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En solo tres semanas, uno de los escándalos que sacudieron Chubut en este intrincado inicio de 2026 pasó a ser un boomerang para el gobierno de la provincia, que ahora podría enfrentar el eventual inicio de acciones legales en su contra. Y en todo esto hay un detalle que no se puede soslayar: la misma jueza que ordenó el inicio de las actuaciones autorizando allanamientos y secuestros de elementos electrónicos después se desdijo y los declaró nulos. Una cámara ratificó esta decisión y “pase a archivo”.

La introducción tiene que ver con la denuncia de un sindicalista de ATE, quien acusó a un lobista del sector pesquero de ofrecerle plata para que “pudra” el inicio de las clases previsto para el pasado lunes 23 de febrero. La fiscal anticorrupción Julieta Gamarra (poco después involucrada en una denuncia de recibir coima para pedir una pena menor a un delincuente) recibió la denuncia del gremialista y pidió a la jueza Mirta Moreno una serie de medidas que incluían los allanamientos mencionados.

Todo fue un culebrón. El lobista fue detenido en una ruta de ingreso a Trelew, a una hora de mucha circulación, en un operativo que incluyó a varios patrulleros y una cantidad indeterminada de policías. Comenzó allí la mediatización de un escándalo que después tendría fuertes derivaciones políticas.

Gamarra logró quedarse con celulares y otros elementos electrónicos de la oficina a la que fue llevado el representante de empresarios pesqueros de la flota amarilla de Rawson mientras se difundieron imágenes de una cámara donde se veía al sindicalista en ese mismo lugar, en el cual supuestamente le dijeron que “si pudría el inicio de clases, después iba a tener su propia paritaria”. Esta última frase fue interpretada como el pago de dinero por el servicio prestado.

Conocido el tema, el gobierno de Ignacio Torres comenzó a mover todas sus influencias mediáticas. Ministros, subsecretarios y directores generales salieron a criticar duramente al empresariado, repudiando el hecho del intento de soborno para que las clases no empiecen. También conducciones de partidos políticos pidiendo “investigación hasta las últimas consecuencias”. Hay un detalle que tampoco se puede pasar por alto: el ciclo lectivo y, por ende, la educación han sido y son las banderas que más flamean en el horizonte trazado por el gobierno de Torres.

Pero todo este entramado solo tardó tres semanas en mantener su existencia como uno de los hechos de corrupción más deplorables. Para colmo, el mencionado lobista ya tenía antecedentes judiciales con condenas aún pendientes por enriquecimiento ilícito cuando fue funcionario en anteriores gobiernos.

Los abogados de la pesca pidieron declarar nulo todo el procedimiento por haberse “vulnerado garantías constitucionales”. ¿Y qué pasó? La jueza Mirta Moreno, la misma que había autorizado allanar oficinas y secuestrar celulares, es decir, “había vulnerado todas las garantías constitucionales”, les dio la razón y determinó que todo el procedimiento que había autorizado “carecía de sustento legal”.

Los jueces Gustavo Castro e Ivana González validaron la decisión de su par Mirta Moreno y ratificaron la nulidad de las requisas, allanamientos y secuestros realizados tras la denuncia del gremialista. Cuestionaron con dureza la insistencia de la Unidad Anticorrupción que lidera Julieta Gamarra y dijeron que para abrir un celular hace falta una sospecha fundada: «De lo contrario, se trata de un gran ir a la pesca», dijeron los jueces, quizá con un toque de ironía.

Pero antes que todo este cambalache ocurriera, la denuncia del sindicalista provocó un estallido en la política local. Dos diputados allegados tanto a empresarios pesqueros (Sergio González es hermano del presidente de la entidad que nuclea a la flota amarilla de Rawson) y Mariela Tamame (delfín del intendente de Rawson Damián Biss, enfrentado con el gobierno de Torres) abandonaron el bloque oficialista y crearon uno propio. Torres hizo declaraciones públicas en las que dijo que “quien quiera pertenecer al bloque de la flota amarilla, que lo haga. Nosotros seguiremos trabajando para Chubut”. El enfrentamiento pareció tener puntos de no retorno.

El escándalo que a principios de febrero pareció ser un tsunami que se llevó todo, terminó a mediados de marzo siendo una leve brisa que ni siquiera tiene la fuerza de mover las hojas de un árbol.

Ahora, el abogado del lobista, Federico Ruffa dijo que “es probable que se inicie una acción legal contra el Estado, aunque todo depende de mi cliente”. Esto es, el que antes era punto, ahora es banca.

Gamarra no se quedó callada y dijo que Mirta Moreno había incurrido en un exceso jurisdiccional, calificándola una y otra vez de contradictoria, ilógica, inestable, arbitraria y, además, de generar inseguridad jurídica, porque incurrió en desconocimiento del derecho.

Todo muy patético. El escándalo que sigue es el de un video donde un abogado recibe 12 millones de pesos de parte de la madre de un detenido para que este se lo haga llegar a Gamarra (por entonces fiscal) para acordar la rebaja de pena de su hijo. Gamarra se vindicó y pidió que la investiguen, y el abogado, que era parte del staff de letrados del gobierno, fue suspendido en su cargo.

La difusión del video, filmado en mayo del año pasado, fue el 12 de marzo. Su incursión en redes y portales fue más que generosa. Después de los primeros días de estallidos mediáticos a lo largo y ancho del país, llegó la calma. Hace algunas semanas que nada se sabe sobre la investigación del tema.

No será cuestión de que tenga el mismo final de la narrativa del sindicalista y el lobista, el que solo espera para cerrarse definitivamente, esa frase maravillosa de gran relación con las infancias: “Y colorín, colorado”.