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  • Diputados y gremios rechazaron el cierre de Vialidad Nacional y exigieron que se derogue el decreto

    Diputados y gremios rechazaron el cierre de Vialidad Nacional y exigieron que se derogue el decreto

    El cierre de Vialidad Nacional fue eje central de una sesión en la Legislatura de Neuquén, donde se discutió un proyecto de comunicación que exige al Gobierno nacional la derogación del decreto 461/25. La iniciativa también reclama la continuidad laboral del personal afectado.

    El proyecto recibió apoyo de bloques como el MPN, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Durante el debate se mencionó el impacto regional que tendría la eliminación del organismo, tanto en la infraestructura como en la prestación de servicios públicos.

    El secretario general del sindicato de Trabajadores Viales y Afines, Luis Cuevas, participó de la comisión de Asuntos Laborales. “Muchos empleados no tienen ni ropa de invierno ni equipamiento básico. Esta medida pone en riesgo la conectividad y la seguridad vial”, sostuvo.

    Según datos del sindicato, el cierre de Vialidad Nacional afectaría a más de 5.200 empleados en todo el país, incluidos 140 trabajadores que prestan servicios en Neuquén. Además, se advirtió que la privatización del mantenimiento encarecería hasta seis veces los costos operativos actuales.

    La justicia federal dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del decreto durante seis meses. El recurso fue presentado por el gremio y busca asegurar el funcionamiento institucional mientras avanza la discusión legal y legislativa.

    El proyecto presentado por los diputados neuquinos remarca que Vialidad Nacional mantiene más de 1.380 kilómetros de rutas en la provincia. La eliminación del organismo afectaría directamente el esquema de conservación vial vigente en esos corredores.

  • «El canje de los macrolotes 5 y 6 puede terminar en un juicio varias veces millonario contra el municipio»

    «El canje de los macrolotes 5 y 6 puede terminar en un juicio varias veces millonario contra el municipio»

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    Así lo advirtió el concejal y abogado Héctor Vénica, quien recordó que el Gobierno tiene que redefinir un nuevo acuerdo con los beneficiarios que tienen derechos adquiridos para recibir una vivienda social, y no un lote con servicios. El Concejo debe aprobar una nueva ordenanza y los beneficiarios deben renunciar a esos derechos y aceptar una nueva propuesta.

    Después de más de una década marcada por idas y vueltas, y a pesar del paso de distintos gobiernos municipales, el conflicto relacionado con los beneficiarios de los macrolotes 5 y 6 continúa sin una resolución definitiva. Estas familias siguen a la espera de una respuesta concreta respecto al acceso a los lotes que les fueron adjudicados, mientras observan cómo otros macrolotes avanzaron con obras y viviendas.

    En este contexto, el abogado y concejal del bloque Juntos por el Cambio, Héctor Vénica, expresó su preocupación en el noticiero de Angostura Televisión Digital. Según su análisis, el actual gobierno local, encabezado por el intendente Javier Murer, debe encarar con urgencia un nuevo acuerdo con los beneficiarios de los macrolotes 5 y 6, como única vía para resolver el conflicto de fondo.

    “Estamos rompiendo las promesas que hicimos como municipio”, sostuvo con firmeza Vénica, quien advirtió que estos vecinos tienen todo el derecho a cuestionar por qué se desarrollaron cuatro macrolotes con infraestructura, viviendas y servicios, mientras sus propios lotes siguen postergados. “¿Qué son, los hijos no reconocidos del municipio?”, ironizó al referirse a los adjudicatarios de los macrolotes 5 y 6.

    El concejal remarcó que estos beneficiarios deberían recibir el mismo trato que quienes fueron adjudicados en el macrolote 1 y señaló que la situación actual podría desembocar en un importante conflicto judicial. “Si no se alcanza un nuevo acuerdo, existe el riesgo real de que el municipio enfrente una demanda legal por incumplimiento”, advirtió, y agregó: “En ese caso, el juicio sería contra el municipio, que es quien asumió el compromiso. Eso es lo que me enerva”.

    Para Vénica, la solución pasa por una renegociación transparente con los beneficiarios: “Tiene que haber un acuerdo y una redefinición entre el municipio y los adjudicatarios. Si yo fuera parte del Ejecutivo, me sentaría con todos ellos, evaluaría lo que tenemos disponible y les propondría una solución acorde a sus derechos adquiridos”.

    El concejal reconoció que no todos los beneficiarios aceptarían un nuevo esquema. “Es probable que algunos rechacen el acuerdo y decidan iniciar acciones legales. Pero si eso ocurre, será una demanda varias veces millonaria que puede perder la municipalidad, porque es deudora desde que cerró ese paquete de adjudicaciones”, explicó.

    Recordó además que el sorteo realizado en su momento para adjudicar los macrolotes generó derechos subjetivos y, al mezclar a los beneficiarios, terminó afectando el principio de prioridad. “Un beneficiario con alta prioridad puede haber salido sorteado en el macrolote 5, mientras otro, que estaba en el lugar 200 del listado, resultó adjudicado en el macrolote 1. Esa mecánica terminó por desordenar todo”, enfatizó.

    Vénica también se mostró tajante respecto al rol del Concejo Deliberante en esta cuestión: “Cada vez que nos traen un expediente para aprobar una ordenanza que le diga a la gente que le vamos a dar lotes con servicios, yo me niego a firmarlo porque eso es ilegal. Estaría cometiendo una falta grave. Estamos todos locos si hacemos eso”, advirtió, en su rol de abogado.

    Subrayó que es momento de sincerar la situación. “Hay que sentarse con los acreedores —que en este caso son los beneficiarios— y decirles la verdad: esto es lo que hay, ¿cómo lo solucionamos?”, planteó. Y señaló que, si algunos aceptan una nueva propuesta, deberán firmar un acuerdo individual con el Ejecutivo, dejando constancia de su conformidad.

    “Si lográs acuerdos con 200 personas y quedan algunas sin firmar, esas personas podrán iniciar un juicio contra la Municipalidad. Es un escenario similar a un default”, comparó Vénica, aludiendo a las crisis financieras. “Eso es lo que nadie quiere decirle a la gente. Yo siempre mantuve mi postura: les hablo de frente”, remarcó.

    Finalmente, aclaró que la solución no está en manos del Concejo Deliberante, ya que se trata de un expediente cerrado con adjudicaciones y compromisos formalizados: “Si intentamos intervenir desde el Legislativo, estaríamos violando derechos adquiridos, lo cual constituye una ilegalidad. Solo el Ejecutivo puede sentarse a negociar. Luego, si se alcanza un acuerdo —ya sea colectivo o individual—, recién ahí puede intervenir el Concejo para ratificarlo”, concluyó.

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  • Diputados piden a la Justicia intervenir la Cooperativa 127 Hectáreas

    Diputados piden a la Justicia intervenir la Cooperativa 127 Hectáreas

    La Legislatura de Neuquén votó este miércoles a favor de la resolución 1234, que le solicita a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas impulsar la intervención judicial de la Cooperativa de Viviendas 127 Hectáreas, en el marco de múltiples denuncias por presunta estafa.

    La iniciativa fue aprobada por mayoría, tras rechazarse una moción que proponía continuar su análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales, argumentando dudas sobre la competencia del Poder Legislativo para requerir la intervención de otro poder del Estado.

    Cómo fue la votación

    Apoyaron el proyecto los bloques del PRO-NCN, Unión por la Patria (UxP), Fuerza Libertaria, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, Cumplir y Juntos por el Cambio-UCR.

    En contra de la aprobación inmediata, Comunidad solicitó el retorno del expediente a comisión, moción acompañada por Avanzar, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Juntos. Esta propuesta no prosperó. Por su parte, las bancas del PTS-FIT-U y FIT-U se abstuvieron.

    Argumentos a favor de la intervención

    César Gass (JxC-UCR), impulsor del proyecto, aseguró que la resolución no invade competencias judiciales, ya que Personas Jurídicas tiene facultades legales para fiscalizar cooperativas y solicitar su intervención. Calificó el caso como una “estafa colosal” que perjudicó a más de 7.000 personas y señaló que “sin intervención, nunca se sabrá cuál es el problema”.

    Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) respaldó la postura, recordando que el Poder Judicial ya inhabilitó fondos de la cooperativa, lo que representa “un indicio de estafa”. También se refirió a la crisis habitacional en Neuquén y la dificultad de acceso a créditos hipotecarios, señalando que el Estado provincial destina cerca de 16% de su presupuesto a obras públicas, entre ellas, viviendas.

    Posturas en contra y abstenciones

    Desde Comunidad, Ernesto Novoa consideró “imprudente” el tratamiento en el recinto y pidió enviar el tema nuevamente a comisión. Aclaró que acompaña el reclamo de los damnificados, pero reclamó nuevos informes sin “ocultar el tema ni quitar responsabilidades”.

    Francisco Lepore (Avanzar) sostuvo que el Poder Legislativo no puede determinar responsabilidades penales y recordó que ya existen causas judiciales abiertas. Pidió mayores precisiones del Ministerio Público Fiscal y consideró que la intervención legislativa no resolverá el conflicto.

    Brenda Buchiniz (Cumplir) defendió la necesidad de avanzar en la resolución para “habilitar todas las instancias posibles” de investigación, y rechazó la idea de que se trate de una sentencia anticipada.

    Legisladores de Unión por la Patria —Darío Peralta, Lorena Parrilli y Darío Martínez— señalaron que la falta de planificación estatal en materia habitacional genera espacio para este tipo de maniobras. Instaron a tratar proyectos propios para revertir el déficit habitacional en Neuquén.

    Desde el PTS-FIT-U y el FIT-U, Andrés Blanco y Julieta Ocampo justificaron su abstención al advertir que un antecedente de intervención podría afectar negativamente a otras cooperativas, a pesar de reconocer la legitimidad del reclamo.

  • Vénica: «La cancha de fútbol queda en el predio del CEF junto a las dos escuelas que se construirán»

    Vénica: «La cancha de fútbol queda en el predio del CEF junto a las dos escuelas que se construirán»

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    El concejal y abogado dio una amplia entrevista donde contestó todas las dudas sobre la ordenanza aprobada la semana pasada. Aclaró que la cancha queda en su lugar original, no así la pista de atletismo que deberá ser reubicada. Aclaró que no es un espacio verde debido a que es clara la ordenanza aprobada en 1984, pero está mal registrado en Catastro de la provincia. 

    El concejal de Juntos por el Cambio Héctor Vénica dijo en una extensa entrevista con el Noticiero de Angostura Digital Televisión que en el proyecto original la cancha no se traslada, queda en el predio Enrique Barbagelata.

    Dijo que el traslado de la cancha es solo una idea que se está evaluando en Planeamiento de la municipalidad porque “estamos viendo que los espacios que quedan son muy acotados” para la construcción de la Escuela 361 y el EPET 28.

    “El proyecto y en el expediente consta que lo que nosotros estamos ampliando el uso son determinados polígonos georreferenciados que respetan la cancha, que queda”, afirmó Vénica. Sostuvo que se elimina la pista de atletismo.

    “Dentro de la ordenanza en la cual nosotros ampliamos el uso, estamos instando al Ejecutivo: primero a la relocalización de todo el espacio y en segundo lugar instar al cumplimiento del compromiso con el desarrollo del Mallín del Americano, porque la cancha nosotros la tenemos garantizada con una plusvalía”, indicó el concejal.

    Dos bienes jurídicos en pugna

    Vénica recordó que en ese predio Enrique Barbagelata se iba a construir la pileta que “nos prometieron” y la pista de atletismo.

    “Qué es lo que está sucediendo acá: hay dos bienes jurídicos, el de la educación de nuestros hijos. El de la educación de todas esas familias que vienen a radicarse acá y otro bien jurídico que es el deporte”, indicó.

    “Pareciera como que estamos dejando de lado el deporte: no. Yo le digo a la sociedad que no. Lo que estamos haciendo es lo siguiente: nosotros nos enfrentamos ante una situación fundamentalmente económica y de financiamiento”, comentó.

    El concejal explicó que la escuela técnica tiene un financiamiento de Nación “y ese financiamiento de Nación es pura y exclusivamente esfuerzo del gobernador Rolando Figueroa. Es un trabajo de gestión de nuestro gobernador que sacó ocho escuelas técnicas para la provincia con financiamiento del gobierno anterior, no de Milei. Eso hay que reconocerle al gobierno anterior”.

    Dijo que este programa “ya tenía asignado el dinero y la nueva gestión de Milei la iba a voltear, le iba a pasar motosierra y nuestro gobernador fue y salvó ocho escuelas técnicas para la provincia de Neuquén y decidió que una de esas escuelas técnicas estuviera en Villa La Angostura”.

    Contra las cuerdas

    “Lo que tiene que entender la gente es que nosotros estábamos contra las cuerdas porque hay un informe de la secretaria de Obras Públicas de la provincia que nos dijo: miren, chicos, si ustedes no aprueban esta semana esa ampliación de uso, nosotros no podemos licitar esto antes de fin de año”, relató Vénica.

    Dijo que eso implicaba perder la inversión y que la escuela se construya en otra localidad.

    “¿Por qué en ese lugar? Tiene una explicación”, expresó Vénica. “Porque por supuesto que hay terrenos, pero todos los terrenos que hay están alejados, no tienen cloacas, agua, gas, no tienen luz no tienen servicios. En esa disyuntiva es que en el Concejo Deliberante tenemos que analizar por qué se va a instalar acá y no en otro lugar”, reveló.

    Dijo que en segundo término la Escuela 361 “tenía un proyecto de implantación sobre un mallín” y recordó que ambientalmente es inviable eso, es de locos, no podemos construir una escuela sobre un mallín. La superficie tampoco daba. Esos son los obstáculos reales y, por último, estamos viviendo en la Argentina”.

    Indicó que ahora “tenemos una oportunidad que es que se está haciendo un desarrollo territorial armónico con Monteverde” y afirmó que la garantía que se van a construir las escuelas “es el compromiso del Concejo Deliberante”.

    “Nosotros estamos trabajando de manera conjunta para lograr una supra norma a nivel de Carta Orgánica a los fines de garantizar el respeto y la aplicación de ese plan”, enfatizó.

    Dos posturas jurídicas

    Vénica evaluó que “hay una postura jurídica de contraste con otros abogados que fueron concejales por el MPN que sostienen determinadas posturas jurídicas que no coinciden con la mía”.

    Dijo que “todo el mundo tiene derecho de peticionar a las autoridades, de ahí a que tengan razón hay un camino bastante largo” y explicó que originalmente eso surge con una ordenanza que cuando el predio Barbagelata “va a pasar al dominio municipal se dicta y se sanciona una ordenanza que es la 167 del año 1984”.

    “Es muy importante esto, porque en el año 1984 no estaba la Carta Orgánica Municipal (COM) y es la COM la que en definitiva determina sustancialmente una definición o un impedimento sobre espacios verdes.

    Antes se denominaba espacio verde a todo lo que era reserva fiscal y espacio verde, no había una diferenciación”, rememoró Vénica.

    Antecedentes

    “En ese momento, cuando todo ese espacio del CEF pasa al municipio lo hace mediante la ordenanza 167/84 y esa ordenanza tiene por título la creación del parque polideportivo con gimnasio cubierto”, describió el concejal.

    Recordó que la municipalidad como órgano del Estado puede tener bienes de dominio público y de dominio privado. Agregó “la gran diferencia que surge con la COM es que los espacios verdes no son construibles y eso es lo que establece la ordenanza 2659, cuando habla de espacios verdes. Entonces, acá desde el inicio ese inmueble estaba destinado a satisfacer o a la generación de un parque polideportivo con gimnasio cubierto. De hecho se hizo después el albergue, la casa social, la Correntosa”.

    Dijo que en Catastro “puede figurar inscripta como reserva verde, pero la realidad es que lo que de la característica al inmueble es la ordenanza que se dicta para determinar el uso de los suelos”.

    Observó que el predio “no está adecuadamente inscripto. Una cosa es el registro de Catastro y otra cosa es la naturaleza real del inmueble” y dijo que cuando se hizo el loteo había que dejar un espacio verde, entonces. “Cuando se autoriza el loteo, hay una parte que hay que dejarla como espacio verde en ese momento”, describió.

    Enfatizó que ahora “hay una diferencia entre espacio verde y reserva fiscal”.

    Según Vénica, “no es Catastro el que determina cuáles son los espacios verdes en Villa La Angostura. Es el Concejo Deliberante. La gente no puede entender, si está la COM que establece ese cuidado sobre lo que son espacios verdes, ¿cómo es que esto que figura inscripto como un espacio verde resulta que se puede construir”.

    Dijo que “hay algo que no está bien, hay algo que hace ruido. Evidentemente, no estamos frente a un espacio verde y eso es lo que dice el dictamen legal, que es la misma visión que tengo yo”.

    “Yo coincido con esa visión jurídica, pero hay otros concejales y otras personas que no coinciden con esa visión, porque consideran que ese lugar en el imaginario colectivo siempre fue un lugar polideportivo y todos lo teníamos así”.

     

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  • Trabajadores de Vialidad Nacional advierten que el cierre del organismo puede derivar en más de 5200 despidos

    Trabajadores de Vialidad Nacional advierten que el cierre del organismo puede derivar en más de 5200 despidos

    Comisiones y Sesiones

    Trabajadores de Vialidad Nacional advierten que el cierre del organismo puede derivar en más de 5200 despidos

    El secretario general del sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVYARA) en Neuquén, Luis Cuevas dijo que corren riesgo las fuentes laborales de 5200 empleados que hoy desempeñan tareas operativas, técnicas y administrativas en Vialidad Nacional, entre los que incluyo a los 140 agentes que desempeñan tareas de reparación y mantenimiento de las seis rutas nacionales que atraviesan y conectan la provincia. 
    Así lo indicó hoy al exponer la situación en la que se encuentra el organismo luego de que el gobierno nacional firmara el decreto 461, que reestructura y reduce su capacidad operativa en todo el territorio. Cuevas recordó que la medida está frenada luego de que la justicia dio lugar a la presentación de un amparo, medida que regirá por un plazo de seis meses. 
    El representante gremial participó hoy al mediodía de la comisión de Asuntos Laborales, ocasión en que los legisladores aprobaron por amplia mayoría una iniciativa de comunicación para que el gobierno nacional derogue el decreto y deje sin efecto las medidas de reestructuración que afectan a 140 trabajadores radicados en la provincia y pone en riesgo la conectividad troncal por la consecuente falta de mantenimiento e inversión.
    En su intervención, Cuevas explicó que la medida, de seguir su curso, va a tener un fuerte impacto en la estructura del organismo nacional. Lo dijo al detallar que en términos de personal, sólo el 30% de los 5200 trabajadores pertenece a la planta permanente y que el restante 70% se encuentra vinculadas al organismo a través de contratos a término o en planta transitoria. 
    Al realizar un breve resumen sobre lo que puede pasar en materia laboral si queda sin efecto el amparo, el delegado gremial confirmó que las personas afectadas a la planta permanente pasarán a disponibilidad por un año, la transitoria será dada de baja en forma inmediata y a las personas contratadas simplemente no se les renovará el vínculo. “Van a quedar 5200 compañeros a nivel nacional sin trabajo. No dejen que desaparezca un organismo con 93 años de historia como es Vialidad”, requirió ante el cuerpo de legisladores.
    Cuevas también explicó que a nivel local el grado de inversión es ínfimo por carecer de recursos para realizar tanto tareas de mantenimiento como de reparación. “Hoy estamos poniendo una curita arriba de las rutas”, graficó el secretario gremial al advertir que la falta de inversión en rutas nacionales puede derivar en una mayor cantidad de accidentes viales, problemas de conectividad e inversiones cuantiosas en un futuro por no cuidar el patrimonio en la actualidad.
    “Estamos dejando a la deriva cientos de kilómetros de ruta que si se rompen, arreglarlos va a tener un costo cinco o seis veces superior a lo que saldría mantenerlos en la actualidad”, ejemplificó el referente gremial.
    Los bloques del MPN, PRO, Comunidad, Avanzar, Juntos, Juntos por el Cambio-UCR, Unión por la Patria, FIT-U y PTS-FIT-U respaldaron la labor de Vialidad en la provincia y votaron a favor del pedido de derogación del decreto 461. 
    Por su parte, desde Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz defendió el alcance de la medida adoptada por el gobierno nacional al sostener que en la actualidad no resulta necesario mantener estructuras operativas de grandes dimensiones y reivindicó la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el gasto, sobre todo cuando la gran mayoría de las rutas que el país tenía previsto realizar, ya fueron construidas. 

  • Cierre de Vialidad generaría 140 despidos en Neuquén

    Cierre de Vialidad generaría 140 despidos en Neuquén

    Según el gremialista Luis Cuevas, el cierre de Vialidad Nacional dejaría a 140 familias sin trabajo en Neuquén, parte de las 5.200 que se verían afectadas en todo el país. El titular del sindicato de Trabajadores Viales informó la situación en la Legislatura, y, en esa misma reunión, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) defendió el alcance de la medida adoptada por el gobierno nacional, al sostener que en la actualidad no resulta necesario mantener estructuras operativas de grandes dimensiones.

    El representante gremial participó  de la comisión de Asuntos Laborales, y en la misma ocasión,  los legisladores aprobaron por amplia mayoría una iniciativa de comunicación para que el gobierno nacional derogue el decreto y deje sin efecto las medidas de reestructuración que afectan a 140 trabajadores radicados en la provincia y pone en riesgo la conectividad troncal por «la consecuente falta de mantenimiento e inversión».

    En su intervención, Cuevas explicó que la medida, de seguir su curso, va a tener un fuerte impacto en la estructura del organismo nacional. Lo dijo al detallar que en términos de personal, sólo el 30% de los 5.200 trabajadores pertenece a la planta permanente y que el restante 70% se encuentra vinculadas al organismo a través de contratos a término o en planta transitoria. 

    Cuevas confirmó que las personas afectadas a la planta permanente pasarán a disponibilidad por un año, pero la planta la transitoria será dada de baja en forma inmediata y a las personas contratadas simplemente no se les renovará el vínculo. “No dejen que desaparezca un organismo con 93 años de historia como es Vialidad”, expresó el sindicalista.

    Cuevas también explicó que a nivel local el grado de inversión es ínfimo por carecer de recursos para realizar tanto tareas de mantenimiento como de reparación. “Hoy estamos poniendo una curita arriba de las rutas”, graficó el secretario gremial al advertir que la falta de inversión en rutas nacionales puede derivar en una mayor cantidad de accidentes viales.

    Los bloques del MPN, PRO, Comunidad, Avanzar, Juntos, Juntos por el Cambio-UCR, Unión por la Patria, FIT-U y PTS-FIT-U respaldaron la labor de Vialidad en la provincia y votaron a favor del pedido de derogación del decreto 461. 

    Desde Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz defendió el alcance de la medida adoptada por el gobierno nacional al sostener que en la actualidad no resulta necesario mantener estructuras operativas de grandes dimensiones y reivindicó la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el gasto, sobre todo cuando la gran mayoría de las rutas que el país tenía previsto realizar, ya fueron construidas. 

  • El Gobierno de Río Negro incorpora a Sergio Wisky en área clave para coordinar Salud pública

    El Gobierno de Río Negro incorpora a Sergio Wisky en área clave para coordinar Salud pública

    El exministro chubutense Sergio Wisky asumió un rol clave en la coordinación operativa del ministerio. Su llegada es parte del reordenamiento que impulsa la gestión de Thalasselis.

    La reciente incorporación de Sergio Wisky al equipo del Ministerio de Salud de Río Negro marca un nuevo capítulo en la reconfiguración del área sanitaria provincial. Con trayectoria en distintos niveles del sistema público de salud de la Patagonia, su designación refleja una apuesta por cuadros técnicos con experiencia regional para afrontar el rediseño operativo del sector.

    Wisky, médico sanitarista, fue intendente de El Bolsón y director del hospital local. Más tarde, fue electo diputado nacional por Juntos por el Cambio en 2015 y ocupó una banca hasta 2019. Tras su paso por el Congreso, se integró al sistema de salud porteño como asesor y, luego, asumió como secretario de Salud de Chubut en la gestión del gobernador Ignacio Torres. También estuvo al frente de la obra social provincial de esa jurisdicción.

    Su ingreso a la administración rionegrina se concretó el 10 de julio a través del decreto 642, que lo designa como secretario de Coordinación Operativa de Salud, un cargo dependiente del ministro Demetrio Thalasselis. La medida se formalizó días después de un proceso de cambios y renuncias en la cartera sanitaria, en el marco de un plan de reordenamiento impulsado por el Ejecutivo provincial.

    La trayectoria de Wisky combina gestión hospitalaria, conducción ministerial y articulación política. En Bariloche, su perfil es recordado por los trabajadores del hospital Ramón Carrillo, que en 2014 lo respaldaron en asamblea para conducir el centro de salud, aunque la gobernación de entonces optó por otra designación.

    El desembarco del exfuncionario chubutense en Río Negro ocurre apenas tres semanas después de su salida del gabinete de Torres, lo que evidencia la circulación activa de perfiles sanitarios entre provincias patagónicas con desafíos comunes: financiamiento, déficit de personal, infraestructura obsoleta y presión sobre los servicios de alta complejidad.

    La incorporación de Wisky coincide con la búsqueda del gobierno rionegrino de fortalecer la estructura operativa del sistema, tras meses de tensión interna y reacomodamientos en el equipo de Salud. Su experiencia reciente en obras sociales y ordenamiento financiero también podría tener impacto en áreas sensibles como la articulación con el IPROSS o los hospitales descentralizados.

    El nuevo cargo fue creado especialmente por la actual gestión, lo que sugiere que su rol no será meramente administrativo, sino parte de una estrategia de reformulación del ministerio en un contexto de ajuste, demandas crecientes y escasez de recursos.

  • Los argentinos están divididos por la política, pero no tanto

    Los argentinos están divididos por la política, pero no tanto

    Aplausos y rechazos. La figura presidente Javier Milei divide aguas entre los votantes.

    El inicio de las campañas de cara a las elecciones bonaerenses de septiembre y las legislativas nacionales de octubre, aceleró tiempos políticos, generó las habituales disputas entre dirigentes y por supuesto dejó heridos en el camino. En Río Negro, destacó el malestar público del vicegobernador, Pedro Pesatti, por no haber sido incluido en las candidaturas de Juntos Somos Río Negro al Congreso Nacional. Sin embargo, dentro de los posteos de Pesatti hubo uno que pasó bastante inadvertido, donde manifiesta su preocupación por el creciente nivel de polarización y agresividad, que, a su juicio, se genera el gobierno nacional.

    “Un amigo me acaba de contar cómo, a raíz de una discusión sobre Milei, perdió la amistad de un viejo compañero de escuela secundaria. Su relato confirma la dolorosa dinámica de estos tiempos: ninguno de los dos milita en política, pero bastó que mi amigo expresara su fastidio con las medidas del gobierno hacia los jubilados para que el otro estallara en ira”, señala el post, y concluye: “las consecuencias de ese contagio son graves, porque no se limitan a la arena política, sino que atacan directamente las relaciones humanas”.

    Para los analistas es claro que, a medida que se intensifica la campaña y se acerca la votación, la toma de posturas a favor o en contra de un partido, un gobierno o un candidato se acentúan, pero no necesariamente es entre dos opciones excluyentes ni se refleja necesariamente en la vida cotidiana de las personas.

    Una reciente indagación sobre el grado de polarización política en el país fue realizado por la consultora Zuban Córdoba. En una encuesta realizada en julio, sobre 1.300 casos a nivel nacional, preguntaron viejos y nuevos clivajes políticos entre los argentinos. Entre los hallazgos, figura la conformación de una nueva “grieta” política, entre quienes apoyan o rechazan a la gestión y la figura del presidente Javier Milei.

    Nueva “grieta” en formación


    Ante la consulta sobre cómo se identifica el encuestado en la actualidad, quienes se consideran “antimileístas” fueron 53,6%, y los que se consideran mileístas un 28,1%, con 18,3% sin definir. Para el oficialismo es un alerta, porque en enero, sólo el 46,5% se consideraba “antimileísta”, el 32,4% mileísta, con 211% que no sabían.

    Respecto de otro clivaje histórico, un 45,2% se consideró antikirchnerista y el 34,3% kirchnerista, con 20,5% sin respuesta. La división más histórica argentina, peronismo/antiperonismo fue: 39,7% se consideró peronista, 38,7% antiperonista y un 21% no se sintió interpelado.

    De allí que el informe concluye que “La grieta vive en Argentina, resignificada ahora entre el mileísmo y el kirchnerismo (…) el antimileísmo como identidad está creciendo” agrega .

    Entre quienes empiezan a ver un “castigo” al gobierno nacional como el principal motivante para votar en octubre (52,8% quiere participar de las legislativas de octubre para mostrar su oposición a las políticas), la “destrucción del Estado” y la “crueldad” aparecen como argumentos. Mientras que “el control de la inflación” es la principal ponderación que eligen quienes quieren acompañar a LLA (38,3% buscará premiar su gestión)” señala el informe. Sin embargo, cuando se consulta a ese 52% disconforme con las políticas o el estilo de liderazgo del presidente, las respuestas empiezan a mostrar un frente menos unido.

    En declaraciones radiales al analizar la encuesta, el politólogo Gustavo Córdoba advirtió que “el antimileismo todavía carece de representación concreta. El kirchnerismo y la izquierda no logran sumar respaldos o simpatías suficientes para representar a toda esa franja, y es allí donde se abren espacios para otros tipos de representaciones”.

    Es en este sentido que la irrupción la semana pasada de un frente de gobernadores centristas, podría tener chances. Sin embargo, por ahora “son pura potencialidad de conformar un nuevo tercio en la política argentina” y deberán demostrarlo en hechos.

    Otros encuestadores, como Carlos Fara, sostienen que la polarización depende del escenario. Así como en la provincia de Buenos Aires parece clara una polarización LLA/Pro-peronismo/kirchnerismo, las elecciones en Capital y otras provincias mostraron hasta un 40% del electorado por fuera de las opciones mayoritarias.

    Sin “polarización afectiva”


    Sin embargo, a pesar de todos los indicadores sobre el malestar por la situación económica y las divisiones a favor y en contra de las políticas de ajuste, otros sondeos indican que las divisiones políticas por ahora no están afectando a las relaciones cotidianas de los argentinos. Así lo considera el informe de Creencias Sociales 2025, realizado por el Observatorio Pulsar UBA .

    Allí, se destacan entre otros aspectos que:

    • Contra lo que muchos creen, el interés por la política en la Argentina crece: en 2025, el 55% se declara interesado, consolidando una tendencia ascendente desde 2023. El salto más importante se dio en las mujeres: en dos años el interés por la política pasó del 35% al 52% en ellas. Ello desmiente un poco la idea de apatía política entre la población. “El análisis pasa quizás por un tema de oferta de la política”, señaló en una charla reciente el politólogo Facundo Cruz, uno de los autores del informe. “Los partidos quizás no están ofreciendo una representación adecuada para ese interés que existe entre los argentinos por la política”, agrega.

    • La polarización no llega al corazón (ni al living de casa). El 74% rechaza juzgar a otros por sus ideas políticas. Sólo un 25% de los consultados, una “minoría intensa”, plantea que “es posible saber si una persona es buena o mala según sus ideas políticas”. Un 68% podría estar en pareja con alguien que piensa distinto. El 72% escucha periodistas de distintas posturas respecto de la propia.

    El informe destaca que “estamos lejos de la Argentina dividida, partida en dos, con distancia irreconciliable. No hay indicios para percibir que nos reina la polarización afectiva”.

    Según los resultados del estudio, los argentinos “podemos formar pareja con quienes piensan lo opuesto a nosotros, al mismo tiempo que nos privamos de juzgarlos y juzgarlas. Algo que llevamos con nosotros cada vez que encendemos la televisión, agarramos el celular, sintonizamos la radio o prendemos cualquier streaming. Valoramos el contrapunto: tres cuartas partes del país así lo considera” indican los autores del informe. Los encuestadores destacan que “esto es algo que se mantiene en todas las franjas etarias, todos los niveles educativos y todos los segmentos de votantes”, agrega el estudio.

    El estudio indica que el 55% de los consultados no condicionan sus vínculos sociales a la polarización, frente a un 45% que sí lo hace. Esto mostraría “una sociedad que debate política, pero que no se rompe” estima el estudio de Pulsar UBA.

    Esta idea se refuerza con una pregunta que se incorporó este año: “¿Usted tiene amigos que tienen ideas políticas opuestas a las suyas?”. El 87% afirmó que sí, frente a solo un 12% que indicó que no.

    “Todo peronista tiene un amigo liberal-libertario, simpatizante de Juntos por el Cambio y viceversa. El amor y la amistad, por encima de la política argentina” concluye el estudio.

    El ajuste «pierde glamour»


    Un segundo informe de Zuban/Córdoba indagó sobre las razones de este creciente malestar y las respuestas indican que tienen sobre todo base en la situación económica personal: seis de cada diez argentinos sienten que están peor económicamente que hace un año y “no llegan a fin de mes”. Al 54% no le alcanza para sus necesidades básicas.

    Más del 50% teme perder su trabajo o sus ingresos por las políticas de ajuste económico. Al respecto, el sondeo de Zuban-Córdoba interpreta que hay un cambio de percepción sobre la economía: casi el 90% de los consultados cree que no basta con la baja de la inflación y espera una mejora en sus salarios, apoye o no al Gobierno.

    “El cambio en el humor social debería ser una señal de alerta para el Gobierno. El ajuste está perdiendo glamour. Si no logra mejorar el poder adquisitivo de la gente, la elección va a ser más pareja” de lo que el oficialismo cree, interpretó el consultor en su cuenta de X.


  • El exdiputado Sergio Wisky integra el gobierno de Weretilneck desde julio

    El exdiputado Sergio Wisky integra el gobierno de Weretilneck desde julio

    El exdiputado del PRO y extitular de Salud de Chubut, Sergio Wisky, forma parte las filas del ministerio de Salud de Río Negro desde el 10 de julio, aún antes de que trascendiera su nombre la semana pasada en medio de los cambios en la cartera que conduce Demetrio Thalasselis.

    El decreto 642 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, que fue publicado en el Boletín Oficial este lunes, sorprendió con la fecha de la designación de Wisky como secretario de Coordinación Operativa de Salud, dependiente del ministerio de Salud de Río Negro, a partir del 10 de julio.

    Wiskyes médico sanitarista, fue intendente de El Bolsón (1999-2002), director del hospital de esa ciudad y referente de la terapia intensiva del hospital de Bariloche, hasta que fue electo para el Congreso en 2015.

    En Bariloche, el nombramiento de Wisky tiene buena aceptación entre los médicos y profesionales, según admitieron a Diario RÍO NEGRO. Allí recuerdan que en 2014, la propia asamblea de trabajadores lo votó para ser promovido como director del Ramón Carrillo, en una época en la que las asambleas estaban activas y los nombres de los directivos surgían por el Consejo Local de Salud.

    Pero en aquel entonces, con el respaldo de los trabajadores del hospital no se logró que Wisky sea designado director por decisión del gobernador Alberto Weretilneck, que por primera vez optó por una profesional ajena al centro de salud y designó a la médica Mercedes Ibero, que venía de tres años de gestión en San Antonio Oeste.

    Al año siguiente de ese desplante, Wisky -de origen radical y que cumplió funciones en gobiernos anteriores de esa fuerza- fue primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio acompañando en la boleta a Mauricio Macri y logró su banca, que ocupó hasta 2019. Fue a la reelección pero no pudo repetir el mandato ante una fuerte pérdida de votos del PRO que lo dejó afuera del Congreso.

    A partir de 2019, el exdiputado no regresó a la provincia ya que fue asesor del ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y en diciembre de 2023 fue designado secretario de Salud de Chubut, de la mano del gobernador Ignacio Torres.

    En la vecina provincia Wisky comenzó como titular de la cartera sanitaria y octubre del 2024 el gobernador lo derivó como tiutlar de la obra social provincia, el Instituto de Seguridad Social y Seguros, donde aseguran que acomodó las finanzas. En mayo de 2025 regresó a la secretaría de Salud hasta mediados de junio cuando dejó finalmente el gobierno chubutense.

    Pasaron solo tres semanas desde el alejamiento de Chubut cuando Wisky ya estaba en funciones en Río Negro con el nuevo cargo creado por Thalasselis.


  • La UCR se baja de las legislativas en Neuquén y se abre un nuevo escenario para los armados electorales

    La UCR se baja de las legislativas en Neuquén y se abre un nuevo escenario para los armados electorales

    El radicalismo resolvió no competir en los comicios nacionales del 26 de octubre. La decisión altera el mapa político provincial y podría facilitar alianzas individuales con otros espacios, en particular con La Libertad Avanza.

    La Unión Cívica Radical de Neuquén no será parte de la contienda legislativa nacional que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre. La decisión, tomada en el marco de su Convención Provincial, marca un hecho inédito en la historia reciente del partido, que por primera vez en décadas se abstendrá de participar orgánicamente en la renovación de bancas para el Congreso.

    Este retiro formal se inscribe en un contexto de reconfiguración partidaria que afecta al radicalismo neuquino desde los resultados electorales de 2023. La alianza con distintos espacios, primero con Juntos por el Cambio y luego con el oficialismo provincial, fragmentó a la estructura interna y dejó heridas abiertas que todavía no se cierran.

    La definición de no presentar lista tiene efectos directos en el tablero político local. Por un lado, libera a figuras del radicalismo para integrar otras boletas, especialmente en sectores donde se viene gestando un acercamiento con La Libertad Avanza. Tal es el caso del diputado nacional Pablo Cervi, cuyo nombre circula como una posibilidad dentro de una de las listas del oficialismo nacional para competir por una banca en la Cámara Baja.

    La retirada de la UCR podría reducir la dispersión del voto de centroderecha en la provincia, en un escenario donde se espera una alta fragmentación de fuerzas en competencia. Sin el filtro de unas PASO nacionales, al menos ocho listas competirán por los seis lugares que se disputarán entre la Cámara de Diputados y el Senado.

    El proceso de descomposición partidaria que atraviesa la UCR en Neuquén viene arrastrando conflictos internos desde hace varios ciclos electorales. La falta de identidad programática y la sucesión de alianzas tácticas sin base territorial sólida debilitaron el posicionamiento del partido, que ahora atraviesa una etapa de repliegue con vistas a una eventual reconfiguración.

    En ese marco, la decisión de no competir también puede leerse como un intento de evitar un resultado adverso en las urnas que profundice la crisis. Al no participar, el partido busca ganar tiempo para recomponer su estructura, revisar sus alianzas y construir una estrategia de mediano plazo más coherente con el escenario político y social de la provincia.

    Mientras tanto, el vacío que deja el radicalismo en la oferta electoral podría ser aprovechado por otras fuerzas, tanto emergentes como consolidadas, que busquen sumar volumen político o captar segmentos del electorado históricamente cercano al espacio.