Una jornada de tensión se vivió en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del debate por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.
Según trascendió, al menos una persona fue detenida durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en la intersección de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Los efectivos intentaban dispersar a los manifestantes para que se mantuvieran dentro del perímetro asignado frente al Congreso, mientras se desarrollaba la sesión.
El arresto se produjo en medio de disturbios protagonizados por activistas que se oponen al proyecto impulsado por el Gobierno, que busca su sanción definitiva.
Activistas de Greenpeace se manifestaron frente al Congreso
En paralelo, durante la mañana, un grupo de militantes de Greenpeace llevó adelante una acción de protesta que incluyó la vandalización del Monumento a los Dos Congresos, ubicado frente al Palacio Legislativo.
Los activistas escalaron la estructura y desplegaron carteles con consignas dirigidas a los legisladores, entre ellas “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”. La intervención motivó un operativo de la Policía de la Ciudad, que logró desalojarlos y labró actas contravencionales.
En total, nueve personas participaron de la acción. Dos de ellas permanecieron en altura hasta que desistieron tras la llegada de bomberos del Grupo Especial de Rescate. Todos los involucrados fueron posteriormente liberados.
La protesta se enmarca en el rechazo de organizaciones ambientalistas al tratamiento de la ley, en una jornada marcada por la tensión política y social en el centro porteño.
Se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos policiales en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la protesta contra el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.
Según informaron fuentes policiales, al menos una persona fue detenida durante los enfrentamientos, que se produjeron mientras se desarrollaba la sesión en el recinto.
La movilización estuvo integrada por militantes y organizaciones sociales y ambientales, que se concentraron para rechazar el proyecto impulsado por el oficialismo.
En medio de la protesta, se produjeron momentos de tensión y forcejeos con las fuerzas de seguridad, lo que derivó en la intervención policial y el arresto de uno de los manifestantes.
El Gobierno busca avanzar con la sanción definitiva de la iniciativa, que genera fuerte debate por su impacto ambiental y económico.
La situación se mantiene en desarrollo, mientras continúan las manifestaciones y el debate legislativo dentro del Congreso.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares volvió a instalar tensión en el Congreso, en medio de cuestionamientos por el alcance del proyecto y su impacto ambiental.
Durante una entrevista en el programa Nada sucede dos veces por AM Cumbre 1400, la diputada nacional por Río Negro Adriana Serquis advirtió sobre los riesgos que implicaría avanzar con la iniciativa.
En diálogo con los periodistas, explicó que el dictamen de mayoría fue aprobado en comisión sin un debate amplio ni la participación de todos los sectores involucrados.
Según indicó, la propuesta busca modificar la definición de glaciar para permitir actividades como la minería en zonas que hoy están protegidas.
La legisladora señaló que uno de los principales cuestionamientos está vinculado al uso de información que, según afirmó, no cuenta con validación científica suficiente para justificar los cambios propuestos.
En ese sentido, advirtió que se estarían utilizando argumentos técnicos para respaldar decisiones políticas que podrían tener consecuencias a largo plazo.
El eje central de la preocupación radica en el rol de los glaciares como reservas estratégicas de agua y reguladores naturales del sistema hídrico.
Serquis explicó que estos ecosistemas cumplen funciones clave, como la acumulación de agua en períodos fríos y su liberación gradual en épocas de mayor demanda.
Además, sostuvo que el avance del cambio climático ya está generando una retracción de los glaciares, lo que agrava el escenario y vuelve aún más necesaria su protección.
La modificación de la ley, según planteó, podría acelerar estos procesos si se habilitan actividades en áreas sensibles.
En paralelo, cuestionó el desarrollo del debate legislativo, al considerar que se limitaron las intervenciones y no se permitió una discusión en profundidad.
También advirtió sobre posibles impactos en distintas regiones del país, donde los glaciares cumplen un rol fundamental en el abastecimiento de agua.
De cara a la votación en el recinto, la diputada sostuvo que el oficialismo podría contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa.
El escenario plantea así una discusión de alto impacto, en la que se enfrentan distintas visiones sobre el uso de los recursos naturales y el modelo de desarrollo en el país.
La entrevista
Adriana Serquis, diputada nacional por Río Negro de Unión por la Patria, habló sobre el debate de la Ley de Glaciares y las tensiones políticas en el Congreso.
—Pregunta: ¿Qué se está discutiendo actualmente en el Congreso? —Respuesta: El tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares y otros proyectos que generan preocupación.
—Pregunta: ¿Por qué se oponen a esta iniciativa? —Respuesta: Porque es una ley regresiva que pone en riesgo recursos hídricos y derechos ambientales.
—Pregunta: ¿Qué ocurrió en la comisión? —Respuesta: Se aprobó un dictamen de mayoría sin permitir un debate adecuado ni escuchar todas las voces.
—Pregunta: ¿Qué irregularidades observan? —Respuesta: Falta de participación, uso de datos no validados científicamente y restricción del debate.
—Pregunta: ¿Qué cambios plantea el proyecto? —Respuesta: Modificar la definición de glaciar para permitir actividades como la minería en esas zonas.
—Pregunta: ¿Por qué consideran esto grave? —Respuesta: Porque los glaciares son reservas estratégicas de agua y regulan el sistema hídrico.
—Pregunta: ¿Qué impacto podría tener? —Respuesta: Acelerar la degradación de glaciares y afectar el acceso al agua a futuro.
—Pregunta: ¿Qué rol juega el cambio climático? —Respuesta: Agrava la situación y hace más urgente la protección de estos ecosistemas.
—Pregunta: ¿Qué chances tiene el proyecto? —Respuesta: El oficialismo podría tener los votos necesarios para aprobarlo.
—Pregunta: ¿Qué postura tomarán? —Respuesta: Rechazar la iniciativa y defender los recursos naturales y ambientales.
Repudian irregularidades en audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares
El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) presentó un proyecto en repudio a los mecanismos implementados en la audiencia pública convocada en el Congreso Nacional en el marco de la reforma de la Ley de Glaciares, a los que califica de antidemocráticos y censura. La iniciativa cuestiona la falta de condiciones para garantizar la participación efectiva de la ciudadanía y solicita que se asegure la intervención de todas las personas inscriptas.
El proyecto advierte que más del 99% de las 105.294 personas registradas para participar no pudieron hacerlo, entre ellas 3149 de la provincia de Neuquén. En ese sentido, plantea la necesidad de que se respete el derecho a la participación conforme a lo establecido por la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de Escazú y otros marcos normativos vigentes.
En los fundamentos, el proyecto señala que las audiencias públicas se realizaron en dos jornadas —los días 25 y 26 de marzo— con una participación limitada frente al volumen de inscriptos. Indica que en la instancia presencial expusieron menos de cien personas y que en la modalidad virtual participaron alrededor de doscientas, lo que representa una proporción reducida en relación con el total de inscriptos.
En ese marco, asegura que los principios que debían regir el proceso fueron “desvirtuados” en tanto no se respetaron los ítems de publicidad, transparencia, oralidad, informalismo y participación.
El proyecto de declaración (18237) ingresó por Mesa de Entradas el 7 de abril.
El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, con cambios en internaciones, criterios de riesgo y funcionamiento del sistema. La iniciativa apunta a mejorar la respuesta sanitaria y reducir desigualdades entre provincias, según indicaron fuentes oficiales.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló: “En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental”.
Cambios en salud mental: redefinen riesgo e internaciones en todo el país
Desde el Ministerio de Salud explicaron que el objetivo es actualizar el marco normativo para “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”. El proyecto busca adaptar criterios a cada jurisdicción y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.
Uno de los ejes es la redefinición del criterio de riesgo, que pasará a centrarse en “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. También se evaluarán contexto y antecedentes para intervenciones preventivas.
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, dio el anuncio esta mañana.
El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales y actores judiciales. Allí se detectaron dificultades en la aplicación de la ley vigente, con diferencias entre provincias en acceso a servicios y disponibilidad de recursos.
Otro punto central es la falta de implementación uniforme. Según datos oficiales, solo 16 jurisdicciones adhirieron a la ley, mientras 18 provincias tienen hospitales generales con servicios de salud mental y 20 cuentan con camas de internación.
Internaciones y hospitales: qué cambia con el nuevo proyecto oficial
El proyecto mantiene la internación como recurso excepcional, pero habilita al psiquiatra a indicarla en urgencias. Esa decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas, mismo plazo para la notificación judicial.
También se prevé que, si un paciente con internación voluntaria solicita el alta y se considera afectada su capacidad, la situación pueda pasar a involuntaria con intervención de la Justicia.
En relación con los hospitales psiquiátricos, el texto reconoce limitaciones para su cierre total. Se propone fortalecer una red de atención con distintos niveles, incluyendo hospitales especializados, generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
El proyecto incorpora además mejoras en los sistemas de información y amplía la participación técnica en el órgano de revisión. La iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días, según informó este martes Adorni.
El Gobierno enviará al Congreso Nacional una nuevaLey de Salud Mental,según comunicó el jefe de Gabinete,Manuel Adornia través de su cuenta de X.
Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo deMario Lugones,revelaron que el proyecto contemplauna actualización de la Ley de Salud Mental,sancionada en 2010, con intención de“mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.
“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”,argumentaron, al tiempo que revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios.
Para la tarea se realizóun relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental,pero también de actores del ambito judicial y legislativo para detectar los problemas en la práctica diaria.
Entre los impedimientos se detectó quesolo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la leyy que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.
En la administración libertaria aseguran que el término“padecimiento mental”es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.
Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de“situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.
Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendoun “recurso excepcional”, pero “necesario”,y remarcan que los psiquiatrás podrá indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. “Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial.En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron.
En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.
Además, se proponeampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.
El Gobierno enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X.
Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto contempla una actualización de la norma sancionada en 2010, con intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.
Manuel Adorni confirmó que se enviará la ley de Salud Mental
El jefe de Gabinete confirmó que el proyecto se enviará en los próximos días:
En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental.
Fin.
— Manuel Adorni (@madorni) April 7, 2026
“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, argumentaron, al tiempo que revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios.
Para la tarea se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, pero también de actores del ambito judicial y legislativo para detectar los problemas en la práctica diaria.
Entre los impedimientos se detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.
Algunos cambios que se propondrá a la ley de Salud Mental
En la administración libertaria aseguran que el término “padecimiento mental” es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.
Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.
Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatrás podrá indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. “Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron.
En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.
Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y Sedronar.
A un mes de quedar inaugurado el período ordinario, la próxima semana volverán a reactivarse el Senado y la Cámara de Diputados.
El Congreso Nacional vuelve a reactivarse esta semana con las dos sesiones que se realizarán entre miércoles y jueves la Cámara de Diputados y en el Senado para votar la ley de reforma de Glaciares y dar ingreso a los pliegos de unos 60 jueces y fiscales.
El Parlamento vuelve a tomar un ritmo mas veloz luego de unas sesiones extraordinarias en diciembre y febrero donde se aprobaron el Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y la controvertida reforma laboral que hoy se discute en los pasillos de tribunales, según informaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.
En marzo, tras la discurso del presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias, la actividad en diputados tuvo una merma importante y la principal actividad fue la constitución de comisiones, y la audiencia publica de la ley de Glaciares.
El Senado está concentrado en el tratamiento de los 60 pliegos que mando el Gobierno de las 300 vacantes que hay en el Poder Judicial, luego de casi dos años de parálisis en esa materia.
De todos modos, las sesiones estarán atravesadas por las polémicas desatadas tras conocerse el incremento del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los nuevas relevaciones del caso Libra, que involucra a Milei y su hermana, Karina Milei.
Diputados
La Cámara de Diputados tendrá el martes desde las 14 una reunión informativa del plenario de las comisiones de Recurso Naturales y de Asuntos Constitucionales, que presiden los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, donde expondrán los gobernadores o sus ministros de la mesa del Cobre.
La reunión no estará exenta de polémicas porque la oposición volverá a reclamar de que vuelvan a realizar una nueva audiencia pública ya que en la que se realizaron el 25 y el 26 de marzo pudieron exponer entre presencial y virtual unos 400 de los 100 mil anotados.
De todos modos, el oficialismo y sus aliados buscarán cerrar el mismo martes la ronda de consultas y emitir el dictamen que permitirá que se pueda debatir el miércoles en el recinto de sesiones.
La sanción de esa ley es un reclamo de los gobernadores de la Mesa del Cobre para captar inversiones millonarias de la minería.
Esta semana también se concluirán el armado de las comisiones de Mercosur que ahora quedará en manos de Unión por la Patria, de Seguridad Interior, y Previsión Social, y de Derechos Humanos y Garantías
El peronismo designará nuevamente al frente de la comisión de Mercosur al porteño Eduardo Valdés, quien la ocupó entre el 1 de julio del 2025 y el 9 de diciembre.
Senado
La Cámara de Senadores sesionará esta semana para apurar la aprobación de unos 60 pliegos de jueces, fiscales, y defensores, en una clara señal a la familia judicial.
El Gobierno quiere mantener un buen vínculo con la justicia y por eso busca cubrir al menos 60 de las 300 vacantes en el Poder Judicial, pero para ello tiene que cumplir con un proceso legislativo que se extenderá por lo menos en un mes.
Entre los pliegos ingresó a la Cámara alta la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.
También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó hoy una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir de forma inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión de la Sala III ratifica la vigencia de la norma, que había sido suspendida administrativamente por el Gobierno tras su sanción por insistencia en el Congreso.
Al iniciarse las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo envió un proyecto consensuado con algunos recortes de universidades como vía de escape para eludir la ley sancionada, que finalmente no llegó a ser tratado.
Incluso durante la controvertida conferencia de prensa de la semana pasada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, insistió en que el gobierno avanzará en una nueva ley de financiamiento educativo porque la actual “pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas”.
La ilusión del gobierno es cambiar la ley que se sancionó el año pasado, dada la nueva conformación del Parlamento y los acuerdos tejidos con los gobernadores.
Esta nueva decisión judicial se suma a la cadena de fallos adversos que sumó la reforma laboral, lo cual marca un freno de la justicia a cambios que quiere realizar el gobierno sobre temas estructurales.
Al igual que con la reforma laboral, el gobierno planea apelar ante la misma Cámara, con expectativa menor, y luego ir a la Corte Suprema.
En lo que refiere a la práctica, se cumplirá con la ley en forma mensual, sin una consolidación anual de ese presupuesto, con la expectativa de poder sancionar una nueva ley.
El fallo en contra del Gobierno por el financiamiento universitario
El fallo, firmado este martes por los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, rechaza el recurso de apelación presentado por el Estado Nacional y ordena la actualización urgente de los salarios docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación acumulada.
La disputa judicial se inició luego de que el Congreso aprobara en agosto de 2025 la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
Tras un veto total por parte del Poder Ejecutivo mediante el decreto 647/25, ambas cámaras legislativas ratificaron el proyecto con la mayoría especial de dos tercios de los votos, cumpliendo el mecanismo de insistencia previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
A pesar de este mandato legislativo, el Gobierno emitió el decreto 759/25, en el cual promulgó la ley pero, simultáneamente, suspendió su ejecución.
El argumento oficial se basó en el artículo 5° de la Ley 24.629 de administración financiera, que exige que toda ley con impacto en el gasto público deba especificar de antemano su fuente de financiamiento.
Ante esta parálisis, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades presentaron una acción de amparo colectivo.
El tribunal de alzada analizó si el Ejecutivo podía utilizar una ley anterior de administración financiera para bloquear una ley posterior aprobada por insistencia parlamentaria.
En su resolución, los magistrados aplicaron el principio de que «ley posterior deroga a la anterior».
La Cámara sostuvo que la Ley de Administración Financiera no posee una jerarquía superior al resto de las normas dictadas por el Congreso.
Por lo tanto, el Poder Legislativo no está «vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones» y puede dictar leyes especiales que exceptúen normas generales de gasto.
El fallo subraya que la insistencia de las cámaras legislativas impone al Poder Ejecutivo una «obligación de hacer» que no admite dilaciones administrativas.
El tribunal calificó la postura oficial como una pretensión de suspender la vigencia de una norma de igual jerarquía bajo el «ropaje del principio de juridicidad», lo cual consideró inviable en un sistema republicano.
Uno de los puntos centrales del debate fue la afectación del interés público y el equilibrio fiscal. El Estado Nacional alegó que la medida ponía en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, la Justicia se remitió a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó el costo de la ley en un 0,23% del PBI.
Para los jueces, esta cifra representa un «ahorro poco significativo» para el presupuesto nacional en comparación con la afectación de derechos fundamentales.
El fallo destaca que el incumplimiento de la ley lesiona el derecho a enseñar y aprender y advierte sobre la naturaleza alimentaria de los salarios y becas en un contexto de alta inflación.
La resolución de la Cámara obliga a la implementación inmediata de los siguientes artículos de la Ley 27.795:
Actualización Salarial (Art. 5°): Se debe recomponer el salario de docentes y no docentes universitarios considerando el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Esta actualización debe realizarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y debe ser remunerativa y bonificable.
Becas Estudiantiles (Art. 6°): Ordena la recomposición de programas como Progresar y Manuel Belgrano, ajustándolos por la variación acumulada de la inflación desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
El Estado Nacional intentó frenar el avance de la causa recusando a los jueces por su condición de docentes universitarios, argumentando una supuesta falta de imparcialidad.
La Cámara desestimó estos planteos por considerarlos extemporáneos y señaló que el debate sobre la integración del tribunal ya estaba agotado procesalmente.
Los magistrados indicaron que la condición de docente no otorga un beneficio económico personal que justifique las sospechas de parcialidad, sino que el objetivo de la sentencia es garantizar la vigencia de la ley y el funcionamiento del sistema educativo nacional.
Finalmente, el tribunal recordó que las medidas cautelares tienen naturaleza provisional y buscan evitar que la demora del proceso judicial torne ineficaz la sentencia definitiva.
Con esta confirmación, el Poder Ejecutivo queda obligado a reasignar las partidas necesarias para el sistema universitario de manera inmediata.
El Congreso de la Nación vuelve a poner en agenda un tema sensible y urgente: el endurecimiento de las penas para quienes realizan denuncias falsas. Con aval de Patricia Bullrich, el Senado reflota un proyecto impulsado por la senadora radical Carolina Losada que busca actualizar y agravar las sanciones previstas en el Código Penal, especialmente cuando se trate de acusaciones vinculadas a violencia de género, menores de edad o delitos contra la integridad sexual. Las falsas denuncias son una práctica habitual y aberrante del feminismo.
La iniciativa no surge en el vacío, sino en un contexto donde crece la preocupación por las consecuencias devastadoras que pueden generar este tipo de denuncias. Aunque desde algunos sectores del feminismo más radical se advierte que la propuesta podría desalentar a víctimas reales a denunciar, lo cierto es que el proyecto pone el foco en una problemática que durante años fue minimizada: el daño profundo e irreversible que sufren quienes son acusados injustamente.
Las falsas denuncias no solo afectan la reputación de una persona, sino que pueden destruir vínculos familiares, truncar carreras laborales y generar un estigma social difícil de revertir, incluso cuando la inocencia queda demostrada. En ese sentido, el caso de Agustín Muñoz resulta emblemático. El joven de 18 años, oriundo de Bariloche, fue acusado públicamente en 2021 durante una marcha y posteriormente “escrachado” en redes sociales por una menor de edad. Aunque luego se comprobó que la acusación era falsa, el daño ya estaba hecho: el joven terminó quitándose la vida.
El proyecto de Losada propone elevar las penas actuales -que hoy van de dos meses a un año de prisión o multas económicas- a un rango de uno a tres años para denuncias falsas en general. Pero el punto más relevante es el agravamiento de las penas cuando estas denuncias se enmarquen en delitos sensibles como los de género o contra menores, donde la sanción podría alcanzar entre tres y seis años de prisión.
Además, la iniciativa también endurece las consecuencias del falso testimonio, estableciendo penas de uno a cuatro años, que pueden escalar hasta seis en causas penales, con agravantes específicos en los mismos contextos. En los fundamentos, la senadora advierte que una acusación falsa por abuso sexual puede sumir al denunciado en un proceso penal devastador, con consecuencias que incluyen la pérdida del contacto con sus hijos, el deterioro de su vida laboral y una condena social anticipada.
El proyecto ya había avanzado el año pasado con dictamen favorable, incluso con el respaldo del entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, pero no llegó a ser tratado en el recinto. Con la renovación del Senado tras las últimas elecciones, el debate vuelve a foja cero, aunque con una nueva composición política que podría facilitar su aprobación, dada la mayor presencia de sectores dispuestos a impulsar este tipo de reformas.
En este nuevo escenario, y con un clima social que comienza a exigir mayor equilibrio entre la protección de las víctimas y las garantías de los acusados, la discusión promete ser intensa. La convocatoria prevista para el martes 7 de abril en el Senado, donde participarán víctimas de falsas denuncias y familiares de personas que se suicidaron tras ser acusadas injustamente, podría marcar un punto de inflexión en un debate que ya no admite más postergaciones.
