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  • Se conocieron los resultados de la Encuesta de Percepción de Seguridad

    Se conocieron los resultados de la Encuesta de Percepción de Seguridad

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    Delitos, drogas y violencia suman el 40% de las preocupaciones de los comerciantes de San Martín de los Andes, en un contexto de escasa participación colectiva contra la inseguridad y un bajo índice de denuncias, según el relevamiento de la Encuesta de Percepción y Victimización, organizado por el Ministerio de Seguridad de Neuquén.

    El trabajo, elaborado con una metodología desarrollada por la Universidad Nacional de Río Negro, determinó, entre otras cosas, que fue denunciado apenas el 28% de los hechos delictivos registrados en el último año; que sólo en el 20% de los casos se hizo un llamado a la policía y que la institución concurrió en el 12% de las convocatorias.

    La encuesta realizada en comercios de nuestra ciudad, que se replica en otras localidades de la provincia, parte de la base de que existe un muy alto índice de hechos delictivos que no se denuncian (denominadas “cifras negras”). El resultado del trabajo busca mejorar la participación ciudadana para generar políticas públicas en materia de prevención y seguridad.

    En San Martín de los Andes fueron consultados 446 comercios, de los cuales se obtuvieron 154 muestras, con un grado de confianza metodológica del 95% y un índice de error estadístico del 8%. Los comercios sondeados están ubicados en diferentes barrios a lo largo de la franja de la Ruta Nacional 40, incluyendo el centro de la ciudad.

    El resultado del sondeo fue presentado este martes en el Salón Municipal por docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, funcionarios provinciales y municipales, representantes de la Cámara de Comercio y los máximos jefes policiales de las diferentes reparticiones de la Policía del Neuquén y el jefe de la Policía Federal.

    La presentación estuvo a cargo del director del estudio y la investigación, Miguel Abadovsky, profesor de la carrera de Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro. Las herramientas del sondeo fueron desarrolladas por el Grupo de Investigación Aplicada a la Seguridad Ciudadana (GIASEC), de la Universidad.

    Asistieron el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana de la provincia, Luis Sánchez; el director provincial de Análisis Delictual, Juan Chiocconi, ambos dependientes del Ministerio de Seguridad que encabeza Matías Nicolini. También participó el presidente de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, Mario López. En representación del Municipio estuvieron Natalia Vita, presidenta del Concejo Deliberante en ese momento a cargo del Ejecutivo; el secretario de Gobierno, Federico Vita; la subsecretaria, Antonella Tabares; el director de Seguridad Ciudadana, Mauricio Troncoso; y el director de Protección Civil, Sebastián Torcivia.

    Abadovsky detalló la metodología del trabajo, trazó las diferencias entre percepción del delito, seguridad objetiva y seguridad subjetiva, en referencia a lo que “siente la gente” en materia de seguridad. Reafirmó que la encuesta se hizo sobre una población de pequeños comercios con el objetivo de reemplazar revelamientos tradicionales hechos a referentes o instituciones vinculadas al estudio delictivo. También puso en contexto que el trabajo se realizó “en un momento complejo desde lo social, desde lo económico y con falta de confianza”.

    Respecto de la participación comunitaria, sólo el 30% se asoció entre vecinos para mejorar su seguridad. Más del 50% colocó cámaras de seguridad o alarmas, tanto en sus comercios como en sus viviendas particulares. Además, la percepción de inseguridad es mayor a nivel nacional. La sensación de seguridad mejora a nivel provincial, luego en el lugar donde se ubica el comercio y, finalmente, la residencia particular. En otras palabras, los encuestados se sienten más seguros en sus viviendas y mucho menos seguros en escenarios nacionales.

    Más del 40% de los comerciantes relevados manifestó su preocupación por tres puntos considerados claves: delito, drogas y violencia. La corrupción ocupó el 7 por ciento de las inquietudes y otro tanto sucedió con los delitos informáticos como estafas por Whatsapp, teléfonos, clonación de tarjetas y correos electrónicos.  

    De la Encuesta surgieron otros datos de interés como la escasa antigüedad promedio de la mayoría de los comercios; la edad promedio de los comerciantes relevados: 42 años; la mayor porción son propietarios y que apenas el 5% participa o se referencia en la Cámara de Comercio de nuestra ciudad. En cuanto al acceso a la información, el 60% de los encuestados afirmó que utiliza las redes sociales para informarse; el 25% lo hace a través de la radio; 13% por Whatsapp y 2% por diarios digitales.

    Por la Policía del Neuquén estuvieron presentes el coordinador en San Martín de los Andes, comisario inspector Rodrigo Vergara; el jefe de la brigada de Investigación, comisario Johnatan Malabe; el jefe de Comisaria de la Mujer, Niñez y Adolescencia, comisario Mario Retamal; la jefa de la División Tránsito, subcomisario Silvina Huenuquir; el jefe del Comando Radioeléctrico, comisario Marcos Guzman; el jefe de la Comisaría 23, el subjefe José Puel; el subcomisario Rubén Ahumada; el jefe de la Comisaría 43, comisario Sebastián Carrasco; y el jefe del área Antinarcóticos, subcomisario Leandro Brandolio. Por la Policía Federal asistió el jefe de la institución en nuestra ciudad, comisario Alfredo Pantoja.

    En la presentación del informe, el director provincial de Análisis Delictual, Juan Chiocconi, recordó que el trabajo es producto de un convenio firmado entre el ministro Nicolini y la Universidad de Río Negro y agradeció el rol que tuvieron en este estudio tanto el Municipio como la Cámara de Comercio, los comerciantes de diferentes barrios de nuestra ciudad y las diferentes instancias de la Policía de Neuquén.

    Natalia Vita agradeció el trabajo presentado y afirmó que se trata de un documento muy valioso para el Municipio para reforzar la confianza para que las vecinas y vecinos hagan las denuncias y para trabajar de manera conjunta con los comerciantes y con todos los actores involucrados en la temática. Coincidió en que las “cifras negras” –los delitos no denunciados- es muy alta y propuso como meta mejorar o cambiar los procesos y los procedimientos en las diferentes zonas de la ciudad.

    En el cierre de la actividad, el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana de la provincia, Luis Sánchez, calificó a este documento como una gran herramienta para trazar políticas públicas a partir de las manifestaciones de los propios ciudadanos e invitó a la población a mejorar la confianza en las instituciones para mejorar el índice de seguridad y la percepción que tiene la comunidad.

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  • Escándalo y condena: un padre robó fondos para el tratamiento contra la leucemia de su hijo

    Escándalo y condena: un padre robó fondos para el tratamiento contra la leucemia de su hijo

    José González, padre de Nacho, un adolescente de 14 años, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión domiciliaria por estafa y administración fraudulenta, tras malversar los fondos de una colecta destinada al tratamiento de su hijo con leucemia linfoblástica aguda.

    El tribunal también sentenció a su pareja a un año de prisión como partícipe necesaria del delito.

    La colecta inició en 2019 para financiar un tratamiento de 20 mil dólares en Estados Unidos. Nacho falleció el 10 de junio de 2020 sin poder viajar. La madre, Soledad Serrano, denunció el caso al descubrir que González usó los fondos para comprar una casa y un auto en Salta. La investigación fue liderada por la fiscal Ana Salinas Odorisio de la UDEC.

    La investigación, liderada por la fiscal Ana Salinas Odorisio, probó que González usó el dinero para comprar una casa y un auto poco antes de la muerte de su hijo en 2020. Su pareja en ese momento también fue condenada como partícipe necesaria.

    Soledad relató que su hijo le entregó pruebas y le pidió que no dejara que el caso quedara impune. Durante la enfermedad de Nacho, González solicitó ayuda económica para el tratamiento, mientras que Soledad se centraba en el bienestar emocional de su hijo, sin sospechar los actos de su ex pareja.

    “Un mes después de que murió mi hijo me enteré que el señor (González), el mismo día del fallecimiento, días antes y días después, había retirado una suma grande de dinero”, dijo a TN. “Fui a la Justicia porque Nacho me lo pidió. Me entregó su celular y su computadora con las pruebas y me dijo ‘mamá, no dejes que esto quede así’”, aseguró.

    La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, probó que el 22 de mayo de 2020 José González compró una casa en el barrio Santa Ana I de Salta y realizó la cesión de derechos en favor de su nueva pareja, que a su vez adquirió un auto en los días previos a la muerte del chico, según reveló la investigación.

    Soledad, empleada de comercio de 46 años, mantuvo una relación de más de 10 años con el imputado y formaron una familia con cuatro hijos. La mujer describe a su ex como “una persona violenta, impulsiva y agresiva”. Cuenta que sufrió violencia de género, que la primera denuncia la hizo en 2014 y, finalmente, en 2016 se separaron.

    Serrano se mantuvo en silencio mediático mientras González estaba al frente de la colecta y pedía ayuda en momentos en que Nacho peleaba por su vida. Tampoco habló cuando, a fines de 2021, la fiscal pidió la detención de su ex al Juzgado de Garantías.

    “Yo hacía lo que los médicos me pedían, porque la idea era que Nacho estuviera bien emocionalmente. A mí no me interesaba lo que él publicaba. A mí me interesaba únicamente estar con mi hijo”, dijo la mamá del adolescente.

    “Este señor (González) dijo que el viaje no se podía hacer por las restricciones por el Covid, pero era mentira:Nacho me comentó que habían ido a la Embajada para hacer los trámites del viaje, y se encontraron con que a su papá no lo dejaban salir al país por las causas (de violencia) que él tiene contra mí. También me contó que ahí mismo el padre dijo que solo él podía viajar, porque supuestamente Nacho no tenía a nadie más. No tenía madre ni nada”.

    Ya en 2020, González expuso públicamente lo que le habían dicho los médicos: que la primera fase del tratamiento podría realizarse en la Argentina, aunque era necesaria una droga llamada Blinatumomab, de un valor inalcanzable para la familia. Las 56 ampollas costaban $17.000.000.

    El papá de Nacho mencionó que, si se obtenían los fondos para las ampollas, la inmunoterapia podría detener la enfermedad y aspirar al trasplante que ya tenía programado.

    González, en su defensa, afirmó que la compra de la casa fue una necesidad para cumplir con las condiciones de higiene requeridas para el tratamiento de Nacho, y que la vivienda fue registrada a nombre de su nueva pareja por temor a su ex esposa. Además, argumentó que, aunque no se pudo realizar el viaje a EE. UU. debido a la pandemia, el tratamiento continuó con el apoyo de la comunidad.

    “La realidad es totalmente distinta, Nacho hizo un primer ciclo de ese tratamiento, con una droga de vanguardia, guiado por un médico desde Miami, esto se hizo debido a que no pudimos realizar el viaje. Nacho no pudo realizar ese viaje debido a la pandemia.Yo sigo y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, agradecer a todos los salteños, a todo el país y a mucha gente del mundo porque realmente me ayudó muchísima gente, no solamente monetariamente”, dijo al canal Multivisión Federal.

    González argumentó que durante el tiempo en que su hijo transitó la enfermedad él alquilaba y no contaba con una casa que cumpliera con las condiciones de higiene y asépticas recomendadas por los médicos. Según aseguró entonces, se acercó al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), aunque no pudo inscribirse nunca por no tener la custodia definitiva de sus hijos.

    En aquel reportaje, González se defendió de la acusación que rodeaba a la compra de la casa y admitió: “Es una gran falencia mía no haber compartido públicamente esa alegría que sentí de haber podido adquirir un lugar para Nacho en su momento”.

    También dijo que la vivienda fue comprada por un millón de pesos y que la registró a nombre de Natalia, su actual pareja, por temor a su ex.

    Información del periodista Mariano López Blasco de TN.

  • Hizo una colecta para su hijo con cáncer y se compró una casa

    Hizo una colecta para su hijo con cáncer y se compró una casa

    El caso de José González conmocionó a la provincia de Salta y al país. En 2019, lanzó una campaña solidaria para reunir 20 mil dólares y tratar a su hijo Nacho, de 14 años, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, en lugar de destinar el dinero al tratamiento, se utilizaron las donaciones para comprar una casa y un automóvil, según determinó la Justicia. Este martes, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por estafa y administración fraudulenta, mientras que su pareja recibió un año de prisión como participación necesaria.

    El pedido de ayuda que conmovió al país

    José González se presentó en los medios en 2019 para pedir ayuda económica, asegurando que la única esperanza de Nacho era un tratamiento en Estados Unidos. La colecta a través de redes sociales tuvo gran repercusión, y muchas personas solidarias aportaron dinero. Sin embargo, en 2020, Nacho falleció sin haber podido realizar el viaje.

      La madre de Nacho, María Soledad Serrano, denunció a González tras descubrir que, mientras su hijo agonizaba, él retiraba grandes sumas de dinero de las cuentas de la colecta. “Nacho me entregó su celular y su computadora con pruebas y me pidió: ‘Mamá, no dejes que esto quede así’”, relató Soledad, quien mantuvo silencio mediático hasta que la fiscalía pidió la detención de su ex en 2021.

      Fraude y un desenlace indignante

      La investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) reveló que González compró una casa en el barrio Santa Ana I de Salta días antes del fallecimiento de Nacho y que la transfirió al nombre de su nueva pareja. Además, adquirieron un auto con el dinero de las donaciones.

      Soledad, empleada de comercio y madre de cuatro hijos, describió a González como “violento, impulsivo y agresivo”. Relató que sufrió violencia de género durante su relación y que su hijo Nacho sabía de las acciones de su padre, quien incluso maltrataba al adolescente durante su enfermedad.

      “Nacho pasaba por situaciones de estrés porque el padre no le permitía comunicarse conmigo ni con sus hermanos. Los médicos del Hospital Posadas me llamaron porque estaba mal, y entonces decidí viajar y llevar a sus hermanos”, recordó Soledad, quien acompañó a Nacho durante sus últimos meses de vida.

      Nacho falleció en el 2020.

      La defensa de González y su versión de los hechos

      En 2021, cuando las acusaciones tomaron estado público, González intentó justificar la compra de la casa alegando que necesitaba un lugar con condiciones higiénicas adecuadas para el tratamiento de su hijo. “Es una gran falencia mía no haber compartido públicamente esa alegría que sentí al adquirir un lugar para Nacho”, declaró en una entrevista, asegurando que la vivienda se registró a nombre de su pareja por temor a su ex.

      Además, argumentó que la pandemia impidió el viaje a Estados Unidos y que parte del tratamiento se realizó en Argentina con una droga experimental guiada por un médico desde Miami. Sin embargo, la investigación reveló graves irregularidades en el manejo de los fondos de la colecta.

      Soledad, quien llevó adelante la denuncia en memoria de su hijo, destacó que el proceso judicial es un acto de justicia para Nacho. “Mi hijo me dio las pruebas y sabía todo lo que había hecho su padre. No quería que él lo viera en el hospital, pero siempre estuvo protegido y acompañado por su familia”, afirmó.

      La sentencia contra González es excarcelable, y cumplirá la pena bajo un régimen de prisión domiciliaria. No obstante, para Soledad, el daño ya está hecho: “ Quiero que todos sepan lo que pasó. Lo hice por Nacho, para que nadie más pase por esto ”.

    • Cansados de esperar las tierras, vecinos denunciaron por estafa a la cooperativa 127 hectáreas

      Cansados de esperar las tierras, vecinos denunciaron por estafa a la cooperativa 127 hectáreas

      El sueño de acceder a un terreno propio terminó en una amarga desilusión para decenas de familias neuquinas. Un grupo de damnificados presentó una denuncia penal contra la Cooperativa de Vivienda y Consumo 127 Hectáreas La Sirena Ltda., a la que acusan de estafa e incumplimiento de contrato. Son alrededor de 300 personas, pero no todos llevaron el caso a la Justicia de Neuquén.

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      La denuncia, que ingresó ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, detalla una serie de irregularidades que incluye promesas incumplidas, plazos vencidos y una posible maniobra fraudulenta para captar los ahorros de los compradores.

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      “Hasta el momento hemos agotado los recursos de comunicación, nos hemos comunicado con todas las autoridades de la cooperativa y políticas y no recibimos ningún tipo de respuesta; también funcionarios municipales, como en el contrato se menciona al IMUH”, dijo a LMNeuquén Jorge Guerrero, quien ingresó a la cooperativa por un lote en 2022.

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      El damnificado sostuvo que se cumplió el plazo de dos años para hacer la entrega de las escrituras del terreno y que el loteo cambio de lugar de manera imprevista.

      Denuncia: espera, cuotas y plazos

      “En estos planes está hace 5 años o 10 años, yo soy uno de los más nuevos, de los contratos que vencieron en 2023. La gente no solo paga por lote, sino por lote y casa. En su momento la totalidad del terreno hace dos años estaba 600 mil pesos; se pagaba la cuota social y seguridad, como dicen, que son más o menos 10 mil pesos por mes», dijo el denunciante.

      De acuerdo a la denuncia, entre 2021 y 2022, los denunciantes firmaron contratos de cesión onerosa con la Cooperativa para adquirir lotes de 200 metros cuadrados en un terreno de 50 hectáreas ubicado en Neuquén, identificado en el Plano de la DGC 319/69 como parte del Lote 26, bajo la matrícula 28388-NC-09-046-8129-0000 del Registro de la Propiedad Inmueble.

      El acuerdo establecía que los lotes debían ser entregados antes del 15 de octubre de 2023, junto con el inicio del trámite de escrituración. Sin embargo, a dos meses del vencimiento del plazo, no hay señales de cumplimiento.

      “Nos sentimos estafados. Si no nos decían que en un año no construíamos, nos iban a sacar los terrenos. Venimos pagando hace rato, en su momento estábamos por el Banco Credicoop, después nos hicieron salir de ese banco, y ahora nos hacen pagar con una boleta vía mail en un Pago Fácil», sostuvo el damnificado, quien aseguró que algunos compradores cancelaron el precio completo, mientras que otros mantienen las cuotas al día.

      Ante la falta de respuestas, los denunciantes intentaron averiguar por su cuenta el estado de los trámites en el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Pero la respuesta sorprendió a los denunciantes: el loteo no está reconocido, y no hay avances ni solicitudes vinculadas a la regularización del terreno.

      “Antes el terreno estaba en el Distrito III y ahora nos llevaron a un lugar por fuera del ejido de Neuquén, donde tardamos una hora en llegar, el terreno no estaba loteado. Yo quise ir de nuevo para encontrarlo y nos perdimos”, sostuvo Guerrero.

      Según la denuncia, la Cooperativa 127 Hectáreas habría actuado con dolo al prometer terrenos en condiciones que no estaban habilitadas, captando así dinero de los interesados sin tener la capacidad de cumplir.

      Además, los damnificados señalan que la Cooperativa no inició los trámites de urbanización ni escrituración, que no hay infraestructura básica en el terreno prometido, como agua, gas o electricidad, además de señalar que no existe información clara sobre el destino de los fondos recaudados.

      En su denuncia, los afectados exigieron al Ministerio Público Fiscal que inicie una investigación penal contra los representantes legales de la Cooperativa por los delitos de estafa e incumplimiento de contrato. Además, adjuntaron pruebas como las copias de los contratos de cesión onerosa firmados, las comunicaciones mantenidas con el IMUH, en la que se muestra la falta de avances en la regularización del loteo.

      Piden la intervención del IMUH

      También adjuntaron recibos de pago y documentación bancaria que acreditan los montos abonados. Los denunciantes solicitaron la intervención judicial para que los responsables respondan por los daños ocasionados, incluyendo el reintegro de los fondos y una indemnización por perjuicios.

      Sergio Domingo es otro de los denunciantes que sostuvo que tuvo que acudir a la justicia para poder tener su terreno. “Realmente nos cansamos que nos mientan, nos cambiaron de lugar, después nos prometen que nos iban a poner en un plan de vivienda y lamentablemente tuvimos que llegar a esto; la mayoría alquilamos y la mayoría no puede porque estamos en una situación re complicada. La plata no alcanza para nada, solamente para alquilar”, dijo.

      Y acotó: “Somos alrededor de 300 socios los que estamos en este problema. Creo que ni las lagartijas andan en el lugar que nos dieron, así que estamos cansados de este manoseo, pagamos al día la cuota social del terreno”.

      Por ahora, el tema está en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo estafa o solo incumplimiento contractual. Pero para las familias afectadas, cada día que pasa sin respuestas, la espera se volvió un calvario.

    • Estafa al Ipross: fin de año de suspenso para los farmacéuticos condenados

      Estafa al Ipross: fin de año de suspenso para los farmacéuticos condenados

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      El lunes 30 de diciembre, un día antes de que termine el año, los farmacéuticos condenados en la causa por la estafa al Ipross afrontarán un nuevo pedido de agravamiento de las medidas cautelares, entre las que se podría aplicar la prisión preventiva.

      Los condenados en la causa por defraudación al Ipross son los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano.

      La fiscalía, junto a la querella por el Estado provincial como damnificado a cargo del abogado Federico Rosbaco, había solicitado hace un mes atrás el endurecimiento de las medidas cautelares, y dentro de esto que los cuatro condenados por la estafa al Ipross pasen al régimen de prisión preventiva hasta que la condena quede firme.

      El Tribunal de Juicio que interviene en esta etapa, el mismo que los condenó, decidió no hacer lugar al pedido de la fiscalía de dictar la prisión preventiva. Sí endureció las medidas cautelares que refieren a las presentaciones diarias en las ciudades en las que fijaron domicilio.

      El tribunal que intervendrá esta presidido por Laura Pérez, y lo integran además Luciano Garrido y Oscar Gatti.

      Qué había pedido la fiscalía contra los farmacéuticos condenados

      Los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos (estuvo ausente Teresa Giuffrida) habían argumentado hace un mes atrás que en dos de los casos las tobilleras electrónicas no estaban funcionando bien. Además plantearon que tras la decisión del TI de ratificar la condena inicial ya se cumplió el requisito del doble conforme (este es un punto polémico porque en algunos casos se habla de dos instancias judiciales y en otros en todas las instancias provinciales -en este caso también sería un fallo del Superior Tribunal de Justicia-).

      Por último, los fiscales habían planteado el riesgo de fuga por la capacidad económica de los condenados.

      El defensor Carlos Vila aseguró en ese momento que no hubo errores relevados en la pulsera que lleva su defendido, Caffaratti, y ofreció que su asistido cumpla prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

      Patricia Espeche, por su parte, expresó que el arraigo y el comportamiento durante el proceso de sus asistidos (los otros tres condenados) no ha variado. Por ello, solicitó que se mantenga la misma situación, o que les otorgue la libertad.

      Los jueces finalmente plantearon que los problemas con las tobilleras electrónicas no fueron culpa de los condenados. Pero afirmaron que se deberá revisar este método para que sea fiable.

      Los jueces rechazaron el pedido de los fiscales de dictar la prisión preventiva contra los condenados pero, sin embargo, ahora se deberán presentar diariamente en las comisarías de Allen y Roca, según corresponda, para corroborar que no se vayan de la ciudad donde fijaron domicilio.

      Además deberán seguir usando las tobilleras electrónicas.

      Estafa al Ipross, cuáles son las condenas que recibieron los implicados

      Fasano, exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, recibió la condena más severa: 9 años y 6 meses de prisión, tras ser declarada culpable de 574 estafas. Caffaratti, también farmacéutico, fue condenado a 8 años y 6 meses por su participación en 249 estafas, mientras que Mastandrea deberá cumplir 8 años de prisión por 122 estafas. Mascaró, por su parte, recibió 6 años y 6 meses de cárcel por 107 defraudaciones.


    • Le robaron su bici en La Plata y la encontró en venta en Rincón de los Sauces

      Le robaron su bici en La Plata y la encontró en venta en Rincón de los Sauces

      Un hombre de Provincia de Buenos Aires se encontró con una grata aunque inusual sorpresa al hallar su bici robada luego de meses de búsqueda, siendo ofrecida en venta en Facebook. Lo curioso es que la ofrecía alguien a casi 1200 kilómetros de distancia, en Rincón de los Sauces. La Policía la recuperó y se inició una investigación.

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      Según informó la Policía, todo inició el lunes pasadas las 16, cuando un hombre de la localidad de La Plata llamó a los efectivos del Cenaf 5 de la localidad petrolera e hizo conocer que había dado con la bicicleta que le habían robado meses atrás.

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      El hombre explicó que el robo había tenido lugar en su lugar de origen el pasado 13 de julio y que la bicicleta era de gran costo y estaba valuada en unos 5 millones de pesos. Aunque había realizado la denuncia, no había tenido más noticias de su rodado ni pistas de los delincuentes que se la habían sustraido, hasta esta semana.

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      Por un extraño giro del destino, el hombre había dado con la que parecía ser su bicicleta siendo comercializada a través de Facebook por una persona de Rincón de los Sauces, de modo que, seguro de sus sospechas, entabló conversación con el usuario y se mostró interesado en adquirir la bici.

      Luego de pautar un encuentro en la vivienda del vendedor para pautar la compra, el hombre llamó a los policías de la localidad neuquina y relató todo.

      Ante esta situación, los policías se hicieron presentes en el inmueble señalado, entrevistando allí a un hombre mayor de edad, quien ante los cuestionamientos de los efectivos, hizo entrega voluntaria de la bicicleta, argumentando que la había comprado de buena fe en un comercio. Tras corroborar la numeración, pudieron constatar que se trataba de la bici sustraída.

      Finalmente, la bicicleta fue trasladada a la sede policial quedando a disposición de la Justicia, que ordenará su restitución a su legítimo dueño.

      Lo extraño de esta situación es que, evidentemente, el rodado pasó ilegalmente por varias manos hasta arribar a la localidad petrolera. Aunque, por supuesto, no es novedad que la mayoría de los bienes sustraidos son comercializados por las redes sociales.

      Encontró la bicicleta robada de su amigo

      En marzo de este año, un hombre recuperó la bici robada de su amigo luego de encontrarla en venta por Facebook y pactar un encuentro con el vendedor. Un joven de 22 años que acudió a entregar el bien robado fue demorado y quedó bajo investigación.

      Según informó el área de Prensa de la Policía del Neuquén, todo comenzó un sábado alrededor de las 17, cuando un hombre denunció en la Comisaría Tercera que había encontrado a través de la red social Facebook a una persona que vendía una bicicleta de color roja con negro tipo todo terreno marca SLP Pro 5, rodado 29, de similares características a una sustraída a un amigo días atrás.

      Ante esta situación, decidió entablar un diálogo con el vendedor haciéndose pasar por un interesado y sin brindar detalles de sus sospechas. Tras un breve ida y vuelta, pactó un encuentro con el individuo en calle Avenida del Trabajador y Collón Cura del barrio El Progreso, con supuestas intenciones de entregar dinero en caracter de pago y allí mismo recibir la bicicleta.

      No obstante, con todo esto en conocimiento, los efectivos se dispusieron a acompañarlo al encuentro.

      Una vez en la intersección de calles pactada, los policías dieron con el individuo y la bicicleta. Tras verificar los datos, lograron establecer que se trataba del bien sustraído, por lo que la misma fue secuestrada y trasladada junto al demorado a la sede policial.

      El sospechoso fue notificado de una investigación en su contra por presunto encubrimiento y quedó a disposición de la Justicia.

      Como siempre, es importante resaltar a la ciudadanía la importancia de no comerciar con desconocidos a través de las redes sociales, no solo por el riesgo ante una estafa que supone para el comprador o vendedor, sino también porque está lleno de artículos en venta de origen ilícito, que le fueron sustraidos a otras personas.

    • Denuncian penalmente por estafa en venta de lotes

      Denuncian penalmente por estafa en venta de lotes

      Más de 800 familias de Neuquén presentaron una denuncia penal contra el responsable de la Cooperativa 127 Hectáreas, tras no recibir los lotes que adquirieron con gran esfuerzo, ahorros e incluso préstamos.

      La acusación fue radicada este lunes en la Fiscalía Penal, donde los afectados exigen respuestas y justicia.

      Según relataron los denunciantes, pagaron la totalidad del valor de los terrenos, que fueron ofrecidos como lotes con servicios dentro del ejido urbano de la ciudad de Neuquén.

      Sin embargo, hasta el momento, no sólo no recibieron los lotes prometidos, sino que se les ofreció terrenos en la meseta, una zona alejada, inhóspita, fuera del ejido municipal, sin infraestructura básica, sin servicios ni acceso a transporte público.

      “¿Dónde está la plata que pagamos todos los que cancelamos el total del precio?”, cuestionaron los denunciantes, quienes también pidieron a la justicia que determine qué responsabilidad penal al administrador por el incumplimiento de los contratos firmados.

      La falta de avances en las obras y el incumplimiento de lo pactado generó una ola de indignación y desesperación entre las familias afectadas, quienes aseguran haber confiado en el proyecto bajo condiciones completamente diferentes a las que ahora propone la cooperativa.

      La denuncia ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá investigar el destino de los fondos abonados por las familias y determinar si corresponde imputar a Jorge Salas por estafa y fraude. La comunidad afectada anticipó que continuará con las medidas legales y que exigirá una pronta respuesta.

       

    • «No tenemos que entrar en una lógica ‘Chubut vs. Vaca Muerta’, somos complementarios»

      «No tenemos que entrar en una lógica ‘Chubut vs. Vaca Muerta’, somos complementarios»

      El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró que el precio del crudo Escalante ahora tiene un valor más cercano al internacional durante su discurso en Comodoro Rivadavia, por el Día del Petróleo. Allí consideró que no debe existir una pelea entre el Golfo San Jorge y Vaca Muerta, sino que son polos hidrocarburíferos complementarios.

      Torres anunció que las inversiones del 2024 llegaron a los 1200 millones de dólares y que para el año próximo se espera un sostenimiento del nivel. En buena medida, eso ocurirá dado que Pan American Energy mantendrá el ritmo de actividad -principalmente en Cerro Dragón-, YPF redoblará la apuesta a la terciaria en Manantiales Behr y el ingreso de Pecom genera expectativas en dos concesiones.

      «No tenemos que entrar en una lógica de ‘Chubut versus Vaca Muerta’, porque somos complementarios y tenemos que ser inteligentes para entender que la revolución que tenemos que dar en esta cuenca es de competitividad», sostuvo el mandatario chubutense.

      «La misma fuerza y sentido de pertenencia que nos unieron, nos van a permitir hacer las cosas bien en momentos de incertidumbre como este», añadió Torres, alineado políticamente a Juntos por el Cambio en un acto con la presencia del intendente anfritrión Othar Mascharavilli, dirigente histórico del peronismo, y representantes políticos y empresariales.

      Además, el mandatario agregó: «Tenemos la responsabilidad de mirar hacia adelante y de pensar una agenda de competitividad para sostener el trabajo, como lo estamos haciendo, pero también para revertir el declive de esta cuenca, y se puede lograr».

      En otro tramo de su discurso, Torres destacó que el precio del crudo Escalante, el que surge de los yacimientos del sur chubutense, dejó de tener un precio pisado. «Pudimos terminar con una estafa de décadas contra todos los chubutenses, que era el famoso ‘precio sostén’ del barril, algo que parece positivo pero que, como provincia, nos costó más de 1.400 millones de dólares como provincia», explicó.
       
      Con la metodología del «barril criollo» y otros modelos similares, la cuenca del Golfo San Jorge siempre tuvo un petróleo a precios más bajos que los internacionales sin compensaciones. Esto es debido a la búsqueda del export parity, más allá de las condideraciones del mercado internacional y las características del crudo.
       
      «Cuando se dio la discusión del Capítulo de Hidrocarburos en la Ley de Bases -continuó Torres-, que supuestamente era muy sofisticado, todos los legisladores nacionales estuvieron comprometidos hasta último momento y podemos decir que hoy nuestro crudo se paga lo que vale por primera vez en décadas».

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    • Denuncian penalmente por estafa en venta de lotes

      Denuncian penalmente por estafa en venta de lotes

      Más de 800 familias de Neuquén presentaron una denuncia penal contra el responsable de la Cooperativa 127 Hectáreas, tras no recibir los lotes que adquirieron con gran esfuerzo, ahorros e incluso préstamos.

      La acusación fue radicada este lunes en la Fiscalía Penal, donde los afectados exigen respuestas y justicia.

      Según relataron los denunciantes, pagaron la totalidad del valor de los terrenos, que fueron ofrecidos como lotes con servicios dentro del ejido urbano de la ciudad de Neuquén.

      Sin embargo, hasta el momento, no sólo no recibieron los lotes prometidos, sino que se les ofreció terrenos en la meseta, una zona alejada, inhóspita, fuera del ejido municipal, sin infraestructura básica, sin servicios ni acceso a transporte público.

      “¿Dónde está la plata que pagamos todos los que cancelamos el total del precio?”, cuestionaron los denunciantes, quienes también pidieron a la justicia que determine qué responsabilidad penal al administrador por el incumplimiento de los contratos firmados.

      La falta de avances en las obras y el incumplimiento de lo pactado generó una ola de indignación y desesperación entre las familias afectadas, quienes aseguran haber confiado en el proyecto bajo condiciones completamente diferentes a las que ahora propone la cooperativa.

      La denuncia ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá investigar el destino de los fondos abonados por las familias y determinar si corresponde imputar a Jorge Salas por estafa y fraude. La comunidad afectada anticipó que continuará con las medidas legales y que exigirá una pronta respuesta.

       

    • El STJ definió desde cuándo corren los seis meses que los fiscales tienen para la etapa preliminar de sus investigaciones

      El STJ definió desde cuándo corren los seis meses que los fiscales tienen para la etapa preliminar de sus investigaciones

      El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló un fallo del Tribunal de Impugnación (TI), su estamento legal inmediato inferior, que hizo una interpretación de los plazos procesales de la etapa preliminar de investigación judicial en un caso de estafa de Bariloche.

      En su decisión, el máximo tribunal de Río Negro reafirmó que el cómputo de los seis meses previstos en el artículo 128 del Código Procesal Penal debe comenzar desde la individualización de los imputados y que el decreto de determinación del objeto de la investigación, debe dictarse de manera inmediata a esa identificación, sin dilaciones.  

      El TI había combinado ambos elementos para ampliar los plazos procesales, al sostener que el término de seis meses comenzaba a correr solo al emitirse el decreto, aunque los imputados ya se encontraran identificados. Según esta interpretación, el acto formal del decreto marcaba el inicio de la etapa preliminar, mientras que la individualización solo constituía un requisito previo.  

      El rechazo del STJ: «Reminiscencia de los antiguos códigos procesales mixtos o inquisitivos»

      El STJ rechazó este enfoque por considerarlo una reminiscencia de los antiguos códigos procesales mixtos o inquisitivos, que otorgaban mayor discrecionalidad a los fiscales sobre los plazos y el inicio formal de las investigaciones.

      «El plazo de seis meses para concluir la etapa preliminar comienza desde que el imputado es individualizado, y el decreto debe dictarse de inmediato», afirmó el tribunal, al destacar que cualquier otra interpretación resulta incompatible con las garantías procesales consagradas por la Constitución.  

      El tribunal subrayó que la postergación del dictado del decreto afecta los derechos fundamentales de las personas involucradas en el proceso, al prolongar la incertidumbre en forma injustificada. Estas prácticas, señaló, contradicen los principios de celeridad, razonabilidad y debido proceso que sustentan el sistema penal vigente.  

      Además, el fallo destacó que las normativas actuales eliminan la discrecionalidad excesiva en la gestión de los plazos procesales, para garantizar que los derechos de los imputados y las víctimas no dependan de decisiones unilaterales de los fiscales.

      En este sentido, reafirmó que «el decreto de determinación del objeto debe emitirse de inmediato, sin que ello dependa de criterios administrativos ni de tiempos discrecionales».  

      Por lo tanto, el STJ anuló el fallo del Tribunal de Impugnación y calificó su interpretación como un exceso jurisdiccional.

      También ratificó la decisión previa del Juez de Garantías de Bariloche, que dictó la caducidad de la instancia, al no cumplirse con los plazos procesales.