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La escena política argentina mostró esta semana nuevamente la importancia que tiene la transparencia de los organismos y los actos de los funcionarios públicos para que la solidez de las instituciones se confirme como uno de los pilares del desarrollo nacional.
El primero de los hechos que centró la atención pública fueron las declaraciones indagatorias al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y del titular de la entidad Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa por la presunta omisión de casi 20 mil millones de pesos en impuestos y aportes previsionales. Las denuncias de la Agencia de Recaudación (ARCA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) han corrido el velo sobre una gestión que durante casi diez años se blindó a cualquier escrutinio bajo la excusa de la “autonomía federativa”. Hoy esa autonomía está cuestionada no solo por la posible apropiación indebida de recursos de la seguridad social sino por el presunto desvío de hasta 450 millones de dólares.
El argumento de una “conspiración política” y al intento del Gobierno de promover las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) contra una “dirigencia con sensibilidad social” que defiende a los clubes como entidades de bien público alejadas del lucro no resiste análisis.
La frase “AFA rica y clubes pobres” adquiere más vigencia que nunca, dada la asimetría de torneos que ofrecen premios irrisorios y retacean aportes a clubes que sufren penurias financieras para pagar sueldos de jugadores y empleados o mantener en pie la infraestructura deportiva, mientras la cúpula viaja en vuelos privados y se agasaja en hoteles y mansiones de lujo con los fondos millonarios generados por la selección nacional de fútbol.
El paro del fútbol como arma de presión a la Justicia, la arbitrariedad en el manejo de calendarios y torneos y el uso del Tribunal de Disciplina como garrote contra cualquier disidencia muestran que su máxima conducción se maneja más con códigos de lealtad y silencio que de legalidad institucional.
Para que el debate sobre el futuro de los clubes sea constructivo, la entidad rectora del fútbol debe normalizar su situación administrativa y permitir una auditoría seria y transparente de los multimillonarios recursos que maneja a diario.
El otro hecho ocurrido en la semana es más delicado, porque apunta al corazón de la narrativa de ética y austeridad en el manejo de los fondos públicos del Gobierno nacional. En el contexto de la “Argentina Week”, se informó que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llevó a Nueva York en el avión presidencial a su esposa, sin funciones en la delegación. La situación empeoró cuando el funcionario usó la palabra “deslomarse” para justificar el acompañamiento, lo que derivó en una catarata de menciones y memes que circularon en medios y redes sociales.
Más de allá de las justificaciones, el supuesto perjuicio o no al erario público y la comparación de montos de este hecho con otros megaescándalos, el tema es otro. Hay un quiebre profundo entre el relato de una administración que llegó al poder con la promesa de “eliminar privilegios de la casta” que generaron hartazgo ciudadano y un funcionario usando recursos del Estado a favor de un familiar. Todo en un contexto en que muchas familias no logran llegar a fin de mes con sus ingresos.
Adorni además no es cualquier referente: primero como tuitero y luego como vocero presidencial, fue una de las principales espadas comunicacionales del oficialismo para fustigar desde el atril los privilegios de la clase dirigente, a los que el común de los mortales nunca accede. Si la moral es política de Estado, como dice el presidente, además de ser hay que parecer.
Empresarios y gobernadores que viajaron a Estados Unidos se lamentaban al regreso que el interés y la imagen favorable que transmitió el país, con una delegación inédita de 11 mandatarios provinciales respaldando los criterios generales del plan económico y hablando de seguridad jurídica, desregulación y apertura al sector privado se viera empañada por las reacciones y la publicidad negativa que generó el episodio.
Como en el primer caso, apelar a la “campaña de desinformación opositora” no sirve. Es necesario que la dirigencia de todo tipo acepte que rendir cuentas y someterse a auditorías independientes y a la Justicia son parte de las reglas de la democracia. El fortalecimiento de la República depende menos de “batallas culturales” que de generar mecanismos institucionales que aumenten la transparencia, lo que sin duda mejorará el clima de inversiones y motorizará el progreso.
