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Avanza la investigación sobre el escándalo cripto $LIBRA, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado exigió a la Policía Federal y a la Casa Militar los registros de acceso a la Quinta de Olivos del 14 y 15 de febrero. Esta solicitud apunta a dilucidar si Javier Milei utilizó instalaciones oficiales para publicar el posteo que desató reclamos legales.

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La magistrada busca determinar el contexto geográfico del mensaje para definir su competencia en el caso, mientras el fiscal Federico Iuspa mantiene un perfil bajo sin avanzar aún en la indagatoria.

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Paralelamente, el foco judicial se amplía hacia las reuniones sostenidas por el mandatario y su equipo con empresarios del ecosistema cripto. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa en Comodoro Py, solicitó formalmente el cotejo del Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior. Este mecanismo, diseñado para transparentar encuentros oficiales, podría revelar la frecuencia y contenido de los contactos entre funcionarios y figuras vinculadas al lanzamiento de Libra.

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Entre los nombres bajo escrutinio destacan Mauricio Gaspar Novelli, organizador del Tech Foro donde Milei interactuó con varios implicados, y Julian Peh, cuyo protocolo tecnológico habría sustentado la creación del token.

Cómo está la investigación sobre Javier Milei

La investigación profundiza en tres ejes: la naturaleza de las conversaciones, posibles acuerdos comerciales no declarados y el uso de influencia estatal para beneficiar intereses privados. Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy están bajo observación por su rol en eventos que facilitaron encuentros clave, mientras Hayden Mark Davis, dueño de Libra, suma interrogantes sobre su vinculación con Peh y autoridades locales. Taiano enfatizó en su requerimiento la necesidad de documentar exhaustivamente cada hallazgo, advirtiendo que omisiones podrían obstruir el proceso.

Este capítulo judicial trasciende lo administrativo al apuntar a delitos graves. El fiscal Taiano menciona en sus actuaciones posibles figuras como abuso de autoridad, estafa agravada y cohecho, sugiriendo que las pruebas recolectadas hasta ahora justifican sospechas de conductas ilícitas.

Un aspecto crítico radica en establecer si Milei actuó en su carácter institucional durante estas interacciones o si, por el contrario, operó como promotor particular del proyecto. La falta de registros oficiales sobre dichas reuniones alimenta especulaciones sobre su transparencia.

Mientras avanzan estas diligencias, el caso Libra expone tensiones entre la retórica gubernamental de desregularización financiera y los protocolos éticos para cargos públicos. Analistas jurídicos subrayan que, más allá del resultado, el proceso podría sentar precedentes sobre cómo se fiscalizan las relaciones entre funcionarios y sectores emergentes como las criptomonedas. Con al menos cinco empresarios y dos CEOs internacionales involucrados, la trama combina alta tecnología, finanzas descentralizadas y un inédito escrutinio sobre la gestión de audiencias presidenciales.

La resolución de Arroyo Salgado sobre los registros de Olivos marcará el próximo hito, ya que su contenido podría vincular directamente al presidente con acciones promocionales desde dependencias estatales. Hasta entonces, tanto la Justicia como la opinión pública aguardan respuestas que aclaren si existió un uso indebido de recursos públicos para impulsar una iniciativa privada en un mercado tan volátil como el criptográfico.

En los turbulentos mares de las criptomonedas, un reciente artículo de Forbes ha sacudido al ecosistema financiero al catalogar el caso de la moneda digital $LIBRA como el «robo cripto más grande de la historia». La publicación sitúa en el centro de la polémica al presidente argentino Javier Milei, cuyo controvertido tuit promocionando el activo digital habría funcionado como detonante de una reacción en cadena con ramificaciones legales internacionales.

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Según la investigación periodística, el escenario se complicó cuando Hayden Mark Davis, creador de la memecoin MELANIA, reveló manejar cerca de $100 millones obtenidos mediante $Libra. Su testimonio describe un sofisticado mecanismo de manipulación de mercados denominado «sniping», donde actores con información confidencial adquieren tokens en fase inicial, inflan artificialmente su valor mediante estrategias coordinadas, y luego liquidan sus posiciones obteniendo utilidades astronómicas a costa de inversores minoristas.

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Este esquema, que en mercados tradicionales se tipificaría como «front-running» -práctica ilegal según regulaciones bursátiles-, habría contado con la participación de dos figuras clave del Tech Forum. Curiosamente, Davis insiste en presentarse como un actor de buena fe, prometiendo devolver los fondos y exculpando explícitamente a Milei de cualquier responsabilidad. En declaraciones recogidas por Forbes, lo calificó como «un experimento fallido con consecuencias imprevistas».

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Los números revelan la magnitud del descalabro: análisis de Nansen muestran que el 86% de los inversionistas sufrieron pérdidas acumuladas por $251 millones, mientras un selecto grupo concentró ganancias cercanas a $180 millones. Estas cifras colosales sustentan la calificación de «robo histórico» empleada por la revista, particularmente considerando que el colapso del valor ocurrió en cuestión de horas tras la intervención presidencial.

En qué derivó el escándalo cripto

Las repercusiones políticas no se hicieron esperar. En Argentina, la oposición impulsó pedidos de juicio político mientras se registraban más de 100 denuncias por estafa. Paralelamente, la Oficina Anticorrupción recibió autorización para indagar posibles vínculos irregulares entre el Ejecutivo y la promoción de la criptomoneda, según fuentes oficiales consultadas… pero luego la medida fue rechazada en el Congreso.

El caso ha trascendido fronteras: el Departamento de Justicia estadounidense (USDOJ) habría iniciado pesquisas preliminares, aunque se desconocen detalles específicos sobre el alcance de esta investigación internacional. Este desarrollo internacionaliza un escándalo que combina alta política, finanzas descentralizadas y mecanismos de manipulación de mercados digitales.

Analistas consultados destacan la paradoja de que Milei, reconocido crítico de las criptomonedas en el pasado, aparezca vinculado a este episodio. Algunos especulan sobre posibles usurpaciones de identidad digital o campañas de desprestigio orquestadas, aunque ninguna de estas hipótesis cuenta con respaldo probatorio público hasta el momento.

La postura de Davis

En medio del vendaval, Davis mantiene una narrativa ambivalente: mientras admite fallas técnicas y operativas en el lanzamiento, insiste en caracterizar el proyecto como una iniciativa legítima desvirtuada por dinámicas especulativas no previstas. Esta postura contrasta con la evaluación de expertos citados por Forbes, quienes subrayan patrones idénticos a estafas piramidales documentadas previamente.

El episodio reabre debates sobre la necesidad de marcos regulatorios globales para activos digitales, particularmente ante la creciente sofisticación de esquemas de manipulación. También plantea interrogantes sobre el rol de figuras públicas en la promoción de instrumentos financieros de alto riesgo, especialmente cuando dichas recomendaciones carecen de advertencias claras sobre volatilidad inherente.

Mientras las investigaciones avanzan en múltiples jurisdicciones, el caso $Libra se consolida como estudio de caso sobre los riesgos sistémicos en economías descentralizadas. Más allá de las consecuencias legales inmediatas, su impacto más duradero podría residir en el endurecimiento de políticas de supervisión para prevenir réplicas de este modelo operativo en el futuro.