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Con participación de representantes institucionales, sectores deportivos y vecinos, Villa La Angostura volvió a poner en agenda uno de sus reclamos históricos: la construcción de un natatorio cubierto de acceso público.
La convocatoria se desarrolló en el Concejo Deliberante y reunió a referentes de distintas áreas con el objetivo de abrir una etapa de trabajo orientada a transformar años de iniciativas aisladas en una propuesta técnica e institucional consolidada.
Durante el encuentro se remarcó que el proyecto cuenta con antecedentes acumulados a lo largo del tiempo y que el desafío actual pasa por integrarlos.
“No se está empezando de cero.”
Según se planteó durante la reunión, distintas gestiones, instituciones y actores comunitarios ya impulsaron estudios, carpetas técnicas y propuestas vinculadas con la construcción de una pileta cubierta para la localidad.
Uno de los consensos que surgió del encuentro fue la necesidad de reunir toda la documentación existente y convertirla en una herramienta concreta de gestión.
La propuesta apunta a conformar una mesa de trabajo comunitaria y público-privada que permita centralizar antecedentes, actualizar información técnica y generar una carpeta ejecutiva preparada para futuras instancias de financiamiento.
Desde los sectores impulsores señalaron que el debate ya no gira sobre la necesidad de la obra sino sobre cómo volver viable el proyecto.
“Hoy la discusión ya no es si hace falta una pileta, porque eso está claro. La idea es organizar una agenda de gestión para poder aprovechar oportunidades de financiamiento.”
Durante el intercambio se expusieron distintos argumentos vinculados al impacto que tendría contar con infraestructura acuática permanente en Villa La Angostura.
Entre las necesidades mencionadas aparecieron: actividades deportivas y recreativas; formación de guardavidas; rehabilitación física; propuestas para adultos mayores; acceso para personas con movilidad reducida; enseñanza y seguridad acuática.
Además, varios participantes remarcaron una situación que consideran paradójica para una localidad con fuerte vínculo con el agua.
Villa La Angostura desarrolla buena parte de su actividad turística y recreativa alrededor de lagos y espacios naturales, pero actualmente no cuenta con un natatorio cubierto de uso público.
Otro de los ejes abordados fue la necesidad de fortalecer el pedido con información concreta.
Durante la reunión se expusieron comparaciones con otras localidades neuquinas que ya cuentan con infraestructura similar financiada por Provincia.
Según se indicó, los datos poblacionales muestran que Villa La Angostura posee una cantidad significativa de población joven.
De acuerdo con los números compartidos en el encuentro, la localidad supera los 4.400 habitantes entre 0 y 19 años, una cifra que —según los impulsores— permitiría sostener técnicamente el planteo.
También se propuso incorporar indicadores relacionados con: demanda deportiva; actividades acuáticas; estadísticas vinculadas al trabajo de guardavidas; necesidades de rehabilitación; proyección de uso del espacio.
La reunión también abrió la discusión sobre posibles ubicaciones para el futuro natatorio.
Desde el área de Planeamiento se planteó revisar alternativas ya estudiadas y recuperar proyectos previos que habrían avanzado en etapas técnicas anteriores.
Entre las opciones mencionadas aparecieron antecedentes vinculados a: natatorios de 25 metros; propuestas integradas con polideportivos; presentaciones realizadas anteriormente ante organismos provinciales.
En ese sentido, varios asistentes coincidieron en que disponer de un terreno definido y un proyecto actualizado permitiría reaccionar más rápido frente a eventuales programas de inversión.
“La decisión política es fundamental.”
Como cierre, el encuentro dejó delineadas varias líneas de trabajo para avanzar durante los próximos meses:
Reunir y actualizar proyectos existentes;
Definir posibles terrenos;
Evaluar costos de obra y operación;
Generar estadísticas que respalden la demanda;
Establecer interlocutores ante Provincia;
Analizar modelos de gestión y sostenibilidad.
La intención expresada por los participantes fue que el natatorio deje de quedar únicamente como un reclamo histórico y pueda convertirse en una propuesta preparada para futuras oportunidades de financiamiento y desarrollo local.
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El nuevo código contravencional ya está en fase de aprobación en el Concejo Deliberante de Neuquén, con una búsqueda de modernización en cuanto a la digitalización de trámites ante los juzgados de Faltas y de agilidad en el proceso de infracciones. Hay cambios en el sistema de multas y definiciones ante problemas detectados en una población que vive en barrios y en edificios.
El proyecto fue trabajado con las juezas de Faltas de la ciudad, con las áreas de inspección, de obras particulares, de comercio y medio ambiente, entre otras áreas del Ejecutivo municipal. La comisión de Legislación se constituyó en comisión especial durante más de un año, pidió opinión a organismos de la ciudad y finalizó la redacción, con más de 600 artículos.
«El código contravencional es un marco sancionatorio: ahora tenemos la sanción enfocada no solo en una multa sino en la convivencia: por eso se amplió y además de las responsabilidades económicas, se abrieron las puertas a nuevas herramientas que van a ser más efectivas» para corregir los incumplimientos, dijo la presidenta de la comisión, Victoria Fernández (MPN).
Para despejar dudas al momento de determinar el pago, todas las multas se fijarán en la Unidad Fija (UF) y se eliminan los módulos y la Unidad Contravencional Ambiental (UCA). Las UCA equivalen al doble del valor de una UF: un litro de nafta súper en la YPF del ACA de la ciudad de Neuquén.
El monto de la UF se actualiza periódicamente y se informa en la página de la comuna, con la estadística de las fotomultas que se registran con las cámaras digitales en los semáforos. Se infracciona por los giros indebidos (a la izquierda en las avenidas), el paso en rojo del semáforo, el uso del celular al volante, circular sin cinturón de seguridad, avanzar con el auto sobre el paso peatonal o el estacionamiento en doble fila.
Otras herramientas serán el trabajo comunitario, la prohibición de concurrencia, la restauración a cargo del infractor, la remediación y hasta la inhabilitación de la firma para algunos trámites, en el caso de profesionales involucrados en infracciones cometidas por los desarrolladores que derivan en problemas de habitabilidad de edificios.
Además del final de obra, los constructores deberán contar con el hito de habitabilidad o conformidad de los prestadores de servicios para vender los departamentos en las construcciones en altura. La capital tiene más de 950 edificios habitados, muchos de los cuales funcionan con conexiones inadecuadas de agua, cloacas y hasta con luz de obra.
«Esto provoca no solo problemas en los departamentos, sino que impacta en la zona con problemas de presión de agua o eléctricos. Este capítulo se trabajó con los concesionarios de los servicios», detalló Fernández.
Los edificios abandonados o con suspensión de la obra, deberán tener un mantenimiento de los cerramientos para la seguridad vecinal en los alrededores y para prevenir riesgos. En caso de que la empresa solo pague la multa, se habilitó al municipio para que se lleve a cabo el trabajo con costas al infractor.
Las veredas, que son responsabilidad de los frentistas, también tuvieron un trabajo específico. Ante las intimaciones y falta de cumplimiento por problemas de accesibilidad o estén fuera de regla, también se habilitó a la comuna a hacer el cambio, que será pagado por la persona que sea titular de la propiedad.
«Se dejó en claro la responsabilidad de los consorcios -dueños de departamentos en complejos habitacionales- en la disposición de los residuos», recordó Fernández, ante problemas con la basura en edificios que son grandes generadores «y no se adecúan al formato» establecido por las reglas que pone el municipio a la concesión.
Las sanciones se incrementaron en el monto de las multas para «los desaprensivos» que generan microbasurales o atentan contra la higiene y limpieza de la ciudad, con el criterio de restauración o saneamiento que rige para las infracciones ambientales, describió Fernández.
Neuquén tiene dos juzgados de Faltas y todos los descargos se realizan en forma presencial. El nuevo código prevé el trámite digital y el tiempo de que esto entre en vigencia será parte «algún ajuste reglamentario», dijo la concejala ya que las dos juezas Natalia Dos Santos Almeida y Romina Doglioli estuvieron de acuerdo en que este cambio es necesario para agilizar el proceso.
«Vamos a dejar abierta la vía para todas las actas y las notificaciones sean por vía digital, tanto las actas como los descargos. Ya existe la denuncia a través de aplicaciones en algunas cuestiones particulares como las rampas obstruidas o el arrojo indebido de basura», describió.
Evaluó que habrá convivencia de los formatos presencial y digital, en tanto que los plazos de implementación, se regirán por los tiempos de los juzgados. «Hay voluntad de acelerar los cambios, porque es una necesidad y porque estuvo consensuado», manifestó.
Destacó que el cambio involucró unificar todo el accionar contravencional en un solo cuerpo. «No habrán distintas normas, será todo en base al procedimiento, la parte central de una misma ordenanza», describió.
Además de la notificación digital, los agregados para el cuidado ambiental de la ciudad son los que tomaron preponderancia en el nuevo código contravencional. «El cuidado ambiental es transversal, con secciones que se tienen que hacer cargo de los parámetros ambientales. Son las sanciones más graves pero además se enfocó hacia la reparación del daño», describió.
La contaminación visual y el trabajo comunitario son dos de las figuras nuevas. El cuidado del arbolado, con medidas no solo de plazos de poda, sino de infracciones por mutilaciones. La afectación de las raíces, también se incluyó.
Respecto a las mediaciones, se estableció la derivación de esta herramienta desde los tribunales de Faltas hacia la Defensoría del Pueblo.
Aunque el apartado de infracciones de tránsito, alcoholemias, fotomultas y otras innovaciones estaban incorporadas en la modalidad de convivencia urbana más actualizada, se agregaron los ruidos molestos y conducción temeraria (por picadas) con sanciones más duras y atribuciones más específicas, como el secuestro y retención del vehículo. En transporte, se sumó la sección del despacho de viajes por plataformas digitales o aplicaciones.
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Primero Angostura convocó a una mesa de trabajo en el Concejo Deliberante para avanzar en la concreción de un natatorio municipal. El proyecto había sido impulsado años atrás por el gobierno provincial para una pileta semiolímpica en el predio del CEF N° 7, pero nunca llegó a ejecutarse. Ahora buscan retomar las gestiones y aprovechar las actuales posibilidades de financiamiento provincial.
La necesidad histórica de contar con una pileta pública municipal volvió a instalarse en la agenda política y comunitaria de Villa La Angostura. El pasado viernes se realizó una reunión en el Concejo Deliberante convocada por el bloque Primero Angostura, con la participación de organizaciones locales, funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales y representantes vinculados al deporte y la planificación urbana, con el objetivo de reactivar el proyecto de construcción de un natatorio para la localidad.
La iniciativa retoma un viejo anhelo de la comunidad que incluso había avanzado durante la anterior gestión provincial, cuando se llegó a elaborar —con fondos del Consejo Federal de Inversiones (CFI)— un pliego para una pileta semiolímpica que se proyectaba construir en el predio del CEF N° 7. Sin embargo, aquella propuesta nunca se concretó.
Tal como había anticipado la concejal María Eugenia Ceraso en una entrevista con el Noticiero de Angostura Digital Televisión, el bloque Primero Angostura decidió impulsar nuevamente el tema y generar una mesa plural de trabajo para avanzar en definiciones técnicas, urbanísticas y de financiamiento.
En declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL, Ceraso realizó un balance positivo del encuentro y destacó la amplia convocatoria lograda. “Nos fue muy bien. La verdad es que la reunión no solo fue muy concurrida, de hecho era una iniciativa de organizaciones que se acercaron al bloque, sino que además logramos tener presencia del Departamento Ejecutivo, precisamente de la Secretaría de Planeamiento, de otros concejales, principalmente los oficialistas”, señaló.
La edil remarcó además que la participación del oficialismo y de áreas técnicas del municipio representa una señal política importante respecto de la posibilidad de avanzar con el proyecto.
“Entendemos que es una intención tanto política como fue una manifestación de apoyo técnico por parte de la arquitecta Andrea Aldea, que el gobierno quiere avanzar haciéndose eco de este impulso que tratamos de visibilizar en la reunión”, expresó.
Ceraso explicó que uno de los principales consensos alcanzados fue que la discusión ya no pasa por determinar si la pileta es necesaria, sino por definir su ubicación y las alternativas concretas para financiarla.
“Claramente en la reunión no quisimos empezar de cero. Entendemos que la pileta sí es necesaria, la pregunta no es si sí o si no, sino dónde iría y si está disponible un financiamiento de provincia para salir directamente a gestionarlo”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que una de las próximas acciones acordadas será establecer un canal formal entre la Secretaría de Planeamiento municipal y la Asociación de Guardavidas para mantener contacto directo con organismos provinciales y detectar líneas de financiamiento disponibles para este tipo de infraestructura.
Además, se buscará recuperar y analizar proyectos técnicos ya elaborados en el ámbito provincial para evaluar si pueden adaptarse a las características urbanísticas y territoriales de Villa La Angostura.
“Las próximas acciones que se determinaron en esta mesa plural son que la Secretaría de Planeamiento, con asistencia de la Asociación de Guardavidas, tenga un canal formal de comunicación con la provincia para poder identificar líneas de financiamiento que están disponibles”, detalló.
La concejal también recordó que desde Primero Angostura ya se habían iniciado años atrás gestiones con la Universidad de Buenos Aires (UBA), que incluso abrían la posibilidad de desarrollar un convenio tripartito para emplazar el natatorio en el predio Inacayal.
“Desde Primero Angostura mencionamos que en el pasado hemos iniciado gestiones con la Universidad de Buenos Aires y eran muy promisorias para poder incluso pensar en la alternativa de hacer un convenio tripartito y ubicar el natatorio en el predio Inacayal”, explicó.
Ceraso consideró que actualmente existe un escenario favorable para retomar este tipo de obras, debido al contexto de inversiones provinciales y a una mayor organización administrativa dentro del municipio.
“Lo que quedó muy en claro para la mayoría de los actores que estuvimos presentes, sobre todo quienes estamos en funciones en el Estado, es que hay una oportunidad en este momento de inversión por parte de la provincia y una organización un poco mayor por parte de la estructura municipal que hay que saber aprovechar”, afirmó.
La edil destacó además la importancia de sostener espacios de participación comunitaria para consensuar políticas públicas de largo plazo.
“Desde Primero Angostura estamos siempre muy contentos de ser convocantes en estas mesas. Cuando convocamos actividades de este tipo la gente participa con una pluralidad muy importante”, señaló.
Por otra parte, durante la reunión también surgió el reclamo de reactivar el Consejo Local de Deportes, un ámbito considerado clave para discutir y coordinar las políticas deportivas de la localidad.
“Uno de los reclamos que surgió fue la reactivación para el área de deportes y la reactivación del Consejo Local de Deportes, porque justamente es en estos ámbitos donde legítimamente podemos discutir cómo se desarrollan las políticas públicas en nuestro territorio”, concluyó Ceraso.
La posibilidad de concretar finalmente una pileta pública municipal representa uno de los proyectos deportivos y sociales más esperados por la comunidad angosturense, no solo por su impacto en la práctica deportiva y la formación de niños y jóvenes, sino también por la importancia que tendría para actividades terapéuticas, recreativas, de rehabilitación y capacitación en seguridad acuática en una localidad marcada por los deportes y actividades vinculadas al agua.
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Un grupo de vecinos de Allen presentó formalmente un pedido de revocatoria de mandato contra el intendente Marcelo Román, acompañado por más de 3 mil firmas recolectadas en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por Silvina Susana Cantero, quien argumentó presuntas falencias en la gestión municipal y un deterioro sostenido de los servicios públicos esenciales.
La solicitud fue ingresada ante el Concejo Deliberante y se ampara en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal. En el documento, la vecina señaló que la administración local evidencia “negligencia e ineptitud” en distintas áreas vinculadas al mantenimiento urbano y la prestación de servicios básicos.
Entre los principales cuestionamientos incluidos en la presentación aparecen problemas relacionados con la limpieza de calles, la recolección de residuos, el alumbrado público y el mantenimiento general de distintos sectores de la ciudad. También se mencionan dificultades vinculadas al funcionamiento de maquinarias, herramientas e insumos destinados a las tareas municipales.
La presentación apunta al deterioro de servicios municipales
Según detalló Cantero en el escrito presentado, existe una falta de mantenimiento tanto en el equipamiento como en los recursos humanos y proveedores necesarios para atender las demandas de los distintos barrios del ejido urbano.
La impulsora de la iniciativa sostuvo además que la presentación fue realizada de manera personal y sin respaldo de agrupaciones políticas, religiosas o civiles. En el documento aclaró que es jubilada docente y afiliada al gremio Unter.
El pedido de revocatoria aparece en medio de un contexto judicial complejo para el jefe comunal de Allen, quien actualmente enfrenta una causa penal vinculada a presuntas irregularidades en la administración pública municipal.
Román enfrentará una audiencia judicial en junio
Marcelo Román se encuentra imputado en una investigación por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. En la misma causa también está acusado el empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado como partícipe necesario.
La audiencia de formulación de cargos fue fijada para el próximo 8 de junio y se desarrollará en el ámbito judicial rionegrino. La causa judicial avanza paralelamente al planteo político presentado en el Concejo Deliberante de Allen.
Por el momento, desde el Ejecutivo municipal no hubo declaraciones oficiales respecto del pedido de revocatoria impulsado por vecinos de la ciudad.
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El Ejecutivo envió una batería de ordenanzas para reducir plazos administrativos, actualizar montos de contrataciones y evitar demoras en licitaciones, presupuestos y concursos de precios. La iniciativa apunta a agilizar el funcionamiento del municipio en medio del impacto inflacionario y las dificultades operativas que, según el gobierno local, generan los actuales tiempos legislativos.
El gobierno municipal de Javier Murer impulsa una profunda reforma administrativa y legislativa con el objetivo de acelerar los procesos de contratación, reducir los tiempos de tratamiento en el Concejo Deliberante y evitar demoras en proyectos considerados esenciales para el funcionamiento de la Municipalidad de Villa La Angostura .
La iniciativa fue presentada a través de una serie de proyectos de ordenanza enviados por el Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado formalmente por la viceintendenta Tamara Martínez , y contempla modificaciones en los procedimientos administrativos, los concursos de precios, las licitaciones públicas y privadas, además de la actualización de los montos para las contrataciones municipales, afectados por el proceso inflacionario.
El eje central de la propuesta oficial es la creación de un “Régimen de Eficiencia, Simplificación y Ordenamiento de los Procedimientos Administrativos Municipales”, mediante el cual el Ejecutivo busca dotarse de mayores herramientas operativas para evitar que expedientes vinculados a servicios esenciales, compras de insumos, obras públicas o contrataciones estratégicas queden demorados durante semanas o meses en el ámbito legislativo.
Desde el gobierno municipal sostienen que las actuales dilaciones burocráticas generan perjuicios concretos para la administración y también para los vecinos. En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo señala que la iniciativa tiene como objetivo “adecuar y modernizar distintos aspectos vinculados al sistema de contrataciones, procedimientos administrativos y mecanismos de control municipal, procurando dotar a la administración de herramientas más ágiles, eficientes y compatibles con las necesidades operativas actuales y futuras del municipio”.
Asimismo, el texto oficial plantea la necesidad de “garantizar la continuidad administrativa durante períodos de receso legislativo, actualizar parámetros económicos afectados por el contexto inflacionario y fortalecer criterios de razonabilidad, transparencia y eficiencia en la gestión pública”.
El Ejecutivo habla de “urgente tratamiento”
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que el Ejecutivo solicita que el tratamiento de las iniciativas tenga carácter de “urgente”.
Según argumenta el gobierno municipal, actualmente existen “dilaciones en distintos circuitos administrativos y procedimientos de contratación, incluso respecto de adquisiciones y servicios de carácter periódico y esencial para el normal funcionamiento municipal”.
En ese sentido, advierte que las demoras impactan directamente sobre la capacidad operativa del Estado local y generan mayores costos económicos debido al avance de la inflación.
“Las demoras generan consecuencias directas sobre la capacidad operativa del Estado local y producen un costo concreto para la comunidad, particularmente en contextos inflacionarios donde la postergación de decisiones administrativas impacta negativamente los recursos públicos, en la prestación de servicios y en la ejecución oportuna de políticas públicas”, sostiene el proyecto.
La discusión aparece en un contexto donde el municipio viene impulsando distintas medidas orientadas a modernizar la administración pública y agilizar los procesos internos. Entre ellas, se encuentra la implementación del portal de autogestión digital municipal y los cambios promovidos recientemente para simplificar trámites administrativos y contrataciones.
Cambios en concursos de precios y recesos legislativos
Uno de los proyectos propone modificar artículos de la ordenanza 4269/2025, vinculada al régimen de concursos de precios.
La iniciativa establece que el Concejo Deliberante deberá ser notificado formalmente de los pliegos y tendrá un plazo máximo de 10 días para emitir sugerencias o dictámenes a través de las comisiones correspondientes.
Además, el Ejecutivo pretende que esos plazos continúen corriendo incluso durante los períodos de receso legislativo.
“A los efectos del cómputo del plazo, el mismo transcurrirá de manera continua incluyendo períodos de receso legislativo, no suspendiéndose por la falta de toma de estado parlamentario”, indica el texto.
La propuesta agrega que las notificaciones cursadas durante los recesos “se considerarán plenamente válidas y eficaces” cuando las contrataciones estén relacionadas con la continuidad de servicios públicos, el funcionamiento operativo municipal, obras públicas o adquisiciones de bienes esenciales.
Otro de los puntos que genera mayor impacto político es que, si el Concejo no se expide dentro de los plazos establecidos, el Ejecutivo quedaría habilitado para continuar con el procedimiento administrativo correspondiente.
Presupuesto y Código Tarifario antes del 31 de diciembre
El proyecto también busca fijar plazos concretos para la aprobación del presupuesto municipal y del Código Tarifario.
La iniciativa establece que el Concejo Deliberante deberá resolver ambos proyectos antes del 31 de diciembre de cada año, evitando así que la administración municipal comience el ejercicio siguiente sin las herramientas financieras aprobadas.
Además, determina que cualquier consulta, observación o requerimiento de información por parte de los bloques legislativos deberá canalizarse por vías oficiales, mientras que el Ejecutivo tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles administrativos para responder.
Actualización de montos para contrataciones
Otro de los cambios impulsados por el gobierno municipal apunta a actualizar los límites económicos de las contrataciones y licitaciones, considerando el deterioro inflacionario que, según argumentan desde el Ejecutivo, dejó desactualizados los montos vigentes.
El proyecto propone modificar la ordenanza 4274/2025 y fijar nuevos parámetros vinculados al salario del intendente municipal.
De esta manera, las compras y contrataciones mediante concurso de precios podrían realizarse hasta un monto equivalente a 15 remuneraciones del intendente.
En tanto, las licitaciones privadas abarcarían contrataciones de hasta 30 remuneraciones del jefe comunal.
Toda contratación que supere ese límite debería efectuarse obligatoriamente mediante licitación pública.
La iniciativa también incorpora precisiones sobre la figura del “fraccionamiento” o “desdoblamiento” de compras, práctica mediante la cual podrían dividirse adquisiciones para evitar procesos licitatorios más exigentes.
El proyecto aclara que se considerará fraccionamiento toda maniobra que “de manera artificiosa deshace la unidad natural del objeto contractual y/o fracciona la compra o contratación de una familia del mismo bien o servicio”.
Sin embargo, establece excepciones para contrataciones profesionales, capacitaciones, artistas o servicios específicos cuya división responda a la propia naturaleza de la prestación.
Plazos más cortos para licitaciones públicas
Otra de las ordenanzas enviadas por el Ejecutivo establece tiempos máximos para que el Concejo trate expedientes vinculados a licitaciones públicas y privadas.
Según la propuesta, los proyectos de aprobación de pliegos deberán resolverse en un plazo de 30 días corridos en general, o de 15 días corridos cuando las contrataciones ya estén previstas dentro del presupuesto aprobado.
El Ejecutivo considera que esta modificación permitirá evitar retrasos en obras públicas, servicios esenciales y adquisiciones clave para la administración municipal.
La discusión de estos proyectos promete abrir un fuerte debate político dentro del Concejo Deliberante, ya que la iniciativa redefine parte del equilibrio entre los mecanismos de control legislativo y la capacidad operativa del Departamento Ejecutivo Municipal.
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Se realizó la octava sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante, donde se dio tratamiento a los expedientes incluidos en el orden del día y se avanzó con distintos despachos legislativos de interés para la comunidad.
Entre los temas destacados, obtuvo dictamen favorable el proyecto “YaLlegoK”, una propuesta orientada a facilitar la búsqueda rápida de estacionamiento en la ciudad mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan optimizar la circulación y mejorar la experiencia de conductores.
La iniciativa apunta a brindar una solución ágil frente a una problemática cotidiana vinculada a la disponibilidad de espacios para estacionar, promoviendo además un uso más eficiente del espacio público y contribuyendo al ordenamiento del tránsito urbano.
Durante la sesión, los ediles también analizaron otros expedientes legislativos contemplados en el orden del día, en el marco del trabajo parlamentario habitual que lleva adelante el cuerpo deliberativo.
Desde el Concejo destacaron la importancia de continuar impulsando proyectos innovadores que aporten soluciones concretas a las demandas de la ciudadanía y fortalezcan la planificación urbana mediante herramientas de modernización y gestión inteligente.
El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece que, a partir de ahora, todos los actos oficiales organizados por la Municipalidad que incluyan desfiles tendrán como apertura formal la participación del Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de Neuquén.
La iniciativa busca reconocer de manera permanente el valor histórico, el compromiso y la entrega de quienes combatieron en defensa de la soberanía nacional durante la guerra de 1982.
La normativa dispone que los veteranos encabezarán el inicio de cada desfile oficial municipal, otorgándoles un lugar de honor en ceremonias patrias, conmemoraciones y actividades institucionales que convoquen a la comunidad.
Desde el cuerpo legislativo destacaron que la medida constituye un acto de memoria colectiva y reconocimiento institucional hacia quienes representan un símbolo de lucha, entrega y defensa de la patria.
La ordenanza también apunta a fortalecer la construcción de memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el legado de los excombatientes, reafirmando el compromiso de la ciudad con la causa Malvinas y con el reconocimiento permanente a sus veteranos.
Proponen otorgar un crédito fiscal equivalente al 50% de los derechos de edificación a los contribuyentes que certifiquen ser beneficiarios del plan provincial «Neuquén Habita». La iniciativa fue presentada en el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes con el fin de facilitar la construcción de vivienda propia.
La medida se enmarca en el reciente Convenio de Colaboración firmado entre la Municipalidad y la Agencia de Desarrollo Urbano Sostenible (ADUS). Para acceder al beneficio, los vecinos deberán presentar la constancia de vinculación al programa hipotecario y contar con la aprobación definitiva de la documentación técnica de la obra.
Sobre el proyecto, el concejal Santiago Fernández contextualizó: «Es una solución para algunos sectores de nuestra población. San Martín de los Andes transita su décima emergencia habitacional. El registro contabiliza 3411 familias en déficit, cifra que expresa la magnitud de esta problemática estructural donde el crédito hipotecario es una vía concreta para abordar el tema definitivamente».
Finalmente, Fernández fue categórico sobre el rol del Estado local: «No alcanza con celebrar los créditos provinciales, hay que acompañarlos con hechos. Esta ordenanza es una decisión política firme para que el Municipio funcione como un facilitador hacia la casa propia».
Gerardo Minnaard analiza y cuestiona con dureza el paquete de ordenanzas impulsado por el Ejecutivo municipal bajo el argumento de “eficiencia administrativa”.
La frase «el pueblo es el que tiene que tomar una decisión» es una expresión que refleja la idea de que la soberanía reside en el pueblo. Cornelio Saavedra, como presidente de la Primera Junta, representó esta ideología en la semana de mayo de 1810.
Honrando la semana de mayo nuestro Intendente municipal presento al Concejo Deliberante un plan. El proyecto de Ordenanza titulado: “RÉGIMEN DE EFICIENCIA, SIMPLIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES ” se presentó el día 12 de mayo del corriente con la firma de la abogada Vice intendente Sra. Martinez. Leido detenidamente concluyo que no solo es siniestro también es nefasto. Veamos por qué.
1.- TÍTULO: «RÉGIMEN DE EFICIENCIA, SIMPLIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES».
Pretende modificar las Ordenanzas Nº 4269/2025, 4274/2025 y 3361/2018.
Fundamentos:
A) Contar con herramientas ágiles que permitan dar respuestas oportunas a las necesidades de la comunidad.
B) Evitar dilaciones administrativas y vacíos en la regulación de plazos, generando demoras en los procesos de contratación y afectando la ejecución de políticas públicas
C) Hacer que el régimen de Concurso de Precios preserve su naturaleza como herramienta ágil de contratación, evitando que su aplicación se vea desnaturalizada por instancias que exceden su finalidad.
D) Establecer plazos claros. (Los otros fundamentos los abordare más adelante).
Que propone: modificar las ordenanzas citadas más arriba a fin de que en el plazo no mayor a diez días corridos el Departamento Ejecutivo Municipal pueda continuar con el procedimiento administrativo correspondiente, se haya o no expedido el Concejo. Osea que ya no importa la opinión de nadie dado que el silencio como la inacción se interpreta a favor de comprar como dé lugar.
Entonces compro como quiero y al precio que quiero. Gasto sin control. Y ¿por qué sumas? Ah sí. También el proyecto promueve la reforma: Concurso de Precios quince (15) remuneraciones percibidas por el Intendente. Licitación Privada, a aquellas que no superen la suma de treinta (30) remuneraciones percibidas por el Intendente. Sueldo neto intendente: $ 5.526.969,77. Quince: $ 82.904.546,55. Treinta: $ 165.809.093,10.
Y para la Auditoria Municipal tenemos que ya no formara parte de ningún proceso de control ni de requisito previo ni de nada, Y si se va a expedir que sea rápido, en unos treinta días corridos y si no lo hace con la documentación que se le proporciona sigo con lo mío.
Lo mismo para el Concejo Deliberante en el tema presupuesto. Presentado cualquier presupuesto se tienen que expedir antes del 31 de diciembre del año en que se presenta.
2.- TÍTULO: «Régimen de plazos para el tratamiento legislativo de pliegos, Presupuesto y Código Tarifario».
Fundamento:
A) La necesidad de establecer plazos razonables para el tratamiento legislativo de pliegos licitatorios, garantizando la participación y control del Concejo Deliberante sin paralizar los procedimientos administrativos.
Que propone:
Establecer que los proyectos vinculados a la aprobación de pliegos de Licitaciones Públicas y/o Privadas, una vez visados por la Auditoría Municipal, contarán con los siguientes plazos para su tratamiento y expedición: a) Treinta (30) días corridos, en general; b) Quince (15) días corridos, cuando la contratación se encuentre prevista en el Presupuesto General de Gastos del ejercicio aprobado.
No se entiende la razón jurídica de tamaña restricción a las facultades del legislativo. Nefasto.
3 TÍTULO: «Modificación de la Ordenanza Nº3361/2018 – Alcance del control de la Auditoría Municipal”.
Fundamento:
A) Que particularmente en las contrataciones directas resulta necesario garantizar procedimientos ágiles, sin perjuicio del posterior control de legalidad y responsabilidad que corresponde ejercer.
Que propone: Que el control ejercido por la Auditoría Municipal tendrá carácter independiente y posterior, en resguardo de su autonomía funcional, no formando parte del proceso administrativo ni constituyendo requisito previo en los procedimientos de contratación directa, donde el control se ejercerá exclusivamente con carácter posterior.
Que dice actualmente el articulo 6° inciso 2: Controlará la legalidad y cumplimiento de contratos, suministros, de obras públicas, de concesiones de servicios y de todo acto en que la Municipalidad tuviese participación.
Fortaleciendo así el equilibrio institucional entre administración y control dice el proyecto. Siempre que sea posterior y más bien tarde.
4 TÍTULO: «Modificación de la Ordenanza Nº 4269/2025 – Reglamentación de
Concurso de Precios».
Fundamento: Que resulta necesario establecer plazos ciertos para la intervención del Concejo Deliberante, garantizando su participación institucional sin que ello implique la paralización indefinida de los procedimientos administrativos.
Que propne:
A) : INFORMACIÓN: El Concejo Deliberante deberá estar fehacientemente notificado del pliego, dándole prioridad de tratamiento para realizar sugerencias por medio de dictamen de la comisión que corresponda, en un plazo no mayor a diez (1O) días desde la notificación del mismo. Vencido dicho plazo sin que el Concejo Deliberante se haya expedido, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá continuar con el procedimiento administrativo correspondiente.
B) En caso de existir un único oferente que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, legales y administrativos exigidos en el pliego … se le adjudica.
5 TÍTULO: «Modificación de la Ordenanza Nº 4274/2025- Montos límites para contrataciones municipales.»
Fundamento:
A) Que la Ordenanza Nº 4274/2025 regula los montos límites aplicables al sistema de contrataciones y adquisiciones municipales deben ser modificados.
B) Que resulta razonable establecer parámetros dinámicos de actualización vinculados a remuneraciones institucionales objetivas.
Que propone:
Para Concurso de Precios, la suma de quince (15) remuneraciones percibidas por el Intendente. Fijar como monto límite, para las compras y contrataciones mediante Licitación Privada, a aquellas que no superen la suma de treinta (30) remuneraciones percibidas por el Intendente. Y definir que desdoblamiento o fraccionamiento es aquella práctica de adquisición de bienes o contratación de servicios que buscando eludir los montos máximos establecidos por la presente ordenanza: de manera artificiosa deshace la unidad natural del objeto contractual, y/o fracciona la compra o contratación de una familia del mismo bien o servicio, de igual descripción y características técnicas, en varios procedimientos de adquisición o contratación a o con la misma persona física o jurídica, generalmente a través de compras o contrataciones consecutivas.
Cualquier otro desdoblamiento o fraccionamiento no existe.
Estarán buscando identificar opositores. Estarán viendo quien les salta. Pero la liebre duerme con los ojos abiertos. Saludos.
Gerardo Minnaard
DNI 16586613