Una estafa por más de 400 millones de pesos dejó sin fondos al Colegio de Bioquímicos de Neuquén, una institución que nuclea al 99% de los laboratorios de la provincia y administra recursos vinculados a la caja previsional y jubilatoria de sus profesionales. La investigación se encuentra en la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo de la fiscal Rocío Rivero, que intenta reconstruir el recorrido del dinero y establecer quiénes participaron de la maniobra, junto a brigadas policiales especializadas.
La estafa tuvo su origen en un robo ocurrido durante la madrugada del viernes 29 de mayo en la sede de la entidad. De acuerdo con la investigación, un hombre ingresó por un patio interno que conecta las instalaciones del Colegio con el local gastronómico Bodegón B9. Según el análisis de las cámaras de seguridad, primero intentó acceder al comercio mediante un boquete en una pared. Al no lograrlo, sustrajo algunas bebidas y luego se dirigió a las oficinas del Colegio de Bioquímicos. De allí se llevó una cartera que contenía documentación personal, tarjetas bancarias institucionales y una base de datos con información de profesionales asociados.
Mientras personal de Criminalística realizaba peritajes en el edificio y una autoridad de la entidad radicaba la denuncia en la Comisaría Primera, comenzó la secuencia que derivó en la estafa. Tras recibir la recomendación policial de bloquear de inmediato las tarjetas sustraídas, las empleadas iniciaron contactos con las entidades financieras. Ante las dificultades para comunicarse con los canales oficiales, una trabajadora buscó un número alternativo en internet. Sin advertir que se trataba de un sitio falso, se comunicó con personas que se presentaron como operadores bancarios.
Según la información incorporada a la causa, los delincuentes obtuvieron claves y datos de acceso a las cuentas corporativas mediante engaños telefónicos. Con esa información realizaron transferencias electrónicas desde las cuentas institucionales hacia otras cuentas receptoras. Los abogados del Colegio informaron a la fiscalía que el perjuicio económico supera los 400 millones de pesos. Entre los movimientos detectados figura al menos una transferencia confirmada por 120 millones de pesos.
La fiscalía ordenó el análisis de los teléfonos utilizados durante las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas receptoras y la identificación de las direcciones IP vinculadas a las operaciones. Los investigadores sospechan que el dinero fue distribuido en múltiples cuentas para dificultar su rastreo. Mientras avanzan las medidas judiciales, la atención de los asociados y beneficiarios de la entidad se concentra en el impacto que la pérdida de estos recursos podría tener sobre las obligaciones y prestaciones administradas por el Colegio de Bioquímicos de Neuquén.
Este viernes, a los 77 años, falleció Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El músico padecía mal de Parkinson desde hace aproximadamente una década y murió en su domicilio en Buenos Aires.
Solari fue una figura emblemática y polémica del rock argentino, reconocida tanto por su música como por sus declaraciones públicas que generaron admiración y también controversia. A lo largo de su carrera, mantuvo un perfil reservado pero nunca evitó expresar opiniones fuertes sobre política, cultura y otros artistas.
Frases que lo marcaron desde el cancionero popular y lo político
Una de sus frases más emblemáticas, “El lujo es vulgaridad”, extraída de su canción Un poco de amor francés, se convirtió en un lema generacional que cuestionó el consumismo y la ostentación, especialmente durante la década de los noventa, en plena era menemista.
Respecto al dinero y la independencia artística, el Indio fue contundente: «El que le chupa las medias al poder no puede ser un artista. Me jode cuando hablan de que yo tengo dinero. Sí, tengo dinero, porque un artista independiente tiene que poder resistir los embates del poder».
Frases polémicas que marcaron la vida del Indio Solari, ícono del rock argentino
En sus últimos años, Solari tomó mayor protagonismo en debates públicos y manifestó afinidad con el kirchnerismo. En 2020, durante la pandemia, criticó a los sectores libertarios: “Si la pandemia nos tocaba hace dos años moríamos todos. Porque ese es el espíritu de esa gente. Se dicen libertarios y me parece una locura”.
También fue severo con la gestión de Mauricio Macri, denunciando corrupción: “¿Cómo hacés para olvidar que cada vez que vienen a desembarcar afanan todo lo que pueden? Ahora están recorriendo el mundo y nadie les dice que vengan. Espero que pase cuanto antes porque se han robado el país. No es que se llevaron un vueltito. Son fortunas internacionales que no están más acá y dinero que está en el exterior”.
Su respeto hacia Cristina Kirchner fue público y enfático: “Tengo un respeto muy grande por Cristina. Como cuadro político es impecable”.
En una entrevista, planteó una visión crítica sobre la influencia extranjera en Argentina: «Argentina puede ser un lugar que elija el bastión de los blancos, así como lo tienen a Israel en el mundo árabe. Acá también corremos el peligro de ser un bastión del imperio yankee».
En cuanto al futuro de Los Redonditos de Ricota, Solari fue categórico al descartar un regreso: “Volver con Los Redondos sería una estafa”, apagando las esperanzas de una reunión que muchos fanáticos añoraban. Además, reconoció el impacto personal que tuvo la separación del grupo: “Viví un duelo con el final de la banda”.
Su admiración por Diego Maradona también quedó reflejada en sus palabras: «Era un tipo que entraba con un Scania al barrio de los cogotudos. Diego era la venganza de los pobres».
Otra polémica se desató por sus críticas a The Beatles, en particular a Paul McCartney, a quien calificó parte de su obra como “flan”, lo que generó controversia entre fanáticos y medios.
El Indio también desmintió la supuesta rivalidad con Soda Stereo, la cual fue alimentada por seguidores durante años. Tras la muerte de Gustavo Cerati en 2014, Solari expresó: “Me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado. Mi aplauso para vos”.
Con una personalidad esquiva y un discurso cargado de ironía y crítica social, el Indio Solari se mantuvo durante décadas como una de las voces más influyentes y discutidas de la cultura argentina, dejando un legado que trasciende su música y sus polémicas.
Rocío Rivero era fiscal en Rincón de los Sauces cuando su carrera en el Poder Judicial se vio interrumpida por una denuncia que buscaba llevarla ante el Jurado de Enjuiciamiento. Un abogado defensor neuquino la acusó de dejar que los plazos de cinco causas penales vencieran sin actuar y de dificultar que los defensores pudieran revisar los expedientes en la fiscalía. Si la denuncia prosperaba, Rivero podía perder su cargo.
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Este jueves, el pleno del Jurado de Enjuiciamiento declaró por unanimidad la inadmisibilidad de esa denuncia, y ratificó el dictamen que la Comisión Especial ya había adoptado también por unanimidad en septiembre de 2025. Rivero no tendrá ningún proceso disciplinario.
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¿Por qué la absolvieron? La respuesta apareció en todos los expedientes cuestionados y fue por la pandemia. La Comisión Especial había analizado una por una las cinco causas que el abogado señaló como prueba del supuesto incumplimiento (“Estarli”, “Hernández”, “Cortez”, “Monsalve” y “Barros”) y encontró que las demoras no eran culpa exclusiva de Rivero.
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El propio Tribunal Superior de Justicia había reconocido en sus acuerdos que el Covid-19 paralizó el sistema judicial y generó un efecto dominó que demoró juicios en toda la provincia durante años. Los calendarios colapsaron, las agendas se reprogramaron y los plazos se extendieron para todos, no solo para esta fiscal.
Fiscal cuestionada, qué dijo el Jurado de Enjuiciamiento
El presidente del Jurado, Gustavo Mazieres, hizo propias esas conclusiones y señaló que no encontraba mérito en el desempeño de Rivero que justificara abrir un proceso de remoción.
En ninguna de esas causas se le había aplicado a Rivero el cese automático de funciones que la ley prevé para los fiscales que realmente incumplen plazos de manera grave.
La única excepción fue la causa “Barros” (abuso sexual simple), donde el Tribunal de Impugnación sí ordenó su apartamiento en mayo de 2024. Pero ese fallo estaba siendo impugnado ante el TSJ cuando la Comisión dictaminó, es decir, no era una decisión firme.
Y la ley exige además que ese tipo de incumplimientos se repitan varias veces para poder abrir un proceso ante el Jurado. Con un solo caso polémico y sin sentencia firme, ese cargo no tenía sustento.
La segunda acusación tampoco prosperó. El abogado defensor sostuvo que Rivero obstruía el acceso a los legajos porque los defensores debían pedir turno por correo electrónico y nadie les respondía.
Pero el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó ante la Comisión que esa era una directiva interna de la organización, no un impedimento. El turno previo existía para que los abogados, muchos de ellos llegados desde otras ciudades, pudieran tener garantizado el acceso a la información cuando viajaban. La Comisión consideró que eso era razonable y que el denunciante, además, nunca había reclamado formalmente por esa situación antes de ir directo al Jurado.
Tema de fondo: ¿Es vinculante lo que diga una Comisión Especial?
La sesión de este jueves también puntualizó sobre una discusión jurídica de fondo dentro del propio jurado. El presidente Mazieres sostuvo en su voto que el dictamen de inadmisibilidad de la Comisión Especial es vinculante y que el pleno no tenía por qué revisarlo, bastando con tomar conocimiento de lo resuelto.
Sin embargo, la mayoría de los miembros (los vocales Roberto Busamia y Alfredo Elosu Larumbe, los diputados Ludmila Gaitan y Matías Martínez, y los abogados Juan Carlos Teppa y Ana Clara Fraire) sostuvo la postura histórica del organismo: el dictamen de la Comisión Especial no es vinculante y el Jurado siempre debe pronunciarse sobre el fondo. Así lo ratificaron por mayoría en el primer punto de la resolución, antes de votar por unanimidad la inadmisibilidad de la denuncia.
Durante el tiempo que duró el proceso, Rivero fue trasladada a la ciudad de Neuquén. Hoy trabaja en la fiscalía de delitos económicos y complejos bajo la conducción del mismo Vignaroli, su exjefe en Rincón de los Sauces. Entre las causas que tiene a cargo figura la investigación sobre la cooperativa Viento Sur, además de otras estafas y delitos patrimoniales de alta complejidad.
Con la resolución de este jueves, se cerró el caso definitivamente. Rivero sigue en actividad, sin sanciones y con nuevas responsabilidades en la capital provincial.
El Senado de la Nación aprobó una extensa nómina de candidatos para ocupar diferentes cargos dentro de la Justicia argentina. La sesión estuvo marcada por una fuerte crisis interna en el bloque de La Libertad Avanza, conducido por Patricia Bullrich. Si bien todas las luces se la llevó el caso de María Verónica Michelli por el intento de veto de Javier Milei, finalmente se terminó aprobando junto a una larga lista de hijos, esposas y secretarias de jueces y fiscales.
La votación de Michelli generó un nuevo desmanejo del oficialismo en el Congreso. A último momento, metieron por la ventana 23 pliegos que no figuraban en el temario de la sesión. Bullrich y los demás presidentes de bloques habían acordado votar 50 pliegos, pero a las bancas llegaron 73.
“Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco», arremetió la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel.
«Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol“, apuntó.
Se abrió una tensa discusión en la que Bullrich intentó mantenerse al margen, hasta que la presión fue tal que tuvo que pedir un cuarto intermedio para reencauzar la sesión. “No hay ninguna mala fe, simplemente no es fácil elegir quienes son los 50 porque los demás sienten que hay una discriminación si elegimos 50 y no los 73 que tienen Orden del Día”, se defendió.
Rápido de reflejos, la oposición subió la apuesta y desafió a la exministra a que, si la intención era votar todos los pliegos con dictamen, incluyera también el de Michelli. Para eso se necesitaba una mayoría de dos tercios, porque ese despacho no contaba con los siete días de vigencia reglamentarios.
Según indicó La Nación a través de fuentes parlamentarias, otro conflicto se desató por la presión ejercida desde la Casa Rosada y otros sectores para apurar la aprobación del pliego de Emilio Rosatti. Esta urgencia obligó a Bullrich a romper un acuerdo previo con los demás jefes de bloque y solicitar el tratamiento de 73 pliegos en total, más el de Michelli.
Desde el entorno de la conducción de la bancada libertaria negaron que el caso específico de Rosatti haya sido el único motivo del escándalo, aunque reconocieron que recibieron llamados exigiendo su inclusión en la sesión.
Las mismas fuentes explicaron que estuvieron hasta la madrugada intentando conformar las demandas de todos los sectores políticos. La lista final de nombramientos dejó en evidencia la fuerte presencia de candidatos con vínculos directos con los actuales miembros de la denominada «familia judicial».
El polémico pliego de Emilio Rosatti y sus antecedentes
Emilio Rosatti, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, consiguió el respaldo del Senado para convertirse en juez del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad de Santa Fe. Su postulación fue una de las pocas que despertó controversias entre las distintas bancadas debido a su historial de escándalos públicos y judiciales.
En enero de 2022, el entonces funcionario de la Justicia Federal santafesina fue sometido a un control de alcoholemia sobre la Ruta Provincial 1, el cual arrojó el resultado positivo más alto de la noche. A pesar de la infracción, la Policía no le retuvo el automóvil y fue escoltado por efectivos de seguridad hasta su domicilio.
Por este hecho, el Tribunal de Faltas de San José del Rincón le impuso una multa de 50.000 pesos y lo inhabilitó para conducir por 36 días, mientras que la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe le suspendió transitoriamente la licencia por tratarse de un infractor reiterativo. Rosatti ya contaba con un antecedente similar en marzo de 2021, cuando registró 1,44 gramos de alcohol por litro en sangre en la misma ruta y también fue escoltado hasta su casa.
Además de las infracciones de tránsito, el flamante juez enfrentó una grave denuncia por violencia de género en el año 2020, según informó por entonces el sitio Rosario Nuestro que fue levantado hasta por Infobae.
Su expareja lo denunció tras una separación, acusándolo de reaccionar de forma violenta y de llevarse a la hija de ambos sin autorización.
A raíz de este episodio, un juez de Familia le dictó una orden de restricción perimetral y posteriormente fue imputado por lesiones dolosas(Expte Rosatti, Emilio s. lesiones dolosas cuih: 21-08448726-8) en una causa a cargo del fiscal Ignacio Suasnabar.
En aquel momento, surgieron versiones que indicaban que su padre, el ministro Horacio Rosatti, habría intentado presionar para frenar la causa y suavizar la situación procesal de su hijo, e incluso impulsar la destitución del magistrado que lo había apartado del Poder Judicial santafesino.
En el 2024, surgió otra polémica vinculada a Rosatti. El Consejo de la Magistratura votó por unanimidad la terna encabezada por él para para integrar una Cámara Federal en Santa Fe. Sin embargo, según precisó Clarín, el candidato no tuvo el puntaje más elevado, pero terminó primero en la orden de mérito porque la entrevista personal con el jurado mejoró su situación.
El informe de Antecedentes, fechada el 5 de agosto de 2022, ubica a Rosatti en el noveno puesto con un total de 62,60 puntos: quedó a 15,45 puntos por debajo del primero. En el orden de mérito, con fecha del 9 de agosto de 2022, lo puso cuarto a Rosatti con 150,60. Mientras tanto, en la Resolución 171/22 del 8 de noviembre de 2022, terminó tercero con un puntaje de 154,45, con una diferencia con el primer puesto de 16,25 puntos.
Según precisó La Nación, Santiago Caputo intentó frenar su pliego junto a otros nombres vinculados al ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero Karina Milei terminó de darle impulso.
Incluso, en la entrevista que tuvo con referentes del Congreso, un paso fundamental antes de que se vote su pliego, diputados oficialistas sólo le preguntaron si los colores de su corbata (azul y amarillo) se debían a su club de fútbol. «Son los mismos colores de corazón», respondió.
Emilio Rosatti junto a su papá, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Foto: Gentileza.
La lista de la «familia judicial»: esposas, hijos y secretarias
El caso de Rosatti no fue la excepción durante la jornada legislativa. El Senado también prestó acuerdo para designar a otros postulantes con estrechos lazos familiares y laborales dentro de los tribunales.
Entre los nombramientos más destacados figuran:
Ana María Juan: esposa del juez federal Marcelo Martínez de Georgi. Su esposo tiene a cargo la causa $LIBRA, la misma por la que el presidente Javier Milei vetó recientemente la postulación de la jueza María Verónica Michelli, ya que su cuñado, Hugo Alconada Mon, investigó la cripto estafa para La Nación.
Juan Andrés Moldes:hijo del fallecido fiscal Germán Moldes, quien obtuvo el acuerdo legislativo para desempeñarse como fiscal del fuero penal económico.
María Julia Sosa: actual secretaria letrada del juzgado de Julián Ercolini, propuesta para integrar la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Plata. Su pliego fue rechazado por el kirchnerismo, ya que Ercolini fue el juez que instruyó la causa Vialidad por la que resultó condenada Cristina Kirchner.
Laureano Durán:hijo del fallecidocamarista federal platense Alberto Ramón Durán, nominado por unanimidad para integrar la Cámara Federal de La Plata.
Nicolás Pacilio:hijo de un excamarista, quien dejará la secretaría de la Sala II de la Cámara Federal porteña tras conseguir el acuerdo para ser juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires.
Pablo Wilk: aprobado sin objeciones para un tribunal federal de La Plata. Actualmente es secretario del Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Armella, el magistrado que lleva como juez subrogante una de las causas que involucra a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El Tribunal de Impugnación de Neuquén rechazó por unanimidad el pedido de la defensa del profesor de un club deportivo , acusado de múltiples abusos contra menores de edad, y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el imputado. Con esta resolución, el cuerpo de magistrados validó los argumentos de las instancias previas referidos a los evidentes riesgos procesales existentes en la causa.
El tribunal de alzada, integrado por los jueces Liliana Deiub, Florencia Martini y Andrés Repetto, desestimó la presentación del defensor del profesor. La defensa técnica pretendía revertir la decisión del Tribunal de Revisión que, el pasado 21 de mayo, había respaldado lo dictado originalmente por el juez de garantías Juan Pablo Encina, quien dictaminó la detención del sospechoso hasta el próximo 19 de julio.
Riesgos procesales y nuevas pericias
El equipo fiscal, la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y la querella particular que representa a las familias denunciantes solicitaron la confirmación de la medida restrictiva. Las acusaciones argumentaron que el imputado posee el poder adquisitivo suficiente para darse a la fuga y recordaron que el acusado «ya violó la restricción de contacto con jóvenes y familiares».
Por otra parte, se alertó que la libertad del docente pondría en riesgo la investigación, dado que aún restan llevarse a cabo diversas declaraciones en Cámara Gesell que podrían derivar en una inminente ampliación de cargos con nuevos hechos.
Sospechas de estafas y sobornos
El caso sumó una nueva y compleja línea de investigación en los últimos días. El fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid, adelantó ante el tribunal neuquino que la Fiscalía de Delitos Económicos avanza en una causa paralela contra el profesor, donde se prevé una próxima formulación de cargos por «decenas de estafas».
Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, la trama delictiva económica se conecta de forma directa con el expediente principal, ya que el producto obtenido mediante las presuntas defraudaciones financieras «habría sido utilizado como sobornos» para intentar desviar el curso de la causa abierta por los delitos contra la integridad sexual de los menores. Al resolver, el Tribunal de Impugnación ratificó de forma unánime la preventiva al concluir que las resoluciones previas contaban con los fundamentos jurídicos necesarios.
El Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén brindó este martes los primeros detalles oficiales sobre la ciberestafa que sufrió el Colegio de Bioquímicos de Neuquén, que derivó en una pérdida de más de 430 millones de pesos. El comisario inspector César Juárez explicó en AM Cumbre 1400 cómo operaron los delincuentes y qué pistas tiene la investigación hasta el momento.
Todo se desencadenó a partir de un robo físico el viernes 29 de mayo en la sede del colegio ubicada en calle Alberti 655. En medio de la urgencia por bloquear las tarjetas sustraídas, uno de los empleados buscó en Google el número del Banco Galicia y accedió sin saberlo a una página falsa que imitaba la oficial. Al comunicarse por WhatsApp, fue atendido por ciberdelincuentes que se hicieron pasar por representantes del banco y durante más de dos horas le fueron solicitando tokens de seguridad mientras vaciaban las cuentas de la institución mediante transferencias sucesivas.
Juárez fue claro en descartar cualquier vínculo entre el robo físico y la estafa virtual: se trató de dos hechos independientes. «Los ciberdelincuentes crean páginas espejo que lucen idénticas a las originales y esperan a que alguien con urgencia caiga. Ante la desesperación, la psique se bloquea y uno no ve los detalles», explicó. La modalidad tiene nombre en la jerga policial: el falso empleado, un esquema que el departamento viene alertando desde abril mediante campañas de concientización.
Rastros apuntan a Mendoza y la investigación sigue la trazabilidad del dinero
Las primeras pesquisas arrojaron que el número de WhatsApp desde el que operaron los estafadores tiene característica de la provincia de Mendoza, y que varios de los movimientos bancarios detectados tampoco corresponden a Neuquén. La investigación, que avanza en conjunto con la Fiscalía de Delitos Económicos, busca reconstruir la trazabilidad del dinero a través de las distintas cuentas a las que fue derivado. «Estas personas crean cuentas mulas para dificultar el rastreo. Una vez consumada la estafa, eliminan la página y desaparecen», advirtió Juárez.
El comisario remarcó que el hecho ocurrió un viernes antes del mediodía, momento elegido deliberadamente para que los movimientos impacten recién el lunes y dificulten la reacción inmediata. Sin embargo, el Banco Galicia actuó con rapidez, bloqueó operaciones adicionales y colaboró con los investigadores desde el primer momento. El daño, de todas formas, ya estaba hecho: el dinero afectado corresponde a fondos del colegio destinados a sus afiliados. «Es una suma considerable y el perjuicio para la institución es importante», reconoció Juárez, quien cerró con una advertencia que aplica a cualquier ciudadano: «Hay que desconfiar del propio conocimiento. Esta gente se capacita permanentemente para engañarnos.»
La Justicia bonaerense confirmó las condenas contra los principales integrantes de una organización conocida como la banda de los “abogados caranchos”, acusada de montar accidentes de tránsito falsos para obtener indemnizaciones de distintas compañías de seguros. La maniobra se extendió durante varios años y llegó a involucrar a abogados, reclutadores, falsos testigos y supuestas víctimas.
La resolución fue dictada por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que rechazó los recursos presentados por los acusados y ratificó las penas impuestas durante el juicio oral. Los jueces concluyeron que existía una estructura organizada, con funciones claramente distribuidas y orientadas a cometer estafas de manera sistemática.
Según la investigación, los integrantes de la banda simulaban accidentes de tránsito o modificaban hechos reales para transformarlos en reclamos judiciales contra aseguradoras. Para ello conseguían personas que se presentaban como víctimas, testigos y hasta demandados, mientras los estudios jurídicos avanzaban con los trámites para reclamar compensaciones económicas.
Las pruebas reunidas incluyeron escuchas telefónicas, documentación secuestrada en allanamientos y expedientes judiciales que permitieron reconstruir cómo funcionaba el mecanismo. Los investigadores detectaron conversaciones donde se negociaban «carpetas», se coordinaban testimonios y se organizaban las presentaciones judiciales.
Uno de los principales condenados fue Alfredo Daniel Truglio, señalado como jefe de una de las estructuras que integraban la organización. También recibieron condenas otros abogados y colaboradores que participaban en distintas etapas del circuito fraudulento. En varios casos, además de las penas de prisión, se dispuso la inhabilitación para ejercer la profesión.
La causa determinó que la red operaba principalmente en el sur del conurbano bonaerense y tenía como objetivo obtener pagos de compañías aseguradoras mediante demandas sustentadas en hechos inexistentes o adulterados. Entre las firmas afectadas figuraban algunas de las empresas más importantes del sector.
Los magistrados sostuvieron que no se trató de episodios aislados sino de un fenómeno de delincuencia organizada, con una estructura estable y una clara división de tareas. Para el tribunal, la reiteración de maniobras, la coordinación entre los involucrados y la permanencia en el tiempo fueron elementos suficientes para confirmar las condenas.
Durante el proceso también se conoció que algunos integrantes cumplían el rol de reclutadores o «punteros», encargados de conseguir personas dispuestas a participar de los accidentes simulados. Otros aportaban documentación, conseguían testigos o facilitaban información para sostener los reclamos ante la Justicia.
La sentencia representa uno de los fallos más importantes contra las denominadas organizaciones de «caranchos» en la provincia de Buenos Aires y fue destacada por las aseguradoras que participaron de la investigación como querellantes. Para los jueces, el caso dejó al descubierto un esquema que durante años utilizó la apariencia de actividad profesional para desarrollar maniobras fraudulentas a gran escala.
Lo que para decenas de estudiantes parecía una oportunidad de formación laboral terminó convirtiéndose en una causa judicial por estafa. La Justicia de San Juan condenó a Daniel Gustavo Algarilla, un hombre que ofrecía una supuesta tecnicatura relacionada con tareas de morgue y evisceración, pese a que la carrera no contaba con aval oficial ni reconocimiento académico.
El juez Mariano Carrera lo declaró culpable por el delito de defraudación por engaño en cuatro hechos denunciados por alumnas que descubrieron que habían sido víctimas de una maniobra fraudulenta. Como resultado del juicio, recibió una condena de un año y seis meses de prisión condicional, por lo que continuará en libertad bajo reglas de conducta durante dos años.
La historia salió a la luz cuando varias estudiantes comenzaron a sospechar de las condiciones en las que se desarrollaba el cursado. Según la investigación, Algarillaprometíauna formación especializada con salida laboral y aseguraba contar con vínculos académicos e institucionales que nunca pudo acreditar. Incluso decía ser profesor universitario, algo que posteriormente fue descartado por los investigadores.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el juicio fue el lugar donde se dictaban algunas clases. Cuando perdió uno de los espacios que utilizaba para las actividades, el acusado trasladó el cursado a una «lomoteca», nombre con el que se conoce en San Juan a los locales especializados en lomitos. Más adelante volvió a mudarse a otro comercio alquilado para continuar con el supuesto programa educativo.
Pero las irregularidades no terminaban allí. La fiscalía sostuvo que el hombre aprovechaba su trabajo como colaborador de la morgue del Hospital Marcial Quiroga para permitir el ingreso de estudiantes y realizar prácticas sin autorización. Algunos testimonios señalaron que las actividades se desarrollaban dentro de instalaciones hospitalarias y sin los permisos correspondientes.
Durante el proceso judicial también se conoció que los alumnos abonaban cuotas mensuales convencidos de que estaban cursando una carrera válida y habilitante. Con el paso del tiempo comenzaron a descubrir que los certificados, las matrículas y los supuestos respaldos institucionales no tenían reconocimiento oficial.
La fiscalía había solicitado una pena de cuatro años de prisión efectiva y sostuvo que las denuncias presentadas podrían representar solo una parte de las personas afectadas por la maniobra. Sin embargo, el tribunal optó por una condena condicional y rechazó además el pedido de reparación económica impulsado por la querella.
El caso generó repercusión en San Juan por la combinación de elementos poco habituales: una carrera inexistente, clases que cambiaban constantemente de sede, prácticas en una morgue y estudiantes que durante meses creyeron estar construyendo una salida laboral que nunca tuvo validez.
Un insólito episodio provocó fuertes dolores de cabeza al Colegio de Bioquímicos de Neuquén. Cuando las empleadas intentaban radicar la denuncia telefónica por un robo de tarjetas que había ocurrido en la sede principal de la entidad, cayeron en una estafamillonaria que vació las cuentas.
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El engaño significó un fuerte daño al Colegio que tiene asociados al 99 % de los Laboratorios instalados en la provincia de Neuquén y su participación en la Caja Previsional para Profesionales le ofrece al asociado el beneficio de una jubilación, además de otros, de acuerdo a la información provista en su sitio.
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La investigación está a cargo de la fiscal del caso Rocío Rivero, recientemente incorporada a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
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Quisieron hacer un boquete pero no pudieron
El viernes 29 de mayo tres hechos implicaron la intervención de las autoridades. Mientras empleados de la Cooperativa CALF se encargaban del riesgoso incendio de un transformador en calle Entre Ríos y Alberdi, un grupo de efectivos policiales intentaba reconstruir qué había ocurrido en dos lugares: un comercio y la entidad mencionada.
De acuerdo a lo relevado, habrían detectado a través de cámaras de seguridad que un hombre ingresó al Colegio de Bioquímicos de Neuquén y luego alBodegón B9, un local gastronómico.
La persona registrada en videos ingresó de madrugada por el patio interno y pudo llevarse algunas botellas. Sin embargo, no pudo entrar al interior del salón pese a que intentó realizar un boquete. Luego de los destrozos constataron que realizó el robo a la entidad de bioquímicos, donde se llevó una cartera con tarjetas bancarias y una base de datos con información sobre los asociados.
Cómo fue la estafa millonaria al Colegio de Bioquímicos
En medio del operativo de Criminalística una autoridad del Colegio de Bioquímicos se dirigió a realizar la denuncia del robo a la Comisaría Primera. Mientras realizaba la presentación los efectivos le ordenaron realizar la denuncia de robo a los bancos para resguardar las cuentas.
Por este motivo, la autoridad dio el aviso a las empleadas para que realizaran de inmediato la denuncia telefónica y bloquearan los plásticos, con el objetivo de evitar movimientos fraudulentos.
Sin embargo, en medio de la urgencia y ante las dificultades para comunicarse con las entidades bancarias, una de las personas involucradas buscó en internet un número telefónico para realizar el trámite. Fue entonces cuando cayó en una maniobra de estafa que terminó agravando significativamente la situación.
Según trascendió, quienes atendieron el llamado se hicieron pasar por representantes de la entidad correspondiente y, mediante engaños, fueron obteniendo información sensible vinculada a las cuentas bancarias del Colegio. Con esos datos lograron realizar una serie de transferencias millonarias.
Las primeras estimaciones tras la presentación de un abogado del Colegio de Bioquímicos en la fiscalía indican que el perjuicio económico rondaría más de 400 millones de pesos. Entre las operaciones detectadas figura al menos una transferencia por aproximadamente 120 millones de pesos, aunque los investigadores continúan reconstruyendo el movimiento completo de los fondos.
Según confirmó Fiscalía, en primera instancia Rivero ordenó al Departamento de Delitos Económicos de la policía a determinar la trazabilidad del dinero transferido, una tarea clave para conocer el destino de los fondos y eventualmente recuperarlos.
Para ello se solicitarán registros bancarios, información sobre las cuentas receptoras y también los datos de las líneas telefónicas utilizadas durante la maniobra.
Entre las medidas previstas figura el análisis del teléfono desde el cual se realizó la llamada al supuesto servicio de atención, así como de los números con los que mantuvieron contacto las víctimas de la estafa.
Los pesquisas no descartan que las transferencias hayan sido derivadas a múltiples cuentas con el objetivo de dificultar el rastreo, una modalidad habitual en este tipo de delitos informáticos. Mientras tanto, la investigación busca establecer con precisión cómo se obtuvo la información que permitió concretar las operaciones y si existieron otras personas involucradas en la maniobra.
Ofrecían construir en tiempo récord casas en contenedores marítimos y varias personas creyeron que habían encontrado la solución para resolver su problema habitacionalen Bariloche. Por eso, firmaron contratos y compraron, pero nunca les entregaron la vivienda. Tampoco les devolvieron el dinero. Por eso, las víctimas demandaron a los responsables de la empresa “Eco Hábitat Patagonia SRL”, denominada comercialmente como “El Montañés”.
Fueron nueve estafas por un monto total superior a los 600 mil dólares, según advirtió la fiscalía y la querella en la audiencia de formulación de cargos que se hizo este martes de manera virtual (por zoom).
El fiscal Gerardo Miranda imputó a Nicolás Ruival, Damián Soto, Marina Silvia Rojas y Sofía Ellera Moyano por las nueve estafas en carácter de coautores. El abogado Martin Govetto, en representación de algunos damnificados que se constituyeron en querellantes, adhirió a los cargos formulados por la fiscalía contra los acusados.
Los hechos atribuidos a los imputados
Según la teoría de la fiscalía y de los querellantes, los hechos atribuidos a los imputados ocurrieron entre el 11 de junio del 2023 y el 1 de abril del 2025, cuando se hizo la primera denuncia penal en la sede del Ministerio Público Fiscal, en Bariloche.
Miranda relató al juez de garantías Juan Pablo Laurence que Nicolás Ruival, Marina Silvia Rojas, Sofía Ellera Moyano y Damián Soto, “actuando todos de común acuerdo, y con clara finalidad de quedarse con el dinero de las víctimas, cumpliendo diferentes roles dentro de la sociedad “Eco Hábitat Patagonia SRL”, denominada comercialmente como “El Montañés”, ubicada en el PITBA, en la Ruta Nacional 40, kilómetro 2043 (Ruta de Circunvalación) desplegaron una maniobra defraudatoria sistemática en perjuicio de numerosos particulares, a quienes las desapoderaron de importantes sumas de dinero en dólares”.
Los roles
La fiscalía atribuyó a Ruival el rol de socio gerente y era el que ejercía el control de la sociedad. Indicó que Rojas y Ellera Moyano actuaron como apoderadas, vendedoras y quienes tenían a su cargo el cobro del dinero.
Mientras que Damián Soto se presentaba, según la fiscalía y las querellas, como jefe de operaciones, mantenía comunicación con los clientes, exhibía contenedores afirmándoles que eran de su proyecto y concurría a los terrenos en que aseguraban que se instalarían las viviendas.
Los acusadores público y privado sostuvieron que de esa manera los imputados “armaron una puesta en escena para generar confianza y luego engañar a las personas que se contactaban por teléfono o redes sociales y que concurrían a las oficinas”.
Miranda contó que cuando las víctimas fueron a las oficinas, ubicadas en el PITBA, “eran atendidos por alguna de las vendedoras y luego por Rojas o Ellera Moyano, quienes les prometían la construcción de viviendas mediante el sistema de contenedores marítimos con “llave en mano” y las entregas en el terreno en un plazo determinado y muy breve comparando con una construcción tradicional, lo que actuaba como interés principal para los clientes”.
El fiscal destacó que una vez que lograban convencerlos, las víctimas “firmaban contratos en los que se establecían las pautas y modalidades”.
Una puesta en escena
“Luego, les iban asegurando de manera falsa que la construcción de sus viviendas iba avanzando y estaban en proceso. En algunas ocasiones llegaron a exhibirles los contenedores que en el predio estaban siendo reacondicionados con viviendas, con carteles con los nombres de los clientes”, detalló la fiscalía.
“Así también, les ofrecían adicionales, como pisos, aberturas o instalaciones que cobraban extra y se apropiaban del dinero. Todo ello sabiendo que iban a construir ni a entregar las viviendas porcarecer de la capacidad técnica, financiera y operativa”, afirmó el fiscal y los querellantes.
La fiscalía planteó que “en muchos casos, abusando de la confianza y prometiendo cumplir con lo acordado, (los imputados) lograron prórrogas en los plazos de cumplimiento enla entrega de las viviendas, sabiendo que no lo iban a concretar”.
Describió que Soto visitaba los terrenos. Se presentaba a bordo de vehículos con inscripciones de la empresa y como jefe de operaciones de la firma, “para supuestamente revisar las condiciones de instalación de las viviendas, con el único fin generar una falsa sensación de avance para obtener más pagos o prórrogas”.
El 90% del monto
La fiscalía y las querellas advirtieron que los imputados con ese ardid “fueron cobrando sumas en dólares como adelantos, enla mayoría de los casos por aproximadamente el 90% del montoestipulado, apropiándose del dinero con destinos desconocidos a lafecha”.
Miranda sostuvo que cada vez que las víctimas efectuaban sus reclamos, “los imputadoscortaban la comunicación personal y telefónica, abandonarontotalmente la empresa, dejaron el lugar en que estaban instalados,hicieron desaparecer los contenedores”.
Miranda y los querellantes señalaron que tres de los imputados, con excepción de Ruival, constituyeron en marzo del 2025 otra sociedad paralela denominada “MCM Construcciones Modulares SAS” por medio de la cual comenzaron a desviar los mismos clientes que recibía “El Montañés” hacia la nueva empresa realizando las mismas promesas en cuanto a plazos de entrega y modalidad de construcción, lo que publicitan permanentemente en redes sociales.
La defensora penal pública Blanca Alderete, junto con el defensor adjunto Nahuel Benac, asistieron a tres imputados. Mientras que el abogado Ernesto Saavedra defendió a Ruival.
Inhibición de bienes
Miranda solicitó al juez que declare compleja la investigación por el número de hechos investigados y el volumen de evidencia documental, informática y contable que resta analizar.
Sostuvo los cargos con las denuncias penales presentadas por las víctimas, los contratos firmados, los comprobantes de los pagos que los damnificados hicieron, las conversaciones de WhatsApp extraídas de los celulares de los denunciantes, prueba documental, entre otras evidencias.
La querella acompañó la formulación de cargos, la calificación legal propuesta por la fiscalía y el pedido de investigación compleja.
La defensa pública no se opuso a la declaración de investigación compleja ni al plazo de un año solicitado por los acusadores. Señaló, sin embargo, que algunos aspectos de la acusación deberán ser precisados durante la investigación.
Saavedra avaló el plazo requerido para la investigación y adelantó que tiene una teoría del caso diferente a la planteada por la fiscalía.
Tras escuchar a la fiscalía, la querella y las defensas, el juez de Garantías admitió los cargos formulados contra los imputados por nueve hechos de estafa en concurso real.
Laurence dispuso que la causa tramite como asunto complejo y fijó el plazo de la investigación preparatoria hasta el 2 de junio de 2027.
Además, el juez aceptó el pedido de las medidas cautelares solicitadas por la querella y la fiscalía. Ordenó la prohibición de salida del país para los cuatro imputados, la inhibición general de sus bienes y sociedades alcanzadas por la investigación, la obligación de fijar domicilio y la de estar a derecho.
Laurence aclaró que las medidas regirán mientras dure la investigación preparatoria, sin perjuicio de las revisiones o modificaciones que pudieran corresponder según la evolución del caso.
