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  • Reforma de la Ley de Glaciares: Un debate parlamentario bajo fuego cruzado

    Reforma de la Ley de Glaciares: Un debate parlamentario bajo fuego cruzado

    La Cámara de Diputados de la Nación inició esta semana las audiencias públicas para discutir la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Este proyecto, que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, genera un clima de extrema tensión política y social.

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    La magnitud del interés general demostrada con la inscripción de más de 102.000 personas interesadas en exponer, aunque se limitaron las intervenciones presenciales y virtuales a 200 oradores por jornada.

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    Roberto Cacciola (CAEM) plantea que la minería del cobre requiere un nuevo marco normativo para atraer inversiones.

    Voces en conflicto

    Desde el sector productivo, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) defiende la reforma como una pieza central para la previsibilidad económica. Roberto Cacciola, presidente de CAEM, sostuvo que la normativa actual posee «marcos rígidos» que impiden soluciones eficientes.

    La industria minera proyecta que, de aprobarse la reforma, el sector podría traccionar inversiones superiores a los USD 33.000 millones. Además, estiman la creación de entre 180.000 y 200.000 empleos directos e indirectos hacia el año 2032. Cacciola enfatizó que «el 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva» para ser viables bajo estándares modernos.

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    Las asambleas ciudadanas mantienen la guardia alta.

    La resistencia al proyecto suma voces de peso internacional y local. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, denunció que «el agua no es una mercancía, es un derecho» y alertó sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas.

    Por su parte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) calificó la reforma como «inconstitucional y regresiva», señalando que otorga a las provincias la potestad política de decidir sobre un criterio que debe ser estrictamente científico.

    La ciencia contra la «función hídrica efectiva»

    El núcleo de la controversia radica en el cambio de criterio para la protección. El proyecto busca limitar el amparo legal únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una «función hídrica efectiva» para la recarga de cuencas. Actualmente, la ley protege de manera integral todos los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

    Expertos y organismos técnicos aportan cifras preocupantes. El IANIGLA reportó en su última actualización de los Andes Desérticos una reducción del 17% en la superficie de glaciares y un 23% en los manchones de nieve perennes en solo una década.

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    Protestas frente al Congreso durante la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares el 25 de marzo de 2026.

    Asimismo, el instituto destaca que los glaciares de escombros, característicos del ambiente periglacial, contienen entre un 35% y un 70% de hielo en su interior, aportando entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en zonas áridas durante años de sequía.

    Mientras el oficialismo de La Libertad Avanza busca acelerar el tratamiento para votar en el recinto el próximo 8 de abril, las asambleas ciudadanas mantienen la guardia alta.

  • Magdalena Odarda defiende la Ley de Glaciares en audiencia pública

    Magdalena Odarda defiende la Ley de Glaciares en audiencia pública

    El bloque legislativo Vamos con Todos intervino en la audiencia pública que se desarrolló en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se analiza una posible reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional. La representación estuvo encabezada por la legisladora Magdalena Odarda de manera presencial.

    Desde la bancada manifestaron una firme preocupación ante la posibilidad de modificar una norma considerada clave para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país, en un contexto de crisis climática y emergencia hídrica que afecta especialmente a la Patagonia.

    Odarda llevó la posición mayoritaria de la Legislatura de Río Negro en defensa de la ley vigente y rechazó cualquier intento de modificación que altere su espíritu. Señaló que el proceso vulnera normas como el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 de la OIT, al no garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.

    La legisladora advirtió que la eventual reforma implicaría un fuerte retroceso ambiental y denunció que la discusión se da en el contexto de negociaciones que ponen en riesgo bienes naturales y el sistema federal. “Estamos hablando de recursos esenciales para las próximas generaciones. Si el agua queda en manos de intereses extractivos, lo que está en juego es la soberanía nacional”, afirmó.

    Magdalena Odarda expuso en Diputados la defensa de la Ley de Glaciares y rechazó su reforma

    Asimismo, señaló que “no estamos discutiendo solo una ley, estamos defendiendo una frontera ética frente a un modelo que pone el lucro por encima de la vida”. Además, rechazó la posibilidad de flexibilizar los presupuestos mínimos ambientales: “No hay federalismo si se rompe el piso común de derechos, ni hay futuro si se entrega el agua”.

    “La protección de glaciares no es solo una política ambiental, sino una decisión basada en evidencia hidrológica, climática y económica. Su deterioro compromete la seguridad hídrica y genera costos irreversibles para el desarrollo regional. Defender los glaciares es defender el agua y el futuro. No vamos a permitir que se avance sobre uno de los principales bienes comunes de la Argentina”, concluyó.

  • Primera audiencia por la Ley de Glaciares: denuncias de lobby, restricciones y fuerte rechazo

    Primera audiencia por la Ley de Glaciares: denuncias de lobby, restricciones y fuerte rechazo

    En medio de denuncias de lobby, restricciones a los oradores y un fuerte operativo de seguridad, se realiza en la Cámara de Diputados la primera de las dos audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Glaciares que impulsan gobernadores cordilleranos para facilitar la explotación minera en la zona periglaciar. Las voces en contra dominan la jornada y los pocos apoyos provinieron de funcionarios de la provincia de San Juan.

    Para hablar se anotaron alrededor de 105.000 personas, pero solo unas 360 fueron habilitadas para exponer oralmente (este miércoles de manera presencial, y el jueves, de forma virtual). El resto solo podrá publicar videos o enviar escritos. Diputados de la oposición impugnaron ante la Cámara baja este formato, definido por La Libertad Avanza, por “no cumplir requisitos básicos de participación ciudadana”.

    Ante el aluvión de interesados y una manifestación frente al Congreso, en la zona se montó un estricto dispositivo de seguridad: a la habitual presencia de Gendarmería de cada miércoles por la protesta de jubilados se sumó un vallado en el perímetro del edificio. Además, se reforzaron los controles de ingreso a la sala de reuniones del Anexo C.

    Puertas adentro, se sucedieron durante horas numerosos discursos en contra de la ley y hasta hubo una denuncia de lobby con nombres propios: el abogado ambientalista Enrique Viale reveló que detrás del negocio minero están las multinacionales Vicuña, Barrick Gold y Glencore. El proyecto Vicuña, en San Juan, es una megainversión que, según Viale, consumirá 174 millones de litro de agua por día.

    Viale también anunció que denunciarán a la senadora Flavia Royón, representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz y uno de los votos a favor de la ley, por “incompatibilidad con la función pública y cohecho”. La acusó de trabajar para el gigante Río Tinto a través de una consultora. “No representa a Salta, representa a las mineras”, sentenció. Royón lo niega.

    Otra de las exposiciones más contundentes fue la de Marta Maffei, exdiputada autora de la Ley de Glaciares vigente: dijo que es un proyecto “regresivo en los términos de las leyes y tratados vigentes” y puntualizó que, según un relevamiento de la Universidad de Zúrich, Argentina tiene “53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares”.

    Maffei explicó que el proyecto viola entre otras cosas el artículo 41 de la Constitución, que faculta a la Nación a fijar presupuestos mínimos ambientales. Con la modificación, serán las provincias las que determinarán que zonas tienen relevancia hídrica y cuáles no: el temor es que la decisión que tome un distrito perjudique a otros con los que comparten cursos de agua.

    “Este proyecto tiene una fachada de federalismo, pero hace que cada provincia haga lo que quiera con nuestros glaciares. Su pretexto del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) se decide que nuestra agua la utilizan como se les da la gana. No hay federalismo si el agua, que es interjurisdiccional, la administra la provincia que está cerca del glaciar y deja a todo el mundo río abajo en la seca”, lamentó Maffei.

    Una vez terminadas las audiencias, el oficialismo convocará a un plenario informativo con representantes del Poder Ejecutivo. De esa manera buscarán equilibrar la balanza, ya que las únicas intervenciones a favor este miércoles fueron de funcionarios del gobierno de San Juan: el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno.

    “San Juan es una provincia montañosa y desértica. Solo el 3% de su territorio pertenece a un oasis donde vive la población y la agricultura. Nadie mejor que nosotros está comprometido con la defensa del agua y de los glaciares. Pero la geografía nos define y la minería resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades”, argumentó el ministro Fernández.

    La alerta por el agua

    “Córdoba no tiene glaciares pero sabe lo que es quedarse sin agua”, alertó el activista ambiental Emiliano Depetris, un joven de 26 años que preside Acción Ambiental de Córdoba, una asociación civil que articula con otras cuatro de la provincia (Jóvenes por el Clima, Futuro Córdoba, Río Sustentable y Hablemos de Ciencia) para incidir en el rechazo a la reforma.

    El colectivo de organizaciones ya mantuvo reuniones con las diputadas cordobesas Carolina Basualdo y Alejandra Torres, de Provincias Unidas, y Gabriela Estévez de Unión por la Patria, y busca acercarse a todos los diputados de la provincia (incluso los de La Libertad Avanza) para llevarles argumentos en contra del proyecto.

    “Algunos pueden preguntarse qué tiene que ver Córdoba con los glaciares, y la respuesta es: todo. Córdoba no tiene glaciares pero sabe lo que es quedarse sin agua. Dependemos de nuestras cuencas, de nuestros ríos, de nuestros ciclos naturales. Sabemos lo que es atravesar sequías, ver nuestros ríos bajar, ver nuestros ecosistemas cada vez frágiles, el turismo que merma y la producción que decae”, describió Depetris.

    En Córdoba crece el nivel de involucramiento con el tema. Las diputadas Basualdo y Estévez, junto con Juan Brügge, fueron los tres representantes de la provincia que firmaron la impugnación contra el formato restrictivo de las audiencias, junto con Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la massista Sabrina Selva y la jujeña de Provincias Unidas María Inés Zigarán, entre otros.

    No obstante, la Justicia viene ya volteando distintos recursos de amparo en el mismo sentido. De hecho, poco antes de la audiencia se conoció que el juez Enrique Lavié Pico, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 7, rechazó una solicitud de Greenpeace y otras asociaciones civiles para ampliar la participación oral.


  • protestas y choque por la Ley de Glaciares

    protestas y choque por la Ley de Glaciares

    La Cámara de Diputados vivió una jornada cargada de tensión, gritos y cruces políticos durante la primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, donde predominaron las posturas en contra del proyecto, aunque también hubo férreas defensas de la actividad minera.

    El debate, que comenzó a las 10 bajo la coordinación de José Peluc y Nicolás Mayoraz, reunió a 196 oradores en una jornada marcada por interrupciones y fuertes manifestaciones dentro de la sala del Anexo C. En varios momentos, el clima se volvió áspero. Expositores a favor de la minería fueron abucheados e interrumpidos, mientras que desde el público se escucharon consignas como “fuera la minería”, reflejando el rechazo de sectores ambientalistas.

    El proyecto en discusión, ya aprobado por el Senado, propone modificar los límites de las zonas protegidas para permitir actividades de exploración y explotación en áreas periglaciares, lo que encendió el conflicto entre desarrollo económico y preservación ambiental. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Marcelo Arteaga, de Chubut, quien brindó un duro testimonio sobre el impacto ambiental en su región. “Los únicos arroyos que quedan están contaminados”, advirtió, y cuestionó la falta de beneficios locales de la actividad extractiva.

    En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, defendió la minería como motor económico clave. “Es indispensable para nuestra provincia”, sostuvo, y aseguró que el consumo de agua del sector es mínimo en comparación con otros usos. También hubo voces en contra desde el ámbito institucional. La secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, rechazó la reforma y alertó sobre sus consecuencias: “El agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia”, afirmó, poniendo el foco en el impacto sobre provincias aguas abajo.

    En paralelo, la sesión también registró cruces entre legisladores, como el enfrentamiento entre Sebastián Pareja y Mario “Paco” Manrique, en medio de cuestionamientos opositores por la limitación en la cantidad de oradores. Así, el Congreso avanza en un debate clave que expone una profunda grieta entre el desarrollo productivo y la protección ambiental, con una discusión que promete seguir escalando en los próximos días.

  • Inician las audiencias por la Ley de Glaciares: con 200 oradores en la primera jornada, se abre el debate por la reforma

    Inician las audiencias por la Ley de Glaciares: con 200 oradores en la primera jornada, se abre el debate por la reforma

    La Cámara de Diputados abre el debate público por la reforma de la ley de Glaciares, el proyecto que ya cuenta con la media sanción del Senado. La primera jornada de las audiencias públicas se desarrollará este miércoles e iniciará a las 10 con la presencia de 200 oradores, el jueves 25 se concretará la segunda jornada y será de manera virtual, también con 200 oradores.

    Se abre el debate por la reforma de la ley de Glaciares

    Las audiencias públicas tuvieron gran convocatoria: hubo más de 100 mil inscriptos, pero La Libertad Avanza diseñó un esquema mixto de participación y redujo el número de oradores a 400. El resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

    La oposición presentó cautelares para suspender las reuniones públicas, pero la Justicia las rechazó. De igual manera quedó otra en suspenso que fue presentada por organizaciones ambientalistas, hasta este miércoles la cautelar no tenía resolución.

    La limitación de los oradores y la cantidad de asesores por bloque, es un tema de polémica debido a que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda expresaron su intención de reclamar la extensión de las audiencias.

    Sobre las audiencias, se informó que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico. Los oradores no podrán extenderse más de cinco minutos. La actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara de Diputados.

    Ley de Glaciares: cuáles son los cambios que se debaten

    La iniciativa busca redefinir los límites de protección ambiental mediante una transferencia de facultades hacia las provincias, permitiéndoles identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.

    El eje del debate se centra en la modificación del criterio de protección para el ambiente periglacial, el cual pasará de una redacción considerada «laxa» a una que exige demostrar un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.

    La propuesta radica en que las jurisdicciones provinciales sean las encargadas de identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo. Este cambio se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reafirmando que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias.

    Aunque el Inventario Nacional (ING) seguirá bajo la órbita del IANIGLA, la decisión final sobre el impacto ambiental y la gestión quedará en manos de los estados provinciales.

    A su vez la reforma busca corregir lo que los impulsores consideran una redacción «laxa» del ambiente periglacial que genera parálisis preventiva. El nuevo texto introduce un requisito técnico específico: para que un área sea protegida, deberá demostrarse un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.

    Esto permitiría obtener factibilidad ambiental en zonas donde se certifique que la actividad no compromete significativamente la reserva de agua dulce.

    El Gobierno sostiene que esta adecuación es la llave para destrabar proyectos de escala global, principalmente de cobre.

    La urgencia responde a la necesidad de atraer divisas y generar empleo en las provincias cordilleranas, evitando que la ley funcione como una barrera burocrática en formaciones geológicas que no poseen un valor hidrológico real.


  • Ley de Glaciares: solo 400 de 100 mil inscriptos podrán hablar en audiencias en Diputados

    Ley de Glaciares: solo 400 de 100 mil inscriptos podrán hablar en audiencias en Diputados

    La Cámara de Diputados realizará este miércoles y jueves dos audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, con la participación restringida a solo 400 de los 100 mil inscriptos.

    Ley de Glaciares con participación restringida y fuerte polémica judicial

    La Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde podrán exponer unos 400 oradores, de los cuales 200 lo harán este miércoles desde las 10 y hasta las 19 en forma presencial, otros 200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

    Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender esas reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución.

    De todos modos, no será el único conflicto que existe, ya que, además de restringir la cantidad de oradores, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, decidieron que podrán concurrir dos asesores por bloque, según fuentes legislativas.

    El bloque de diputados de LLA estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 400 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o a través de un vídeo.

    Los expositores no podrán extenderse más de cinco minutos y, para eso, tanto Peluc como Mayoraz tendrán que ser estrictos con los tiempos en los que podrán hablar los oradores, debido a que, en caso contrario, será difícil que este miércoles puedan exponer 100 personas de las 24 juridiscciones.

    Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

    De esta manera, las exposiciones presenciales se restringirán a casi un centenar, mientras que otros 100 lo harán por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los 5 minutos. Esta restricción era rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.

    Un grupo de particulares presentó una demanda que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada para suspender las audiencias públicas presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

    El juez Regueira sostuvo que «no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca —al menos con el grado de evidencia que se requiere— para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

    También pidieron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se expidió sobre ese pedido.

    Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climáticas y Greenpeace solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.

    Silvia Rajcher | NA


  • Diputados restringe audiencias pese a 100 mil inscriptos

    Diputados restringe audiencias pese a 100 mil inscriptos

    La Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de una fuerte controversia por la limitación en la participación de expositores. De los cerca de 100 mil inscriptos, solo 400 podrán tomar la palabra en las audiencias públicas.

    El esquema fue definido por el oficialismo de La Libertad Avanza, que dispuso un sistema mixto: 200 oradores participarán de manera presencial el miércoles, entre las 10 y las 19, y otros 200 lo harán el jueves de forma virtual. El resto deberá enviar su postura por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos.

    La organización de las audiencias estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. Ambos deberán además controlar estrictamente los tiempos de exposición, ya que cada participante contará con apenas cinco minutos.

    La decisión de restringir la participación generó críticas de la oposición, que había solicitado ampliar la cantidad de jornadas para permitir una mayor intervención de sectores interesados. Sin embargo, el oficialismo ratificó el cronograma previsto para el 25 y 26 de marzo.

    En paralelo, el tema también escaló a la Justicia. El juez Enrique Regueira rechazó una medida cautelar presentada para suspender las audiencias, al considerar que no se acreditaban los requisitos necesarios para frenar un acto parlamentario.

    No obstante, aún está pendiente la resolución de otra presentación judicial impulsada por organizaciones ambientalistas, que reclaman que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. El planteo quedó en manos del juez Enrique Lavié Pico.

    Entre las entidades que impulsan este reclamo se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y asociaciones de abogados y espacios universitarios, que advierten sobre las limitaciones al debate público en una discusión clave para la política ambiental del país.

  • Ley de Glaciares: el oficialismo redujo a 400 los oradores para las audiencias públicas en Diputados

    Ley de Glaciares: el oficialismo redujo a 400 los oradores para las audiencias públicas en Diputados

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    La Cámara de Diputados dará inicio la próxima semana a las audiencias públicas por la reforma de la ley de Glaciares. El proyecto ya cuenta con la media sanción y el oficialismo apunta a su sanción, sin embargo la oposición está rearmando su estrategia para poder frenar la iniciativa.

    La Libertad Avanza sostuvo que la audiencia pública la desarrollarán en dos jornadas y también definió que la cantidad de expositores serán 400, pese a los reclamos de los bloques opositores por ampliar la cantidad de participantes y de las organizaciones ambientalistas.

    La Ley de Glaciares vuelve al centro del debate

    Las audiencias se realizarán en dos modalidades. El miércoles 25 será presencial y el jueves 26 de manera virtual.

    El debate no estará exento de conflictos ya que, además de reducir la cantidad de oradores inscriptos, se estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores.

    Otra cosa que está pendiente es lo que sucederá con la medida cautelar que presentó ante la Justicia la organización ambientalista Greenpeace para que el Congreso garantice la participación “oral” de los 100 mil inscriptos. Si se ordena esto, las audiencias podrían extenderse por 500 días aproximadamente.

    La reforma de la Ley de Glaciares generó gran rechazo en un sector de la oposición y su sanción es reclamada por un grupo de gobernadores aliados que busca flexibilizar las restricciones vigentes para captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos.

    Para las audiencias el bloque de diputados libertarios estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 400 inscriptos, De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi dos centenares mientras que otros 200 lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública.

    La restricción fue rechazada por los sectores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.

    Ley de Glaciares: cuáles son los cambios que se debaten

    La iniciativa busca redefinir los límites de protección ambiental mediante una transferencia de facultades hacia las provincias, permitiéndoles identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.

    El eje del debate se centra en la modificación del criterio de protección para el ambiente periglacial, el cual pasará de una redacción considerada «laxa» a una que exige demostrar un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.

    La propuesta radica en que las jurisdicciones provinciales sean las encargadas de identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo. Este cambio se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reafirmando que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias.

    Aunque el Inventario Nacional (ING) seguirá bajo la órbita del IANIGLA, la decisión final sobre el impacto ambiental y la gestión quedará en manos de los estados provinciales.

    A su vez la reforma busca corregir lo que los impulsores consideran una redacción «laxa» del ambiente periglacial que genera parálisis preventiva. El nuevo texto introduce un requisito técnico específico: para que un área sea protegida, deberá demostrarse un aporte hídrico «relevante» y «comprobable» a la cuenca.

    Esto permitiría obtener factibilidad ambiental en zonas donde se certifique que la actividad no compromete significativamente la reserva de agua dulce.

    El Gobierno sostiene que esta adecuación es la llave para destrabar proyectos de escala global, principalmente de cobre.

    La urgencia responde a la necesidad de atraer divisas y generar empleo en las provincias cordilleranas, evitando que la ley funcione como una barrera burocrática en formaciones geológicas que no poseen un valor hidrológico real.


  • Escándalo en el Congreso: seguridad frenó el ingreso de un rifle enviado a un despacho

    Escándalo en el Congreso: seguridad frenó el ingreso de un rifle enviado a un despacho

    Un episodio inusual se registró este miércoles en el Anexo de la Cámara de Diputados, cuando personal de seguridad detectó e impidió el ingreso de un rifle de aire comprimido que había sido enviado a nombre de un legislador. El paquete estaba dirigido al despacho del diputado bonaerense Javier Sánchez Wrba, integrante del bloque PRO.

    El hecho ocurrió durante la mañana, cuando un repartidor llegó al edificio con una encomienda proveniente de una plataforma de comercio electrónico. Al ser inspeccionado por los controles de seguridad, se constató que el contenido era un rifle de aire comprimido, por lo que se activaron los protocolos internos y se evitó su ingreso al edificio.

    Desde el entorno del legislador señalaron que se trató de una compra personal destinada a uso recreativo y que el envío al Congreso fue un error. “Es un aire comprimido que compré para el campo”, explicó Sánchez Wrba en declaraciones a parlamentario.com, donde también aclaró que “no es un arma de fuego”.

    El diputado, oriundo de Trenque Lauquen y secretario parlamentario del bloque PRO, sostuvo que el producto es de venta libre y cuestionó la interpretación inicial del episodio. “¿Cómo van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”, planteó.

    Según se reconstruyó a partir de fuentes legislativas, el legislador fue notificado por el personal de seguridad y retiró el objeto, trasladándolo fuera del edificio. Desde ese sector minimizaron el hecho y señalaron que “no fue nada”, en referencia a que se trató de un elemento no considerado arma de fuego bajo la normativa vigente.

    El episodio tomó mayor visibilidad luego de una publicación en la red social X realizada por el diputado socialista Esteban Paulón, quien aludió al ingreso de una “escopeta” al Congreso y destacó la actuación del sistema de seguridad para evitarlo. El mensaje generó repercusiones políticas y mediáticas en torno a lo ocurrido.

    Tras la controversia, Sánchez Wrba envió una nota formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que explicó la situación. En el escrito, indicó que el rifle de aire comprimido “por error fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio” y adjuntó la factura de compra para acreditar el origen del producto.

    Además, el legislador manifestó su disposición a aportar cualquier información adicional para aclarar el episodio y evitar interpretaciones erróneas. El caso reactivó el debate sobre los controles de ingreso en edificios públicos y el alcance de los sistemas de seguridad en el ámbito parlamentario.

  • Un diputado compró un rifle, lo envió al Congreso y activó un insólito operativo de seguridad

    Un diputado compró un rifle, lo envió al Congreso y activó un insólito operativo de seguridad

    Un episodio inesperado generó tensión en el Congreso Nacional, cuando un paquete destinado a la oficina del diputado bonaerense del PRO Javier Sánchez Wrba activó los protocolos de seguridad en la Cámara de Diputados.

    Susto en el Congreso: activaron protocolo de seguridad por la compra online de un diputado

    El envío fue detectado durante un control de rutina en el escáner del anexo legislativo. En su interior había un aire comprimido, lo que encendió las alarmas del personal de seguridad, que de inmediato puso en marcha el procedimiento preventivo para este tipo de situaciones. La intervención impidió que el paquete ingresara al edificio.

    Tras ser notificado, el propio legislador explicó que se trataba de una compra online destinada a uso personal. Según detalló, el producto estaba pensado para actividades en el campo y nunca debió enviarse al Congreso. “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”, aseguró a La Nación.

    Una vez aclarada la situación, Sánchez Wrba se acercó al lugar, retiró el paquete y lo trasladó a su vehículo, lo que permitió normalizar el funcionamiento en el acceso al anexo, que había sufrido demoras.

    El episodio no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales, en parte por la reacción del diputado socialista Esteban Paulón, quien ironizó sobre lo ocurrido al sugerir que un legislador había comprado un arma y pedido su envío al Congreso.