Por Federico Sacchi, especial para «Río Negro»

Cada 24 de marzo Argentina vuelve a nombrar tres palabras que ya forman parte de su identidad democrática: Memoria, Verdad y Justicia. No son solo consignas. Son el resultado de una lucha histórica que atravesó generaciones y que convirtió a nuestro país en un faro internacional en materia de derechos humanos.

Este año la memoria tiene una densidad especial. Se cumplen cincuenta años del inicio de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, inaugurada con el golpe de Estado de 1976. Medio siglo después, la pregunta sigue siendo profundamente política: qué hacemos con esa memoria y qué democracia queremos construir a partir de ella.

El terrorismo de Estado no fue solo un proyecto militar. Fue un sistema de disciplinamiento social que buscó imponer miedo, silencio y obediencia. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas porque pensaban distinto, porque militaban, porque soñaban con una sociedad más justa.

Pero también fue la expresión extrema de un orden cultural que exaltaba la autoridad, la jerarquía y la idea del “hombre fuerte” como garante del orden.

En ese sentido, la dictadura también puede leerse como el despliegue de un poder profundamente masculinizado que convirtió la dominación en forma de gobierno. Un modelo de poder basado en la fuerza, la jerarquía y el disciplinamiento, que intenta reprimir la diferencia y controlar todo aquello que se percibe como amenaza: la militancia política, las juventudes organizadas, las mujeres que disputaban espacios de participación política y social y las identidades que desafiaban la norma.

El terrorismo de Estado fue también un intento de imponer una forma única de vivir, sentir y pensar.

Pero la historia argentina demuestra que ningún proyecto basado en el miedo logra borrar del todo el deseo de justicia.

Cuando el silencio parecía imponerse, comenzaron a aparecer las primeras grietas en ese orden autoritario. Mujeres que salieron a la calle con una pregunta simple y devastadora: ¿dónde están nuestros hijos e hijas?

Las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, y más tarde el trabajo incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo, transformaron el dolor en una de las luchas más profundas de la historia democrática contemporánea. Con sus pañuelos blancos desafiaron a la dictadura, pero también a los mandatos culturales que pretendían relegarlas al silencio.

En un contexto dominado por la lógica del poder masculino y militarizado, ellas construyeron otra forma de hacer política: una política de la memoria, del cuidado y de la persistencia. Aquella lucha, profundamente ética y colectiva, abrió un camino que hoy forma parte del ADN democrático de la Argentina.

También es necesario recordar que el terrorismo de Estado operó en una sociedad atravesada por normas patriarcales y heteronormativas. Las personas del colectivo LGBTIQ+ y otras identidades disidentes vivían en un contexto de persecución, estigmatización y violencia institucional y social que se intensificó durante la dictadura.

Muchas de esas historias quedaron durante años fuera de los relatos oficiales de la memoria, no porque no existieran, sino porque durante mucho tiempo no existieron condiciones sociales para nombrarlas. Recuperarlas hoy es parte de una memoria democrática más amplia.

En ese recorrido histórico, la ampliación de derechos conquistada en democracia —como la histórica Ley de Identidad de Género— también puede leerse en diálogo con ese mismo proceso colectivo que busca garantizar dignidad y reconocimiento para todas las personas.

La memoria, entonces, no es un archivo cerrado. Es un campo de disputa.

Y en esa disputa también aparece la responsabilidad de quienes fuimos socializados en modelos de masculinidad. Si durante décadas los modelos de poder se construyeron sobre la lógica de la dominación y el silencio, el desafío democrático del presente también pasa por transformar esas formas de vincularnos con el poder.

Pensar las masculinidades en clave democrática implica romper con la idea de que la autoridad se sostiene en la fuerza. Implica construir vínculos basados en el cuidado, en la responsabilidad colectiva y en el reconocimiento de la diversidad.

En nuestra región, la memoria también tiene un rostro propio. En Neuquén, la defensa de los derechos humanos encontró una voz firme y profundamente comprometida en la figura de Jaime de Nevares. En los años más duros del terrorismo de Estado, cuando el miedo buscaba paralizar a la sociedad, el obispo neuquino decidió ponerse del lado de quienes eran perseguidos.

Acompañó a familias, denunció violaciones a los derechos humanos y promovió espacios de organización social que permitieron sostener la esperanza democrática en la región. Su compromiso también fortaleció la tarea de organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dejando una huella profunda en la historia política y social de la Patagonia.

Recordar ese legado es recordar que la democracia no se defiende solo en los grandes centros políticos: se construye también en los territorios, en las comunidades y en las personas que, incluso en los momentos más oscuros, deciden ponerse del lado de la dignidad humana.

Por eso, a cincuenta años del golpe, el 24 de marzo sigue siendo una fecha que interpela el presente.

En tiempos en los que resurgen discursos que relativizan el terrorismo de Estado o intentan banalizar la memoria colectiva, defender la democracia también implica defender la verdad histórica y el legado de quienes lucharon para que el horror no vuelva a repetirse.

Y cada vez que la sociedad argentina vuelve a marchar para decir Nunca Más, reafirma algo fundamental: que la democracia se construye todos los días, en las instituciones, en las calles y también en las formas en que decidimos convivir.

Porque la memoria, cuando se vuelve compromiso colectivo, también es una pedagogía de futuro.