Centenario volvió a entrar en ese territorio conocido donde la planificación urbana se vuelve un objeto eterno, abstracto, y siempre en proceso. Desde 1990, cada gestión prometió “actualizar” el Código Urbano y Rural. Se hicieron planes estratégicos, diagnósticos, zonificaciones, borradores, se pagaron consultoras y difundieron mapas.

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Y, sin embargo, más de tres décadas después, la ciudad discute otra vez lo mismo: qué hacer con sus chacras, con su suelo productivo, con su borde petrolero y con su crecimiento por momentos desordenado. Es cierto que la ciudad no es la misma, pero las normas no terminan de aplicarse.

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El nuevo Código Urbano y Rural (CUR 2025) -un documento de casi 400 páginas, mapas, anexos técnicos, normas administrativas, sanciones, lineamientos ambientales, pautas para el espacio público y mecanismos de participación- ingresó hace un tiempo al Concejo Deliberante.

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Pero ya en su primer paso parece condenado a frenarse, al menos por un tiempo. Como si el proyecto llegara con un desgaste incorporado, como si la propia historia de Centenario le estuviera diciendo a la política, algo así como “esto ya lo intentaron, y no funcionó”, por distintos motivos.

El proyecto llegó en un momento de conflicto con un sector de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA), precisamente por lo ocurrido en la vecina localidad: la contratación de una consultora de La Plata para ordenar una ciudad que prácticamente es un paño agrícola. Lo tomaron como un desplante de un proyecto a espalda de la gente. Vale decir que esta entidad, integrada por antiguos chacareros independientes, también tiene sus dinámicas internas, que siempre son capitalizadas (o al menos en un intento) por los gobiernos de turnos, o las oposiciones.

Centenario: varios proyectos e intentos de ordenamiento

La gestión del intendente Esteban Cimolai expone desde hace años una narrativa de puertas abiertas, diálogo permanente y defensa de la tierra productiva. Pero los hechos de la realidad generan otra lectura, mucho menos dogmática. Si ya existían proyectos anteriores -algunos financiados por CFI-COPADE, como el Plan Estratégico Centenario 2015 y el Código de 2019 (que nunca se terminó)- ¿Por qué impulsar un nuevo código y saltearse cuatro años donde «pasaron cosas»?

La respuesta que circula está relacionada con el fenómeno del crecimiento de Vaca Muerta, que está empujando los límites de la ciudad. La presión del sector hidrocarburífero, del Parque Industrial, que ya suma 370 hectáreas nuevas, y de una dinámica poblacional que pasó de 25 mil habitantes en 1991 a 60 mil supuestamente para 2025, obliga a “reabrir” la discusión. Pero esa palabra -reabrir- es justamente la que despierta desconfianza entre un sector de los productores, aunque no todos.

En Centenario, el conflicto entre urbanización y chacras viene desde hace tiempo, y pasó por varias facetas, pero hoy hay otra discusión más allá de la polaridad «petróleo versus chacras». Hay otra idea de que Centenario pase a ser parte de una red metropolitana, y esto impacta, claramente, en sus tradiciones e identidad. En el futuro, ya pocos se acordarán de los fundadores, y la filosofía de pueblo, si no se pone un freno a la urbanización en áreas rurales.

Una tradición que forma parte de la identidad de la localidad, desde la «mujeres en lucha», hasta los viejos chacareros que se le pararon alguna vez de mano al COPADE cuando lo presidía Carlos Ciapponi, con los tractores en el Concejo Deliberante. Después, en 2012, pasó lo mismo durante la segunda gestión del exintendente Javier Bertoldi, cuando autorizó la urbanización en 610 hectáreas rurales, con un proyecto enmascarado en «zona de servicios turísticos, urbanísticos e inmobiliarios», donde vale decir que la cúpula del peronismo (en ese momento sin internas), tomó la decisión política de lotear buena parte de la ciudad. Muchas de esas hectáreas aún siguen en blanco. Ahí también hubo otra fractura con los productores, y Vaca Muerta apenas era una insinuación.

El documento enviado al Concejo Deliberante explica que las 2.312 hectáreas de zona rural irrigada (el 26% del ejido) siguen siendo la joya a preservar en la localidad, pero también son el área más presionada por loteos, subdivisiones irregulares y la frontera invisible de Vaca Muerta. Hoy en Centenario cualquier hace lo quiere. De hecho, las empresas han comprado y se han asentado al costado de la Ruta 7 (y próximamente en la calle Jaime De Navares), ya sea por excepción o por la fuerza.

Los productores sienten que los códigos no se hacen para ellos, sino a pesar de ellos. Y esa sensación no cambia, aunque el CUR incluya capítulos sobre derechos, obligaciones, participación ciudadana e incluso mecanismos de revisión cada cinco años. Porque Centenario lleva tres décadas discutiendo normas que no tienen la voluntad política de aplicarse y que después quedan «viejas». ¿Cómo hacen en otros países? ¿Todo está en permanente revisión?

¿Vuelven los barrios cerrados en las chacras?

Pero los tiempos cambian, y muchas de las banderas que se levantaban son difíciles de sostener en la concepción de desarrollo. Una de ellas es la prohibición de barrios cerrados, que fue una marca identitaria de Centenario durante casi 12 años. Ahora con el CUR se podría abrir nuevamente esa discusión, más allá de las zonas:

Y acá aparece el punto más sensible que es la noción de “comunidad”, de “no a la segregación”, y de ese espíritu que tiene la localidad que ha abrazado a generaciones. Desde 2012, los pobres van a la meseta y los ricos a los loteos de las chacras. Y no hay nada que una esa trama comunitaria, que está rota. Ni los sociólogos y politólogos que arman proyectos y discuten en mesas de la nada.

La realidad muestra que proliferan los loteos irregulares en chacras, sin controles ni sanciones. O con sanciones tan débiles que llega a corromper no solo la planificación, sino los ideales de pelear por el trabajo y la tierra productiva. Donde antes había manzanos, ahora hay cercos, cabañas, casas sin aprobación y “emprendimientos” que existen porque nadie fue capaz de frenarlos, o de darles un orden.

Tampoco hay una directiva clara de cómo parar la informalidad, porque las leyes parecen que no garantizan mucho. ¿Si se puede tirar abajo un kiosco narco, con el límite del conflicto de la propiedad privada, porqué no es posible hacer lo mismo para frenar loteos ilegales? Muchos piensan que aun teniendo la herramienta del nuevo CUR, el mercado, asociado a la maña política, lo corrompe todo.

Lo mismo ocurre sobre Ruta 7: excepciones concedidas a empresas petroleras que instalan tráileres, camiones, depósitos y servicios en zonas que jamás fueron pensadas para eso. La “regulación” llega siempre tarde; el mercado, siempre temprano.

Es un proyecto demasiado complejo para aprobar a las apuradas, y también para dormirlo eternamente. Además de la cuestión política, hay otro problema: son los 10 concejales que ya adelantaron (algunos) que quieren revisar un texto de casi 400 páginas para un análisis profundo. Tienen la competencia de discutir algunos puntos y para no pagar consecuencias para los próximos 30 años. ¿Qué apuro hay si se esperó más de 30 años?

La sensación general es que el proyecto no tiene los consensos necesarios para avanzar en lo inmediato. Todo indica que será retirado o devuelto para revisión, para tener una imagen de acuerdo. No sería la primera vez. Ni será la última.