A raíz de una pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) se acordó que dos cazadores furtivos a los que detuvieron con una cabeza de ciervo en las inmediaciones de Junín de los Andes, realicen 40 horas de trabajo comunitario y paguen $6 millones a una casa de infancias y un merendero municipal.
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La decisión se tomó este martes, durante una audiencia en la que la fiscal del caso Inés Gerez presentó los términos del acuerdo de reparación al que se llegó con ambos cazadores.
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«La caza furtiva es un delito que en esta circunscripción tomamos como un tema muy serio por el impacto en nuestra fauna y la seguridad pública», remarcó la fiscal del caso durante la audiencia.
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Qué ocurrió en Junín de los Andes
El hecho fue cometido el pasado 31 de marzo de 2026, alrededor de las 21:20 en el sector de Puesto Aucapán. Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, personal de Fauna de la provincia alertó a la Policía neuquina sobre la presencia de una camioneta Toyota Hilux, con indicios de actividad ilegal.
Al interceptar el vehículo, se constató que los imputados, M. O. M. y P. P., junto a un tercer acompañante, trasladaban en la caja del rodado una cabeza de ciervo de 16 puntas recientemente despostada. El animal pertenecía a una estancia de la zona, donde luego se hallaron los restos.
Durante el procedimiento se secuestró lo siguiente:
- Un fusil Mauser calibre 300 con mira telescópica y supresor de sonido.
- Visores nocturnos, binoculares y cartuchería completa.
- Indumentaria de camuflaje, hachas, palas y diversos elementos de corte.
La fiscalía acreditó que, si bien el arma estaba a nombre de P. P., el mismo se encontraba inhabilitado por la ANMaC desde 2022, con su credencial de legítimo usuario vencida desde el año 2010.
El trabajo de la Fiscalía
La fiscal del caso que dirigió la investigación y propuso la salida alternativa, calificó el hecho como tenencia ilegítima de arma de guerra en concurso ideal con caza furtiva.
En virtud del artículo 17 del Código Procesal Penal, que prioriza la solución de los conflictos sin la necesidad de aplicar penas, la fiscal del caso trabajó junto a la defensa de los acusados en una solución alternativa que prioriza la reparación del daño ocasionado a la comunidad de Junín de los Andes.
El acuerdo
- Reparación económica: El pago de $6.000.000 en tres cuotas. Por sugerencia de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente, el dinero será destinado a la Casa de las Infancias «CASA LUNAS» y al Merendero Municipal de Junín de los Andes.
- Decomiso de armas: Los imputados debieron abandonar a favor del Estado Provincial el fusil calibre 300, la óptica de alta precisión y todos los elementos utilizados para la caza.
- Trabajo Comunitario: Se fijaron 40 horas de tareas comunitarias para P. y 20 horas para M. O. M.
El juez de garantías que dirigió la audiencia y avaló el acuerdo fue Maximiliano Bagnat.
El plazo de cumplimiento de las obligaciones acordadas se fijó en 4 meses. En este periodo el MPF supervisará la acreditación de todos los compromisos y, una vez efectuados, se resolverá el sobreseimiento de los imputados (en caso contrario, el caso seguirá activo).
