“La causa por la estafa con planes sociales se desvanece… la expectativa de auténtica justicia ha desaparecido.”
Parece que estamos recorriendo los últimos tramos previos a que se pueda llevar adelante un juicio para conocer si hay o no responsabilidad penal por las acciones de un grupo de personas.
Esta semana ha sido muy intensa en novedades, sobre las cuales hemos hablado en los programas del miércoles y jueves, por AM Cumbre 1400. Me refiero a lo que conocemos como la causa por la estafa con planes sociales, con mayúscula.
A veces, el uso correcto de las palabras es muy importante y simbólico. No hablamos de la causa de planes sociales; hablamos de la causa de la estafa perpetrada mediante la manipulación delictiva de planes sociales.
Son dos extremos que no podemos ignorar: hay personas acusadas de haber cometido un delito… estafar. Para ese delito, se valieron de toda una compleja operatoria de apoyo social a personas vulnerables, desamparadas, sin recursos, en condiciones de vulnerabilidad, pobreza e indigencia.
Delincuentes le robaron a los más pobres, así podemos verlo.
Allá por agosto de 2022, conocimos este caso de manera totalmente casual: una persona se sorprendió al saber que le entregaban apenas una parte minúscula del dinero que le depositaban en una cuenta, y que otras personas lo extraían y se apropiaban.
Creo que apenas el 20% de lo depositado le entregan a esa persona: le daban $8000 y le retenían ilegalmente $40000, más o menos.
En noviembre de 2022, la Fiscalía Penal formuló cargos a varias personas involucradas en distintos roles en estas maniobras, todas del equipo de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia del Neuquén.
Entre agosto y noviembre de 2022, ya estaban los preparativos de campaña electoral para la renovación de autoridades provinciales, cuyo acto de votación tuvo lugar el 16 de abril de 2023. Durante ese periodo, el caso de la estafa con planes sociales tuvo poco movimiento. Se mencionó que se estaba llevando a cabo una investigación compleja.
De repente, a partir de abril de 2023, la energía puesta en esa investigación parece haber cambiado, se incrementó la voluntad de encontrar posibles responsables. Comenzaron a aparecer las prisiones preventivas de supuestos cabecillas de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de estafa a los más desfavorecidos de nuestra sociedad, aquellas personas que necesitan, para subsistir (para mal subsistir), un aporte de dinero del Estado Provincial. Nuestro dinero.
Algunas voces otorgaron tal relevancia al escándalo de esta estafa que asociaron el resultado electoral de abril de 2023 con esa novedad, como si esa novedad definiera muchos votos que se esperaban en un sentido y terminaron sumando en otro.
Fue un límite traspasado, injustificable para la mayoría. Esa estafa repugnante fue mencionada en actos institucionales, en aperturas de la Legislatura, y en entrevistas de varias autoridades de todos los poderes.
No exagero al decir que el tema de la estafa con planes sociales se convirtió en el tema político-institucional y judicial del año 2023, con pocos antecedentes comparables. Algunos han tratado de asimilar esto al caso Temux. Y ahora, en este semestre de 2024, vuelve a estar en primera plana.
La expectativa de toda la comunidad sobre la investigación, la acusación, el juicio y la condena ejemplar ha sido grande. Se abrió una esperanza de que algo cambiara, de que la Justicia mostrara firmeza, severidad, compromiso e independencia.
Se habló de grupos de responsables en distintos niveles, de líderes de la asociación ilícita, de coordinadores, reclutadores y extractores. Vimos cómo se señaló a tres personas como supuestos líderes de esa banda, según nos decía la Fiscalía Penal, y se dictaron largas prisiones preventivas, pues se sostuvo que esas personas tenían comportamientos cuasi mafiosos, de atemorizar a las personas, de inducirlas a destruir pruebas y a mentir.
Se mencionó un perjuicio multimillonario, difícil de mensurar, que se habría extendido durante años, tal vez una década. Una década son tres mandatos de Gobernador, y varios ministros y funcionarios con capacidad de decisión en distintos puestos.
De a poco, también fuimos viendo cómo la Fiscalía Penal generaba acercamientos con los imputados de distintos niveles, buscando “arrepentidos”. Se difundieron declaraciones de algunos supuestos arrepentidos que no parecen haber sido suficientemente profundizadas por la Fiscalía Penal; al menos, no hemos conocido novedades de las otras causas penales conexas que se dice han abierto para ir profundizando la investigación.
Así como cuando no se quiere hacer nada se crea una comisión, en el fuero penal y en la investigación fiscal, cuando no se quiere investigar nada o no se quiere que nada desvíe lo que se busca en una causa, se abre una causa paralela, de esas que nunca se sabrá qué pasó. De las audiencias penales multitudinarias, se fue reduciendo la convocatoria, como una novela de bajo presupuesto que deja de atraer la atención.
Supimos los últimos días que la Fiscalía Penal, en conjunto con la Fiscalía de Estado, había decidido pedir el sobreseimiento de seis personas, es decir, dejar sin efecto las acusaciones contra ellas, que recuperarían su carácter de inocentes, libres de culpa y cargo. Seis menos.
Ahora nos enteramos de que a esas seis personas que quedaron afuera, la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado han concretado acuerdos con otras ocho personas, que a cambio de reconocer una muy atenuada responsabilidad en los hechos ocurridos y en el perjuicio económico causado, recibirían penas en suspenso. Es decir, nadie a la cárcel de este grupo, ni un día.
Así, hablamos de al menos catorce personas que nos encontraremos por la ciudad, de paseo, de compras, como si nada, al lado de cualquier ciudadano que no ha robado, no ha participado de ninguna maniobra delictiva y no se ha beneficiado con ninguna suma de dinero.
Y, por favor, señores fiscales, no me digan que las personas sobreseídas o las que firmaron acuerdos de pena son vulnerables. Todos se quedaron con fondos que no correspondían a los sueldos de sus funciones, si es que las cumplían. Por favor, no seamos burdos.
En medio de esto, como un detalle menor, la persona señalada como el aparente líder de todo, el cabecilla según la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado, después de varios meses de prisión preventiva en una comisaría, y de haber intentado sin éxito obtener la libertad, obtiene la prisión domiciliaria. A su casa, sin siquiera una tobillera electrónica, con la ficción de rondines policiales sorpresivos. Ya nos imaginamos lo que puede pasar ahí.
Y al final, quince personas irían a juicio: los cinco supuestos líderes de esta asociación ilícita para delinquir, más las personas que no quisieron concretar acuerdos con la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado, más al menos tres personas –hasta ahora– a las que la Jueza Penal Carina Álvarez les rechazó los acuerdos por ser ilegales e irracionales.
Lo digo así porque la Jueza dijo que era su deber hacer el control de legalidad y de racionalidad, y que lo que la Fiscalía Penal propuso, y la Fiscalía de Estado avaló, no cubría ni los mínimos de legalidad ni de racionalidad.
La Jueza nos habló de impunidad y de proteger intereses individuales o personales en contra del interés de la comunidad y de las personas vulnerables.
Esta semana dije que esto es una vergüenza y me pregunté si la actuación de la Fiscalía Penal y de la Fiscalía de Estado era creíble.
La respuesta creo que es obvia. Me parece innegable que la causa penal que iba a cambiar la forma de combatir la corrupción política en la provincia del Neuquén se está desinflando, perdiendo color y temperatura, y se está opacando.
Se nos dijo durante todo el año 2023 que esta causa iba a ser un ejemplo en la lucha contra el delito de corrupción, en su versión más repudiable e indigna, como es apoderarse de fondos públicos fingiendo que se destinarían a planes sociales para personas necesitadas. Si había una forma de ser de la peor calaña, creo que es esa.
La Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado, sin perderle pisada, sabiendo cada movimiento y participando en cada decisión sobre los investigados e imputados, prometieron imputación, juicio y condenas ejemplares. Pero, al poco de llegar a la etapa de juicio, la causa ha sido desmantelada, desarticulada, fragmentada y, sin dudas, debilitada. La causa de esta estafa con planes sociales, en mi opinión, se está desvaneciendo y apagando.
No me sorprendería que, con lo que estamos viendo estas últimas dos semanas, todo este circo judicial penal termine sin condenas de prisión efectiva, sin perseguir y recuperar el dinero estafado y que han conservado, y sin llegar a los reales responsables de haber diseñado, autorizado y tolerado que esto ocurriera.
Y ojo, que no quiero ni entrar en el punto de que la investigación se ha limitado, de forma inexplicable, a menos de dos años de la maniobra, 2021 y 2022, cuando es sabido que se remonta mucho más.
Se repite que el aparente perjuicio de ese período serían unos 150 millones de pesos, cuando las estimaciones al inicio del proceso hablaban de no menos de diez veces esa suma, todos valores multimillonarios que, la verdad, no creo que entraran en la caja de archivo azul que dicen que tenía el director de Planes Sociales en su despacho oficial o en la oficina de su negocio comercial.
Sin dudas, con bronca, pena y frustración, es una vergüenza que se haya defraudado a la comunidad con el mensaje que se instaló de investigación ejemplar, de acusación severa y de condena a prisión efectiva para todos, todos, absolutamente todos los integrantes de esta banda, de esta asociación ilícita, y de todos los que no se mencionan expresamente, pero muchos de la audiencia saben de quiénes hablamos.
La estafa con planes sociales ha sido una vergüenza provincial. Se ha perdido una oportunidad única para brindar un gesto a la comunidad que repercuta en confianza y tranquilidad de que los delitos tienen sanciones, y que los delitos graves y aberrantes tienen sanciones ejemplares.
Nada de eso parece ser posible en los próximos meses, si no se cambia abruptamente el rumbo de desinterés que se nota en la Fiscalía Penal y en la Fiscalía de Estado, menos con imputados disfrutando de prisión domiciliaria, con personas sobreseídas, y con imputados que firmaron acuerdos de imposición de pena tan escandalosos y leves que han motivado que una Jueza Penal los tenga que rechazar.
Claro, tendremos que ver qué ocurre en el Tribunal de Impugnación o en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Tampoco sorprenden las posturas que puedan concretar.
Las oportunidades que se pierden profundizan aún más el descrédito y la pésima imagen social que tiene el servicio de justicia.
Señores fiscales, Penal y de Estado, mírense un poco hacia adentro, escuchen lo que la sociedad interpreta de las acciones que deciden. No era eso lo que esperábamos. No era eso lo que prometieron y comprometieron. No es esto lo que necesitamos.
