Un sector de la oposición y parte del bloque del MPN lograron avanzar en la Legislatura de Neuquén con un proyecto que busca modificar el sistema de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, jueces y legisladores. La iniciativa apunta a terminar con el esquema reservado y secreto vigente desde 1958 y abrir el acceso público a la evolución patrimonial de quienes ocupan cargos en el Estado.
El proyecto obtuvo este martes el pase a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia con tratamiento preferencial, una señal política que obliga a abrir el debate parlamentario en las próximas semanas. La movida representó un triunfo parcial para los bloques opositores, que desde hace tiempo cuestionan el hermetismo del actual régimen.
Hoy, las declaraciones juradas patrimoniales en Neuquén sólo se presentan al asumir un cargo público y permanecen bajo estricta reserva en sobres lacrados. La legislación vigente —la ley 5, sancionada en 1958— no permite el acceso ciudadano a esa información ni habilita el seguimiento de la evolución patrimonial durante la gestión.
El caso Adorni apareció en el debate
La discusión en el recinto estuvo atravesada por la situación del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado a nivel nacional por demoras y controversias vinculadas a sus declaraciones juradas.
El diputado radical César Gass sostuvo que la provincia no puede mantenerse ajena a los cuestionamientos sobre transparencia pública y reclamó un sistema que permita controlar el patrimonio de los funcionarios antes, durante y después de su paso por el Estado.
En la misma línea, el legislador peronista Darío Martínez afirmó que con la normativa actual “Adorni nunca presentaría su declaración” porque el régimen neuquino “es secreto”. Planteó además que quienes administran recursos públicos deben exhibir su situación patrimonial de manera abierta y periódica.
Desde el sector libertario, la diputada Brenda Buchiniz evitó referirse directamente al funcionario nacional, aunque respaldó la discusión y afirmó que la función pública debe estar orientada “a servir a los neuquinos y no a servirse del Estado”.
El rol del MPN y el silencio del oficialismo
El tratamiento preferencial avanzó gracias al respaldo de Unión por la Patria, la izquierda, el Interbloque Neuquén República y un grupo de diputados del Movimiento Popular Neuquino.
Entre quienes acompañaron la moción estuvieron Claudio Domínguez, Patricia Fernández, Ramón Fernández, Juan Sepúlveda y Gabriel Álamo. En contraste, el oficialismo provincial nucleado en Comunidad y sus aliados, incluido el PRO, evitó intervenir en el debate y varios legisladores se retiraron al momento de la votación.
La iniciativa ya había intentado avanzar en 2024, aunque entonces el oficialismo decidió no impulsar su tratamiento.
Qué cambia con el nuevo proyecto
La propuesta establece que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días posteriores a asumir.
El alcance incluye también a integrantes del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Consejo de la Magistratura, autoridades del Banco Provincia de Neuquén y representantes de empresas con participación estatal.
Además de la declaración inicial, el texto obliga a actualizar la información cada año y presentar un informe final dentro de los 30 días posteriores al cese en el cargo.
Uno de los cambios centrales es que la información pasaría a ser pública, salvo anexos reservados vinculados a datos sensibles del grupo familiar. Según el proyecto, las declaraciones podrán consultarse gratuitamente a través de internet.
Bienes, dólares y criptomonedas
El nuevo régimen también amplía el detalle patrimonial exigido a los funcionarios. Entre otros puntos, deberán informar propiedades en el país y en el exterior, vehículos, depósitos bancarios, dinero en efectivo, bienes suntuosos, participaciones societarias y tenencias de monedas virtuales o criptomonedas.
Las declaraciones deberán coincidir con la documentación presentada ante ARCA para los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.
La Escribanía General de Gobierno quedaría a cargo del registro, mientras que la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Gobierno provincial.
La discusión promete abrir un nuevo foco de tensión política en la Legislatura neuquina, en un contexto donde la transparencia patrimonial y el control sobre los funcionarios volvieron a instalarse en el centro de la agenda pública.
