La fiscal Graciela Echegaray avanzó con el pedido de desafuero del legislador peronista Daniel Belloso, en el marco de la megacausa conocida como “Techo Digno”, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de planes federales de vivienda.
El requerimiento será tratado por la Legislatura de Río Negro y resulta imprescindible para que el dirigente pueda ser llevado a juicio por los delitos de fraude contra la administración pública y peculado, vinculados a su gestión como intendente de Choele Choel.
El rol de los fueros y el avance del proceso
El pedido se enmarca en lo establecido por el artículo 92 del Código Procesal Penal, que contempla las inmunidades constitucionales de funcionarios electos. Según esta normativa, para avanzar con una acusación formal se debe solicitar el desafuero ante el cuerpo correspondiente.
En este caso, el juez Oscar Gatti habilitó el trámite una vez concluida la etapa de investigación y con el juicio ya en condiciones de ser fijado.
Otros casos en la misma situación
El de Belloso no es un caso aislado. Existen al menos otros cuatro dirigentes imputados en la causa que, en distintos momentos procesales, podrían requerir el mismo procedimiento.
Entre ellos aparece el legislador Luis Ivancich, quien enfrenta un proceso por su gestión como intendente de Godoy, aunque sus imputaciones aún están en discusión.
También está bajo investigación el exintendente de Río Colorado, Gustavo San Román, cuyo expediente se encuentra en una etapa inicial, por lo que un eventual pedido de desafuero se tramitaría más adelante.
El caso de Aníbal Tortoriello
En paralelo, el diputado nacional Aníbal Tortoriello también está involucrado en una causa similar. En su caso, el trámite sería más complejo, ya que el desafuero debería resolverse en la Cámara de Diputados de la Nación.
El dirigente presentó un recurso ante el Tribunal de Impugnación para insistir con la prescripción de los delitos, luego de que la jueza Alejandra Belenguer rechazara ese planteo en primera instancia.
Un proceso condicionado
La resolución del desafuero será clave para el avance judicial. Si la Legislatura rechaza el pedido, el proceso quedará suspendido; en cambio, si lo aprueba, la causa podrá continuar hacia el juicio oral.
Además, entre los imputados figura la exintendenta de Conesa, Alejandra Mas, quien recientemente asumió una banca legislativa, aunque su expediente no forma parte de la actual etapa de la investigación.
