La discusión en el Congreso de la Nación Argentina, del miércoles 8 de abril de 2026, instala una lesión aguda a los fundamentos de una democracia orientada al bienestar colectivo que se sitúe por encima del interés sectorial y territorialmente fragmentado. Desde la manipulación argumentativa de los términos federales de la Constitución Nacional de 1994, se limitó la institucionalidad vigente de gestión interjurisdiccional (regional) del agua y se ha potenciado la conflictividad interprovincial.
Para la Geografía como ciencia social, el agua no es un elemento aislado ni abstracto de la naturaleza. Es un complejo vitalmente constitutivo, dinámico y reactivo -en procesos biológicos, químicos, geomorfológicos, ecosistémicos y climáticos- y estructural en múltiples formas de organización territorial de la sociedad, vínculos humanos, actividades productivas, identidades, disputas y conflictos. El derecho al agua limpia, suficiente y apta es clave en esta discusión.
La Ley 26.639 establece un “piso” innegociable de presupuestos “mínimos” de protección de reservas hídricas en altitud y latitudes altas, tanto en cabeceras de cuencas, como en niveles de base locales de sistemas congelados (aunque topográficamente no drenen pendiente abajo). Todas estas áreas son patrimonio vital del pueblo argentino en su conjunto.
Las áreas de montaña, en todo tiempo histórico, han revestido un carácter territorialmente estratégico, un objeto conflictivo codiciado por poderes tácticos, económicos y geopolíticos. Son áreas de captación del agua atmosférica por efectos adiabáticos forzados por la orografía. Aquellas estacionalmente cubiertas de nieve, son también reservorios y reguladoras de caudales que prolongan la disponibilidad en períodos de escasez. Ampliar la protección hacia otros sistemas nivales y de conformación de acuíferos debió ser el foco de la cuestión.
Pero la retórica que promueve la modificación de la Ley parece negar, incluso, al más intuitivo fenómeno de la física: el efecto gravitatorio que hace que el agua fluya de arriba hacia abajo. Ese mismo que, por ende, repercute socialmente en que quienes logren control de las áreas más elevadas de las cuencas, habrán de tener privilegios diferenciales, condicionando a la sociedad regional aguas abajo.
En los últimos días ha resonado la noción de “cuenca hidrográfica”. Ésta, si bien se basa en propiedades físicas, debe ser comprendida como un sistema de aguas y tierras que son utilizadas, gestionadas, transformadas, diferencialmente apropiadas, habitadas y dotadas de significado. Implica no sólo aproximaciones a procesos y balances climáticos y meteorológicos en condiciones específicas de captación, almacenaje y escorrentía; sino, fundamentalmente, abordar la compatibilidad y coordinación ambiental-regional y solidaria de modalidades de gestión, uso y manejo social.
Sin un marco regulatorio homogéneo nacional (la modificatoria establece una fragmegmentación que reduce al Inventario Nacional a instrumento de “consulta” y otorga a las provincias prerrogativas independientes acerca de qué se preserva y qué no) y, ante la relativización de criterios científicos que debieran ser absolutamente excluyentes (la modificatoria discute si un reservorio hídrico congelado es importante o no, dando paso a la eliminación de restricciones a actividades de alto riesgo ambiental), se ha abierto un margen interpretativo -y de regresión- sobre aspectos que, por su carácter vital y por un mínimo criterio racional de protección, no deberían estar sujetos a discusión. Los argumentos de la modificatoria tergiversan la lógica de los principios preventivo y precautorio de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675, 2002, art. 4). Es tan grave que, con el artículo 3ºbis, la modificatoria desdibuja – sea por ignorancia, sea intencionadamente- dos categorías indisociables: la de incertidumbre (surgida de la teoría de la complejidad y que la Ley General del Ambiente adopta como principio filosófico y político de responsabilidad); y la de daño ambiental presunto, que la modificatoria reduce en nociones parciales de demostrabilidad de utilidad práctica.
La racionalidad epistémica, de trasfondo mercantil, de la modificatoria deja entrever un retroceso al cientificismo fragmentario del sustancialismo mecanicista de la modernidad clásica y colonial, que dominaba en occidente en los siglos XVII y XVIII. Desde esos fundamentos se argumenta y reinterpreta la Constitución Nacional de 1994, la Ley General del Ambiente de 2002 y la Ley 26.639 (Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial) del año 2010.
La discusión no está cerrada. Es inevitable recordar la lúcida poesía con la que Joan Manuel Serrat, en 1983, supo anticipar y describir la magnitud de la irresponsabilidad política que, por amplia mayoría y abstenciones, se manifestó en el Congreso: “Juegan con cosas que no tienen repuesto/ La culpa es del otro si algo les sale mal […]”
* Docente e Investigador del Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades de la UNCOma; Director del LIPAT y Director del Proyecto: Contradicciones del desarrollo y dialécticas región-lugar: planificación, territorialidades y disputas por el agua en el norte de la Patagonia. Con el aporte y aval del Director del Departamento de Geografía, FaHuma-UCOma, Prof. Flavio Abarzua.
A más de dos décadas del default de 2001, el Gobierno nacional busca cerrar uno de los últimos frentes abiertos de la deuda externa. El presidente Javier Milei planea enviar al Congreso un acuerdo con fondos buitre, con el objetivo de resolver litigios que aún generan costos para el país.
La iniciativa apunta a avanzar en la regularización de compromisos pendientes que se arrastran desde la crisis económica, y que a lo largo de los años implicaron canjes de bonos, pagos millonarios y procesos judiciales en el exterior.
Un acuerdo que depende del Congreso
Según trascendió, el estudio jurídico que representa a la Argentina en Estados Unidos notificó a la jueza Loretta Preska, quien centraliza las causas en Nueva York, que el 1 de abril se firmó un acuerdo definitivo con los fondos.
El entendimiento, sin embargo, está sujeto a la aprobación del Congreso, donde será enviado en los próximos días para su tratamiento.
Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el contenido del acuerdo ni el monto final a pagar, aunque desde el Gobierno adelantaron que no se abonará el total de la deuda reclamada.
Juicios, embargos y montos en disputa
El país enfrenta reclamos de grupos que no participaron en los canjes de deuda posteriores al default y que cuentan con sentencias firmes a su favor.
Uno de los bloques está liderado por Attestor, junto a otros fondos, con reclamos cercanos a los 500 millones de dólares. Otro grupo, encabezado por Bainbridge, reclama alrededor de 95 millones de dólares.
En 2025, estos acreedores lograron embargar 310 millones de dólares que Argentina mantenía en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York. De ese total, una parte ya fue transferida a los fondos, mientras que otra quedó bloqueada por decisión judicial.
En ese contexto, se estima que el acuerdo que será enviado al Congreso podría implicar un pago inferior a los 200 millones de dólares, teniendo en cuenta los montos ya ejecutados.
El acuerdo alcanzado en marzo de 2026 incluyó un pedido conjunto de las partes para suspender la causa en curso, lo que permitió frenar medidas más severas.
Entre ellas, se encontraban solicitudes para que el país entregara activos como acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF, en el marco de los litigios.
La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Maria Gabriela Flores admitió que su hijo viaja de Salta a Buenos Aires con pasajes otorgados por el Congreso de la Nación y volvió a encender la polémica sobre la ética pregonada por ese partido político. “No es un delito”, aseguró la legisladora, tras la difusión de una imagen en la que se la ve abordando un avión junto a su hijo en el Aeropuerto de Salta.
Flores agregó en su descargo que su hijo “estudia Abogacía en Buenos Aires así que va y viene». «También le he dado pasajes para otras cosas. Al que me sacó la foto, le mando saludos. No tengo nada que esconder», sumó en su diálogo con FM Noticias 88.1 Salta.
La polémica que se desató en las últimas horas incluyó la enumeración de normas que prohíben el uso de esos pasajes para actividades que no estén relacionadas con la función legislativa.
El artículo 2 de la Ley 25.188 (Ética en la función pública) sostiene: «Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa».
Asimismo, el artículo 3 del decreto 1084/2024 refuerza esta prohibición: «Prohíbase a los funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del estado nacional con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal».
El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó un despacho para solicitar formalmente al Congreso de la Nación la eliminación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). El reclamo se fundamenta en la suspensión de las transferencias nacionales que, por ley, deben destinarse a la ejecución de obras viales, viviendas y al sostenimiento del transporte público de pasajeros.
Según el proyecto impulsado en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, el Estado nacional continúa percibiendo el tributo en los surtidores, aunque el flujo de fondos hacia los municipios se encuentra interrumpido desde el inicio de la actual gestión federal.
El impacto impositivo en el precio de la nafta
El informe técnico presentado por los ediles detalla la composición tributaria nacional en cada carga de combustible:
Impuesto específico (ICL): 16% del valor por litro.
IVA: 21% del valor por litro.
Recaudación total: el Estado nacional percibe 37 de cada 100 pesos abonados por los conductores en las estaciones de servicio.
Al respecto, el concejal oficialista Santiago Galindez señaló:
“La coparticipación que iba directo a las arcas del municipio para sostener la traza vial o el boleto de colectivos no se envió más. Sin embargo, ese impuesto se sigue cobrando cuando uno carga combustibles”.
Cruces por el aval de La Libertad Avanza
La declaración no contó con el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza. Según explicó Galindez, los ediles libertarios argumentaron que las cuentas nacionales no permiten actualmente la supresión de tributos. Ante esto, el oficialismo solicitó a la oposición gestiones ante el Ejecutivo nacional para que lo recaudado se reinvierta en infraestructura local.
Asimismo, se contrastó la situación nacional con la política fiscal de la gestión de Mariano Gaido, destacando que el municipio procedió a la eliminación de 56 tasas municipales con el fin de reducir la presión impositiva sobre los contribuyentes, manteniendo el plan de obra pública con recursos propios.
El documento expresa que la falta de recursos coparticipables obliga a los gobiernos locales a asumir mayores responsabilidades financieras sin contar con un flujo previsible de fondos, afectando a los sectores productivos y a la ciudadanía en general.
Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y conKarina Mileipresente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace,La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.
Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones,se sancionó la iniciativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan),Karina Banfi(Adelante Buenos Aires),José Luis Garrido(Por Santa Cruz),Nicolás Massot(Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninosCristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID,Oscar Zago y Eduardo Falcone, yKarina Maureirade La Neuquinidad.
En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade),Miguel Pichetto(Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda,Natalia de la Sota(Defendamos Córdoba),Marcela Pagano(Coherencia) yJorge Fernández(Primero San Luis).
Apartamientos de reglamento
En el inicio de la sesión, la diputada nacional del Frente de IzquierdaRomina del Pláy su par de Unión por la PatriaLorena Pokoikfracasaron en su intento por incorporar al temario sendos proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.
Posteriormente, el diputado de Unión por la PatriaEduardo Valdesplanteó otra moción de apartamiento de reglamento para que se trataran los proyectos de resolución que apuntan a que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente en términos de votos.
Seguidamente, a través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la PatriaPaula Penaccaplanteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos requerida.
Entre los votos negativos que salieron al rescate del jefe de Gabinete se anotaron los del PRO y la UCR.
Además, la oposición -a través de una moción presentada porMaximiliano Ferraro-sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento del orden del día los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia,Karina Milei,y al jefe de Gabinete,Manuel Adorni,pero no alcanzó una mayoría suficiente.
Debate por la Ley de Glaciares
Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente,José Peluc(La Libertad Avanza) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.
El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.
Por su parte, el otro miembro informante,Nicolás Mayoraz(LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia.
“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.
El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”.
“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, explicó.
A su turno, la diputada nacional de Unión por la PatriaAdriana Serquiscriticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.
“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Con la ayuda deJuan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.
“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria,Germán Martínez,reafirmó que su espacio político “está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial” y «a favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”.
El santafesino se pronunció “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”.
“No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, remarcó, en referencia a la transferencia de facultades a las provincias sobre la determinación de las áreas protegidas.
En tanto,Sabrina Selva(Unión por la Patria) sostuvo que “el debate propuesto respecto a la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato».
«Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, anticipó la diputada massista.
El diputadoNéstor Pitrolaaseguró que desde el Frente de Izquierda van a «defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.
Por el MID,Eduardo Falconeanticipó su voto a favor en general de la ley por sus convicciones en pos de «la inversión productiva en todo el país, especialmente en el Interior».
No obstante, advirtió que “la ley tiene un error importante” y es que «habilita la posibilidad de desinventariar glaciares, y eso no corresponde porque todos los glaciares cumplen una función hídrica”.
«Distinto es el caso de los ambientes periglaciares. Ahí puede haber formaciones rocosas que pueden tener o no una función hídrica. Y que podrían haber sido inventariadas a partir de una foto satelital, pero ningún técnico haya ido a verla en el terreno», indicó.
«Hoy no se puede realizar ninguna actividad productiva o comercial en esa zona. Y si no tuviera una función hídrica no tiene sentido que no se pueda invertir allí y crear empleo», razonó.
Señaló que “en esos casos, me parece razonable que las provincias puedan intervenir y evaluar» ya que son «decisiones sobre su propio territorio”.
A su tiempo, el diputado nacional de Encuentro FederalMiguel Pichettorecordó que él había votado a favor de la ley de Glaciares que está vigente en el año 2010, y que su idea era sostener el mismo criterio, rechazando la propuesta modificatoria.
“¿Por qué estoy en contra? Porque no hay ningún elemento nuevo, ninguna cuestión técnica central que indique la necesidad de los cambios que se incorporan. En segundo lugar, porque tengo una visión del Estado Nación en la que la Nación no puede delegar alegremente atribuciones que le son propias de la Constitución Nacional en el artículo 41”, explicó.
“Nadie puede desconocer la realidad de las provincias argentinas, las dificultades que tienen en materia de coparticipación y lo apetecible que puede ser, a lo mejor, alguna inversión que abra un camino para generar empleo. Pero la Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de entidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, ahondó.
El veterano legislador, integrante del interbloque Unidos, afirmó que “el argumento que utiliza la propuesta del oficialismo, sosteniendo la necesidad de inversiones, es un argumento falaz”.
“Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido para tratar esta cuestión”, señaló.
Darío Schneider(UCR) destacó que “esta reforma busca perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias para que puedan tomar decisiones sobre futuras inversiones en sus territorios que hoy están limitadas por las superposiciones de incumbencias con la Nación”.
Daiana Fernández Molero(PRO) cuestionó la ley vigente desde el año 2010 y pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos malos que vienen por el agua” y “las almas bellas ambientalistas”.
Al hacerse cargo de uno de los discursos de cierre de Unión por la Patria,Máximo Kirchneraclaró que “nadie dice que no vengan a invertir en nuestro país, pero una cosa es que vengan a invertir y que el pueblo argentino les fije las condiciones, y otra cosa es que este Congreso le de patente de corso”.
“¿Teniendo extensos territorios en nuestro pais por explotar, vamos a poner en peligro los glaciares y periglaciares?”, se preguntó el líder de La Cámpora.
“Chile exporta 10 veces más que Argentina en el total y tiene un tercio de la población que tiene Argentina. Sin embargo, yo no veo que eso les haya servido ni a la micro ni a la macro, porque ha tenido 9 puntos de déficit fiscal”, comparó.
A su vez, señaló que “es una pena que en el país de Vaca Muerta los argentinos no puedan cargar nafta y que no haya una política que aborde el tema del gas”.
“En el país de las vacas cada vez se come menos carne y menos leche. En el país donde hay un glaciar, que es una de las maravillas del mundo, no cuidamos los glaciares. Por eso no tiene destino lo que se discute acá. Se está regalando al país”.
Por La Libertad Avanza,Silvana Giudicidijo que “esta ley viene a armonizar de modo absolutamente constitucional la manda sobre los recursos naturales como también el resto de normativa ambiental que rige en nuestro país”.
Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.
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Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
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Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
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Inclusive, el oficialismo captó los votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.
En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
Debate por la Ley de Glaciares
Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (La Libertad Avanza) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.
El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.
Por su parte, el otro miembro informante, Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia.
“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.
El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”.
“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, explicó.
Denunciaron un impacto negativo
A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis criticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.
“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Con la ayuda de Juan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.
“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reafirmó que su espacio político “está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial” y «a favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”.
El santafesino se pronunció “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”.
“No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, remarcó, en referencia a la transferencia de facultades a las provincias sobre la determinación de las áreas protegidas.
En tanto, Sabrina Selva (Unión por la Patria) sostuvo que “el debate propuesto respecto a la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato».
«Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, anticipó la diputada massista.
El diputado Néstor Pitrola aseguró que desde el Frente de Izquierda van a «defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.
Por el MID, Eduardo Falcone anticipó su voto a favor en general de la ley por sus convicciones en pos de «la inversión productiva en todo el país, especialmente en el Interior».
No obstante, advirtió que “la ley tiene un error importante” y es que «habilita la posibilidad de desinventariar glaciares, y eso no corresponde porque todos los glaciares cumplen una función hídrica”.
«Distinto es el caso de los ambientes periglaciares. Ahí puede haber formaciones rocosas que pueden tener o no una función hídrica. Y que podrían haber sido inventariadas a partir de una foto satelital, pero ningún técnico haya ido a verla en el terreno», indicó.
A su tiempo, el diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto recordó que él había votado a favor de la ley de Glaciares que está vigente en el año 2010, y que su idea era sostener el mismo criterio, rechazando la propuesta modificatoria.
“¿Por qué estoy en contra? Porque no hay ningún elemento nuevo, ninguna cuestión técnica central que indique la necesidad de los cambios que se incorporan. En segundo lugar, porque tengo una visión del Estado Nación en la que la Nación no puede delegar alegremente atribuciones que le son propias de la Constitución Nacional en el artículo 41”, explicó.
“Nadie puede desconocer la realidad de las provincias argentinas, las dificultades que tienen en materia de coparticipación y lo apetecible que puede ser, a lo mejor, alguna inversión que abra un camino para generar empleo. Pero la Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de entidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, ahondó.
El veterano legislador, integrante del interbloque Unidos, afirmó que “el argumento que utiliza la propuesta del oficialismo, sosteniendo la necesidad de inversiones, es un argumento falaz”.
“Durante los 15 años de vigencia de la ley, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido para tratar esta cuestión”, señaló.
«En el país de Vaca Muerta los argentinos no puedan cargar nafta»
Al hacerse cargo de uno de los discursos de cierre de Unión por la Patria, Máximo Kirchner aclaró que “nadie dice que no vengan a invertir en nuestro país, pero una cosa es que vengan a invertir y que el pueblo argentino les fije las condiciones, y otra cosa es que este Congreso le de patente de corso”.
“¿Teniendo extensos territorios en nuestro pais por explotar, vamos a poner en peligro los glaciares y periglaciares?”, se preguntó el líder de La Cámpora.
“Chile exporta 10 veces más que Argentina en el total y tiene un tercio de la población que tiene Argentina. Sin embargo, yo no veo que eso les haya servido ni a la micro ni a la macro, porque ha tenido 9 puntos de déficit fiscal”, comparó.
A su vez, señaló que “es una pena que en el país de Vaca Muerta los argentinos no puedan cargar nafta y que no haya una política que aborde el tema del gas”.
“En el país de las vacas cada vez se come menos carne y menos leche. En el país donde hay un glaciar, que es una de las maravillas del mundo, no cuidamos los glaciares. Por eso no tiene destino lo que se discute acá. Se está regalando al país”, finalizó.
Ley de Glaciares: posturas a favor
Darío Schneider (UCR) destacó que “esta reforma busca perfeccionar las facultades que ya tienen constitucionalmente las provincias para que puedan tomar decisiones sobre futuras inversiones en sus territorios que hoy están limitadas por las superposiciones de incumbencias con la Nación”.
Daiana Fernández Molero (PRO) cuestionó la ley vigente desde el año 2010 y pidió dejar atrás la dicotomía entre “los villanos malos que vienen por el agua” y “las almas bellas ambientalistas”.
Por La Libertad Avanza, Silvana Giudici dijo que “esta ley viene a armonizar de modo absolutamente constitucional la manda sobre los recursos naturales como también el resto de normativa ambiental que rige en nuestro país”.
En horas de la madrugada, tras una sesión tensa en el Congreso y protestas durante casi toda la tarde en el exterior, La Libertad Avanza confiaba en que la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley de Glaciares junto con el voto de los bloques aliados.
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Esperaban juntar los votos necesarios para que se convierta en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.
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Según NA, propios y ajenos estiman que los mismos diputados que dieron quórum al inicio de la sesión levantarán la mano para aprobar la iniciativa con media sanción del Senado, que flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en zonas periglaciares.
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Se esperaba el apoyo de quienes habilitaron la sesión. Es decir, además de los diputados de La Libertad Avanza, se sumarían el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), algunos monobloques e incluso varios diputados de Provincias Unidas (Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio Garcia Aresca, Gabriela Scaglia, José Nuñez, y Sergio Cappozzi).
Debate prolongado para modificar la normativa
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (LLA) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.
El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.
Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia. “Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, señaló.
El bloque sanjuanino Producción y Trabajo, integrado por los diputados Carlos Quiroga y Nancy Picón Martínez adelantaron su respaldo a modificación al indicar que «la Provincia ha crecido debido al cuidado responsable de los recursos». Agregaron que: «Creemos que el espírituo de la ley actual es correcto pero su aplicación presenta lagunas. Este proyecto viene a aclarar esas ambiguedades”.
“San Juan es la más preparada del país para gestionar la evaluación ambiental glaciar, contamos con el inventario de galciares actualizado y estas investigaciones estan respaldadas por organismos técnicos”, aseguró el legislador. En este sentido, insistió que la provincia tiene la “capacidad de aplicar esta ley”, dado que quienes residen allí comprenden el verdadero valor y la necesidad de preservar este recurso: “Solo quienes vivimos en San Juan sabemos cómo cuidar el agua”.
Incidentes en el Congreso y, al menos, un detenido
En medio de un clima de fuerte tensión, con incidentes en las inmediaciones y, al menos, un manifestante detenido durante una protesta contra los cambios impulsados en la normativa.
La situación se registró desde las primeras horas del día, incluso antes del inicio de la sesión prevista para la tarde. Desde temprano, activistas de organizaciones ambientalistas se concentraron frente al edificio legislativo para rechazar la modificación de la ley 26.639, que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en el país.
Un grupo de manifestantes realizó una intervención directa sobre el Monumento a los Dos Congresos, donde desplegaron consignas en contra de la reforma. La protesta incluyó distintas modalidades: algunos activistas se ubicaron en altura para visibilizar el reclamo, mientras que otros llevaron adelante una sentada sobre la vía pública, lo que generó demoras en el tránsito en la zona.
El operativo de seguridad incluyó la presencia de efectivos policiales y bomberos, que rodearon el sector para evitar mayores disturbios y controlar la situación. Con el correr de las horas, se registraron momentos de tensión cuando las fuerzas intervinieron para identificar a los manifestantes. En ese marco, se concretaron detenciones por contravenciones vinculadas a la protesta.
Manifestantes se concentran frente al Congreso y realizan una vigilia contra la Ley de Glaciares, en paralelo al debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados y que se extenderá hasta la madrugada. La protesta reúne a organizaciones ambientalistas, partidos de izquierda y dirigentes políticos, que se mantienen en el lugar a la espera de la votación del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Durante la tarde se registraron momentos de tensión con la Policía, que intentó evitar el corte de calles y ordenar a los manifestantes sobre la vereda. En ese contexto, al menos una persona fue demorada. Más temprano, también hubo incidentes durante una protesta de Greenpeace. Siete manifestantes fueron detenidos luego de trepar el Monumento a los Dos Congresos y desplegar banderas con consignas como “La Ley de Glaciares no se toca”.
En la movilización también participaron dirigentes políticos, entre ellos la diputada provincial, Mayra Mendoza, quien cuestionó el avance del proyecto y reclamó que “la política escuche a la calle”.
Dentro del Congreso, el oficialismo impulsa la aprobación de la iniciativa, que propone que cada provincia pueda determinar qué actividades productivas se permiten sobre los cuerpos de hielo. En este contexto, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, y confía en contar con los votos necesarios para aprobar la norma.
El gobernador Rolando Figueroa dio su parecer respecto a la reforma de la ley de Glaciares que tratará el Congreso Nacional y también adelantó su posición respecto a la designación de la senadora Lucila Crexell como embajadora política de Canadá.
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En declaraciones a LN+ en Buenos Aires, Figueroa dijo que, al igual que ocurrió en la Cámara Alta, el voto de La Neuquinidad respecto a la nueva ley de Glaciares irá por la abstención.
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Al ser consultado respecto de si se podría haber logrado una norma mejor, el mandatario neuquino señaló que “podríamos haber hablado esto un poco más. Se le da más facultades a las provincias, creo que eso es muy positivo, pero falta un camino a recorrer aún”.
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Y advirtió: “Creo que es importante que las provincias absorban más facultades y nos abstenemos porque precisamente no vamos a emitir opinión acerca de esa Ley”.
La designación de Crexell
Por otra parte, se le preguntó a Figueroa por el pliego que postula a la senadora Lucila Crexell como embajadora en Canadáy respondió de manera enérgica: “Nos vamos a oponer rotundamente”.
Explicó que esta posición se debe a que si bien Crexell “estaba trabajando políticamente” junto a él, al solicitarle que apoye en su momento el capítulo de hidrocarburos de la ley bases y se oponga a la reforma tributaria, la legisladora no lo hizo.
“La reforma tributaria, con el restablecimiento del impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, castigó duramente a las provincias patagónicas y a los trabajadores patagónicos”, dijo el gobernador.
“Nosotros le habíamos pedido que no vote ese aspecto de la ley y lo votó. Nos molestó porque castigó mucho a Neuquén”, dijo y aclaró: “Como provincia necesitábamos que el circulante de dinero quede en Neuquén y no migre hacia otros lugares, porque en realidad cada aporte que hacemos nosotros de un tributo nacional solo nos vuelve la mitad, cada 100 pesos que pagamos de impuestos nacionales de coparticipación nos vuelve esa mitad”.
Su relación con Nación
Figueroa también se refirió a su relación política con el gobierno nacional, resaltó que el de Neuquén es un proyecto provincial. Indicó que lo que está por delante no es un desafío político sino “generacional y para tener un desafío generacional no pusimos barreras de partidos políticos”, además de que no se “combate” ni se “compite con los gobiernos nacionales históricamente”.
A su vez, ratificó que las elecciones del año que viene irán desdobladas respecto de las nacionales, reconoció que tiene diálogo con el presidente Javier Milei y, en particular con los ministros Diego Santilli y Luis Caputo.
Consultado sobre Manuel Adorni, dijo que no tenía esa cercanía como con los otros funcionarios y eludió referirse a la situación que la justicia investiga respecto a supuestos actos de corrupción que involucran al actual Jefe de Gabinete.
Macri y Kicillof
Figueroa también dejó sentado su postura respecto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, de Mauricio Macri y de Axel Kicillof. Sobre el primero dijo que no tenía relación y que piensan “muy distinto”.
De Mauricio Macri dijo que tiene dialogo. “Ha sido presidente de la república y siempre es importante tener relación con personas que han tenido determinada experiencia”, dijo e indicó que “es válido no dividirnos en partidos políticos”
Sobre Axel Kicillof, opinó que “la gente no va a volver al pasado sino que va a votar a futuro” y resaltó el proyecto provincial de Neuquén. “Soy un político de cabotaje, solo pienso en mi provincia”.
“Neuquén es la provincia más independiente del país”
Sobre las cuentas de la provincia, Figueroa destacó la solidez del modelo neuquino y aseguró que “el 85% de lo que gasta la provincia proviene de recursos propios, del trabajo de los neuquinos”. También resaltó el proceso de desendeudamiento de Neuquén y las inversiones que se están realizando en infraestructura para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta.
El mandatario explicó que en los ingresos provinciales “solo el 15% corresponde a coparticipación federal” y esta situación “nos convierte en la provincia más independiente del país”. Aclaró que Neuquén “es una provincia que se sostiene mayoritariamente con sus propios recursos” y que esa “independencia nos da autonomía para tomar decisiones y proyectar nuestro desarrollo”.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares comenzó este jueves en el Congreso de la Nación Argentina en medio de un clima de fuerte tensión, con incidentes en las inmediaciones y al menos un manifestante detenido durante una protesta contra los cambios impulsados en la normativa.
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La situación se registró desde las primeras horas del día, incluso antes del inicio de la sesión prevista para la tarde. Desde temprano, activistas de organizaciones ambientalistas se concentraron frente al edificio legislativo para rechazar la modificación de la ley 26.639, que regula la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en el país.
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Intervención en el Monumento a los Dos Congresos
En ese contexto, un grupo de manifestantes realizó una intervención directa sobre el Monumento a los Dos Congresos, donde desplegaron consignas en contra de la reforma. La protesta incluyó distintas modalidades: algunos activistas se ubicaron en altura para visibilizar el reclamo, mientras que otros llevaron adelante una sentada sobre la vía pública, lo que generó demoras en el tránsito en la zona.
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El operativo de seguridad incluyó la presencia de efectivos policiales y bomberos, que rodearon el sector para evitar mayores disturbios y controlar la situación. Con el correr de las horas, se registraron momentos de tensión cuando las fuerzas intervinieron para identificar a los manifestantes. En ese marco, se concretaron detenciones por contravenciones vinculadas a la protesta.
El episodio reavivó antecedentes recientes, ya que durante el tratamiento previo del proyecto en el Senado también se habían producido incidentes similares, con enfrentamientos y detenciones en el mismo sector del Congreso, lo que evidencia el alto nivel de conflictividad que genera la iniciativa.
Qué plantea la reforma a la ley de glaciares
Mientras tanto, dentro del recinto avanzaba el tratamiento legislativo de una reforma que plantea cambios de fondo en la normativa vigente. Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como el ambiente periglacial, considerado clave para el ciclo del agua y la preservación de recursos hídricos.
El proyecto en debate propone redefinir el alcance y limitar la protección únicamente a aquellas formaciones que acrediten un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca. Este punto es uno de los más cuestionados, ya que implicaría excluir amplias zonas que hoy están bajo resguardo.
Además, la iniciativa incorpora una mayor participación de las provincias en la elaboración del inventario de glaciares, bajo el argumento de que los recursos naturales son de dominio provincial. Este aspecto también genera debate, ya que podría derivar en criterios dispares según cada jurisdicción.
Las posturas
Las posturas en torno al proyecto están claramente enfrentadas. Desde el oficialismo y sectores aliados sostienen que la legislación actual resulta demasiado restrictiva para el desarrollo de inversiones, en particular en regiones con actividad minera, y que es necesario “actualizar” el marco normativo.
En contraposición, desde la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que los cambios pueden afectar reservas estratégicas de agua y debilitar los mecanismos de protección ambiental en un contexto de creciente preocupación por la crisis climática.
En paralelo al debate legislativo, se convocó a una movilización para la tarde en rechazo a la reforma, por lo que se prevé que la jornada continúe atravesada por la tensión tanto dentro como fuera del Congreso.
Argentina cuenta con uno de los inventarios de glaciares más importantes del mundo, considerados reservas fundamentales para el abastecimiento de agua, la producción y el equilibrio ambiental. Por eso, la discusión sobre la modificación de la ley se da en un escenario de alta sensibilidad, con potenciales impactos en la seguridad hídrica y el desarrollo de distintas actividades económicas en el país.
