La Provincia resolvió sancionar como proveedora del Estado a la Cooperativa de Trabajo Viento Sur, vinculada a la organización social FOL. La medida fue dispuesta por la Contaduría General de la Provincia, “por haber incumplido reiteradamente y de forma grave con obligaciones contractuales asumidas” tras un acuerdo por capacitaciones que habían firmado con la gestión anterior.
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De esta forma, la cooperativa de trabajo estará dos años en el registro de sancionados que rige para los proveedores del Estado.
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La decisión fue tomada en diciembre del año pasado, luego de que se conociera que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante una investigación por el manejo de fondos públicos otorgados en la gestión anterior a dicha cooperativa, para capacitaciones.
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La disposición 14/24 de la contaduría general de gobierno se conoció este viernes, al ser publicada en el Boletín Oficial. Allí, la anterior contadora general de la provincia Ester Ruiz -quien se jubiló recientemente- dispuso incluir al proveedor Cooperativa de Trabajo Viento Sur Limitada en el Registro de Sancionados, por el término dos años, por incurrir en la falta prevista en el Artículo 89º, Apartado 2, inciso c), punto 1) del Decreto Nº 2758/95 que es el reglamento de contrataciones del Estado.
Esta novedad se suma a otras actuaciones como la solicitud de la Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén que había solicitado previamente la suspensión de esta cooperativa del Padrón de Proveedores, a causa de las irregularidades reflejadas en la rendición de los fondos otorgados mediante el “Programa de Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Integrantes de las OSC”.
El dinero para capacitaciones que no fueron
Dicho programa fue aprobado el 19 de enero de 2023, durante la anterior gestión de gobierno, facultando al ex Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo a suscribir los convenios en representación del Estado Provincial. Al adherir, la Cooperativa de Trabajo Viento Sur Limitada recibió un Aporte No Reintegrable por $141.174.880, cifra que se incrementó por adendas posteriores.
El dinero asignado debía ser destinado a capacitar a los integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil para que pudieran adquirir herramientas que les permitieran insertarse en el mercado laboral o en emprendimientos de la economía social.
Sin embargo, las auditorías llevadas a cabo por el órgano de control provincial emitieron informes desfavorables al constatar -por ejemplo- que los gastos consignados en las planillas no coinciden en todos los casos con el total de fondos solicitados, no se adjuntaron la totalidad de comprobantes respaldatorios y los gastos que no guardaron relación con los objetivos del programa. Además, se observaron compra de vehículos, entre otras cuestiones.
“El conjunto de las irregularidades mencionadas constituye un claro incumplimiento del proveedor a las obligaciones asumidas en los convenios suscriptos no aplicando los fondos recibidos para las finalidades previstas en el Programa Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Integrantes de las OSC, omitiendo, a pesar de los constantes requerimientos realizados realizar la correcta Rendición de Cuentas de la aplicación del dinero recibido”, se indicó en la disposición.
Ampliaron la denuncia a la cooperativa Viento Sur
El fiscal Raúl Gaitán presentó la ampliación de la investigación en la que involucra a otros dirigentes sociales en la estafa que le endilga a la cooperativa Viento Sur, entre ellos Diego Mauro, quien había sido mencionado por la fiscalía en la denuncia inicial (por la que hubo 14 allanamientos) pero no pesaba ninguna denuncia formal.
El funcionario escribió: «En virtud del informe acompañado por el Banco de la Provincia del Neuquén en respuesta al oficio remitido por ese ministerio público fiscal vengo por la presente a ampliar denuncia y a solicitar medidas de investigación contra Diego Augusto Mauro en su calidad de presidente de la Cooperativa de Trabajo y Consumo CAE Babylon, Paula Luciana Celiz en su calidad de secretaria de dicha cooperativa y Julieta Janet Quilenao y Fernando Quilenao, estos últimos dos en calidad de tesoreros de la cooperativa por haber percibido injustificadamente por parte de la cooperativa Vientos del Sur entre el primero de diciembre de 2022 y el 18 de junio de 2024 fondos públicos por la suma de 5.216.144 pesos».
Según consta en la denuncia presentada el pasado 14 de agosto, el funcionario provincial sostuvo que «la percepción injustificada por parte de los denunciados tanto a título personal como mediante la cooperativa de trabajo y consumo CAE Babylon que administran asciende a la suma de 7.159.588 pesos».
La postura de las organizaciones sociales
A los pocos días de los allanamientos de julio, las organizaciones sociales, encabezadas por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) hablaron en conferencia de prensa y aseguraron que rindieron todo lo que la justicia les pidió y que todo fue usado en capacitaciones. Además, denunciaron que no les ha llegado ninguna notificación de las acusaciones ni actas por los allanamientos.
Durante la conferencia habló Diego Mauro, referente del FOL, aseguró que «estamos a disposición para contestar todo lo que tengamos que contestar» porque «lo que no queremos hacer es alimentar el tema del show, porque me hace recordar cuando tuvimos que salir a discutir que no compramos los chorizos».
«Además de rendir las transferencias que hemos hecho a todo el universo de compañeros y compañeras, de todas las herramientas y maquinaria que se ha comprado, le mandamos todas las fotos donde se han realizado obras. O sea las capacitaciones además de que se hicieron, las transformamos en trabajo», insistió.
También desmintió la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) respecto al supuesto cobro de porcentajes de los planes de los beneficiarios, quienes a su vez rendía a alguien de mayor jerarquía dentro de la organización. «Acá no se extorsiona a nadie», afirmó.
