¿Pero usted está de acuerdo, a favor?, insistió.
Luego de un largo silencio, Kremer dijo.
-Considero que es una cuestión más allá de estar de acuerdo o a favor, no sé si me compete a mi decir, resolverla, pero bueno en lo personal… hay que compatibilizar estas dos cuestiones: las licencias ordinarias, que deberá hacerlo el Poder Judicial y no sé, la Legislatura que es donde está la voz del pueblo establecer si es lo conveniente o no, si es lo que necesita la ciudadanía acá en el ámbito de la Legislatura, donde se analizan esas cuestiones y es donde justamente las voces del pueblo están representadas. Es en este ámbito donde debe, en todo caso, resolverse la cuestión.
A excepción del diputado Andrés Blanco (PTS-FIT), el resto avaló el pase al recinto. La semana que viene está previsto que sesione la Cámara: el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo.
Ayer también se aprobó en comisiones por unanimidad el aumento salarial que acordaron trabajadores judiciales y autoridades del Tribunal Superior de Justicia.
El proyecto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que establece un incremento salarial para el personal del Poder Judicial obtuvo despacho por unanimidad en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B) y quedó en condiciones de ser girado al recinto para su tratamiento en sesión.
La iniciativa contempla un incremento anual en la escala de remuneraciones calculado en base al promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y provincial.
La actualización se aplicará mediante ajustes trimestrales, tomando como referencia los períodos enero-febrero-marzo; abril-mayo-junio; julio-agosto-septiembre; y octubre-noviembre-diciembre.
El diputado Ernesto Novoa (Comunidad) explicó que se trata de una cuestión formal para que la Legislatura otorgue el aval parlamentario al acuerdo firmado entre las autoridades del TSJ y los trabajadores judiciales.
La medida alcanzará a la asignación de la categoría MF-1 y a las asignaciones especiales creadas por los artículos 8° de la ley 2350 y 5° y 6° de la ley 2526.
Este lunes, la diputada provincial Cecilia Papa (Democracia Neuquén) presentó un proyecto de ley que propone garantizar el acceso gratuito a plataformas, portales y entornos virtuales oficiales del sistema educativo nacional y provincial. La iniciativa apunta a que tanto estudiantes como docentes puedan navegar en sitios educativos sin gastar datos móviles ni afrontar costos adicionales.
La propuesta, denominada Inclusión Digital Educativa y Acceso Universal a Contenidos Pedagógicos, ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura de la provincia del Neuquén bajo el expediente 18.294 este lunes 27 de abril y plantea implementar un régimen de “navegación gratuita” o “tasa cero” para contenidos pedagógicos oficiales.
El proyecto para garantizar la gratuidad al acceso de plataformas educativas
La iniciativa de Papa contempla que el beneficio alcance a todos los dominios con extensión .edu.ar, además de los portales del Consejo Provincial de Educación (CPE), los sitios del Ministerio de Educación de la Nación, la plataforma educ.ar y distintos entornos virtuales de aprendizaje, bibliotecas digitales y aulas virtuales debidamente registradas.
Según la propuesta, el acceso a estos contenidos no debería consumir datos de los planes móviles, una medida pensada especialmente para estudiantes que dependen de recargas prepagas para conectarse. La iniciativa también establece límites: la gratuidad no incluiría servicios de terceros, publicidad, redes sociales ni contenidos de entretenimiento vinculados desde esos sitios, salvo que la autoridad de aplicación determine que tienen valor pedagógico.
En lo que a Neuquén respecta, el CPE sería el organismo encargado de actualizar el listado de dominios alcanzados, supervisar el cumplimiento y coordinar la implementación técnica.
La diputada provincial Cecilia Papa impulsó el proyecto para garantizar la gratuidad en el acceso a plataformas educativas y reducir la brecha digital en Neuquén
Buscan reducir la brecha digital en la provincia de Neuquén
En los fundamentos del proyecto, Papa sostiene que hoy el derecho a la educación también depende del acceso a conectividad y advierte sobre una “deserción digital silenciosa” que afecta a estudiantes vulnerables cuando se quedan sin crédito en sus celulares.
La legisladora de Democracia Neuquén remarcó que, en una provincia extensa como Neuquén, las oportunidades educativas no deberían estar condicionadas por el lugar de residencia o el nivel de ingresos de las familias.
En ese sentido, la iniciativa busca convertir el acceso a contenidos oficiales en un “territorio libre de cargos”, para garantizar igualdad de oportunidades entre estudiantes de zonas urbanas y rurales.
Cómo se implementaría el sistema de tasa cero educativa
El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo provincial gestione ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la adhesión técnico-regulatoria necesaria para poner en marcha el esquema, en el marco de la Ley Nacional 27.078 de Argentina Digital.
Además, la iniciativa habilita la posibilidad de firmar convenios voluntarios con empresas prestadoras de internet y telefonía móvil, incluso con incentivos fiscales u otros beneficios para favorecer la adhesión de las operadoras.
Desde el texto legislativo señalan que esta modalidad apunta a dar mayor viabilidad constitucional y mejores condiciones de cumplimiento, apoyada en acuerdos federales y articulación público-privada.
El acceso a contenidos educativos, un derecho efectivo, permanente y gratuito
Entre los argumentos centrales, la diputada define al flujo de información pedagógica como “el transporte escolar de la era digital”, y plantea que el acceso a contenidos oficiales debe consolidarse como un derecho efectivo, permanente y gratuito.
La iniciativa pone el foco en que la gratuidad de la educación resulta incompleta si el acceso a las herramientas digitales necesarias para estudiar sigue teniendo un costo para miles de familias.
Con su ingreso a la Legislatura de la provincia del Neuquén, el proyecto abre el debate sobre el acceso universal a la conectividad educativa en la provincia. Asimismo, suma una nueva discusión sobre inclusión digital como política pública.
La Legislatura de Neuquén avanza en el tratamiento de distintos proyectos que buscan dar respuesta a problemáticas actuales, con especial foco en el sistema de salud y la seguridad de sus trabajadores.
Durante una entrevista en el programa Entre líneas por AM Cumbre 1400, el diputado provincial Francisco Lépore analizó el escenario legislativo.
En diálogo con los periodistas, destacó que una de las principales iniciativas apunta a la violencia dentro del sistema público de salud.
Según indicó, se trata de una problemática creciente que requiere herramientas concretas tanto de prevención como de intervención.
Violencia en hospitales: un problema en crecimiento
Uno de los ejes centrales del debate es el aumento de situaciones de violencia dentro de hospitales y centros de salud. Según lo planteado en comisiones, se trata de episodios que van desde agresiones verbales hasta hechos físicos.
Este fenómeno no solo afecta a médicos, sino a todo el personal que trabaja en el sistema. La dinámica de guardias, el estrés de los pacientes y la falta de información generan escenarios complejos que muchas veces terminan en conflictos.
Un plan para prevenir y actuar
El proyecto en discusión propone un abordaje integral. Incluye la creación de un registro de hechos de violencia, lo que permitiría dimensionar el problema y tomar decisiones en base a datos concretos.
Además, se contemplan capacitaciones para el personal, protocolos de actuación y la posibilidad de aplicar sanciones. La intención es equilibrar prevención y respuesta, evitando que estos episodios queden sin consecuencias.
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Energía y GNL: una agenda que avanza
En paralelo, la Legislatura espera el ingreso de una ley vinculada al desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), considerada estratégica para la provincia.
El proyecto busca establecer un marco regulatorio que acompañe el crecimiento de la actividad. Sin embargo, su tratamiento dependerá de definiciones técnicas y acuerdos previos entre el Ejecutivo y las operadoras.
Debate previsional y equilibrio del sistema
Otro de los temas que comienza a instalarse es el proyecto de pasividad anticipada para trabajadores estatales.
La iniciativa abre un debate complejo, ya que implica analizar situaciones laborales históricas y al mismo tiempo resguardar el equilibrio de la caja jubilatoria. El desafío será encontrar un esquema que contemple ambos aspectos.
Escuelas y amenazas: un abordaje en discusión
Las amenazas en establecimientos educativos también forman parte de la agenda.
Si bien existen propuestas vinculadas a medidas de seguridad, el planteo es que el abordaje no debe ser apresurado ni exclusivamente punitivo.
El foco, según se expresó, debe estar en comprender el contexto y trabajar desde la comunidad educativa para encontrar soluciones de fondo.
El escenario legislativo muestra una agenda amplia, donde conviven proyectos de seguridad, desarrollo económico y problemáticas sociales, en un contexto que exige respuestas equilibradas y sostenidas en el tiempo.
La entrevista
Francisco Lépore, diputado provincial por el bloque Avanzar Neuquén, analizó los proyectos en tratamiento en la Legislatura, con foco en la violencia en el sistema de salud, iniciativas energéticas y debates educativos.
—Pregunta: ¿En qué consiste el proyecto sobre violencia en el sistema de salud? —Respuesta: Es un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca crear un plan provincial de prevención y erradicación de la violencia en el sistema público de salud. Incluye a todo el personal: médicos, enfermeros, administrativos y otros trabajadores que están expuestos a distintas situaciones.
—Pregunta: ¿Qué tipo de situaciones se están registrando? —Respuesta: Hay desde amenazas verbales hasta agresiones físicas. Lo que nos plantearon los equipos de hospitales es que la violencia viene creciendo en cantidad y en intensidad en los últimos años, lo que requiere una respuesta concreta del Estado.
—Pregunta: ¿Qué herramientas propone la iniciativa? —Respuesta: Se plantea crear un registro de hechos de violencia, capacitaciones para el personal, protocolos de actuación y también sanciones para quienes agreden. La idea es no solo castigar, sino prevenir.
—Pregunta: ¿Qué otros proyectos están en agenda? —Respuesta: Hay una ley vinculada al desarrollo de GNL que aún no ingresó, pero que es clave para la provincia. También se está comenzando a debatir un proyecto de pasividad anticipada para trabajadores estatales.
—Pregunta: ¿Qué desafíos presenta ese proyecto previsional? —Respuesta: Hay que analizar cuántas personas están en esa situación y cómo se implementa sin afectar la caja jubilatoria. Es un tema sensible porque el sistema previsional tiene características muy particulares en Neuquén.
—Pregunta: ¿Qué mirada tiene sobre las amenazas en escuelas? —Respuesta: Es un tema que preocupa, pero hay que abordarlo con cuidado. No se puede reaccionar de manera apresurada. Primero hay que entender qué está pasando en la comunidad educativa y trabajar desde ahí.
La Legislatura de Neuquén abrirá este martes en la comisión de Trabajo el proyecto que presentó ATE para establecer un régimen de “pasividad anticipada” con alcance a unos 3.000 estatales de la provincia.
Será, de mínima, una presentación del tema para los diputados porque la moción de preferencia que se aprobó en sesión obliga a incorporarlo, al menos una vez, en el temario del cuerpo que preside el oficialista Francisco Lépore.
Pero eso no implica que haya un acuerdo para sancionar la ley así como está. El secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo, se envalentonó con la iniciativa y vio terreno fértil en el interbloque opositor que integran algunos exComunidad, pero ni el oficialismo de Rolando Figueroa ni el Movimiento Popular Neuquino ven probable que esa redacción prospere.
Desde ambos bloques encontraron que el universo de trabajadores que quedaría incluido en este régimen de jubilación anticipada es demasiado amplio, podría poner en riesgo el delicado equilibrio que se consiguió para la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y, más aún, que abriría la puerta a la incorporación de nuevas vacantes a pedido del sindicato en momentos donde el gobierno intenta ajustar el peso de los gastos corrientes en el presupuesto.
El germen de ese proyecto, irónicamente, guarda relación con cierta dinámica que se cuestiona de la gestión provincial: se alcanzan acuerdos en un nivel que, cuando llegan al siguiente, se deshacen; el gremio se molesta, aparece un conflicto.
El problema de trabajadores estatales que están excedidos en edad pero que no pueden jubilarse por no contar con la cantidad de años de aportes a la caja se había empezado a discutir entre el gobierno, enviados de la Legislatura y ATE con cierto grado de acuerdo. Se pensó primero una ley, luego un decreto, pero “en algún momento se trabó”, reconocieron fuentes del oficialismo.
El Estado neuquino mantuvo bajo condiciones precarias a muchos empleados durante años, lo que generó situaciones como las que se registraron en algunos ministerios en el inicio de la gestión. Personas cercanas a los 80 años que recién obtuvieron su pase a planta en 2023, con la salida del MPN, que no están en condiciones de seguir trabajando, pero que tampoco pueden acogerse a ninguna de las herramientas que hoy brinda la ley 611 del ISSN.
Algo hay que hacer, reconocen todos. “Pero cuidando no dañar la caja”, advirtieron en los principales bloques de la Legislatura.
Ese universo de empleados, además, no representaría los 3.000 que afirma Quintriqueo. El oficialismo quiere evitar abrir una suerte de retiro voluntario para estatales.
El tema abre un nuevo desafío en el arte del equilibrio que viene desarrollando el gobierno de Figueroa: contener los números, pero contener también las alianzas. El dirigente de ATE hoy se mueve como opositor, pero no descartan que, cuando llegue el 2027, pueda ser contenido en alguna de las colectoras que llevará el armado.
Para enfrentamientos ya está la cuota que aporta el interbloque anti-Figueroa que, el miércoles pasado, denunció un “golpe político-institucional en Plottier” para destituir al intendente Luis Bertolini. El diputado Federico Méndez le apuntó al accionar del fiscal Pablo Vignaroli, de quien anunció pedirán un jury, pero lo vinculó a un intento del oficialismo para dejar en funciones a la concejal Malena Resa de Comunidad.
“Hoy con la acusación de un fiscal y una mayoría política en un Concejo Deliberante pueden suspender a cualquier intendente”, dijo el legislador y se preguntó “quién sigue”. El comentario dejó un punto más que válido para analizar en una provincia donde la seguridad jurídica se presenta como un valor a la hora de atraer inversiones para Vaca Muerta.
Neuquén.- El diputado provincial Francisco Lépore (Avanzar) se refirió al proyecto presentado por el gremio ATE que propone la implementación de un régimen de pasividad anticipada para trabajadores estatales. La iniciativa, que ya ingresó a la Legislatura con moción de preferencia, comenzará a ser analizada en los próximos días en la comisión de Trabajo.
“Seguramente la semana que viene tengamos un primer tratamiento del proyecto. Invitaremos a sus autores a exponerlo, porque como bien decís, es un proyecto que ingresó con moción de preferencia, eso quiere decir que hay que tratarlo en la comisión, por lo menos presentar el tema con claridad”, explicó el legislador.
Lépore consideró que se trata de una problemática relevante, aunque remarcó la necesidad de analizar en profundidad el alcance de la propuesta. “Creo que es un tema importante. Obviamente, primero hay que tener muy en claro a qué situaciones está haciendo referencia”, señaló.
Según detalló, el proyecto apunta a trabajadores que atravesaron largos recorridos laborales dentro del Estado, muchas veces bajo modalidades precarias o informales. “Tiene que ver con gente que ingresó hace 10, 15, 20 o 30 años en la provincia, con distintas formas de contratación: planes sociales como la 2128 o Jefas y Jefes, luego locaciones de servicio como monotributistas y más tarde contratos administrativos, siempre contraprestando funciones”, describió.
En ese sentido, explicó que muchos de esos trabajadores fueron incorporados a planta permanente en distintos momentos —2007, 2015 o incluso 2023—, pero hoy se encuentran próximos a la edad jubilatoria sin contar con los años de aportes necesarios. “Son personas muy grandes que no tienen la cantidad de años de aporte para jubilarse. Esa situación merece, por lo menos, ser discutida”, sostuvo.
El legislador planteó que el debate deberá contemplar datos concretos y evaluar alternativas viables. “Hay que hacer un análisis de cuántas personas estamos hablando, de qué tipo de jubilación se podría otorgar, y ser muy cuidadosos en establecer una forma que no perjudique la caja jubilatoria”, advirtió.
En ese sentido, Lépore recordó las particularidades del sistema previsional provincial, que ofrece condiciones más favorables que el régimen nacional. “En el Instituto, los jubilados acceden al 82 por ciento móvil, con menos edad y menos años de aporte que en el sistema nacional. Por eso, ese equilibrio hay que cuidarlo”, concluyó.
El proyecto abre un debate sensible entre la necesidad de dar respuesta a trabajadores con trayectorias laborales irregulares y la sostenibilidad del sistema previsional, un eje que marcará el ritmo de su tratamiento legislativo.
Más de ciento cincuenta personas colmaron la Sala de la Memoria de la Legislatura de Neuquén para exigir la declaración de emergencia social en la provincia.
La convocatoria reunió a trabajadoras y trabajadores de equipos psicosociales de centros de salud y hospitales, centros de fortalecimiento familiar, equipos del fuero de Familia y de las Defensorías del Poder Judicial, usuarias y usuarios de distintos dispositivos sociales y organizaciones sindicales como ATEN Capital, CTA Autónoma y APDH.
Las voces de quienes padecen la crisis a diario ocuparon el centro del debate. Juana, usuaria del dispositivo Hue Quiñe, describió su situación con crudeza: «Soy mamá, estoy a cargo de mi bebé y de mi esposo con esquizofrenia. No es porque no quiera trabajar, es porque la realidad no me lo permite».
Por su parte, Damián, usuario de salud mental del hospital Castro Rendón, expuso la incertidumbre cotidiana: «No sé si cobro del diez, del uno al diez o del veinte al treinta. No puedo planificar ni asegurarme de si voy a poder pagar el alquiler o comer, porque muchas veces es una o la otra».
Las trabajadoras sociales Sol Martín, del Centro de Salud de San Lorenzo Norte y Adriana Santiago, del Centro de Fortalecimiento Familiar Hue Quiñe, presentaron un informe detallado sobre las condiciones de atención en los barrios. Santiago subrayó la gravedad de la situación: «Las personas con discapacidad, con padecimiento mental, adultas mayores a cargo de niñeces y mujeres solas que llevan adelante la crianza de sus hijos, dicen: no estamos cobrando los aportes económicos, no llegamos con la comida, no hay respuesta en relación a estas demandas desde el año pasado». Martín, por su parte, lamentó la ausencia de los legisladores del oficialismo convocados al encuentro y aseguró que la pelea continuará.
La audiencia concluyó con cinco resoluciones concretas frente a la emergencia social: la elaboración de un proyecto de ley para su declaración a nivel provincial; la conformación de un espacio de trabajo sobre violencia en las escuelas; la convocatoria a una jornada de lucha el próximo 7 de mayo; el acompañamiento a los trabajadores de Cerámica Neuquén; y la organización de asambleas barriales junto a una permanencia frente a Casa de Gobierno para exigir respuestas al Ejecutivo provincial.
«Vamos a seguir organizándonos, porque queremos respuestas. Se lo deben a la población», afirmó Martín al cierre, con las organizaciones presentes unidas en el reclamo por la emergencia social que vive la provincia.
Los diputados Andrés Blanco, Julieta Ocampo y Mónica Guanque encabezaron la audiencia junto a la concejal Julieta Katcoff. «¿Alguien vio el crecimiento económico que anuncia el gobierno reflejado en las condiciones de vida de la mayoría? ¿En inversión en salud, educación, vivienda? ¿En paliar las situaciones más críticas de las familias que viven en la precarización más extrema?», cuestionó Blanco, quien argumentó que el boom de Vaca Muerta no se tradujo en mejoras para las familias más vulnerables: «El ‘derrame’ nunca llega», mencionó.
María Laura Du Plessis, una referente del MPN que ocupó una banca por ese partido en la Legislatura provincial, durante dos períodos, fue designada subsecretaria Legal y Técnica, del ministerio de Gobierno, por el decreto 559, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Du Plessis presidió la comisión de Energía de la Cámara, desde donde tuvo activa participación, por ejemplo, en el tema de las represas hidroeléctricas; y, entre otras cuestiones impulsó la creación del Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Género. También trabajó activamente en la regionalización de la provincia, y en la comisión intersectorial para la reforma del Código Civil, según se señala en las referencias sobre su trabajo político.
En los fundamentos del decreto de designación, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, se hace mención a que se ha establecido la estructura del Poder Ejecutivo, Ministerios, Secretarías y Subsecretarías, “estableciendo sus respectivas competencias, funciones y responsabilidades”; y que la Ley 3470 modifica la estructura del Poder Ejecutivo, Ministerios, Secretarías y Subsecretarías, fijando sus competencias.
También se indica que por decreto “se determinan las competencias y dependencias de los Ministerios de la Ley Orgánica de Ministerios de la Provincia del Neuquén 3420 y su modificatoria Ley 3470”; y que a través del “Decreto DECTO-2025-1620-E-NEU-GPN” se modifica la denominación de los Ministerios.
Se refiere a que la citada normativa “establece que asiste al Ministerio de Jefatura de Gabinete, la Asesoría General de Gobierno, que es asistida por la Subsecretaría Legal y Técnica; y que por lo tanto “corresponde designar a quien desempeñará la función de Subsecretaria Legal y Técnica durante la presente gestión de gobierno”, poniendo en esas funciones a la diputada mandato cumplido.
La Legislatura de Neuquén abrió la discusión ayer sobre el proyecto de ley que busca instalar cámaras en las escuelas públicas y privadas de la provincia para prevenir hechos de violencia.
Fue en la comisión de Educación, donde las diputadas Gisselle Stillger (Arriba) y Mercedes Tulián (PRO-NCN) presentaron la iniciativa a la que calificaron como «un aporte» que no pretende ser «una solución mágica» para el sistema educativo.
Una comisión con baja convocatoria: «Este es el lugar para debatir»
La propuesta dio lugar a un debate atravesado por la reducida asistencia de los legisladores.
De hecho, la cantidad de faltas evitó que se llegara al quórum, que permite darle inicio al tratamiento del tema y demanda la presencia de ocho diputados.
La baja convocatoria generó un comentario de la propia Tulián, que es la presidenta de la comisión: «Llamo a los pares para que participen, porque necesitamos quórum para poder sacar proyectos y acá tenemos algunos que son de actualidad y nos interpelan a todos«, cuestionó.
«Este es el lugar para debatir, en comisión, no después en la sesión donde empiezan a surgir otras dudas. Me parece que tenemos que ser responsables», agregó.
Además de Tulián, el cuerpo está conformado por Yamila Hermosilla (Comunidad), Gabriel Álamo (MPN), Ramón Fernández (MPN), César Gass (UCR-Juntos por el Cambio), Mónica Guanque (Democracia Neuquén), Gerardo Gutiérrez (MPN), Francisco Lépore (Avanzar), Federico Méndez (Democracia Neuquén), María Cecilia Papa (Democracia Neuquén), Julieta Ocampo (FIT Unidad), Lorena Parrilli (Unión por la Patria), Gisselle Stillger (Arriba) y Carina Riccomini (Juntos).
Al momento de la discusión sobre la colocación de las cámaras en las escuelas solo había cuatro integrantes en la sala: Tulián, Stillger, Gutiérrez y Parrilli.
Cámaras en las escuelas: «No es punitivista ni estigmatizante»
Las autoras de la propuesta, pese a la falta de quórum, decidieron avanzar con su exposición de todos modos y aseguraron estar dispuestas para recibir aportes.
Manifestaron que el proyecto, de aprobarse, serviría para complementar lo que ya están haciendo algunas escuelas de Neuquén con cámaras en sus instalaciones. En igual sentido, dijeron que podría funcionar en conjunto con otras normativas anteriores, como la ley 3161 que aprobó la instalación de dispositivos de filmación en jardines maternales y geriátricos.
El texto enviado por las legisladoras, que son aliadas del oficialismo del gobernador Rolando Figueroa, promueve la implementación de «un sistema de videovigilancia» en los establecimientos educativos de la provincia.
El objetivo es dotar de «mayor seguridad» a los actores del ámbito escolar. Como argumento, citaron diferentes episodios de violencia ocurridos en instituciones o sus inmediaciones, tanto en la provincia como en otros lugares del país.
«Esto no afecta la privacidad de los menores, que hoy ya son filmados permanentemente desde que salen de su casa hasta que llegan a la escuela por diferentes cámaras del Estado», argumentó Stillger y completó: «No es una medida punitivista o estigmatizante, es un tema que va a transmitir una sensación de seguridad muy importante».
Dudas por la privacidad de las imágenes
Uno de los cuestionamientos surgió de la diputada Lorena Parrilli (Unión por la Patria). Si bien aseguró coincidir con la necesidad de prevenir y la posibilidad de lograr «un efecto disuasorio», sembró dudas por la privacidad de las imágenes que generen los dispositivos.
La legisladora pidió conocer «quién va a tener acceso al material, dónde se va a resguardar ese material y por cuánto tiempo se va a almacenar».
Dijo que, al instalar cámaras, se podría ver afectada la intimidad del personal que se desempeña en una escuela, ya que se registrarían conversaciones no solo en los espacios comunes, sino también en otras áreas, como las aulas y las salas donde trabajan los directivos.
«No puede ser solo la vigilancia en cámara, porque sino va a ser un granito de arena en una gran playa donde no va a cambiar absolutamente nada. No lo voy a acompañar si es solo esto», añadió.
Dos proyectos similares
Brenda Buchiniz (Cumplir) también formó parte del debate. Aunque no integra la comisión, la diputada acercó un proyecto similar sobre la temática que, a diferencia de la versión de Stillger y Tulián, abarca tanto a escuelas como a espacios de salud.
Para unificar criterios, propuso anexar ambas iniciativas y agregar un conjunto de artículos que «me parece que no están claros en el proyecto» de las diputadas del PRO y Arriba. Mencionó concretamente la cuestión de «los datos biométricos y el reconocimiento facial».
«La idea es hacer la mejor ley posible para que salga rápidamente, se promulgue y se implemente una tecnología para cuidar a nuestros hijos; todo lo demás es circo», sostuvo la representante del interbloque Neuquén República.
Tulián, aunque defendió la redacción de su autoría, consideró válidos los planteos y llamó a darle continuidad al debate con la participación de invitados.
Por las características de la temática, solicitaron convocar a autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), al ministerio del área y a las escuelas que ya tienen cámaras para que «nos cuenten su experiencia», dijo Stillger.
Parrilli, en tanto, propuso sumar al gremio docente ATEN para que brinde su parecer.
