El escándalo judicial que generó en Chubut la difusión de un video en el que se observa la entrega de 12 millones de pesos a un abogado para supuestamente coimear a una fiscal y reducir la condena de un imputado, acaba de sumar otro capítulo, ahora a partir de una primera versión sobre quién habría filtrado las imágenes.
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Los familiares de Pablo «El Chavo» Ferreyra, el condenado que, en teoría, gracias a esa importante suma de dinero, habría sido beneficiado con una pena de solo un año de prisión que ya cumplió, salieron a dar su propia lectura de los hechos.
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Irene Ramírez, quien aparece en las imágenes entregando el dinero a Martín Castro, el defensor de su hijo, confirmó la autenticidad del video pero negó tener conocimiento previo sobre la grabación.
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Junto al padre del Chavo, catalogado en Chubut como un delincuente peligroso, aseguraron que fueron víctimas de una estafa y negaron haber impulsado la difusión de las imágenes. En cambio, apuntaron contra una expareja de su hijo como posible responsable de la filtración.
Lo hicieron poco después de un allanamiento en su casa que, según aclaró la policía, no se vincula con la investigación de los hechos sugeridos en el video, sino a “una denuncia de violencia de género” contra su hijo.
Para sostener lo que -en principio- parece apenas una especulación, indicaron que en el momento en que se realizó el pago a Castro solo había tres personas presentes, lo que para ellos acota el círculo de posibles responsables de haber filmado la situación.
«El video aparece justo después de una separación. Para nosotros fue un despecho», aseguró en diálogo con Diario Jornada el padre del Chavo, que también rechazó cualquier vínculo con actividades ilegales y desmintió las acusaciones que circularon en redes sociales.
¿Coima a la fiscal de Chubut o estafa a una familia?
En cuanto a lo que muestra el video viral, la versión de la familia del Chavo es que Castro les habría indicado que la fiscal del caso pediría cuatro años de prisión, pero que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para bajarla a uno a cambio de una suma de dinero.
«Yo no sé si fue para él, para la fiscal o para otra persona. A mí me pidieron 12 millones para que mi hijo quedara con un año, y yo los pagué», sostuvo Ramírez ante el mismo medio.
El jueves pasado, la fiscal Julieta Gamarra se puso a disposición de la Justicia y en declaraciones públicas negó haber solicitado y recibido dinero. Incluso, exsplicó que la pena que le correspondía al imputado era incluso menor al año. También hizo una especulación que, según confiaron ahora, hizo sospechar a los padres del condenado.
«Martín Castro tiene que aparecer y decir cuál es la realidad de que yo no recibí ningún dinero. Y entonces tendrá que hacerse cargo de si le pidió de más o no a la familia», había declarado Gamarra.
Castro dio ese paso el viernes pasado y afirmó que nunca habló de entregarle dinero a la fiscal y que el pago correspondía a sus honorarios. Pero Ramírez sostiene que eso ya estaba abonado y hasta cuestionó el costo de 11.000 dólares, una suma que calificó como difícil de afrontar pese a los ingresos familiares vinculados al trabajo en la pesca. Los 12 millones, sostiene ella, eran un pago extra.
Allanamiento y denuncia de violencia de género
El lunes pasado, la vivienda familiar fue allanada en la ciudad de Trelew. La policía aclaró que esos procedimientos no tenían relación con la investigación sobre la supuesta coima, sino con una denuncia por violencia de género contra «El Chavo», que derivó en su detención.
Sin embargo, apartenmente ahora los padres vinculan ese episodio con el escándalo judicial: estarían señalando a la misma mujer que denunció a su hijo por violencia de género como quien podría haber filtrado el video. En sus nuevas declaraciones, calificaron esa acusación como falsa, hablaron de una persecución contra su entorno y cuestionaron el accionar de las autoridades.
Mientras tanto, la investigación del escándalo judicial avanza. El martes fueron secuestrados los teléfonos celulares de la madre de «El Chavo» Ferreyra y del abogado Martín Castro, en un caso que fue virando desde las sospechas de corrupción hacia una posible engaño y, ahora también, hacia un trasfondo de conflictos personales o de violencia de género.
